Mecanismos de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

Capítulo II

Sección I
Pacto por la Legalidad: Seguridad Efectiva y Justicia Transparente para que Todos Vivamos con Libertad y en Democracia 

Subsección 1
Legalidad para el Sector Ambiental y Minero Energético

Artículo 6°. Acceso a recursos genéticos y productos derivados.  

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que a la entrada en vigencia de la presente Ley hayan realizado o se encuentren reali­zando actividades de investigación con fines de prospección biológica, que contemple actividades de acceso a recursos genéticos y/o sus pro­ductos derivados sin contar con la autorización del Ministerio de Am­biente y Desarrollo Sostenible (MADS). Tendrán dos años a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Para solicitar ante dicha entidad, el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados. 

El Ministerio citado podrá otorgar este contrato, aun cuando los especímenes utilizados para las actividades de acceso a recursos genéti­cos o sus productos derivados señaladas en el inciso anterior no cuenten con los permisos de colecta.   

Con base en este contrato el Instituto Alexander von Humboldt re­gistrará la colección biológica de los especímenes. También registrará por una sola vez, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vi­gencia de la presente Ley, las colecciones biológicas existentes, que no puedan acreditar el material obtenido en el marco de actividades de recolección. De proyectos de investigación científica y/o prácticas docentes universitarias finalizadas, aun cuando las mismas no acrediten los permisos de colecta.   

Desde la radicación de la solicitud y hasta la celebración y perfeccionamiento del Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y/o sus Pro­ductos Derivados o hasta la denegación del trámite. El solicitante podrá continuar accediendo al recurso genético y/o sus productos derivados.   

Parágrafo.

El uso de fauna silvestre en el marco de la investigación científica no comercial. No constituye hecho generador de la tasa com­pensatoria de que trata el artículo 42 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 7°. Conflictos Socioambientales en Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Las autoridades am­bientales, en coordinación con otras entidades públicas y en el marco de sus funciones podrán celebrar acuerdos con población campesina en condición de vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos tra­dicionales asociados a la economía campesina en áreas protegidas del SINAP que deriven su sustento de estos usos y que puedan ser reco­nocidos por las entidades que suscriben los acuerdos con una relación productiva artesanal y tradicional con el área protegida. Con el objeto de contribuir a la atención de los conflictos de uso, ocupación y tenen­cia que se presenten en estas áreas.

Estos acuerdos permitirán generar alternativas de usos compatibles con los objetivos de conservación del área, ordenar y regular los usos asociados a la economía campesina. Para mejorar el estado de conservación de las áreas. Definir actividades productivas acordes con los objetivos de conservación del área protegi­da y las condiciones de vida de la población. Garantizando sus derechos fundamentales.   

Estos acuerdos podrán ser celebrados hasta tanto la concurrencia de las distintas entidades del Estado permita atender estos conflictos por uso, ocupación y tenencia con alternativas diferenciales, integrales y definitivas.   

Lo previsto en este artículo no modifica el régimen de propiedad de las áreas, ni su régimen de protección ambiental. 

Artículo 8°. Medidas tendientes a dinamizar procesos de sanea­miento al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Para efectos del saneamiento y recuperación ambiental de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN), Parques Nacionales Naturales de Colombia podrá adelantar las siguientes medidas: 

1. Saneamiento automático:

   En los eventos en que el Estado ad­quiera inmuebles ubicados al interior de las áreas del SPNN por motivos de utilidad pública, operará el saneamiento auto­mático de vicios en los títulos y la tradición, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición. Lo ante­rior, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que proce­dan según la ley.
   
   El saneamiento automático de que trata este numeral, no aplicará respecto de los vicios que pudieran derivarse de la adquisición de in­muebles en territorios colectivos de comunidades étnicas, afrocolom­bianas o raizales.   

2. Compra de mejoras:

   Parques Nacionales Naturales de Co­lombia u otra entidad pública podrán reconocer mejoras reali­zadas en predios al interior de las áreas del SPNN con poste­rioridad a la declaratoria del área protegida y anteriores al 30 de noviembre de 2016. De acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto.
   
   Este reconocimiento solo aplica para las personas previamente ca­racterizadas que reúnan las siguientes condiciones: i) que no sean pro­pietarios de tierras; ii) que se hallen en condiciones de vulnerabilidad o deriven directamente del uso de la tierra y de los recursos naturales su fuente básica de subsistencia; y iii) siempre y cuando las mejoras no estén asociadas a cultivos ilícitos, o a su procesamiento o comercialización. Así como a actividades de extracción ilícita de minerales.
   
   Para proceder al reconocimiento y pago de indemnizaciones o mejo­ras en los términos de este artículo. Será necesario contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

Artículo 9°. Coordinación Interinstitucional para el Control y Vigi­lancia contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales.

Créase el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (CONALDEF) para la defensa del agua, la biodi­versidad y el medio ambiente. Conformado por el Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro de Ambiente y Desarro­llo Sostenible, quien lo preside, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación.

Deberá participar el Ministro de Relacio­nes Exteriores, de existir acciones en zonas fronterizas o que involucren extranjeros. Así como los Ministros de Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte y Minas y Energía, cuando los asuntos a tratar correspondan a sus competencias.   

Para el logro de su objetivo el Consejo ejercerá las siguientes fun­ciones:   

1. Proponer la política, planes, programas y estrategias de lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales asociados. Así como definir y coordinar las medidas interinstitucionales para su control.   

2. Adoptar mediante acuerdo su propio reglamento y dictar las normas necesarias. Para el debido cumplimiento de sus fun­ciones y proponer al Gobierno la expedición de las que fueren de competencia de éste.   

3. Evaluar avances en la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales asociados.   

4. Mantener contactos con Gobiernos o entidades extranjeras en asuntos de su competencia y adelantar gestiones ante los mis­mos con el fin de coordinar la acción con la de otros Estados y de obtener la asistencia que fuere del caso.   

5. Las demás relacionadas con su objetivo.   

El Consejo contará con dos coordinaciones que constituirán instan­cias técnicas de articulación y evaluación para el estudio y sugerencia de acciones y políticas que permitan el logro de sus funciones:   

La Coordinación de Monitoreo y Análisis de la Información para efectos de analizar, valorar y hacer seguimiento a las acciones de control y prevención de la deforestación y otros crímenes ambientales asocia­dos, integrada por delegados del Consejero Presidencial de Seguridad Nacional, del Ministro de Defensa Nacional, del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Director del Instituto de Hidrología, Me­teorología y Estudios Ambientales (IDEAM) Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono y del Fiscal General de la Nación.   

La Coordinación Interinstitucional para la unificación de esfuerzos y acciones en la lucha contra la deforestación y otros crímenes ambien­tales asociados. Conformada por delegados del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministro de Defensa Nacional y del Fiscal General de la Nación. Así como el Director de la Corporación Autó­noma Regional -o su delegado- de la zona para la que se planeen las intervenciones, en su calidad de autoridad ambiental.   

Parágrafo Primero. 

Las acciones operativas y operacionales se desarrolla­rán de conformidad con la misión constitucional asignada a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Por conducto del Ministerio de Defensa Nacional, y de acuerdo con la Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad. El Emprendimiento y la Equidad que establece que el agua, la biodiversidad y el medio ambiente son interés nacional principal y prevalente. En coordinación con las autoridades ambientales y judicia­les competentes.   

Parágrafo Segundo .

El Estado colombiano se obliga a partir de la presente Ley a establecer y ejecutar políticas públicas en el territorio nacional, encaminadas a concretar acciones para detener la deforestación e im­plementar las nuevas estrategias de reforestación y forestación. Las an­teriores políticas públicas se deben desarrollar y ejecutar en el marco de la legalidad, emprendimiento y equidad. 

Artículo 10°. Conservación de bosques en la Región de la Amazonía.

De los recursos provenientes del impuesto al carbono, concretamente del rubro “Colombia en Paz”. Se destinará el 15% exclusivo para la conservación de los bosques de la región de la Amazonia; toda vez que esta región contiene la mayor extensión de bosques a nivel nacional. Constituyendo al territorio como un centro de desarrollo económico y ambiental sostenible para el país, por la biodiversidad que alberga.

Con su preservación coadyuva en forma positiva a revertir el desequilibrio ecológico que existe actualmente por el impacto de las actividades hu­manas sobre el entorno. 

Artículo 11°.Recursos para la conservación de los páramos.

  Los recursos de que tratan los artículos 43 y 45 de la Ley 99 de 1993, mo­dificados por la Ley 1930 de 2018, que le correspondan a las Corpora­ciones Autónomas Regionales y a los municipios y, que sean destinados a la conservación de los páramos. Constituyen rentas propias de estas autoridades por lo que no ingresarán al Fondo Nacional Ambiental (FO­NAM).   

Los recursos que le correspondan a Parques Nacionales Naturales in­gresarán a la subcuenta. Para la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales del FONAM.

En todo caso los recursos de los que trata este artículo se destinarán exclusivamente a la preservación, restau­ración, uso sostenible y generación de conocimiento de los páramos. 

Artículo 12°. Autorización ambiental para plantas de procesamien­to móviles para la obtención de oro libre de mercurio.

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará la autorización ambiental diferencial para la operación de plantas de procesamiento móviles para la obtención de oro libre de mercurio. En la reglamentación se deberá tener en cuenta entre otras cosas. El uso de los recursos naturales renovables que se requieren para el proceso de beneficio, la duración de la misma, velando por conservar el ambiente. 

Artículo 13°. Requerimiento de permiso de vertimiento. 

 Solo requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas su­perficiales, a las aguas marinas o al suelo. 

Artículo 14°.Tratamiento de aguas residuales.  

Los prestadores de alcantarillado estarán en la obligación de permitir la conexión de las redes de recolección a las plantas de tratamiento de aguas residuales de otros prestadores y de facturar esta actividad en la tarifa a los usua­rios, siempre que la solución represente menores costos de operación, administración, mantenimiento e inversión a los que pueda presentar el prestador del servicio de alcantarillado. El Gobierno nacional regla­mentará la materia.   

Adicionalmente, la disposición de residuos líquidos no domésticos a la red de alcantarillado sin tratamiento podrá ser contratada entre el suscriptor y/o usuario y el prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado siempre y cuando este último tenga la capacidad en tér­minos de infraestructura y tecnología para cumplir con los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales. 

Artículo 15°. Funciones de la Superintendencia.

Modifíquese el nu­meral 8 y adiciónense los numerales 34, 35 y 36 al artículo 79 de la Ley 142 de 1994, así:   

8. Solicitar documentos, inclusive contables y financieros, a los prestadores, entidades públicas, privadas o mixtas, auditores externos, interventores o supervisores y privados, entre otros, que tengan información relacionada con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Adicionalmente, practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, en la oportunidad fijada por la Superintendencia.

34. Sancionar a los prestadores de servicios públicos y vigilados, auditores externos y otras entidades con naturaleza pública, privada o mixta, que tengan información relacionada con los servicios públicos domiciliarios, cuando no atiendan de ma­nera oportuna y adecuada las solicitudes y requerimientos que la Superintendencia realice en ejercicio de sus funciones.

35. En los casos en los que lo considere necesario para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, encargar a terceros especializados la toma de muestras de calidad del agua en cualquier lugar del área de prestación del servicio y del sistema que sea técnicamente posible, y contratar un laboratorio para el análisis de las mismas.

Los resultados que arrojen las muestras tomadas por la Superintendencia de Ser­vicios Públicos Domiciliarios, podrán ser utilizados como prueba, dentro de los procesos administrativos sancionatorios que adelante contra prestadores objeto de su vigilancia, y para cualquier otro fin que sea pertinente dentro del ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

36. Corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Do­miciliarios, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar el Sis­tema Único de Información (SUI) de los Servicios Públicos Domiciliarios que se nutra con la información de los presta­dores, auditores externos, entidades públicas, particulares, in­terventores y/o supervisores relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. El SUI podrá interoperar con otras plataformas públicas y privadas y, adicionalmente, podrá compartir información, inclusive aquella que tenga el carácter de confidencial o reservado, garantizando la reserva y confidencialidad de la misma. 

Artículo 16°. Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la Su­perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

Modifíquese el ar­tículo 227 de la Ley 1753 del 2015, el cual quedará así:   

Artículo 227. Fortalecimiento del ejercicio de las funciones de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.  

En la Superin­tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios seguirá funcionando, con vocación de permanencia, el Fondo Empresarial creado por la Ley 812 del 2003, a través de un patrimonio autónomo cuyo ordenador del gasto será el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.   

Este Fondo podrá financiar a las empresas en toma de posesión para: 1) pagos para la satisfacción de los derechos de los trabajadores que se acojan a los planes de retiro voluntario y en general las obligaciones laborales y, 2) apoyo para salvaguardar la prestación del servicio.   

Igualmente, podrá contratar y/o apoyar el pago de las actividades profesionales requeridas en áreas financieras, técnicas, legales y logís­ticas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa objeto de toma de posesión, así como los estudios necesarios para determinar la procedencia de dicha medida y las medidas preven­tivas de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.   

Así mismo, de forma excepcional el Fondo podrá apoyar con recur­sos a las empresas prestadoras de servicios públicos objeto de la medida de toma de posesión para asegurar la viabilidad de los respetivos esque­mas de solución a largo plazo sin importar el resultado en el balance del Fondo de la respectiva operación, siempre y cuando así lo soliciten ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y acrediten:   

1. Incapacidad presente y futura de pago de los recursos entre­gados previamente a título de financiación, con cargo a los recursos del Fondo Empresarial soportada con las modelacio­nes financieras y demás elementos que lo demuestren.   

2. Contar con un esquema de solución de largo plazo que cum­pla con los criterios que para el efecto establezca la Superin­tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y   

3. El esquema de solución de largo plazo a que hace referencia el numeral anterior solo pueda ser cumplible con la entrega de los recursos mencionados por parte del Fondo, los cuales se considerarán como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para las empresas en toma de posesión. 

Lo anteriormente señalado también será aplicable a las empresas que a la entrada en vigencia de la presente Ley se encuentren en toma de posesión.

Los recursos del Fondo Empresarial estarán conformados por las siguientes fuentes:   

a) Los excedentes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de la Comisión de Regulación de Agua Pota­ble y Saneamiento Básico (CRA), de la Comisión de Regula­ción de Energía y Gas (CREG); 

b) El producto de las multas que imponga esta Superintenden­cia; 

c) Los rendimientos que genere el Fondo Empresarial y que se obtengan por la inversión de los recursos que integran su pa­trimonio; 

d) Los recursos que obtenga a través de las operaciones de cré­dito interno o externo que se celebren a su nombre, y los que reciba por operaciones de tesorería; 

e) Los rendimientos derivados de las acciones que posea el Fon­do o su enajenación los cuales no estarán sometidos al im­puesto sobre la renta y complementarios; y, 

f) Los demás que obtenga a cualquier título.   

El financiamiento por parte del Fondo Empresarial a las empresas intervenidas podrá instrumentarse a través de contratos de mutuo, otor­gamiento de garantías a favor de terceros, o cualquier otro mecanismo de carácter financiero que permita o facilite el cumplimiento del objeto del Fondo Empresarial.   

Para las operaciones pasivas de crédito interno o externo del literal d) se requerirá si cumplimiento de los requisitos legales ordinarios esta­blecidos para las operaciones de crédito; cuando dichas operaciones de crédito estén dirigidas al desarrollo del giro ordinario de las actividades propias del objeto del Fondo Empresarial para el otorgamiento de la garantía de la Nación no será necesario la constitución de las contra­garantías a favor de la Nación normalmente exigidas, ni los aportes al Fondo de Contingencias; para los créditos otorgados directamente por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público no será necesario el otorgamiento de garantías a su favor. 

Artículo 17°. Definiciones.

Adiciónese un parágrafo al artículo 14 de la Ley 142 de 1994, así:   

Parágrafo.

Las actividades que inciden determinantemente en la co­rrecta prestación de los servicios públicos se podrán asimilar a alguna de las actividades principales o complementarias que componen las ca­denas de valor de los servicios públicos.

En consecuencia, quienes de­sarrollen tales nuevas actividades quedarán sometidos a la regulación, inspección, vigilancia y control por parte de las Comisiones de Regu­lación respectivas y la Superintendencia de Servicios Públicos Domi­ciliarios, respectivamente. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definirá cuándo aplica dicha asimilación y la obligación de constituirse como Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. 

(Lea También: Tarifa de Cobros por los Servicios Técnicos de Planeación de la UPME)

Artículo 18°.

Modifíquese el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así:   

Artículo 85. Contribuciones especiales a favor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

Con el fin de financiar los gastos de funcionamiento e inversión de la CREG, la CRA y la SSPD, y en general recuperar los costos del servicio, las personas prestadoras y entidades sujetas a la regulación, inspección, vigilancia y control de las respectivas entidades. Serán sujetos pasivos del pago de las contribu­ciones especiales anuales descritas en el presente artículo. Cuyas tarifas serán determinadas por las entidades respectivas y las cuales no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de las respectivas bases gravables.

Los elementos de las contribuciones a que hace referencia el presente artículo serán:   

1.Base gravable:

La base gravable de cada sujeto pasivo se de­terminará con base en los costos y gastos totales devenga­dos de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación, este resultado se denomina costos y gastos totales depurados.

Este valor se multiplicará por la división de los ingresos por actividades ordinarias reguladas y el total de ingresos por actividades ordinarias. Conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior a la cual se haga su cobro. La base gravable descrita se calculará para cada sujeto pasivo así:   

Base gravable = (Costos y Gastos totales depurados) * (Total ingre­sos actividades ordinarias y sus actividades complementarias de servi­cios sujetas a inspección vigilancia, control y regulación devengados en el período) / (Total de ingresos de actividades ordinarias devengados en el período).   

Se entenderá que es un tercero independiente siempre que no cumpla con alguno de los criterios de vinculación previstos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario.   

2.Tarifa:

La tarifa de cada contribución especial se determinará por cada uno de los sujetos activos de la contribución de ma­nera independiente. Tomando el valor del presupuesto neto de la entidad correspondiente en el año a financiar. Incluidos la totalidad de gastos de funcionamiento e inversión. El cual se dividirá por la suma de las bases gravables determinadas para los sujetos pasivos conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior.   

Tarifa de contribución de sujeto activo = (Presupuesto a financiar de sujeto activo) / (Suma de bases gravables de sujetos pasivos).   

3.Hecho generador.

El hecho generador de cada contribución especial por parte de los sujetos pasivos. Será la prestación de los servicios sometidos a inspección, control, vigilancia y la venta de sus bienes vigilados o regulados.   

4.Sujetos pasivos.

Los sujetos pasivos de la contribución espe­cial son las personas prestadoras de servicios públicos domi­ciliarios. Conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994, y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; las personas prestadoras de la cadena de combustibles líquidos y las personas prestadoras del servicio de alumbrado público.

Tratándose de la CREG también lo serán las personas pres­tadoras a que hace referencia el artículo 61 de la Ley 812 de 2003 y el Decreto número 4299 de 2005, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen, con excepción de los dis­tribuidores minoristas en estación de servicio en un municipio ubicado en zona de frontera.   

Parágrafo 1°.

El Gobierno nacional reglamentará las características y condiciones especiales que se requieran para la determinación de las contribuciones especiales a que hace referencia el presente artículo. Así como los asuntos relacionados con la declaración, administración, fis­calización, el cálculo, cobro, recaudo y aplicación del anticipo y demás aspectos relacionados con obligaciones formales y de procedimiento.

Las sanciones e intereses por el incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales relacionadas con la contribución especial serán las mismas establecidas en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre la renta y complementarios.   

Parágrafo 2°.

 El manejo de los recursos del pago de las contribucio­nes especiales de la CRA y la CREG a que hace referencia el presente artículo se realizará de acuerdo con los mecanismos previstos en los artículos 72 de la Ley 142 de 1994 y 21 de la Ley 143 de 1994.

En el evento de existir excedentes de la contribución especial de la CREG provenientes de las actividades reguladas de combustibles líquidos. De­bido a recursos no ejecutados en el período presupuestal. Dichos exce­dentes serán compensados al pago de la contribución especial de cada empresa del sector de combustibles líquidos en la siguiente vigencia fiscal.   

Parágrafo 3°. 

Los sujetos pasivos objeto de la presente contribución están obligados a reportar a más tardar el 30 de abril de cada vigencia la información requerida para el cálculo de la tarifa y la liquidación de la contribución especial en el formato que para el efecto defina la CRA, la CREG y la SSPD a través del SUI.   

El no reporte de información, en las condiciones de oportunidad, calidad e integralidad definidos por la SSPD. Generará la imposición de las sanciones a que hubiere lugar.   

Parágrafo transitorio. 

Para la vigencia de 2019 el plazo para el car­gue de la información será el 31 de julio. 

Artículo 19°. Sanciones.

Modifíquese el numeral 81.2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994. El cual quedará así:   

81.2 Multas desde 1 hasta 100.000 salarios mínimos legales men­suales vigentes al momento de la imposición de la sanción. A favor del Fondo Empresarial creado por la Ley 812 de 2003.

El monto de la multa se graduará teniendo en cuenta: 1) el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público prestado, 2) el factor de reincidencia considerando el año inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la sanción; y 3) La situación financiera de la empresa. Para lo cual, se efectuará un análisis de los estados financieros del prestador con corte al 31 de diciembre del año inmediata­mente anterior a la fecha de imposición de la sanción.

Si la infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá multiplicar por dicho número de años. Si el infractor no proporciona la información necesa­ria que se le solicite. Para determinar el monto de la multa a imponer. Dentro de los treinta (30) días siguientes al requeri­miento formulado. Se le aplicarán las otras sanciones previs­tas en este artículo.   

La multa a imponer a una persona natural que colabore, facilite, au­torice, ejecute o tolere conductas violatorias del régimen de los servicios público domiciliario será de 1 hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción. El monto de la multa se graduará teniendo en cuenta:   

1) El impacto de la infracción sobre la buena marcha del servi­cio público prestado y/o sobre el oportuno y efectivo ejerci­cio de la función de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia; 2) La persistencia en la conducta infractora; 3) El factor de reincidencia considerando el año inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la san­ción; 4) La colaboración del investigado en el desarrollo de las funciones de inspección, control y vigilancia a cargo de la Superintendencia, y 5) El grado de participación de la persona implicada.   

La facultad para imponer sanciones por la violación al régimen de los servicios públicos domiciliarios caducará a los cinco (5) años de producida la conducta. Los cuales se contarán a partir del día siguiente de ocurrido el hecho generador de la sanción o de la última infracción, si la conducta se prolonga en el tiempo.