Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1992

En 1992 la Comisión obedece el mandato de la Asamblea General de evaluar el estado de los derechos económicos, sociales y culturales en la región, y hacer recomendaciones a los estados. Como en 1991, lo hace en un capítulo dedicado al tema, separado del cumplimiento de los derechos civiles y políticos, que se consideran en la revisión de la situación de algunos países en crisis (Cuba, El Salvador, Nicaragua y Perú).

Es en el capítulo denominado “Campos en los que se deben tomar medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos” donde hay una mención de los derechos económicos y sociales. La Comisión hace un breve repaso histórico de las fuentes de las obligaciones que conciernen a estos derechos, y recalca su naturaleza “progresiva y proporcional”.

Considerando que “la exigibilidad de su cumplimiento ha quedado referido a las posibilidades que cada gobierno ha tenido para poder implementarlos”, y estas posibilidades, señala, en el caso concreto de América Latina se ven limitadas por el pago de la deuda externa.

La CIDH denuncia una vez más la situación de la salud como uno de los problemas de mayor incidencia en la población, por el deterioro paulatino del adecuado nivel de vida de los pobladores, falta de todo tipo de recursos para asistencia médica y salubridad pública, alto índice de morbilidad y mortalidad materna e infantil. Para agravar la situación, la reestructuración económica resulta en muchos países en una disminución del gasto público en educación y en salud.

En cuanto a los informes de país presentados son insuficientes, ya que se limitan a describir la normatividad vigente sin diagnosticar la situación.

El informe de 1992 incluye además un recuento de informes presentados a otros organismos sobre los derechos de los menores y de las mujeres en la región y se concluye que estos grupos están en mala situación. En el caso de los menores hay una preocupación especial por los niños y niñas de la calle y por la vinculación de los menores en las áreas de conflicto. En particular en el caso de los derechos de las mujeres se llama la atención sobre la diferencia entre los derechos de jure y de facto y la precaria situación de la mujer trabajadora afectada por la crisis económica y en muchos casos, cabeza de familia. Dice la CIDH: “La situación de violencia y asesinatos contra los niños de la calle y en las áreas de conflicto de los países latinoamericanos son una vergüenza para los gobiernos democráticos”.

En lo que concierne a las mujeres, se hace un diagnóstico de la situación de los derechos humanos de la mujer, dentro de la coyuntura de reformas legales a favor de la igualdad de sexos, unida a una crisis económica que ha resultado en un incremento en las mujeres trabajadoras, en su mayoría pobres, muchas veces cabeza de familia, trabajando en empleos mal remunerados. La CIDH destaca que “la sola existencia de normas no garantiza la eliminación de la discriminación contra la mujer. En numerosos países subsisten situaciones discriminatorias de hecho a pesar que existan leyes que establezcan lo contrario”.

Este año además se hizo en el informe un resumen de las respuestas de los diferentes países a la primera ronda de consultas sobre el futuro instrumento legal interamericano sobre derechos de las poblaciones indígenas. Este informe incluye conceptos sobre la forma de proteger los derechos de la Convención en las particulares circunstancias de vulnerabilidad de los grupos indígenas.

A continuación se destacan algunos apartes del informe de ese año, según su relevancia para la protección de los derechos sexuales y reproductivos.

Informe Anual 1992
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Washington, D.C.

Capítulo V.- Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre derechos humanos

* Estado de los derechos económicos, sociales y culturales en el hemisferio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado con la observación de los derechos económicos, sociales y culturales en el hemisferio, basándose en las recomendaciones contenidas en las Resoluciones AG/RES. 1044, (XX-0/90), AG/RES. 1112 (XXI-91), y AG/RES. 1169 (XXII-92) adoptadas por la Asamblea General. La CIDH elaboró en su Informe Anual anterior un estudio preliminar sobre el estado de estos derechos, basándose en datos obtenidos de los informes que presentaron varios Estados miembros a los organismos internacionales y un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud.

En vista de la relevancia que el tema de los derechos económicos, sociales y culturales (conocidos también como los de segunda generación) viene tomando en los foros internacionales, la CIDH se dirigió a los Gobiernos de los Estados miembros para solicitarles información directa sobre el tema. No obstante, se utilizaron fuentes colaterales de información tales como las publicaciones de los diversos organismos internacionales sobre la situación de estos derechos en 1992.

Es importante destacar que la implementación y vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales ha confrontado dificultades debido a la crisis económica por la que atraviesan algunos de los Estados miembros. Como la promoción y vigencia de este tipo de derechos es de naturaleza progresiva y proporcional al desarrollo de cada país miembro, la exigibilidad de su cumplimiento ha quedado referido a las posibilidades que cada gobierno ha tenido para poder implementarlos. La deuda externa se mencionó como una dificultad más para dar cumplimiento a la vigencia de estos derechos.

También cabe mencionar varios informes preparados por diversos organismos internacionales en los que se señala que, en muchos casos, la utilización del crédito externo que originó el endeudamiento, estuvo destinado para la compra de armamento en países latinoamericanos.

Debido a la difícil situación económica que enfrentan la mayoría de países del área latinoamericana, los problemas de mayor incidencia son el deterioro paulatino del adecuado nivel de vida de los pobladores, la falta de recursos de todo tipo para la asistencia médica y salubridad pública, el alto índice de mortinatalidad y mortandad infantil, las altas tasas de desempleo y sub-empleo, el surgimiento de una economía informal y paralela al sistema formal, la inestabilidad de los sistemas económicos y niveles inflacionarios de gran magnitud, los altos índices de desnutrición, mayores tasas de analfabetismo, la escasez de viviendas decorosas y el grave deterioro del medio ambiente por factores de contaminación y sobre-explotación de valiosos recursos ecológicos, entre otros.

Un ejemplo de este último caso estaría dado con la deforestación y tala indiscriminada de la selva amazónica que se halla en peligro por el abuso y degradación a que se ha visto sometida.

Los costos sociales que están creando las reestructuraciones en las economías del hemisferio están acarreando problemas de corto, mediano y largo plazo, tales como la disminución del gasto en los rubros de educación y salud. Según estimados de las Naciones Unidas, el 44% de la población de la América Latina vivió en pobreza en 1991, siendo de este total el 60% equivalente para Centro América. Ante esta preocupante situación, la Organización de los Estados Americanos está propulsando lo que ha venido a llamarse el “combate a la extrema pobreza”. Dicha iniciativa fue propuesta en la Asamblea General de la OEA en Nassau, y tiene como principal finalidad desarrollar una labor permanente y sistemática de lucha contra la pobreza crítica así como la defensa de los derechos humanos en los países miembros de la OEA.

Dentro de este marco se destacó el compromiso de la Organización con la defensa y promoción de la democracia representativa y los derechos humanos en el hemisferio.

Asimismo, el Presidente chileno Patricio Aylwin al inaugurar el 24º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), celebrado en Santiago de Chile, el 13 de abril de 1992, resaltó que “la pobreza se alza como el principal desafío para la humanidad de cara al siglo que viene”. Esta importante declaración resume en esencia el gran reto que enfrenta el hemisferio americano que en muchos casos ya está minando las bases de los nuevos regímenes democráticos del sistema interamericano.

Los derechos humanos dentro del marco del Sistema Interamericano

La Novena Conferencia Internacional Americana, la cual debió llevarse a efecto el año de 1943, siendo postergada debido a la Segunda Guerra Mundial, se reunió en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948, y en ella se aprobó, entre otras importantes resoluciones, tres que son de trascendencia mayor en el ámbito internacional y subsecuentemente regional: la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales y la que más nos interesa por el tema en cuestión, la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, antecesora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de San Francisco.

El Consejo de la OEA, en su sesión del 12 de febrero de 1969, resolvió convocar a una Conferencia Especializada Interamericana con el objeto de sancionar el proyecto de Convención sobre Derechos Humanos. Dicha Conferencia, que se llevó a cabo en la ciudad de San José de Costa Rica en noviembre de 1969, aprobó el 22 del mismo mes la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” o “Pacto de San José de Costa Rica”, que entró en vigor de acuerdo a lo acordado en el párrafo 2) de su artículo 74, al llegar a once los Estados partes ratificantes.

Al estudiar el progreso de los derechos económicos, sociales y culturales en el hemisferio es importante señalar el logro que el sistema interamericano ha tenido con la promulgación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” adoptado en 1988 por la Asamblea General. (En los anexos del Informe Anual se observa el estado actual del Protocolo).

El mencionado Protocolo protege a lo largo de su articulado los siguientes derechos: derecho al trabajo; condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo; derechos sindicales; derecho a la seguridad social; derecho a la salud; derecho al medio ambiente sano; derecho a la alimentación, derecho a la educación; derecho a los beneficios de la cultura; derecho a la constitución y protección de la familia; derechos de la niñez; protección de los ancianos y de los minusválidos.

En la Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Cartagena de Indias se recogen las pautas para la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano. (Capítulo VII, artículos 29 al 51).

La Declaración Americana de Derechos del Hombre también recoge en su articulado los derechos económicos, sociales y culturales. Los artículos pertinentes de este instrumento son el artículo VI, que consagra el derecho a la constitución y a la protección de la familia; el artículo VII, que otorga el derecho a la maternidad y a la infancia, el artículo XI, que tutela el derecho a la preservación de la salud y al bienestar general; el artículo XII, referido al derecho a la educación; el artículo XIII, que recoge el derecho a los beneficios de la cultura; el artículo XIV, que tutela el derecho al trabajo y a una justa retribución por el mismo; el artículo XV, referido al derecho al descanso y a su aprovechamiento, y el artículo XVI, que protege el derecho a la seguridad social.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su preámbulo la indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y de los económicos, sociales y culturales y confirma, como lo hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sólo puede realizarse el ideal de ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de tales derechos, tanto civiles como políticos.

Además, en su artículo 26 la Convención Americana señala, en lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, lo siguiente: “Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”

Asimismo, es importante señalar lo prescrito por el artículo 42 de este importante instrumento con respecto a estos derechos, indicando que: “Los Estados partes deben remitir copias de los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.”

La adopción del Protocolo de San Salvador constituye así la culminación de los esfuerzos de la comunidad internacional americana para convertir todas las declaraciones precedentes en normas de carácter vinculante.

Sin embargo, pese a haber transcurrido casi cinco años desde la firma de este Protocolo, Suriname, Panamá y Ecuador son los únicos Estados miembros que a la fecha lo han ratificado. De allí que la ratificación por parte de los demás Estados miembros sea de suma importancia. Hay que destacar el importante aporte que este instrumento hace al facultar a la persona individual a interponer denuncias sobre violación a los derechos económicos, sociales y culturales en la esfera internacional-regional. En su artículo 22 se prescribe además la incorporación de otros derechos y la ampliación de los reconocidos, ya sea por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por los Estados miembros en la Asamblea General.

Con relación a algunos derechos en forma general, la Comisión señala que el derecho a la salud es uno de los más afectados por la crítica situación económica. Los niveles de salubridad pública y de servicios de agua potable son casi inexistentes para la gran mayoría de pobladores de la región.

Igualmente, podría indicarse que el derecho a la educación es un derecho que no es compartido por la gran mayoría de los pobladores del hemisferio; por ello, al referirse al tema de la alfabetización la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que “…en un mundo de 5,000 millones de habitantes, 1,000 millones son analfabetos. Son en su mayoría pobres y viven en las zonas rurales de los países en desarrollo. Pero en los últimos años los países industrializados se están percatando cada vez más de que también ellos tienen analfabetos, los llamados analfabetos funcionales… En términos generales, la alfabetización es la capacidad de una persona para leer y escribir en su lengua materna o en el idioma de su país… El ‘analfabetismo’ funcional es la falta de las aptitudes de la lectura y escritura necesarias para hacer frente a las demandas de la sociedad moderna”.

Al referirse a sus estadísticas, la UNESCO señaló que: se calcula que 962 millones de personas mayores de 15 años de edad no saben leer ni escribir. El 95% de ellas viven en países en desarrollo. dos de cada tres son mujeres. Además, 115 millones de niños no asisten a la escuela y corren peligro de convertirse en los analfabetos adultos del siglo XXI.

Esta situación ha sido ya observada con anterioridad por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1990.

De igual forma, al referirse al Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), señala que en la mayoría de países en desarrollo, y en especial en el Brasil-que es uno de los países en el cual la incidencia de esta enfermedad es muy elevada-, se vincula mucho su trasmisión a la extrema pobreza y se entrelaza con el analfabetismo, debido a que la mayoría de campañas que combaten esta terrible amenaza están basadas en volantes escritos y documentos gráficos que requieren de un nivel mínimo de alfabetismo.

Al referirse la UNESCO a la alfabetización y al desarrollo afirma que “…cuatro años de enseñanza primaria, por ejemplo, equivalen a un incremento de la productividad agrícola de un 10% o más por término medio. Las madres alfabetizadas tienen menos hijos, más sanos y mejor alimentados. Por año más en que una madre asiste a la escuela se registra un descenso de la mortalidad infantil de un 9 por 1,000 aproximadamente”. De allí pues que la indivisibilidad del goce de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales resulte prioritario para la solución de los problemas que aquejan al hemisferio.

Situación de algunos países miembros de la OEA en materia de derechos económicos, sociales y culturales

La Comisión envió el 20 de agosto de 1992 una comunicación a los Estados miembros de la Organización, mediante la cual se solicitó información relativa a la observancia y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, cumpliendo en esa forma con la recomendación de la Asamblea General dentro del marco del “Fortalecimiento de la OEA en Materia de Derechos Humanos” (AG/RES. 1112 (XX-91), y la contenida en el párrafo 15 de la Resolución AG/RES. 1044 (XX90).

En esta sección se incluye un resumen de las respuestas que los Estados miembros enviaron a la Comisión y aprovecha la oportunidad para agradecer a los mismos el material consignado, que ha permitido cumplir con la recomendación recibida y señalar que algunos Estados proporcionaron información muy completa que será utilizada por la Comisión en la continuación de los estudios que se realizan en esta materia y que lamentablemente por las limitaciones de espacio del Informe Anual no se pudieron reproducir en forma completa.

Argentina

El Gobierno argentino indicó que “los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están consagrados en gran medida por la legislación en vigor en la República Argentina. Estos derechos están previstos para su goce y ejercicio por todos los ‘habitantes’ de la República, esto es, nacionales y extranjeros.

Los derechos consagrados se garantizan sin discriminación alguna al tenor de lo expresado en los artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional, que se refieren a todos los ‘habitantes’, y del articulo 16 que dispone que todos los habitantes son iguales ante la ley. El principio de no discriminación resulta también asegurado en la legislación.

De esta forma, la ley Nº 23.302 del 8 de noviembre de 1985 ha declarado de interés nacional y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socio-económico. Con fecha 21 de agosto de 1988 se ha expedido la ley Nº 23.592 que sanciona a los autores de actos discriminatorios, elevando los montos de las condenas previstas en el Código Penal cuando el delito fuera cometido “por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.”

El artículo 17 de la ley de Contrato de Trabajo prohíbe la discriminación entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, nacionalidad, razones religiosas, políticas, gremiales o de edad”.

Asimismo, señaló que el Gobierno y la legislación protegen los siguientes derechos:

reconocimiento de personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y la servidumbre, a la libertad personal, garantías judiciales, principios de legalidad y retroactividad, a la indemnización, protección de la honra y de la dignidad, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, de rectificación y de respuesta, de reunión, de libertad de asociación, de protección a la familia, al nombre, derechos del niño, a la nacionalidad, a la propiedad privada, de circulación y de residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial, entre otros.

Al referirse en su exposición sobre los recursos disponibles para los nacionales que sintiesen violados sus derechos, éstos disponen de recursos regulados en la legislación, los cuales varían de conformidad con su objeto, tales como: la denuncia – tutelada por sus Códigos de Procedimientos en Materia Penal y el de Procesal Penal-, la acción de amparoregulada por la ley Nº 16.986, el recurso de habeas corpus regulado por la ley Nº 23.098, el recurso extraordinario tutelado por el artículo 14 de la Ley Nº 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que procede contra sentencia definitiva. Se mencionan también los recursos administrativos regulados por la Ley Nº 19549 de Procedimientos Administrativos.

Brasil

De la comunicación enviada por Brasil a la CIDH sobre la protección y cumplimiento de los derechos humanos en ese país, se pudo obtener la siguiente información: “dentro de su marco legal, la Constitución brasileña de 1988 refleja la intención del legislador de afirmar y ampliar la variedad de derechos y garantías fundamentales, comprendidos en el Preámbulo de la Carta (Estado democrático, destinado a asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, a la libertad, a la seguridad, al bienestar, el desarrollo, a la igualdad y a la justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin preconceptos). Están comprendidos en los Principios Fundamentales (la ciudadanía, la dignidad de la persona humana, la prevalencia de los derechos humanos, sin discriminación con base en su origen, raza, sexo, color, ideas, condición de asilado político), y detallados en cinco capítulos que tratan de los derechos y deberes individuales y colectivos; de los derechos sociales; de la nacionalidad; de los derechos políticos; y de los partidos políticos”.

La Constitución brasileña consagra todos los derechos y libertades, tales como: a) libertad individual: de tránsito, respeto a la vida privada, de inviolabilidad de domicilio, de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, libertad de los mayores de edad de contraer matrimonio y de tener el número de hijos que deseen; b) libertad de pensamiento: de opinión, de prensa, de enseñanza; c) libertades colectivas: de reunión, de asociación, de cultos”.

En lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, la Constitución brasileña consagra el derecho a una existencia digna: el derecho a la protección a la salud, a la educación, al empleo, a la garantía del salario, el derecho al descanso y de los días feriados, descanso remunerado para la madre gestante, el derecho de huelga, la protección contra el desempleo, el derecho a la seguridad social.

En cuanto a los mecanismos internos de protección de los derechos humanos, la legislación brasileña consagra seis acciones o recursos principales para la defensa de los derechos amenazados, tales como: el habeas corpus, el habeas data, el mandato de seguridad, el mandato de seguridad colectiva, el mandato de injuria y la acción popular.

Los derechos y garantías expresados en la Constitución no excluyen a otros derechos reconocidos vinculantes de los instrumentos jurídicos internacionales de los que el Brasil sea parte. Los instrumentos sancionados se convierten en norma integral del ordenamiento jurídico interno, siendo de ejecución obligatoria. Pueden, por lo tanto, ser invocados y aplicados directamente por los tribunales y las autoridades competentes.

La responsabilidad de velar por los derechos humanos consagrados en las leyes internas está muy difundida, mas no existen autoridades con la atribución exclusiva y específica para ello.

Todas las autoridades judiciales y las administrativas, a todo nivel, están obligadas a respetar los dispositivos constitucionales y legales de protección de estos derechos. Las autoridades competentes para asegurar la observancia de los derechos humanos amenazados son las autoridades judiciales y el Ministerio Público. La víctima de una violación de derechos humanos puede recibir reparación por medio de una acción judicial.

Los individuos que se consideren afectados en sus derechos pueden recurrir directamente al Ministerio Público. La otra instancia de recurso directo es el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH), órgano colegiado integrado por representantes de la administración pública federal y de la sociedad civil, y presidido por el Ministro de Justicia.

El Consejo acoge quejas y denuncias de las violaciones de derechos humanos, hechas directamente por los interesados, o por terceros, o a través de los medios de prensa, proponiendo y recomendando a las autoridades competentes la adopción de las medidas correctivas. El Consejo no es un órgano ejecutivo y no tiene poder coercitivo sobre las autoridades administrativas o judiciales, limitándose a solicitar y recomendar a éstas las providencias necesarias para la investigación, castigo y reparación para las violaciones de derechos humanos. El CDDPH, en ciertos casos y con la colaboración del Ministerio Público, vigila el tratamiento dado por las autoridades competentes para casos concretos de violaciones de derechos humanos de que tenga conocimiento.

Los derechos de los indígenas son protegidos por el Ministerio Público. Las quejas de los indígenas pueden ser dirigidas también a la Coordinación General de Defensa de los Derechos Indígenas, creada en agosto de 1991, con la atribución de recibir, agilizar, disponer y orientar a las autoridades competentes las denuncias de violaciones de derechos de los indígenas y de sus comunidades. La Coordinación actúa con el apoyo del Ministerio Público.

Entre las principales funciones institucionales del Ministerio Público figuran las de promover, privativamente, la acción penal pública; promover el recurso civil y la acción civil pública, para la protección del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses colectivos; el defender judicialmente los derechos e intereses de las poblaciones indígenas.

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