Durante las últimas dos décadas, América Latina ha experimentado una transformación profunda en su infraestructura de telecomunicaciones. La expansión de redes móviles, la llegada de tecnologías como el 4G y el avance hacia el 5G han abierto nuevas oportunidades de desarrollo digital en la región. Junto con estos avances tecnológicos, también se han fortalecido los derechos de los usuarios. Como el acceso a la portabilidad numérica, que ha incentivado la competencia entre operadores y brindado a los consumidores mayor libertad para cambiar de proveedor sin perder su número telefónico.
Sin embargo, a pesar de estos logros, persisten retos estructurales importantes. La brecha digital sigue siendo una realidad en áreas rurales y poblaciones vulnerables, donde el acceso a Internet de calidad aún es limitado. Además, los marcos regulatorios y las políticas públicas no siempre han logrado acompasar la velocidad de la innovación tecnológica con una regulación eficaz y centrada en el usuario.
El crecimiento de la infraestructura digital
El desarrollo de la conectividad en América Latina ha sido notable. Según datos de la CEPAL y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el porcentaje de hogares con acceso a Internet ha aumentado de forma constante. Alcanzando más del 70% en promedio en zonas urbanas para 2023. Países como Chile, Uruguay y Costa Rica lideran en penetración de banda ancha, mientras que otras naciones como Bolivia, Honduras y Paraguay aún enfrentan grandes desafíos.
La inversión en infraestructura ha estado impulsada tanto por el sector privado como por iniciativas gubernamentales y cooperación internacional. Programas como “Internet para Todos” en Perú o el “Plan Nacional de Banda Ancha” en Brasil han sido ejemplos relevantes de cómo el sector público puede intervenir para reducir la desigualdad digital.
No obstante, las diferencias en velocidad, cobertura y calidad del servicio entre países y dentro de ellos siguen marcando una conectividad fragmentada. Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas, con velocidades por debajo de los estándares internacionales y una alta latencia que limita el acceso a servicios como educación virtual, telemedicina o comercio electrónico.
Derechos del usuario y regulación del mercado
Uno de los factores que ha favorecido la mejora en la calidad del servicio ha sido la implementación de políticas orientadas al empoderamiento del consumidor. La portabilidad numérica, implementada de forma progresiva en casi todos los países de la región desde 2009, ha sido un derecho clave para los usuarios. Esta herramienta ha obligado a los operadores a mejorar su servicio, reducir precios y ofrecer mejores beneficios para evitar la pérdida de clientes.
A nivel regulatorio, los entes como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) en Brasil, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en México, o la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en Colombia, han establecido normas para fomentar la competencia, proteger los derechos de los usuarios y garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, la aplicación de estas normas varía ampliamente, y en algunos casos, la captura regulatoria o la lentitud institucional ha impedido respuestas ágiles a los cambios del mercado.
La protección de datos personales, la neutralidad de la red y la fiscalización del uso de espectro son temas que requieren una atención continua, especialmente ante la creciente demanda de servicios digitales y la llegada del Internet de las Cosas (IoT) y otras tecnologías emergentes.
Retos persistentes para una conectividad inclusiva
El reto más evidente sigue siendo la desigualdad en el acceso. Según el informe “Estado de la Banda Ancha 2023” de la UIT, cerca del 30% de los latinoamericanos aún no tiene acceso regular a Internet. Esta exclusión está directamente relacionada con la pobreza, el bajo nivel educativo y la falta de infraestructura en territorios apartados.
Además, los costos de los servicios siguen siendo altos en comparación con el ingreso promedio de muchos ciudadanos. Mientras que en países como Argentina o México el costo mensual de una conexión básica representa menos del 2% del ingreso mensual promedio, en países de Centroamérica puede superar el 10%, dificultando la inclusión digital.
Otro desafío es la capacitación digital. Tener acceso no garantiza el uso efectivo de las herramientas digitales. La alfabetización tecnológica sigue siendo baja en muchos sectores, especialmente entre adultos mayores y personas de bajos recursos. Esto limita el aprovechamiento de la conectividad para la inclusión educativa, laboral y financiera.
Oportunidades para el futuro digital de la región
A pesar de los retos, América Latina se encuentra en una posición estratégica para acelerar su digitalización. El despliegue de redes 5G, las iniciativas de conectividad satelital (como Starlink), y la reducción del precio de dispositivos inteligentes pueden generar un impacto positivo si se acompañan de políticas públicas inclusivas.
También existen oportunidades en el fortalecimiento de economías digitales locales. Sectores como el comercio electrónico, las fintech, la educación virtual y la salud digital han mostrado un crecimiento acelerado tras la pandemia. Para aprovechar este potencial, será clave mejorar la infraestructura, garantizar la asequibilidad del servicio y promover la innovación desde un enfoque regional.
Finalmente, la cooperación entre gobiernos, empresas y organismos multilaterales será fundamental para cerrar brechas. Iniciativas como el Plan de Acción eLAC de la CEPAL o las alianzas del BID con gobiernos locales para financiar infraestructura digital muestran que existe un camino hacia una conectividad más justa, inclusiva y eficiente.
