Editorial: Politicas Gubernamentales en Salud y Educación

Producen preocupación las posiciones expresadas por los dos más importantes representantes del gobierno en salud como son el Ministro de Salud – SISBEN – Dr. Virgilio Galvis y el presidente del ISS – la más grande EPS – Dr. Jaime Arias, con respecto a la atención que demandan los pacientes con enfermedades catastróficas (según definición de la ley 100) y la repercusión que trae sobre la asistencia a enfermos con patologías de menor gravedad, por los costos onerosos que los primeros le ocasionan al tesoro de los dos entes mencionados.

No es mi propósito controvertir medidas como las enunciadas, que pretenden desconocer los derechos de ciudadanos en difíciles condiciones de salud, por el aspecto económico, ya por otras instituciones o personalidades atribuidas a la parafernalia burocrática y corruptora dentro del estado colombiano y al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales; por el contrario quiero desde esta tribuna académica expresar la sorpresa y desazón que causan dichas posiciones pues se esperaría una mano solidaria y esperanzadora para con los enfermos que sufren una devastación tal, pues ellos, son dos médicos egresados de dos de las más importantes escuelas nacionales y se presume que sus conocimientos fueron adquiridos en el contacto con pacientes desvalidos social y económicamente, lo que les permitiría por lo menos medir sus palabras para con enfermos psicológicamente atribulados no sólo en lo personal sino también en el entorno familiar. Uno hasta pudiese “entender” si la profesión de los directivos mencionados fuese otra y no la medicina.

El problema sin embargo va más allá, ya que cuando los Drs. Galvis y Arias se refirieron a enfermedades catastróficas solo identificaron con sus palabras a los enfermos con SIDA o portadores del VIH y estos desafortunadamente no son los únicos incluidos bajo este rótulo en la ley 100, pues allí caben pacientes como los que presentan lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, cáncer, cirrosis, insuficiencia renal crónica, esclerosis múltiple, algunos penfigos, etc., contra los que ya han tomado medidas, esas sí catastróficas como negativas a entregar determinados medicamentos o realizar procedimientos como trasplantes.

Los especialistas colombianos no podemos asumir posiciones indiferentes ante estos hechos, sin caer en lo que nos recuerda el Dr. Carlos A. Gómez en esta misma revista, en la posición de los médicos de la Alemania nazi, porque los afiliados al ISS o los beneficiarios del SISBEN – NUESTROS PACIENTES – tienen derechos adquiridos por su prepago o su condición social, en los momentos de buena o mala salud.

Otro aspecto importante que no puede pasarse por alto es de desestímulo a la investigación con la disminución del presupuesto de COLCIENCIAS y de las universidades públicas, aún a las eficientes, lo que atenta contra la formación de investigadores y la educación de los más pobres. Igual sucede con el manifiesto interés en suspender el pago de los becacrédito para los programas de residencias médico – quirúrgicas.

Por todo lo anterior la Asociación Colombiana de Reumatología desea hacer un llamado a todos sus miembros, a los integrantes de todas las asociaciones científicas para que nos pronunciemos contra estos cometidos y a realizar acciones tendientes a frenar dichas políticas gubernamentales.

Bibliografia

1. Gómez F, Carlos A. Desde Nuremberg hasta los modernos códigos de ética médica Rev. Col. Reumatol. 1999; 6: 23-27.

LUIS ALBERTO RAMIREZ GÓMEZ
Presidente, Asociación Colombiana de Reumatología
Profesor Asociado, Facultad de Medicina
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia