Violencia contra Personas y Comunidades en Riesgo

c. 

La complejidad de los fenómenos relativos a economías ilegales aumenta cuando los  grupos criminales amenazan personas, familias y comunidades constructoras de capital social, quienes, por el ejercicio de sus funciones, actividades o cargos, ven sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad amenazados. Es el caso de defensores de derechos humanos y promotores de la cultura de la legalidad en los territorios.

De acuerdo con la mesa técnica de validación de información compuesta por la Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) entre el 2016 y el 31 de diciembre de 2018, 232 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia2. No obstante, solo el 1% de estas personas había solicitado medidas de protección3. Estos hechos se concentraron principalmente en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó.

Grupos armados organizados ligada a la disputa por economías ilícitas

En dichos territorios, se han identificado escenarios de riesgo en los que se evidencia una dinámica de expansión de los grupos armados organizados ligada a la disputa por economías ilícitas. Como lo registra la Defensoría del Pueblo (2018). En este contexto, la defensa de los derechos humanos desencadena la estigmatización de las personas, organizaciones y movimientos que los promueven. Así como la consideración de estos como contrarios a los intereses de los grupos armados presentes en el territorio4.

Buscando dar respuesta a esta situación, y anotando que el Estado ha esclarecido al menos el 53% de estos casos, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2137 de 20185. Este consolida. A través del Plan de Acción Oportuna (PAO), el fortalecimiento de los esfuerzos de prevención, y la garantía de la protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de líderes, dirigentes y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, sociales y comunales del país.

Respecto a la violencia contra la población LGTBI, en Colombia, para 2017, la Defensoría del Pueblo atendió 155 casos de violencia y/o discriminación, de los cuales el 53% corresponden a hombres gay, 31% a personas transgénero, 10% a mujeres lesbianas y el 6% a bisexuales. El 60% del total atendido concierne a violencia psicológica. Seguido por un 27% de violencia física, 11% de violencia económica o patrimonial y un 2% de violencia sexual. El 100% de los casos han demandado atención psicosocial, orientación e información en relación con los derechos en espacios públicos, sociales y culturales, e instancias y mecanismos para denunciar abusos por parte de autoridades (Defensoría del Pueblo, 2018).

Medicina Legal, a través de Forensis:

Reportó 478 casos de hechos de violencia contra personas LGBTI. Se destacan los homicidios, la violencia interpersonal, la violencia de pareja y entre familiares y los exámenes médico-legales por presunto delito sexual.

Dadas las bajas tasas de reporte, el subregistro y la falta de denuncia, los porcentajes de participación no reflejan un volumen importante de casos. Por lo que la posición de los hechos contra las personas LGBTI constituye un mejor indicador del impacto de los mismos: en relación con suicidios, violencias de pareja, violencia entre otros familiares y violencia contra niños, niñas y adolescentes, las personas de la población LGBTI se encuentran dentro de los grupos con mayor afectación. Ubicándose entre los primeros cinco grupos poblacionales con afectaciones por este tipo de hechos de violencia.

d. Seguridad y convivencia ciudadana (SCC)

En Colombia, entre el 2004 y el 2018, el homicidio tuvo una variación de -36%. Sin embargo, en el país aún persisten retos importantes en el escenario de seguridad ciudadana. Teniendo en cuenta el comportamiento que tuvieron los delitos en este periodo de tiempo. Por ejemplo, en este periodo, se observan variaciones del 779% en el hurto a personas, 305% en las lesiones personales y 81% en el hurto a vehículos (Ministerio de Defensa Nacional, 2018) (gráfica I-4).

Gráfica I-4

De igual forma, se registró un incremento en la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país. En 2013, este indicador fue del 54,8%; pero en el 2016 aumentó al 62,7% (DANE, 2017). Por otra parte, en 2013 se presentó una victimización del 18,5%; y en el 2016 disminuyó 16,7% (DANE, 2017).

En segundo lugar, a pesar de la aprobación del Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC), que favorece la acción preventiva frente a comportamientos contrarios a la convivencia. Se ha presentado (1) una baja apropiación y compromiso por parte de las autoridades locales en la socialización e implementación del código; (2) una falta de apropiación del mismo por parte de la ciudadanía; (3) falencias en los procesos de reglamentación nacional-territorial y de recaudo de las medidas correctivas; y (4) falencias en los procedimientos y procesos a cargo de las autoridades de policía, que han dificultado el trabajo articulado entre la Policía Nacional y los inspectores de policía y corregidores.

Esto se ve reflejado en el comportamiento que tuvieron durante el 2018 las conductas contrarias a la convivencia. Donde el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público y el porte de armas, de elementos cortopunzantes y semejantes, fueron los comportamientos que más afectaron la convivencia en el país (gráfica I-5).

Gráfica I-5

En tercer lugar, la adopción del CNPC no estuvo acompañado de un fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad civil, ni de los mecanismos de coordinación. Tanto al interior de las autoridades de policía, como con las autoridades del nivel nacional con competencia en esta materia. Adicionalmente, es necesario fortalecer la participación cívica y su articulación con la fuerza pública para identificar las amenazas a la seguridad.

Los delitos contra el patrimonio económico son los que más afectan a los ciudadanos. El hurto en todas sus modalidades registra el mayor número de casos; la extorsión se mantiene en niveles muy graves. Afectando desde pequeños comerciantes, hasta grandes empresas.

Junto a esto, el porte ilegal de armas de fuego y de armas blancas impacta negativamente en la seguridad y la percepción que el delincuente goza de impunidad, erosionando el Estado de derecho. La confianza en las instituciones y promoviendo la mal Llamada “justicia por mano propia. Por su parte, el secuestro sigue siendo una amenaza a la libertad personal.

Por último, el cibercrimen en Colombia tuvo un incremento del 34% en el último año, periodo en el que se han registrado más de 60.000 denuncias de hechos que atentan contra la información, los datos y los sistemas informáticos y más de 30.000 incidentes reportados, según la Policía Nacional.

e. Capacidades para la defensa y seguridad nacional

La defensa y protección de la soberanía e integridad del territorio nacional han exigido una Fuerza Pública moderna, fortalecida y con capacidad de acción conjunta, enfocada principalmente en superar con éxito los retos en materia de defensa y seguridad nacional.

Adicionalmente, el Estado ha realizado esfuerzos que han permitido la modernización de algunas capacidades disuasivas en la última década (Ministerio de Defensa Nacional, 2009, 2015). Sin embargo, por más de cinco décadas el esfuerzo principal estuvo enfocado en atender los retos internos en materia de seguridad.

En la actualidad, las amenazas provenientes del entorno global y regional evidencian la importancia de contar con capacidades para disuadir y contrarrestar una agresión o amenaza, que repercutan en acciones hostiles contra los intereses nacionales. Por lo anterior. Ha sido un imperativo estratégico desarrollar una estructura de fuerza conjunta y moderna a partir del fortalecimiento de las capacidades requeridas para el mediano y largo plazo, y de acuerdo con los resultados del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública7.

Adicionalmente, para generar impacto permanente a través de las políticas sectoriales. Se requiere establecer nuevos mecanismos de articulación con otros sectores del Estado, fundamentales para la óptima protección de los activos estratégicos de la Nación ante las nuevas y persistentes amenazas.

A su vez, se identifican riesgos emergentes para la defensa y seguridad nacional. Tales como el empleo del mar y de los ríos para actividades económicas ilegales (por ejemplo, la exploración y la explotación no autorizada de recursos estratégicos de la Nación), las amenazas criminales desde el ciberespacio y la actividad criminal que afecta la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales.

f. Control integral marítimo, terrestre, aéreo, fluvial, espacio y ciberespacio

Una de las principales actividades de la seguridad integral marítima8 y fluvial (SIMF) es proteger la movilidad de la carga a través de los medios de transporte marítimo y fluvial, toda vez que en Colombia se realizan 22.916 arribos anuales a los puertos. Los cuales requieren de seguridad y protección para la prevención de eventos adversos.

Entre estos, se presentaron, en el 2017, 86 siniestros marítimos y 81 eventos que afectaron la protección en buques (Dirección General Marítima, 2018). Para mantener la SIMF, se cuenta con 8 estaciones de control de tráfico marítimo, 90 cartas náuticas y se ha alcanzado una cobertura del 76% en señalización marítima. Sin embargo, se mantienen brechas que no permiten una cobertura total del territorio marítimo colombiano (Dirección General Marítima, 2018).

La red hidrográfica de Colombia se constituye:

En la principal vía de transporte en algunas zonas del país. La Armada Nacional y la Dirección General Marítima prestan protección y regulan la actividad fluvial en el 70% de la red fluvial primaria navegable y en menos del 60% de las redes fluviales secundarias y terciarias.

La ausencia de una cobertura total de la red fluvial del país ha posibilitado el uso de vías de transporte por parte de organizaciones criminales. Durante 2018, se registraron al menos 549 operaciones contra el narcotráfico y 249 operaciones contra la extracción ilícita de minerales en los ríos principales navegables del país bajo jurisdicción de la Armada Nacional.

En materia de seguridad aérea, el Decreto 2937 de 2010 constituyó la Fuerza Aérea Colombiana como autoridad aeronáutica de la aviación del Estado (aeronaves utilizadas en servicios militares, de aduanas o de policía).

Sin embargo, el ejercicio de esta autoridad requiere un ajuste normativo y mecanismos de coordinación entre la FAC y la Aeronáutica Civil para fortalecer la preservación de la seguridad aérea y facilitar la coordinación necesaria para estandarizar y articular procedimientos entre las distintas fuerzas e Instituciones que hacen parte de la aviación del Estado y la aviación civil y comercial.

g. Diplomacia para la defensa y seguridad nacional

Un elemento que contribuye a una mejor respuesta ante los riesgos a la seguridad nacional es la diplomacia para la defensa. En un mundo cada vez más interdependiente. La seguridad del país depende de la seguridad de la región y de la del hemisferio.

La construcción y mantenimiento de condiciones de seguridad y paz requieren la concertación de líneas de acción por parte de los gobiernos y la definición de un marco eficaz de cooperación. Contribuir a mantener la paz y la seguridad internacionales es una prioridad. Al igual que trabajar con países de la región, del hemisferio y de otras latitudes. Principalmente, para prevenir y eliminar las amenazas. Al igual que para preservar los derechos humanos, la libertad y el régimen democrático.

Estas condiciones se consideran indispensables para garantizar la estabilidad política y la paz. Por tanto, es necesario fortalecer la internacionalización del sector de seguridad y defensa, orientada a robustecer la cooperación. Mejorar las capacidades e impulsar la exportación de estas en el ámbito bilateral y multilateral.

En el marco de la seguridad cooperativa, la diplomacia se ha posicionado como uno de los principales medios que puede utilizar el país para garantizar su defensa y seguridad ante las amenazas externas, con un enfoque disuasivo. Para ello, el país tiene el reto de desarrollar y mantener capacidades militares con el propósito de disuadir cualquier agresión que se pudiese llevar a cabo.

En este contexto, el sector de la defensa viene realizando un importante esfuerzo para liderar modelos de seguridad cooperativa y profundizar alianzas con países estratégicos. Al tiempo que ha realizado esfuerzos para proyectarse como oferente de cooperación, miembro de organizaciones y actor partícipe en misiones de carácter internacional. Con el fin de intercambiar conocimientos y acceder a mejores prácticas.

También se hacen necesarias las acciones para cerrar las fronteras al delito y a los delincuentes.

La seguridad fronteriza, amenazada por el delito transnacional y por organizaciones ilegales de diferente índole que afectan a Colombia y a sus países vecinos. Requiere una respuesta coordinada, conjunta, combinada y transnacional.

Por tanto, se fortalecerán los acuerdos en materia de seguridad y defensa en el marco de herramientas como los Planes Binacionales de Seguridad Fronteriza suscritos con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil (2011). Al tiempo que se les dará prevalencia a los demás acuerdos gubernamentales del sector de seguridad y defensa que contribuyan a la vigencia de la legalidad en las fronteras.

Las acciones y estrategias en esta materia, previstas en las Comisiones Binacionales Fronterizas. Se articularán con dichos planes y con los Planes Operativos Anuales Binacionales (POAB).

Finalmente, se llevarán a cabo acciones para combatir los delitos transnacionales. Especialmente, la trata de personas, y el tráfico de drogas, armas, migrantes, minerales y recursos naturales.

En tal sentido, se pondrán en marcha acciones con otros países. Para contrarrestar las amenazas ligadas al crimen organizado transnacional en los dominios terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, espacial y cibernético.

(Lea También: Control Institucional del Territorio)

h. Inteligencia y contrainteligencia

La función de inteligencia y contrainteligencia, mediante el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de los organismos con responsabilidad en esta materia. Han permitido la orientación de esfuerzos de inteligencia hacia la anticipación, detección y respuesta oportuna para la toma de decisiones (desde lo táctico hasta lo estratégico). Que permite garantizar los intereses y objetivos nacionales mediante la identificación de oportunidades, riesgos y amenazas tradicionales, contemporáneas y emergentes contra la seguridad del Estado colombiano.

Adicionalmente, bajo la Ley de Inteligencia (Ley 1621 de 2013), se han implementado mecanismos de integración e interoperabilidad de los organismos de inteligencia y contrainteligencia nacionales que requieren continuidad y ampliación. Con el propósito de hacer más efectiva la protección y defensa de los intereses nacionales (DNP, 2018b).

En los últimos años, también se ha hecho evidente la necesidad de fortalecer las capacidades y las actividades desde la dimensión nacional e internacional. Mediante el cierre de brechas tecnológicas, el mantenimiento de la idoneidad, la especialización y administración del talento humano. El desarrollo de la infraestructura física, y el fortalecimiento de la cooperación y coordinación, de manera que se dé respuesta oportuna y eficiente a los requerimientos actuales del Estado colombiano.

 

i. Bienestar de la Fuerza Pública y fortalecimiento de las capacidades empresariales

Los miembros de la Fuerza Pública han sido quienes han obtenido con su esfuerzo y sacrificio los grandes logros en materia de seguridad que el país reconoce. Por ello, y debido a la persistencia de importantes desafíos en materia de seguridad y defensa. Se hace necesario seguir respondiendo a los retos que enfrenta el sector en materia de bienestar, seguridad jurídica, defensa técnica y especializada, Justicia Penal Militar, modelo de solución de vivienda, reconocimiento a los veteranos, beneficios para el personal activo, retirado y su núcleo familiar, estabilidad del sistema de salud de las FF. MM. y PONAL, sostenibilidad del sistema pensional y memoria histórica.

De otro lado, a lo largo de los últimos 10 años, el GSED se ha posicionado como uno de los grupos empresariales más grandes del país gracias a las gestiones enfocadas en la estructuración y organización de su funcionamiento. La implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. El seguimiento a la gestión y el desarrollo de capacidades y procesos eficientes.

Lo anterior se ha llevado a cabo en cumplimiento del propósito superior de apoyar a la Fuerza Pública, y buscando obtener la autosuficiencia y la independencia tecnológica de sus capacidades. Así como incentivar el desarrollo económico e industrial del país.

 

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• 2 La cifra presentada corresponde al dato validado en el momento en que fue radicado el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República. Esta cifra puede variar de acuerdo con nuevas verificaciones.

• 3 Entre 2016 y 2017, la UNP recibió un total de 59.162 solicitudes de protección realizadas por exintegrantes de las FARC-EP y por las poblaciones contempladas en las 15 categorías poblacionales definidas en el Decreto 1066 de 2015. En este mismo periodo. Se otorgaron 50.629 medidas de protección.

• 4 Se han identificado características comunes entre los líderes víctimas de homicidio, las cuales pueden agruparse de la siguiente manera: (1) defensa del territorio y de los recursos naturales, oposición a los cambios en el uso del suelo, impulso de iniciativas para la protección del ambiente, denuncia de la explotación de recursos naturales no renovables (minería) y defensa del territorio frente a intereses privados; (2) implementación a nivel territorial del Acuerdo Final en particular en lo referido a sustitución de cultivos de uso ilícito y formulación de PDET. Así como a los procesos de restitución de tierras y de retorno; (3) denuncias respecto a la inversión de recursos públicos; y (4) denuncias relacionadas con temas de expendio de drogas. Presencia de actores armados y utilización de niños, niñas y adolescentes en sectores periféricos de centros urbanos (Defensoría del Pueblo, 2018).

• 5 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas.

• 6 Cifras sujetas a variación por parte del Ministerio de Defensa Nacional.

• 7 Véase Resolución 7144 de 2018. 8 Seguridad Integral Marítima es la gestión conjunta entre la Autoridad Marítima Colombiana y los usuarios. Dirigida a minimizar el riesgo para el hombre, el medio y los bienes, derivado de las actividades marítimas. Lo anterior, garantizando el cumplimiento de normas de carácter internacional y local, con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar, prevenir la contaminación del medio marino y proteger los buques e instalaciones portuarias (Dirección General Marítima, 2014, p. 65).