Transformación Digital Pública

Artículo 147°. Transformación Digital Pública.

Las entidades esta­tales del orden nacional deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de transformación digital siguiendo los es­tándares que para este propósito defina el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todos los escenarios la transformación digital deberá incorporar los componentes asociados a tecnologías emergentes. Definidos como aquellos de la Cuarta Revolu­ción Industrial, entre otros. 

Las entidades territoriales podrán definir estrategias de ciudades y territorios inteligentes. Para lo cual deberán incorporar los lineamientos técnicos en el componente de transformación digital que elabore el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Los proyectos estratégicos de transformación digital se orientarán por los siguientes principios: 

1. Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públi­cos, con un enfoque de apertura por defecto. 
   
   
2. Aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, nor­mas y herramientas que permitan la adecuada gestión de ries­gos de seguridad digital. Para generar confianza en los pro­cesos de las entidades públicas y garantizar la protección de datos personales. 
   
   
3. Plena interoperabilidad entre los sistemas de información pú­blicos que garantice el suministro e intercambio de la infor­mación de manera ágil y eficiente a través de una plataforma de interoperabilidad. Se habilita de forma plena, permanente y en tiempo real cuando se requiera, el intercambio de infor­mación de forma electrónica en los estándares definidos por el Ministerio TIC. Entre entidades públicas. Dando cumpli­miento a la protección de datos personales y salvaguarda de la información. 
   
   
4. Optimización de la gestión de recursos públicos en proyec­tos de Tecnologías de la Información a través del uso de los instrumentos de agregación de demanda y priorización de los servicios de nube. 
   
   
5. Promoción de tecnologías basadas en software libre o código abierto, lo anterior, sin perjuicio de la inversión en tecnologías cerradas. En todos los casos la necesidad tecnológica deberá justificarse teniendo en cuenta análisis de costo-beneficio. 
   
   
6. Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revo­lución Industrial que faciliten la prestación de servicios del Estado a través de nuevos modelos incluyendo, pero no limi­tado a, tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology), análisis masivo de datos (Big data), in­teligencia artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT), Robótica y similares. 

7. Vinculación de todas las interacciones digitales entre el Esta­do y sus usuarios a través del Portal Único del Estado colom­biano. 

8. Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica sin ninguna excepción. En consecuencia, la in­teracción del Ciudadano-Estado sólo será presencial cuando sea la única opción. 
   
   
9. Implementación de la política de racionalización de trámites para todos los trámites, eliminación de los que no se requie­ran. Así como en el aprovechamiento de las tecnologías emer­gentes y exponenciales. 
   
   
10. Inclusión de programas de uso de tecnología para participa­ción ciudadana y Gobierno abierto en los procesos misionales de las entidades públicas. 
    
    
11. Inclusión y actualización permanente de políticas de seguri­dad y confianza digital. 
    
    
12. Implementación de estrategias público-privadas que propen­dan por el uso de medios de pago electrónicos. Siguiendo los lineamientos que se establezcan en el Programa de Digitaliza­ción de la Economía que adopte el Gobierno nacional. 
    
    
13. Promoción del uso de medios de pago electrónico en la eco­nomía, conforme a la estrategia que defina el Gobierno nacio­nal. Para generar una red masiva de aceptación de medios de pago electrónicos por parte de las entidades públicas y priva­das. 

Parágrafo. 

Los trámites y servicios que se deriven de los anteriores principios podrán ser ofrecidos tanto por personas jurídicas privadas como públicas, incluyendo a la entidad que haga las veces de articula­dor de servicios ciudadanos digitales, o la que defina el Ministerio TIC para tal fin. 

Artículo 148°. Gobierno Digital como Política de Gestión y Desem­peño Institucional.

Modifíquese el artículo 230 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así: 

Artículo 230. Gobierno Digital como Política de Gestión y Desem­peño Institucional.

Todas las entidades de la administración pública deberán adelantar las acciones que señale el Gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la implementación de la política de Gobierno Digital. 

Esta política liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y las Comunicaciones contemplará como acciones prioritarias el cumplimiento de los lineamientos y estándares para la Integración de trámites al Portal Único del Estado Colombiano, la publicación y el aprovechamiento de datos públicos, la adopción del modelo de terri­torios y ciudades inteligentes, la optimización de compras públicas de tecnologías de la información, la oferta y uso de software público, el aprovechamiento de tecnologías emergentes en el sector público, incre­mento de la confianza y la seguridad digital y el fomento a la participa­ción y la democracia por medios digitales. 

El Gobierno implementará mecanismos que permitan un monitoreo permanente sobre el uso, calidad, nivel de satisfacción e impacto de estas acciones 

Artículo 149°. Infracciones Postales.

Modifíquese el artículo 37 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así: 

Artículo 37. Infracciones postales. 

 Constituyen las infracciones a este ordenamiento las siguientes: 

1. Prestar el Servicio de correo sin estar legalmente habilitado para ello. 
   
   
2. La suspensión total o parcial de la prestación del Servicio Postal Universal por parte del operador postal oficial. 
   
   
3. La utilización de oferta o anuncio de servicios que correspon­den de manera exclusiva al Operador Postal Oficial o Conce­sionario de Correo. 
   
   
4. El incumplimiento en la implementación, actualización o aplicación de los sistemas de administración y mitigación de riesgos por parte de los operadores postales de pago. 
   
   
5. No cumplir los operadores postales de pago en todo tiempo con los requisitos patrimoniales fijados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que de­ben respaldar la operación o cualquier situación que afecte su capacidad de responder por sus obligaciones y pueda poner en riesgo los recursos recibidos del público. 
   
   
6. Cualquier forma de violación a la libertad y confidencialidad de los envíos postales. 
   
   
7. La prestación de servicios postales sin la debida inscripción en el registro de Operadores Postales del Ministerio de Tec­nologías de la Información y las Comunicaciones. 
   
   
8. No pagar la contraprestación periódica. 

9. No pagar oportunamente la contraprestación periódica. 

10. Pagar la contraprestación periódica fijando como base para su cálculo ingresos inferiores a los realmente percibidos por concepto de prestación de servicios postales. 
    
    
11. El incumplimiento de uno o más indicadores técnicos y de calidad de los servicios postales. 
    
    
12. La negativa, obstrucción o resistencia a ser inspeccionado dentro de la visita administrativa para esclarecer hechos por la prestación del servicio. 
    
    
13. La actuación destinada a ocasionar fraude en el franqueo. 
    
    
14. No cumplir el Operador de Servicios Postales con la obliga­ción de divulgar, en sitio visible en todos los puntos de aten­ción al público, las condiciones de prestación de cada servicio postal. 
    
    
15. No cumplir el Operador de Servicios Postales con la obliga­ción de divulgar, en la página web de la empresa y/o en me­dio de comunicación escrito, las condiciones de prestación de cada servicio postal. 
    
    
16. La demora por parte de los Operadores de Servicios Posta­les, en facilitar la información requerida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el objeto de cumplir con las funciones asignadas. 
    
    
17. La consolidación de objetos postales por parte del operador con el fin de evadir la contraprestación fijada en esta ley. 
    
    
18. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales o regu­latorias en materia de servicios postales. 

Artículo 150°. Sanciones Postales.

Modifíquese el artículo 38 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así: 

Artículo 38. Sanciones Postales.

Previo el trámite del procedimien­to administrativo señalado en el Código de Procedimiento Administra­tivo y de lo Contencioso Administrativo, y con la plenitud de las garan­tías constitucionales, el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado podrá imponer las siguientes sanciones: 

1. Amonestación escrita. La cual podrá ser publicada por un tér­mino de un (1) año en el registro de operadores postales. 
2. Multa de hasta cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
3. Suspensión de operaciones hasta por dos (2) meses. 
4. Cancelación del título habilitante para la prestación de ser­vicios postales y si eliminación del Registro de Operadores Postales. 

Parágrafo.

Se podrá declarar la caducidad del Contrato de Concesión a Operador Postal Oficial o Concesionario de Correo, de acuerdo con los requisitos legales aplicables, cuando se constante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, del artículo 37 de la presente ley 

Artículo 151°. Graduación de las Sanciones Postales. 

 Modifíquese el artículo 39 de la Ley 1369 de 2009, el cual quedará así: 

Artículo 39. Graduación de las Sanciones Postales. 

 Para definir las sanciones se aplicarán los criterios consagrados en el Código de Proce­dimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En el procedimiento administrativo sancionador que adelante el Mi­nisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, po­drán tenerse como factores atenuantes, los siguientes criterios: 

• Primero, Cuando, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notifi­cación del acto mediante el cual se formulan cargos, el in­vestigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación adminis­trativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en las tres cuartas partes de la que resultare pertinente imponer. 
  
  
• Segundo, Cuando, dentro de los quince (15) días siguientes a la noti­ficación del acto mediante el cual se formulan cargos, el in­vestigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación adminis­trativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en la mitad de la que resultare pertinente imponer. 
  
  
• Tercero, Cuando, hasta antes de la culminación del periodo probato­rio, el investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse has­ta en la tercera parte de la que resultare pertinente imponer 

Artículo 152°. Recursos del Fontic para Inspección, Vigilancia y Control.

 El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunica­ciones, o quien haga sus veces, deberá transferir a la Superintendencia de Industria y Comercio los recursos para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control en materia de comunicaciones adelan­tada por esta Entidad. 

Artículo 153°. Redes y Servicios de Telecomunicaciones.

El manejo, tratamiento o procesamiento de información no configuran, por sí mis­mos, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones que se rige por la Ley 1341 de 2009, aunque se soporten en redes y servicios de telecomunicaciones. 

Cuando en un mismo negocio jurídico se involucre la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y el manejo, tratamiento o procesamiento de información, deberá realizarse la separación conta­ble de los ingresos derivados del manejo, tratamiento o procesamiento de información y de los ingresos derivados de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones que se rigen por la Ley 1341 de 2009, respectivamente 

Artículo 154°. Producción y contenido local en servicios de video bajo demanda.

Los servicios bajo demanda (Suscription Video on Demand -SVOD-) que se prestan a través de Internet (Over the Top- OTT-), deberán disponer, para los usuarios en Colombia, de una sección fácilmente accesible para el usuario en la que se incluyan obras audio­visuales de origen nacional. 

El Gobierno nacional expedirá, dentro de los doce meses siguientes a la expedición de la presente ley, los aspectos necesarios para dar cum­plimiento al presente artículo teniendo en cuenta las disposiciones de los tratados internacionales firmados por Colombia. 

Artículo 155°. Sistema Estadístico Nacional.

Modifíquese el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así: 

Artículo 160. Sistema Estadístico Nacional.

Créase el Sistema Es­tadístico Nacional, en adelante SEN, con el objetivo de suministrar a la sociedad y al Estado, estadísticas oficiales nacionales y territoriales de calidad. El SEN utilizará los lenguajes y procedimientos comunes, respetando los estándares estadísticos internacionales y los objetivos del código de buenas prácticas en materia estadística. Además, el SEN optimizará el uso de los registros administrativos producidos por to­das las entidades que lo conforman y contribuirá con la transparencia, pertinencia, interoperabilidad, acceso, oportunidad y coherencia de las estadísticas del país, con un enfoque diferencial. 

El Sistema Estadístico Nacional (SEN) estará integrado por las en­tidades que produzcan y difundan estadísticas o sean responsables de registros administrativos.

Así: 

1. Pertenecientes a las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente; del orden nacional, departamen­tal, municipal y distrital. 
2. Los órganos, organismos o entidades estatales independientes o autónomos de control. 
3. Las personas jurídicas, públicas o privadas, que presten servi­cios públicos. 
4. Cualquier persona jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública. 
5. Personas jurídicas que posean, produzcan o administren re­gistros administrativos en el desarrollo de su objeto social, que sean insumos necesarios para la producción de estadísti­cas oficiales. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) será el ente rector y por tanto el coordinador y regulador del SEN. El DANE establecerá las condiciones y características que deberán cum­plir las estadísticas oficiales en Colombia, respetando los estándares internacionales que usen las entidades productoras de estadísticas. Di­chas condiciones y características serán consignadas en el Plan Estadís­tico Nacional y otros actos administrativos proferidos por el DANE, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para los miembros del SEN. 

El Plan Estadístico Nacional se expedirá cada cinco (5) años, pre­via concertación y socialización a los integrantes del SEN; tendrá un enfoque diferencial y se actualizará cuando el DANE lo considere per­tinente previo aval del Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional del que habla el parágrafo 3° de este artículo. El Gobierno nacional reglamentará las demás disposiciones relacionadas con el Plan Estadístico Nacional y las condiciones que garanticen el intercambio de información y la calidad de las estadísticas de que trata este artículo. 

Parágrafo 1°. 

Para la producción y difusión de estadísticas oficiales y de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1712 de 2014, los integrantes del SEN deberán poner a disposición del DANE, de manera inmediata y de forma gratuita, las bases de datos completas de los regis­tros administrativos que sean solicitados por el departamento, para lo cual no será oponible la reserva legal, especialmente la contenida en el Estatuto Tributario. El DANE garantizará la reserva y confidencialidad de la información en concordancia con el artículo 5° de la Ley 79 de 1993. Los Integrantes del SEN que incumplan u obstaculicen los reque­rimientos de información realizados por el DANE, asociados a la entre­ga de bases de datos de los registros administrativos, estarán sujetos a las sanciones y multas señaladas en el artículo 6° de la Ley 79 de 1993. 

Parágrafo 2°. 

Con el fin de garantizar y contribuir al fortalecimien­to de la calidad y coherencia de la información de que trata este artí­culo, los integrantes del SEN atenderán las obligaciones derivadas de las evaluaciones y requisitos de calidad estadística establecidos por el DANE. Adicionalmente, los integrantes del SEN podrán intercambiar información estadística, hasta el nivel de microdato, de forma gratuita y oportuna, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional. Las entidades que hagan parte del Intercambio de información deben salvaguardar la confidencialidad y reserva de la misma. 

Parágrafo 3°. 

Con el fin de asesorar y evaluar el desarrollo del SEN y la producción estadística nacional, créase el Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional como órgano de carácter consultivo. El Gobierno nacional reglamentará los principios, la composición y funcionamiento de este consejo. 

Parágrafo 4°. 

Con el fin de garantizar una plena identificación y caracterización de la oferta de información estadística en el país, los miembros del SEN estarán obligados a reportar la creación, actualiza­ción y cualquier otra novedad en la producción y difusión de informa­ción estadística o registros administrativos en el sistema informático que defina para este efecto el DANE y de acuerdo con la periodicidad establecida en el Plan Estadístico Nacional. Este sistema informático contendrá los metadatos de las operaciones estadísticas y de los regis­tros administrativos para aprovechamiento estadístico. 

Parágrafo 5°. 

El Gobierno nacional dispondrá de los recursos nece­sarios para que, bajo la coordinación del DANE, las operaciones esta­dísticas que hacen parte del Sistema Estadístico Nacional, aumenten su cobertura y difundan sus resultados con desagregación a nivel territo­rial de distritos y municipios que sean capitales de departamentos y los departamentos de categoría especial. En todo caso, deberá surtir una evaluación de viabilidad técnica a fin de preservar la reserva estadística y atributos de calidad de la operación. 

Parágrafo 6°.

 El Departamento Administrativo Nacional de Estadís­tica (DANE) brindará asesoría y asistencia técnica en la formulación de Planes Estadísticos Territoriales, así como en los lineamientos y es­tándares para la producción y difusión de información estadística en los distritos y municipios que sean capitales de departamentos y los departamentos de categoría especial. 

Artículo 156°. Potestad Sancionatoria del ICA e Infracciones.

El Es­tado es el titular de la potestad sancionatoria en materia sanitaria, fitosa­nitaria, de inocuidad y forestal comercial y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Instituto Colom­biano Agropecuario (ICA), conforme lo dispuesto en la presente ley. 

Será infracción toda acción u omisión que contravenga las dispo­siciones establecidas en el ordenamiento jurídico en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial, en especial cuando im­pida u obstruya el desarrollo o la ejecución de cualquiera de las siguien­tes actividades: 

1. Campañas de prevención, erradicación y manejo de plagas y enfermedades. 
2. Desarrollo de cuarentena agropecuaria. 
3. Actividades de inspección, vigilancia y control sanitario, fito­sanitario y de inocuidad. 
4. Diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y sanitaria animal y vegetal. 
5. Exportación e importación de animales, vegetales, sus pro­ductos y sus subproductos y agroinsumos. 
6. Control técnico de los insumos agropecuarios, material gené­tico animal, vegetal y semillas para siembra. 
7. Operación de establecimientos comerciales agropecuarios. 
8. Inscripción o expedición de certificados de movilización de plantaciones forestales comerciales. 

Parágrafo Primero. 

La aplicación del régimen administrativo sancionato­rio establecido en la presente ley, por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se regirá por lo previsto en el Título III de la Ley1437 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustitu­yan. Lo anterior, para asegurar el debido proceso en el trámite. 

Parágrafo Segundo. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en conjunto con Agrosavia y el ICA, formularán un programa de fomento y apoyo a los sistemas locales de semillas para el rescate, conservación, uso, promoción y protección de semillas criollas y nativas. 

Parágrafo Tercero. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA rendirán informe escrito, durante los meses de septiembre y abril de cada año, a las comisiones quintas de Senado y Cámara sobre el avance del ICA en el fortalecimiento de sus competencias, en materia de sanidad, y trazabilidad en materia agropecuaria. 

Artículo 157°. Sanciones Administrativas.

Las infracciones a que se refiere la presente ley serán objeto de sanción administrativa por par­te del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que haya lugar. Las sanciones serán las siguientes: 

1. Amonestación escrita o llamado de atención, con un plazo para que el infractor cese su incumplimiento. 
2. Multa, representada en salarios mínimos legales mensuales vigentes, que oscilan de acuerdo a la gravedad de la conducta, desde un (1) salario hasta diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para la fecha de ocurrencia de los hechos.
   El ICA podrá imponer multas sucesivas cuando corrobore que el sancionado ha persistido en su incumplimiento. 
   La prohibición temporal o definitiva de la producción de es­pecies animales y/o vegetales. 
3. La suspensión o cancelación de registros, permisos, certifica­ciones o autorizaciones concedidas por el ICA, hasta por el término de dos (2) años. 
4. La suspensión o cancelación, hasta por el término de dos (2) años, de los servicios que el ICA preste al infractor. 

Parágrafo Primero. 

Dependiendo de la gravedad de la infracción, el ICA podrá imponer una o varias de las sanciones contempladas en la presen­te ley, atendiendo a los criterios de graduación contenidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. En todo caso, la imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor del deber de ejecutar las acciones a que esté obligado. 

Parágrafo Segundo.

Los actos administrativos expedidos por el ICA que impongan sanciones pecuniarias, una vez ejecutoriados, prestan mérito ejecutivo y su cobro podrá hacerse a través de la jurisdicción coactiva. 

Parágrafo Tercero. 

El no pago de la sanción pecuniaria dentro del término de cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del acto a través del cual se impone la sanción, o el incumplimiento al acuerdo de pago suscrito con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), dará lugar a la liquidación y pago de intereses moratorios a la tasa prevista para el impuesto de renta y complementarios. 

Parágrafo Cuarto.

Las sumas recaudadas por concepto de multas ingresa­rán al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y serán considerados como ingresos propios de la Entidad para financiar los planes y progra­mas de control y vigilancia. 

Artículo 158°. Tasa, Sujeto Activo y Pasivo y Hechos Generadores.

Créase la tasa para la recuperación de los costos de los servicios presta­dos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de su función misional, para garantizar y proteger la sanidad animal, vegetal e inocuidad de la producción primaria. 

El sujeto activo de la tasa creada por la presente ley será el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Tendrán la condición de sujeto pasi­vo de la tasa, las personas naturales o jurídicas que soliciten cualquiera de los servicios prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Son hechos generadores de la tasa que se crea en la presente ley, los siguientes: 

1. Expedición de registros, autorizaciones, habilitaciones, cer­tificados, licencias, permisos, remisiones, publicaciones, ins­cripciones y conceptos en materia sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y forestal comercial. 
2. Realización de pruebas de laboratorio analíticas y diagnósti­cas de enfermedades y plagas, de verificación de requisitos técnicos de insumos agropecuarios y semillas y de detección de residuos y contaminantes en productos agropecuarios. 
3. Realización de inspección física y cuarentenas agropecuarias para importación, exportación y reexportación. 

Parágrafo. 

La base para la liquidación de la tasa será el costo de los servicios correspondientes a cada uno de los hechos generadores esta­blecidos en el artículo anterior, conforme la metodología de cálculo que establezca el Gobierno nacional. 

(Lea También: Pacto por el Emprendimiento, la Formalización y la Productividad)

Artículo 159°. Método y Sistema para la Determinación de las Ta­rifas.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fijará y actualizará anualmente las tarifas de los servicios que preste, por cada uno de los hechos generadores de la tasa. Las tarifas se fijarán en salarios mínimos legales diarios vigentes y se cobrarán como recuperación de los costos de los servicios prestados por la entidad, para lo cual se utilizarán el siguiente método y sistema, teniendo en cuenta los costos administrati­vos, financieros, directos e indirectos, de operación y los costos de los programas de tecnificación. 

A) Método 

a) Elaboración y normalización de flujogramas para los diferen­tes procesos con el propósito de determinar sus rutinas; 

b) Cuantificación de los materiales, suministros y los demás insumos tecnológicos y de recurso humano utilizados anual­mente, en cada uno de los procesos y procedimientos defini­dos en el literal anterior. Estos insumos deben incluir unos porcentajes de los gastos de administración general del ICA cuantificados siguiendo las normas y principios aceptados de contabilidad de costos; 

c) Valoración a precios de mercado de los insumos descritos en el literal anterior para cada uno de los procesos y procedi­mientos, incluidos los relativos a transporte y almacenamien­to. Cuando uno de los procedimientos deba contratarse con terceros, se tomará el valor del servicio contratado; 

d) Valoración del recurso humano utilizado directamente en la prestación del servicio, tomando como base los salarios y prestaciones de la planta de personal del ICA, así como el valor de los contratos que se celebren para el efecto; 

e) Cuantificación de los costos en función de los equipos, técni­cas y tecnologías disponibles para la operación de los servi­cios; 

f) Estimación de las frecuencias de utilización de los servicios. La frecuencia se entiende como el número de operaciones o ejecuciones de cada uno de los servicios prestados por el ICA. 

B) Sistema de costos 

El sistema para definir las tarifas es un sistema de costos estandari­zables, en el que la valoración y ponderación de los factores que inter­vienen en su definición se realizará por medio de los procedimientos de costeo técnicamente aceptados. 

La tarifa para cada uno de los servicios prestados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), será el resultado de sumar el valor de los insumos y de los recursos humanos utilizados, de conformidad con los literales c), d) y e) del artículo anterior de esta ley, divididos cada uno por la frecuencia de utilización de qué trata el literal f) del mismo artículo. 

Parágrafo.

El Gobierno nacional podrá revisar periódicamente los criterios para la determinación de las tarifas considerando mejoras en eficiencia que puedan resultar en menores costos en la prestación de los servicios a cargo del ICA, así como utilizar ponderaciones regionales para la fijación de las tarifas. 

Artículo 160°. Pago, Recaudo y Destinación Específica de los Re­cursos.

El sujeto pasivo o usuario deberá acreditar el pago de la tarifa correspondiente al momento de solicitar el servicio al Instituto Colom­biano Agropecuario (ICA). 

El recaudo de las tarifas de que trata la presente ley estará a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y tendrá una destina­ción específica encaminada a la prevención, control y la erradicación de enfermedades y plagas en animales y vegetales y la inocuidad en la producción primaria. 

Parágrafo.

Los recursos serán incorporados en el presupuesto del ICA de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Presupuesto y se destinarán a financiar los programas de prevención, control y erra­dicación. 

Artículo 161°. Tasa por la realización de la Consulta Previa. 

 El inte­resado en que se adelante una consulta previa deberá pagar al Ministerio del Interior- Fondo de la Dirección de Consulta Previa que se constituya como patrimonio autónomo a través de un contrato de fiducia mercan­til, una tasa por los servicios de coordinación para la realización de la consulta previa y por el uso y acceso a la información sobre presencia de comunidades. Los recursos del cobro de esta tasa entrarán al Fondo de la Dirección de Consulta Previa y serán utilizados para sufragar los servicios a los que hace referencia el presente artículo. 

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución Política, la tasa incluirá: 

a) Los costos de honorarios de los profesionales necesarios para realizar la ruta metodológica y la preconsulta, así como, los costos de viáticos y gastos de viaje de traslado de los mencio­nados profesionales. 

b) Los costos de honorarios de los profesionales necesarios para el desarrollo del procedimiento de consulta previa, así como, los costos de viáticos y gastos de viaje de traslado de los men­cionados profesionales. 

c) Los costos correspondientes al uso y acceso a la Información sobre presencia de comunidades. 

Los costos señalados en el literal b) del presente artículo se calcula­rán de conformidad con la ruta metodológica acordada entre las partes y la preconsulta. A este cálculo se adicionará un porcentaje del 1% del valor inicial para imprevistos. 

El costo señalado en el literal c) del presente artículo corresponderá al 1% del valor final de los componentes a) y b). 

El Ministerio del Interior deberá fijar anualmente el valor de los ho­norarios y viáticos de los profesionales contratados para llevar a cabo el procedimiento de la consulta previa. 

La tarifa será liquidada en dos etapas. En una primera se determinará el valor de los costos señalados en el literal a) que deberá ser pagada an­tes del inicio del trámite. Una segunda correspondiente a los numerales b) y c) dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al acuerdo de la ruta metodológica.