Fuerzas Militares y Protección del Ambiente: Recomendaciones

5. Recomendaciones

Con el propósito de que las Fuerzas Militares contribuyan de manera positiva a la protección del ambiente, delimitando su rol, aprovechando sus capacidades y previniendo los posibles riesgos asociados a su intervención, la FIP recomienda:

01. Responder de manera urgente a la intimidación y al uso de la violencia por parte de organizaciones armadas ilegales contra fucionarios, organizaciones e instituciones que trabajan en la protección del ambiente.

Las amenazas se siguen produciendo e impiden que las autoridades ambientales cumplan sus funciones y que puedan avanzar los programas e intervenciones dirigidas a la protección del ambiente. La protección de los funcionarios, los líderes ambientales y las comunidades debe ser una responsabilidad de primer orden para las Fuerzas Militares y la Policía. Le pude interesar: Beneficios para militares en la compra de su carro. 

02. Mejorar el relacionamiento y la articulación entre las Autoridades Ambientales y las Fuerzas Militares.

Para esto es necesario compartir una visión común, definir objetivos y establecer una secuencia de intervención a partir del análisis del contexto. Se requiere generar una dinámica de trabajo positiva, guiada no solo por el objetivo de la legalidad (el cumplimiento de la ley), sino por la construcción de legitimidad como parte de una estrategia sostenible del Estado. Una figura para explorar es la creación de “unidades de diálogo previo” o instancias como el CI2RT (Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras), que funciona para la restitución de tierras. También es relevante fortalecer el Consejo Nacional de Lucha contra la deforestación (CONALDEF), incorporado dentro del Plan de Desarrollo, como espacio de coordinación técnica y operativa.

03. Definir la secuencia de las intervenciones a partir del análisis del contexto y teniendo como objetivo una respuesta sostenible.

Si bien la intervención de las Fuerzas Militares puede concentrarse en atender situaciones de emergencia, es importante aspirar a una perspectiva de largo plazo con la que el Estado fortalezca sus capacidades. Se requiere definir bajo qué condiciones se requiere el uso de las Fuerzas Militares y cómo pueden ser aprovechadas sus capacidades. Las operaciones de entrada y salida de las unidades militares son claramente insuficientes, especialmente si no hacen parte de una estrategia más amplia por parte del Estado. Además es clave definir cómo la protección del ambiente se integra a las demás responsabilidades que tienen las Fuerzas Militares de tal manera que no sea visto como una carga adicional, sino como parte de su misionalidad. 

04. Pasar de un enfoque reactivo de aplicación de la ley a una perspectiva proactiva con investigaciones complejas

La aplicación reactiva de la ley, si bien puede contribuir temporalmente a detener los incendios forestales intencionados, las dinámicas de ocupación y las amenazas e intimidación en contra de las comunidades, es poco probable que logre afectar las causas y agentes más influyentes, en especial los que no se encuentran en las zonas donde se realiza la intervención. La construcción de casos robustos que logren impactar las sofisticadas redes criminales requieren del análisis del contexto y de múltiples pruebas, por lo que es importante identificar tanto faltas administrativas como violaciones al código penal. La inteligencia es componente clave en este tipo de intervenciones. El sistema de justicia debe dar un mensaje claro de que el acaparamiento no funciona, realizando acciones de extinción de dominio, generando un efecto disuasivo

05. La intervención de las Fuerzas Militares debe darse como parte de una estrategia integral del sistema de justicia.

Esta coordinación existe y viene ganando relevancia con el papel activo de la Fiscalía General de la Nación. La estrategia debe incluir objetivos claros y un proceso de evaluación. Las políticas deberían priorizar los principales casos, dedicando los recursos necesarios para garantizar la dedicación de profesionales competentes con las herramientas y experiencia requeridas58. Es importante aumentar las capacidades para la investigación y judicialización de los delitos ambientales. Además es relevante contar con jueces preparados para valorar y sancionar delitos ambientales.

06. Priorizar y concentrar los recursos en las acciones contra los eslabones más fuertes de las redes criminales.

Es decir, contra aquellos que tienen más capacidad de corrupción, así como de usar la violencia y la intimidación. Las Fuerzas Militares tienen una responsabilidad fundamental en la protección de las comunidades y también de los funcionarios, especialmente en las zonas de influencia de los grupos armados ilegales. Su tarea principal, en articulación con la Policía Nacional, debería concentrarse en esta tarea. Una queja constante de las comunidades locales es que las operaciones militares y judicializaciones recaen “siempre” en los eslabones más débiles, cuando quienes causan los daños ambientales más profundos continúan actuando desde la impunidad.

07. A partir de un análisis estratégico, enfocarse en el control de áreas de acceso a las áreas protegidas.

Si bien este informe hemos señalado el desafío de la intervención estatal en zonas donde se encuentran asentadas poblaciones, también es relevante considerar areas de deforestación sin comunidades en donde el accionar de las Fuerzas Militares puede orientarse al control de corredores estratégicos. Esto requiere un sistema de vigilancia y control que provea información relevante y oportuna para el despliegue de las unidades.

08. Revisar los indicadores de “éxito” de las intervenciones de las Fuerzas Militares enfocadas en la protección del ambiente.

Es positivo que como parte de los resultados de las operaciones, se consideren indicadores como el número de hectáres recuperadas y reforestadas, los cuales deben tener un manejo claro y trasparente. Este tipo de métricas —que apuntan a medir el impacto— deben ser la prioridad. Mientras tanto, se requiere que los reportes basados en capturas se guíen no por criterios de cantidad. Sino de afectación real de la redes que dinamizan la deforestación y la afectación el ambiente.

09. Mitigar los efectos colaterales de las operaciones militares, bajo el principio de acción sin daño.

La revisión de los casos internacionales, así como el seguimiento a las intervenciones realizadas en Colombia, muestran que las operaciones militares no están exentas de riesgos que se se pueden anticipar y mitigar. Por lo anterior, se requiere especial consideración sobre los impactos que puede tener el uso de las Fuerzas Militares en la seguridad de las autoridades ambientales. Así como la relación con las comunidades, y los procesos previos de diálogo y concertación que adelantan las autoridades civiles con las poblaciones locales. Hay que evitar, a toda costa, la estigmatización de la población en condición de vulnerabilidad.

10. Poner el foco en la corrupción.

Los hechos de corrupción se pueden dar en un largo espectro, que va desde funcionarios y actores políticos que, dentro del Estado, pueden ser participantes pasivos o protagonistas activos de las redes delictivas. La complicidad en el nivel inferior puede implicar sobornos aislados o pagos regulares a funcionarios, pero también llega a escalar a una corrupción más sistémica. Esto afecta el contexto operacional de las Fuerzas Militares, cuyas unidades también pueden ser susceptibles a esta problemática. Además, sus acciones y resultados se pueden ver afectados por la participación de funcionarios con capacidad de decisión.

11. Fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales.

Especialmente las que funcionan a nivel local —como Parques Naturales Nacionales y las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible— quienes enfrentan serias limitaciones para llevar a cabo sus funciones en términos de funcionarios y de recursos. Como se demostró a lo largo del documento, se requiere de instituciones ambientales fuertes para conservar las áreas de especial importancia ecológica. Especialmente en los territorios donde hay un reacomodamiento de poder tras la salida parcial de las FARC.

Además, es clave mejorar la articulación entre las entidades regionales y las centrales, inclinándose porque las decisiones se tomen desde el territorio y no desde el nivel central. De esa manera es más factible que se tengan en cuenta los intereses de los pobladores locales y los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial municipales y regionales.

12. Avanzar en la implementación de los mecanismos y estrategias incluidas en el Acuerdo de Paz, y en el Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyen a la protección ambiental.

Es de especial importancia avanzar de manera firme y sostenida en el catastro multipropósito, en la formalización de tierras —donde es permitida por las normas— y en la conformación del Fondo de Tierras. También continuar avanzando en la zonificación ambiental participativa y la estabilización de la frontera agropecuaria.

Se deben aprovechar las importantes oportunidades que fueron incluídas en el PND. En especial la posibilidad de que las autoridades ambientales celebren acuerdos con la población campesina en condición de vulnerabilidad, que habita, ocupa o realza usos tradicionales asociados a la economía campesina en áreas protegidas del SINAP. Y poner en práctica las medidas (saneamiento automático y compra de mejoras) para la recuperación ambiental de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Esto permitirá desarticular focos de conflictividad socioambiental y hará posible que la militarización sea la estrategia utilizada por el Estado como último recurso. Según los criterios antes señalados.

Contenido Fuerzas Militares y la Protección del Ambiente:

1. Introducción
2. Protección del ambiente en la fase de transición ¿Cuál es el problema?
3. El uso de las Fuerzas Militares en la protección ambiental
4. La experiencia internacional: riesgos y lecciones de la “militarización verde”
5. Los riesgos y oportunidades de usar a las Fuerzas Militares en la protección del ambiente
6. Recomendaciones