Diagnóstico en el Desarrollo Cultural Étnico

2. 

a. Desarrollo cultural étnico: tradiciones, valores y cultura propia

La identidad cultural de cualquier sociedad encuentra arraigo en su pasado; reconocer y valorar de dónde se proviene reafirma nuestra identidad y valores. De tal forma que, de acuerdo con la Constitución de 1991 se deben fortalecer y crear mecanismos para asegurar y garantizar la protección de la diversidad cultural de los diferentes grupos étnicos que habitan en el territorio colombiano.

La situación sociolingüística de las lenguas nativas del país se encuentra en riesgo y su vitalidad etnolingüística está amenazada por diversas problemáticas sociales de los territorios. Del total de lenguas nativas de Colombia se ha identificado el grado de vitalidad de cada una: el 26 % de ellas se encuentran claramente en peligro; 17,8 % se clasifican como seriamente en peligro; 15,8 % en situación crítica; y el 11 % han sido declaradas como extintas.

El 6 % se encuentran estables, pero en peligro y solamente el 1 % no corre peligro. Del 16 % de estas lenguas no se tiene información sobre su estado de vulnerabilidad.

Por otra parte, aunque el Sistema Nacional de Cultura (SNCu) prevé espacios de participación de representantes de comunidades indígenas y comunidades negras en los consejos municipales, distritales y departamentales de cultura, un 47 % de las instancias municipales presentan dificultades en su operatividad.

Marco del SNCu

Por ello, en el marco del SNCu, teniendo como referencia el Decreto 1953 de 2014 sobre la autonomía y el régimen especial de territorios indígenas, junto con la Ley 1381 de 2010 (también denominada Ley de lenguas nativas) y en consideración a la conexidad entre los entes territoriales, las instituciones del Estado y las comunidades étnicas, es importante continuar trabajando en la pervivencia de prácticas culturales relacionadas con el lenguaje, la música, las artesanías y los espacios brindados por los entes territoriales y las instituciones del Estado a los grupos étnicos, con el objetivo de fortalecer y preservar la identidad cultural de los grupos étnicos del país.

La pervivencia de las lenguas nativas en Colombia está amenazada por las diversas problemáticas que se presentan en los territorios de la población con pertinencia étnica, y el Sistema Nacional de Cultura presenta problemas de operatividad.

b. Condiciones de vida de los grupos étnicos

1) Pobreza multidimensional

A pesar del cambio social acelerado que registra Colombia en las dos últimas décadas, los grupos étnicos mantienen importantes privaciones y desventajas con respecto a la población sin pertenencia étnica. En 2016, mientras que para el total nacional un 17,8 % de personas eran pobres multidimensionalmente (8.586.482 personas), en los grupos étnicos la pobreza era aún mayor; el 45,8 % de la población indígena y el 26.9 % de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras estaban en condición de pobreza.

Esto significa que en ese año 2.055.444 personas pertenecientes a grupos étnicos se encontraban en situación de pobreza multidimensional, lo que representa el 23,94 % del total de la población pobre multidimensional del país.

En términos de las privaciones a las que se enfrentan los grupos étnicos (tabla XII-1), en 14 de las 15 privaciones que determinan el índice de pobreza multidimensional de Colombia, los hogares con alguna pertenencia étnica se encuentran en condiciones más desfavorables que el resto de la población.

Las mayores disparidades están en la inadecuada eliminación de excretas, material inadecuado de paredes, material inadecuado de pisos, y barreras de acceso a servicios de salud y trabajo infantil. En todas las privaciones los grupos étnicos poseen aproximadamente el doble de las carencias al resto de la población del país.

Por lo anterior, es importante generar acciones diferenciadas que favorezcan el cumplimiento de los derechos de estos grupos poblacionales tanto a nivel individual como colectivo, a través de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos. De esta forma, se espera cerrar las brechas y alcanzar una inclusión social real para la población étnica.

Los grupos étnicos registran una incidencia de pobreza multidimensional notablemente más alta que la del total nacional. La pobreza multidimensional en población indígena es 2.5 veces la del total nacional (45.8 % versus 17.8 % respectivamente) y la pobreza en las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras es 1.5 veces más alta (26.9 % versus 17.8 %).

Las mayores disparidades entre grupos étnicos y la población sin pertenencia a grupo étnico están en las variables de vivienda y servicios públicos domiciliarios (inadecuada eliminación de excretas, material inadecuado de paredes, material inadecuado de pisos), salud y trabajo infantil.

2) Acceso a educación y formación

Una de las principales privaciones y exclusiones de los grupos étnicos está relacionada con el analfabetismo (tabla XII-1). El analfabetismo da cuenta de la falta de acceso a la educación en los grupos étnicos, y tiene importantes implicaciones en su nivel de capital humano, así como en sus oportunidades para la participación social y el desarrollo económico.

Según datos de la Encuesta de Calidad de Vida de 2016, la tasa de analfabetismo de la población étnica de 15 años y más se ubicó en 8,5 %, duplicando la de la población sin pertenencia étnica (4,2 %). Lo anterior se encuentra relacionado con la acumulación del capital humano, medida por el nivel educativo de la población étnica de 15 años y más, ya que un 8,3 % no cuenta con ningún nivel educativo, y un 27,7 % alcanzó apenas la educación primaria.

Otra de las principales barreras que enfrentan los grupos étnicos radica en su menor acceso a educación con respecto al resto de la población

Lo cual tiene relación directa con su asentamiento en zonas rurales dispersas. De acuerdo con el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del Ministerio de Educación Nacional (MinEducación), en 2017 el país contó con un total, de 912 mil estudiantes de preescolar, básica y media pertenecientes a grupos étnicos, lo que representa un 10 % sobre la matrícula total en estos niveles educativos.

Al realizar una revisión de las tasas de cobertura, utilizando como referencia la categorización de departamentos desarrollada por la Misión de Movilidad y Equidad Social8, los territorios con mayor presencia indígena y población de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras registran menores coberturas, especialmente en la educación secundaria y media, para la cual existe una brecha de cerca de 15 p. p. entre los departamentos con mayor presencia de pueblos indígenas y aquellos en los que predomina la población sin pertenencia étnica (gráfica XII-1).

En cuanto a la disponibilidad de acceso a la educación preescolar, básica y media pertinente, apenas un 45,9 % de los estudiantes indígenas asisten a modalidades etnoeducativas, lo cual es un indicio de que la implementación de la estrategia de etnoeducación ha sido insuficiente.

Sin embargo, se destaca el avance en la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP)9, el cual ha pasado por un amplio proceso de concertación, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 1953 de 2014, encontrándose actualmente en la tercera fase de la ruta de consulta previa.

En calidad educativa

También existe una brecha importante en resultados educativos entre estudiantes pertenecientes a poblaciones étnicas frente al promedio nacional colombiano.

Específicamente, en la prueba Saber 11 existe una diferencia estadísticamente significativa de 2,13 puntos entre los estudiantes no étnicos y los étnicos en el área de lenguaje, la cual se incrementa a 4,05 puntos en el área de matemáticas. Esta brecha se presenta también a nivel departamental, donde departamentos con un alto porcentaje de población étnica tienen resultados más bajos en estas pruebas (Sánchez-Jabba, 2011, pp. 189-227).

La población étnica está en desventaja con relación a la población sin pertenencia étnica en tasa de analfabetismo; acceso a la educación preescolar, básica y media; y en calidad educativa medida por las pruebas Saber 11, en particular en las áreas de lenguaje y matemáticas.

3) Salud

En Colombia, como en la mayor parte de Latinoamérica (Montenegro & Stephens, 2006), las personas que hacen parte de los pueblos indígenas presentan indicadores menos favorables en términos de morbilidad y mortalidad que el resto de la población.

Por otra parte, los resultados negativos en términos de salud de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera se intentan explicar por problemáticas como el no reconocimiento de las particularidades de su cultura, tradición y prácticas ancestrales que derivan en desigualdades y dificultades de acceso a los servicios de salud.

Es así como de acuerdo con la tabla XII-1, se puede observar que el porcentaje de hogares étnicos que tiene al menos una persona sin aseguramiento en salud es 1,37 veces mayor que en los hogares sin pertenencia étnica.

La misma tendencia se presenta en los hogares étnicos que manifestaron tener barreras en el acceso a los servicios de salud ya que esta privación es 2,03 veces mayor en estos que en los hogares no étnicos 10.

Para 2016, entre las principales causas de defunción para los grupos étnicos se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón

Tanto para los Indígenas (10,8 %) como para los Negros y Afrocolombianos (13,6 %), mientras que para los Rrom la principal causa son las agresiones (11,6 %) y para los Palenqueros las enfermedades cerebrovasculares (12,3 %). Es importante resaltar que para los grupos Indígenas y Palenqueros una de las principales causas de mortalidad son las enfermedades transmisibles (9,4 % y 7 % respectivamente), mientras que la causa de muerte asociada a desnutrición solamente es significativa para los grupos indígenas (7%) (Ministerio de Salud Protección Social, 2016).

En relación con la tasa de mortalidad infantil, en todos los grupos étnicos se presenta una mayor tasa que en el total nacional y que en el resto de la población. La tasa más alta la muestran los pueblos Rrom (tabla XII-2), en tanto que los grupos palenqueros e indígenas ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente, con tasas que equivalen a más de tres veces la tasa nacional.

Por otra parte, para el caso de mortalidad materna, el indicador para los grupos indígenas y negros y afrocolombianos equivale a más de tres veces el indicador para el total nacional y alrededor de cuatros veces en relación con el resto de la población.

Es importante tener en cuenta que, para el caso de los Rrom, raizales y palenqueros, en el año de referencia no se presentaron muertes asociadas a la maternidad o no se registraron en las bases de Estadísticas Vitales (EE. VV.) del DANE.

La población perteneciente a grupos étnicos presenta desventajas en indicadores de salud en lo que tiene que ver con privación en aseguramiento, mortalidad infantil y razón de mortalidad materna, y en desnutrición, que es la principal causa asociada a mortalidad para el caso de la población indígena.

4) Primera infancia, infancia y adolescencia

Los niños y adolescentes con pertenencia étnica han tenido importantes obstáculos para el acceso a atenciones que contribuyan a su desarrollo armónico y reconozcan las situaciones y condiciones en las que transcurre su vida. Por una parte, como indica la tabla XII-2, los niños con pertenencia étnica enfrentan mayores privaciones que los niños que no la tienen.

En inasistencia escolar, los hogares con pertenencia étnica enfrentan 1,7 veces más esta privación que los hogares que no la tienen; en rezago escolar, estos hogares enfrentan esta privación 1,4 veces más y en barreras al cuidado de la primera infancia, que incluyen el acceso simultáneo a salud, nutrición adecuada y educación inicial, los hogares con pertenencia étnica enfrentan 1,45 veces más esta privación (tabla XII-2)11.

Por otra parte, el acceso de los niños pertenecientes a los grupos étnicos a la atención integral12 se ha visto determinado por la poca disponibilidad de servicios con enfoque diferencial étnico. Este acceso se comporta de manera distinta si se trata de la primera infancia, la infancia o la adolescencia.

Para asegurar el acceso a atenciones básicas13 de los niños menores de 6 años (primera infancia) de las comunidades étnicas

Se definieron de manera concertada 14 rutas integrales de atención propias intersectoriales14, a partir de procesos previos que recopilaron las recomendaciones de las comunidades frente a los ejercicios de atención para apoyar la pervivencia física y cultural desde la primera infancia y promover el desarrollo de los niños y las niñas en sus comunidades.

Los niños indígenas, Rrom, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros participaron de todas las modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral en la Modalidad Propia de Educación Inicial de la Ruta Integral de Atenciones, lo que significó que para 2018 se llegó a 64.000 niños y niñas pertenecientes a dichas comunidades.

Por su parte, Semillas de Vida (Decretos 1953 de 2014 y 1953 de 2014) promueve “la interacción dinámica y permanente del territorio, la comunidad y la familia en lo relacionado con la protección, el cuidado, la crianza, la educación, la alimentación y nutrición y la participación de los niños y niñas como sujetos fundamentales en la vida de los pueblos indígenas y del resto de la sociedad colombiana” y permite implementar atenciones “conforme a lo establecido en los planes de vida, la ley de origen, el derecho mayor, derecho propio, la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad y la ley que establece la prevalencia de los derechos y el interés superior de los niños y niñas”.

Marco de la atención integral en el 2017

Sin embargo, en el marco de la atención integral en el 2017, de los 1.197.634 niñas y niños en primera infancia que accedieron a atenciones priorizadas, el número con pertenencia étnica fue de 190.182, de los cuales 109.261 son indígenas, 80.888 negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y 33 Rrom; esta cobertura, que alcanza a aproximadamente el 26 % de la población total estimada en ese rango de edad por la Encuesta de Calidad de Vida (2016)15, evidencia un importante número de niños en primera infancia con pertenencia étnica sin atención integral.

La situación los niños y adolescentes con pertenencia étnica, por otra parte, refleja las desigualdades de origen de los pueblos y comunidades a los que pertenecen. Se identifican:

• (1) movimientos transfronterizos de comunidades indígenas que ponen en riesgo la garantía de sus derechos (el RAMV16 identificó estos movimientos para 8.201 menores de edad de municipios del norte de Colombia, situación que también se presenta en las restantes fronteras);
  
  
• (2) prácticas culturales que pueden poner en riesgo su vida, salud e integridad;
  
  
• (3) víctimas del conflicto, para el año 2017, el registro único de víctimas (Unidad para las Víctimas, 2017) encontró que el 13,8% del total de víctimas correspondían a menores de edad de comunidades étnicas;
  
  
• (4) desigualdades producto del desplazamiento forzado, comunidades indígenas habitan en áreas urbanas con riesgo de violencias y vulneraciones de derechos (Reina Salgado, 2017, p. 54);
  
  
• (5) mendicidad indígena en las principales ciudades del país, que debe atenderse de acuerdo con la Sentencia C-464 de 2014; y
  
  
• (6) la participación los niños con pertenencia étnica en formas de explotación económica que promueven el trabajo infantil por fuera del entorno comunitario y ponen en riesgo a la infancia y a sus comunidades (Reina Salgado, 2017, p. 30).

La infancia y la adolescencia indígena, negra, afro, raizal y palenquera y Rrom

Es así como el comportamiento del acceso a las atenciones priorizadas, que son necesarias para asegurar la atención integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia indígena, negra, afro, raizal y palenquera y Rrom, refleja inequidades que les afectan y que establecen como reto emergente organizar una respuesta institucional que aumente la cobertura, principalmente en ruralidad y en el marco de los avances de país en torno a la Política de Estado, para de esta manera dar garantía al desarrollo integral de la primera infancia (Ley 1804 de 2016), a la Política Nacional de Infancia y Adolescencia y a lo establecido en este Plan Nacional de Desarrollo, mediante el diálogo entre estas y sus herramientas de gestión, que es la ruta integral de atenciones para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (RIA) y lo dispuesto en los planes de vida sobre cuidado y desarrollo infantil.

Los grupos poblacionales con pertenencia étnica presentan mayores privaciones que la población no étnica en inasistencia escolar, rezago escolar y acceso a cuidado a la primera infancia. Las intervenciones son insuficientes, tan solo el 26 % de los niños de 0 a 5 años pertenecientes a grupos étnicos tuvo acceso a atención priorizada integral a cuidados a la primera infancia.

5) Seguridad alimentaria y nutricional

En el caso colombiano, el 77 % de los hogares indígenas y el 68,9% de los hogares afrodescendientes presentan inseguridad alimentaria y nutricional, frente al 52,3% de hogares sin pertenencia étnica, medida a través de la Escala Latinoamericana de Seguridad Alimentaria (ELCSA).

Esta escala basa su medición en el acceso físico o económico de los hogares a los alimentos en un periodo de tiempo específico. Para el caso de Colombia, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional17 (ENSIN) (MinSalud, 2017), en su última versión de 2015, incorpora esta escala y desagrega los resultados en tres niveles: leve, moderado y severo (este último afecta principalmente a los menores de 18 años del hogar).

Para solucionar esta situación, de acuerdo con la ENSIN, alrededor del 50 % de los hogares indígenas y el 16,9 % de los hogares afrodescendientes han sido beneficiados con programas de la oferta estatal para promover e implementar prácticas de autoconsumo, mientras que el 71,3 % y el 64,5 % de los hogares indígenas y afros respectivamente, lo han sido para generar estrategias de afrontamiento a la inseguridad alimentaria en el hogar.

Desnutrición global

El 29,6 % de los menores de 5 años indígenas, y 7,2 % de los menores hogares afros presentaron desnutrición crónica (retraso en talla para la edad), frente al 10 % de los menores de 5 años sin pertenencia étnica.

La desnutrición global (bajo peso para la edad) fue mayor en los menores de 5 años indígenas (7,2 %) frente al 3 % sin pertenencia étnica, mientras que el exceso de peso en menores de 5 años afrodescendientes fue de 5,4 % respecto del 6,5 % de menores de 5 años sin pertenencia étnica. Por su parte, la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 59 meses no presentó diferencias entre indígenas y afros, con 34 % y 33 %, respectivamente, aunque es muy superior en los niños sin pertenencia étnica 23,2 % (MinSalud, 2017).

Los resultados nutricionales para escolares y adolescentes muestran que el retraso en talla es mayor en la población étnica (29,5 %), en comparación con los afros (3,8 %) y la población sin pertenencia étnica (6,5 %); por otra parte, el exceso de peso en escolares es mayor en el grupo que no tiene pertenencia étnica frente a los afros (20,9 %) e indígenas (14,4 %) (MinSalud, 2017).

Respecto a la situación nutricional en adultos

Nno se observan diferencias en los resultados por pertenencia étnica en el porcentaje de exceso de peso (57,2 % afros; 51,4 % indígenas y 56,5 % sin pertenencia étnica). Sin embargo, la prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil (13 a 49 años) fue mayor en mujeres indígenas que en mujeres afros y en adultos sin pertenencia étnica (28,4 %; 24,5 % y 14,2 %, respectivamente).

Sin embargo, la prevalencia de anemia en gestantes de 13 a 49 años fue mayor en mujeres afros (40,2%) que en mujeres indígenas (34,8 %) y sin pertenencia étnica (23,4 %) (MinSalud, 2017).

Los hogares indígenas y afrodescendientes presentan un mayor porcentaje de inseguridad alimentaria (77 % y 68 %, respectivamente) que la población sin pertenencia étnica (52 %).

En desnutrición crónica y global de menores de cinco años también se presentan grandes disparidades entre población étnica y no étnica: el porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica es del 29.6 % en indígenas y del 10 % en la población sin pertenencia étnica. La desnutrición global para menores de 5 años (bajo peso para la edad) en indígenas  es del 7, 2% y son pertenencia a grupo étnico es del 3 %.

6) Vivienda digna e incluyente, y servicios de agua y saneamiento sostenibles de alta calidad

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV 2016), y al analizar las características asociadas a la vivienda en el IPM, se encontró que el 9,45 % de los hogares con miembros pertenecientes a grupos étnicos cuentan con pisos en materiales inadecuados. Así mismo, el 4,43 % reportan privaciones en paredes y el 14,1 % habitaciones en condiciones de hacinamiento.

Así, en el caso de materiales inadecuados en pisos, las privaciones fueron superiores para la población étnica en 5,81 p. p., y con respecto a los materiales de paredes y hacinamiento, esta brecha fue mayor para la misma población en 2,96 p. p. y 5,35 p. p., respectivamente.

Como mecanismo para mitigar las brechas entre los grupos étnicos y el resto del país en materia de acceso a vivienda, la Ley 153718 de 2012, en su artículo 13 establece que, para la definición de potenciales beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tendrá en cuenta criterios de priorización para poblaciones afrocolombianas e indígenas.

Sin embargo, la falta de fuentes actualizadas para la identificación de estas poblaciones, además del autorreconocimiento, dificulta su proceso de focalización y la capacidad de atención, en términos de la política de vivienda.

En términos de agua limpia y saneamiento adecuado

Aunque la cobertura de acceso a agua limpia y saneamiento se ha incrementado en los últimos años (CONPES 3918 de 2018), esta mejora no se ha materializado de forma equitativa entre los grupos étnicos y no étnicos del país.

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de 2016, el porcentaje de hogares étnicos sin acceso a fuentes de agua mejorada fue 21,04 %, mientras que en los hogares no étnicos ascendió a 7,82 %. Esta incidencia también se reflejó en igual magnitud en la inadecuada eliminación de las excretas, ya que 22,6 % de los hogares étnicos registraron esta privación, frente al 7,37 % de los hogares no étnicos.

En lo relacionado con la provisión de servicios en el área rural, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, el número de hogares con acceso a energía eléctrica, alcantarillado y acueducto es menor en el área rural dispersa con presencia de territorios de grupos étnicos.

La mayor brecha se presenta en el acceso a acueducto, donde tan solo el 20 % de los hogares rurales en territorios étnicos cuentan con este servicio.

Por otra parte, el material predominante de pisos en los hogares rurales ubicados en territorios étnicos es la tierra y arena (32,8 %), mientras que para el caso de los hogares rurales no étnicos es el cemento y la gravilla (48,7 %).

De igual manera, el material predominante de paredes en los hogares rurales ubicados en territorios étnicos es la madera burda, tabla o tablón (37,2 %), mientras que para el caso de los hogares rurales no étnicos es el bloque, ladrillo, piedra o madera pulida (53,3 %).

2015 y 2017 MinSalud

Finalmente, entre el 2015 y el 2017 MinSalud, por medio del Programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), otorgó 4.834 subsidios para grupos étnicos, de los cuales 4.552 se destinaron a población indígena y 282 a población afrodescendiente, lo que representó el 12 % y 1 % del total de subsidios, respectivamente 19 (Banco Agrario de Colombia, 2018).

En cuanto a construcción de vivienda de interés social rural, el programa atendió 4.559 hogares rurales de grupos étnicos, de los cuales 4.436 fueron adjudicados a población indígena y 123 a población afrodescendiente. Por su parte, para mejoramientos de vivienda rural, el programa otorgó 275 subsidios, de los cuales 116 fueron para población indígena y 159 para población afrodescendiente (Banco Agrario de Colombia, 2018).

Por lo general los grupos étnicos registran mayores privaciones que la población sin pertenencia étnica en los indicadores de vivienda (material de los pisos, paredes y hacinamiento crítico) y servicios públicos domiciliarios (agua potable y saneamiento básico y adecuada eliminación de excretas), en especial se destaca la brecha en acceso a acueducto.

7) Inclusión productiva: acceso a oportunidades de trabajo y de emprendimiento

Como otros grupos poblacionales vulnerables, los grupos étnicos frecuentemente enfrentan barreras de acceso a puestos de trabajo formal (el 82 % de los hogares con pertenencia a grupo étnico tiene al menos un informal y el porcentaje en no étnicos es del 72 %), en tanto que los que logran acceder ocupan posiciones que requieren menor calificación y tienen menor remuneración que los grupos no étnicos (Fundación Corona, Fundación ANDI & ACDIVOCA, 2016).

Simultáneamente, teniendo en cuenta que la vocación del suelo determina la actividad económica de las comunidades de los departamentos con mayor participación de resguardos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades negras, gran parte de estos tienen principalmente vocación agroforestal, como Vaupés (20,7 %), Vichada (13,9 %), Guainía (13,3 %) y Amazonas (29,4 %) (UPRA, 2018).

En el caso del área rural dispersa, ubicada en territorios de grupos étnicos, de la proporción con uso agropecuario el 53,9 % corresponde a pastos y rastrojos, el 45,9 % a uso agrícola y el 0,2 % se destina a infraestructura. En contraste, en el área rural dispersa sin territorio de grupos étnicos el 81,8 % corresponde a pastos y rastrojos, el 17,9 % al área agrícola y el 0,2 % tiene infraestructura agropecuaria (DANE, 2014).

Así mismo, según los resultados del Censo Nacional Agropecuario, el 90,8 % del área rural dispersa ubicada en territorios de grupos étnicos tiene cobertura en bosques naturales20, y el 6,9 % tiene uso agropecuario. Estas cifras difieren considerablemente en los territorios de grupos no étnicos, ya que el 37,7 % corresponde a bosques naturales y el 56,26 % se destina a usos agropecuarios.

En el mismo sentido, en todos los territorios de grupos étnicos el destino final de la producción de las Unidades Productoras Agropecuarias fue principalmente el autoconsumo, seguido por la venta a comercializador, venta directa en plaza de mercado (DANE, 2014).

En cuanto al uso de activos productivos para el desarrollo de las actividades agropecuarias, el 16,5 % de las unidades de producción agropecuaria (UPA) ubicadas en territorios de grupos étnicos recibieron asistencia o asesoría técnica, el 9,8 % solicitó crédito, el 16,5 % declaró contar con maquinaria y el 19,8 % tenía algún tipo de infraestructura.

Por otra parte, el 33,2 % de los productores residentes en territorios de grupos étnicos pertenecía a algún tipo de asociación, como organizaciones comunitarias (21,4 %), asociaciones de productores (6,3 %) y cooperativas (4,7 %). La mayor parte de las UPA que reportaron no pertenecer a ninguna asociación se encuentran ubicadas en territorios ancestrales raizales (89,8 %), seguido de los territorios indígenas (71,5 %) y los territorios de comunidades negras (58,9 %) (DANE, 2014).

Algunas intervenciones de inclusión productiva dirigidas a la población con pertenencia étnica son las siguientes:

• En cuanto a la financiación de proyectos productivos, desde el 2015 la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha apoyado 104 iniciativas comunitarias con enfoque diferencial étnico con una financiación cercana a los $ 38.912 millones. Los proyectos financiados están asociados a territorios legalizados a comunidades indígenas y negras ubicadas principalmente en los departamentos de Chocó (36,5 %), Antioquia (13,5 %), La Guajira (12,5 %) y Valle del Cauca (12,5 %).

• Entre enero de 2015 y julio de 2018 se beneficiaron 30.608 familias a nivel nacional a través del Programa Iraca liderado por Prosperidad Social, que busca promover el desarrollo propio de las comunidades étnicas vulnerables en riesgo de desaparición física y cultural, así como en situación de desplazamiento forzado (DPS, 2017).

• Entre el 2016 y el 2017, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) cofinanció 124 Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial por valor de $ 90.916 millones, que beneficiaron a 10.732 productores, de los cuales el 32 % son víctimas y el 16 % pertenecen a alguna comunidad étnica (ADR, 2018).

• Por otro lado, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde el año 2014 se ha ejecutado el Programa Fortalecimiento Productivo Empresarial para Pueblos Indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y Pueblo Rrom de Colombia, bajo una perspectiva de desarrollo productivo incluyente.

• Desde el 2014 han sido fortalecidos 187 procesos productivos (129 de pueblos indígenas, 47 de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y 11 de las Kumpanias Gitanas) ubicados en 30 departamentos del país, que han mejorado capacidades a más de 8.800 familias de comunidades étnicas.

• En lo relacionado a formación para el trabajo, desde 2017 el SENA cuenta con el Comité Institucional de la Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial21 y con la ruta de atención con enfoque diferencial que inicia en la Agencia Pública de Empleo, a través de los cuales se han puesto en marcha estrategias para la atención que incluyen talleres de orientación ocupacional y proyecto de vida, con el fin de identificar habilidades, destrezas, competencias e intereses ocupacionales que permitan direccionar estos grupos poblacionales hacia los servicios institucionales.
  
  Como parte de esta ruta, el SENA realizó la asignación de más de 300.000 cupos con enfoque diferencial étnico para formación técnica y tecnológica en 2016, lo que corresponde a una cobertura cercana al 5 % para las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas y palenqueras, y superior al 40 % para los raizales (tabla XII-4).

 Tanto en los programas de formación, como en los procesos de acompañamiento para el caso de proyectos productivos, el SENA incorpora el enfoque diferencial étnico acorde con los lineamientos sectoriales.

Sin embargo, aunque ha atendido a la población étnica tanto en formación como en acompañamiento (capacitación), la concurrencia de oferta es desarticulada y presenta diferencias en los criterios para focalizar los beneficiarios de esta oferta (poblacional y territorial), lo que genera ineficiencias y duplicidades.

Hay evidencia de desventajas en inclusión productiva de la población étnica frente al no étnica. Mientras que el 72 % de los hogares no étnicos tienen al menos un miembro del hogar en informalidad, en los hogares de grupos étnicos es del 82 %. En la zona rural dispersa la desventaja se evidencia por el potencial productivo de la tierra, mientras que en el territorio de los grupos étnicos el uso agropecuario está en el 6,9 % del área, en el territorio de población no étnica este porcentaje es del 52 %.

c. Visibilidad estadística de los grupos étnicos

1) Información estadística y de registro administrativo

La gestión de información es fundamental para el diseño, planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Así, se requiere de una gestión de información eficiente que permita caracterizar y focalizar a la población étnica, de manera que facilite la toma de

decisiones y permita observar y ajustar las políticas de acuerdo con los resultados observados. Lo anterior implica contar con instrumentos y mecanismos para la gestión de información que funcionen de forma eficiente y articulada a lo largo del ciclo de gestión.

La mejora continua de las encuestas a hogares ha permitido la elaboración de diagnósticos y una toma de decisiones con base en información actualizada continuamente.

Sin embargo, persisten vacíos de información para contar con diagnósticos más desagregados a nivel geográfico y poblacional y, en particular, no existe información que cumpla unos criterios mínimos para contar con diagnósticos socioeconómicos de grupos étnicos y para el diseño de políticas públicas integrales enfocadas en ellos.

De acuerdo con la Misión para la Movilidad Social y la Equidad (DNP, UNIANDES, 2014)

Para lograr una caracterización de calidad de los individuos se requiere de un conjunto de propiedades mínimas en los instrumentos de medición estadística, los que están ausentes en las mediciones actuales, tales como

• (1) identificación:es necesario que los instrumentos de recolección identifiquen el género, la pertenencia étnica y la orientación sexual de los individuos;
• (2) representatividad: los individuos encuestados deben ser representativos del grupo de interés, preferiblemente a diferentes niveles de desagregación regional y etaria;
• (3) continuidad en las mediciones: es necesaria una continuidad en las mediciones para un apropiado seguimiento de las poblaciones y la evaluación de las dinámicas de sus condiciones en el tiempo; y
• 4) caracterización socioeconómica: es necesario analizar la información relevante para la adecuada caracterización socioeconómica y la identificación de brechas, como las que se identifican entre hombres y mujeres de las poblaciones de interés.

Frente al primer criterio, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), con la cual se calcula la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema, no incluye una pregunta de autorreconocimiento.

Frente al segundo criterio, la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), con la que se calcula el Índice de Pobreza Multidimensional, aunque incluye la pregunta de autorreconocimiento, tiene la limitación de no poder desagregar los indicadores geográficamente de la población étnica, es decir, no tiene la representatividad suficiente para extraer conclusiones acerca de estos grupos poblacionales.

Además, aunque el censo poblacional sí contiene información socioeconómica para estas comunidades, no constituye una fuente para hacer actualizaciones y seguimiento continuo de la situación socioeconómica de estos grupos.

Adicionalmente, como se observa en la tabla XII-5

El número total de la población étnica en la fuente disponible varía y carece de representatividad estadística que permita la realización de análisis con diferentes desagregaciones (segundo punto planteado por la misión). Esto evidencia los retos frente a la disposición de información diferencial para los grupos étnicos que permita avanzar no solo en el ajuste de los instrumentos actuales, sino en la definición de caracterizaciones particulares para cada grupo étnico y su medición recurrente.

 

Frente al cuarto criterio, el caso particular de las comunidades indígenas, no existe una definición única aceptada de lo que significa pobreza y calidad de vida, lo cual indica que primero es necesario acotar cuál es la información relevante para caracterizar a esta población.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, dado que la población indígena habita principalmente en zonas rurales en donde se suele presentar un componente significativo de autoconsumo, la estimación de los ingresos y líneas de pobreza para las áreas rurales debe diferenciarse metodológicamente de la de áreas urbanas, lo cual no sucede actualmente.

Finalmente, los sistemas de información de las instituciones del Estado que interactúan o tienen oferta con comunidades étnicas no suelen contar con las mismas variables y no son interoperables, ese es el caso de los registros de autoridad o representación administrados por el Ministerio del Interior 22.

En relación con lo anterior, las herramientas de focalización para la población indígena se basan en listados censales que no están centralizados y no incluyen una caracterización socioeconómica que además diferencie la población por sexo, por lo cual la posibilidad de diseñar criterios de focalización para programas que respondan a las características y carencias específicas de esta población es limitada.

2) Información georreferenciada y catastral

En 2016, la Dirección de Asuntos Étnicos y la ANT recibieron una cantidad considerable de documentos y peticiones del INCODER, los cuales estaban pendientes de gestión y repuesta a los ciudadanos.

En la fase inicial de operación de la agencia el volumen de documentos para gestión y archivo superó la capacidad técnica institucional instalada de la entidad, por lo que se presentaron situaciones inconvenientes como expedientes no encontrados o incompletos, y dificultades en la digitalización y georreferenciación de la información recibida (ANT 2017).

Así mismo, la distribución territorial de la población étnica coincide con la dinámica de titulación de tierras de propiedad colectiva para grupos étnicos (TCGE), que para el año 2018 es cerca de 38.415.518 ha, que representan aproximadamente el 33 % del territorio nacional.

Sin embargo, solo el 12,78% de las áreas con presencia de grupos étnicos tienen información catastral actualizada; en el 46,02% de esos territorios la información está desactualizada y el 41,20% no tienen información catastral (Cálculos DNP con datos IGAC del primero de enero de 2018).

3) Información para la toma de decisiones en materia de inversión pública focalizada para grupos étnicos

Al cierre de la vigencia 2017, la inversión de recursos públicos de fuentes para mejorar las oportunidades de desarrollo para los grupos étnicos fue de $ 2,3 billones ($ 2,2 billones para pueblos indígenas, $ 111.006 millones para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y $ 6.863 millones para el pueblo Rrom).

Dentro de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)

Hasta el año 2015 los recursos de la Asignación Especial del SGP para Resguardos Indígenas (AESGPRI) eran ejecutados a través de la suscripción de contratos de administración entre las entidades territoriales y las autoridades de los resguardos. Sin embargo, con la expedición de los Decretos 1953 de 2014 y recientemente del 623 de 2018, previo cumplimiento de requisitos, estos recursos pueden ser administrados por los resguardos indígenas, recursos que en la vigencia 2017 ascendieron a $ 157.000 millones 23.

Estas inversiones, calculadas a partir del autorreporte de las entidades del orden nacional, departamental y municipal, presentan dificultades de consistencia y extemporaneidad con respecto a las necesidades de disponibilidad de datos para la toma de decisiones en materia de inversión.

Adicionalmente, para el caso de los resguardos y asociaciones de resguardos, nuevos actores que administran y ejecutan recursos públicos, aún se presentan desafíos para homogenizar los registros administrativos y hacerlos interoperables, mediante el registro de fuentes únicas de información por proceso institucional y de disponibilidad inmediata.

También para estos nuevos actores hace falta identificar la articulación entre las inversiones que ellos ejecutan con las visiones de desarrollo territorial desde la perspectiva incluyente, dado que dichas inversiones no se registran en sistemas de información de inversión pública.

Por tal motivo, la trazabilidad de la inversión y su correlación con los impactos y la producción de bienes o servicios para la transformación de los entornos de desarrollo en los que habitan las comunidades y pueblos de grupos étnicos es difícilmente identificable.

La información estadística de los grupos étnicos presenta problemas de identificación, representatividad y continuidad, así como de instrumentos robustos de caracterización socioeconómica. La información catastral presenta atrasos importantes y los registros administrativos, incluidos los censos, no están estandarizados, están incompletos y no son interoperables.

d. Territorialidad colectiva

El desarrollo económico y social de los grupos étnicos del país parte de reconocer el papel central que la seguridad en la tenencia jurídica y material de los territorios colectivos tiene sobre la pervivencia física de estas comunidades.

De esta manera, otorgar al territorio el carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable, se convierte en una herramienta para la prevención de la pérdida de autonomía y autogobierno, el desplazamiento de las comunidades fuera de sus territorios, la pérdida de sus usos y costumbres, el desarraigo social, cultural y ambiental, y en general, el deterioro de su calidad de vida.

De igual manera, la constitución de resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras facilita el acceso a la oferta institucional relacionada con la provisión de servicios de salud, educación y, en general, el reconocimiento de derechos al tiempo que habilita el acceso a fuentes de financiación específicas para estos grupos poblacionales.

El derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra habitada por grupos étnicos toma en consideración dos concepciones principales: (1) el reconocimiento como sujeto colectivo y no como una sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos; y (2) la concepción del territorio diferenciada de la que tienen el resto de los grupos poblacionales del país (UNICEF, Oficina de Área para Colombia y Venezuela, 2003).

Para el caso de los pueblos indígenas el territorio constituye una base espiritual y una base material complementarias.

Además de constituir el espacio que liga a nuevas generaciones con sus antepasados, donde se origina su propia historia ligada a la identidad, la tierra es considerada como pariente o espacio madre a quien, por ende, se debe cuidar y proteger (UNICEF, Oficina de Área para Colombia y Venezuela, 2003).

Según la ANT, a julio de 2018 existían 772 resguardos indígenas legalizados, con una extensión aproximada de 32.653.436,78 ha. Así mismo, los territorios colectivos de las comunidades negras tienen una extensión aproximada de 5.762.081,38 ha, titulada a 207 consejos comunitarios. De esta manera, más de 38 millones de hectáreas han sido adjudicadas a las comunidades étnicas, lo que representa cerca de un 33 % de la superficie continental del país (mapa XII-1)24.

Pese a esto, la ANT ha recibido cerca de 889 solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, y más de 286 solicitudes de titulación colectiva por parte de las comunidades negras. Algunas de estas datan de más de una década y existen múltiples fallos judiciales que buscan proteger los derechos territoriales y mejorar la supervivencia de las comunidades étnicas del país.

La información catastral presenta atrasos importantes, y los registros administrativos, incluidos los censos, no están estandarizados, están incompletos y no son interoperables, lo que acentúa la vulnerabilidad de la pervivencia sociocultural diferenciada por la inseguridad jurídica de la propiedad colectiva, y de la pervivencia cultural de los pueblos en aislamiento voluntario por las intervenciones en sus territorios.

(Lea También: Estrategias Transversales para Grupos Étnicos)

e. Conservar produciendo y producir conservando

1) Ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y deforestación de territorios étnicos

El 53,4 % de los bosques naturales del país se encuentran en territorios étnicos, de los cuales el 46 % se encuentran en resguardos indígenas y el 7,3 % en territorios colectivos de comunidades afrocolombianas (MADS-IDEAM, 2017, p. 50). Tal como se mencionó, se identifica que el uso y cobertura de los territorios étnicos está dominado en un 90,8 % (36.200.000 millones ha.) por bosques naturales, seguido por el uso agropecuario en un 6,9 % (2.800.000 millones de ha.), en tercer lugar, se presentan otros tipos de uso25 con el 2,2 % (0,9 millones de ha.), y finalmente un 0,1 % (0,03 millones ha.) presenta usos no agropecuarios (DANE, 2016).

 

“Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower”

Para 2010, de las 55 áreas protegidas nacionales de Colombia que existían, el 32% presentaban traslapes con territorios (Cisneros, 2010), y con especial atención, el Distrito de Manejo Integrado “Área Marina Protegida de la Reserva de Biosfera Seaflower”, que se encuentra en San Andrés y Providencia, el cual alberga importantes ecosistemas de manglares, lagunas costeras, pastos marinos y arrecifes de coral, que resultan ser claves para la subsistencia de las comunidades raizales (Prato, 2016).

En 2017, más del 15 % de la deforestación nacional se dio en territorios étnicos. Desde el año 2013, en los resguardos indígenas se ha venido presentando un incremento de la deforestación, que para 2017 fue de 20.713 ha (10 % del total nacional), ocurrida en más del 97 % en el bioma Amazónico26 (SMByC, 2018).

Por su parte, desde el 2014 en los territorios colectivos de comunidades negras se ha incrementado la deforestación, siendo crítico el 2016 con 29.009 ha deforestadas.

Para 2017 esta cifra se redujo a 11.852 ha (5,4 % de la deforestación nacional). Las principales causas de la deforestación para estos territorios se relacionan con la extracción ilícita de minerales, extracción ilegal de madera, colonización y expansión de la frontera agropecuaria (ONU-REDD, 2017).

2) Riesgo al cambio climático y a los desastres en departamentos con mayor representatividad étnica

Además de los problemas relacionados con deforestación, cinco de los departamentos con comunidades étnicas27 fueron identificados con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático: San Andrés, Vaupés, Amazonas, Guainía y Chocó28 (mapa XII-3) (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2017a). Estos territorios tienen predominancia de poblaciones de comunidades étnicas y presentan alto riesgo en las dimensiones de seguridad alimentaria, infraestructura y algunas en hábitat humano y recurso hídrico.

Adicionalmente, estos departamentos se encuentran en categoría alta de sensibilidad y muy baja en capacidad adaptativa, lo cual configura la presencia de una alta y muy alta vulnerabilidad al cambio climático.

Así mismo, al revisar el estado de los planes integrales de gestión de cambio climático para estos departamentos, se encontró que Vaupés y Amazonas se encuentran en gestión de recursos para su formulación, a pesar de su situación de vulnerabilidad.

Adicionalmente, según el índice municipal de riesgos de desastres (DNP, 2018) 29, los departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Guajira, Chocó, Cauca y Nariño presentan alta vulnerabilidad al riesgo de desastres, siendo Guainía, Amazonas y Cauca los que tienen menores capacidades para la gestión de estos riesgos 30 (DNP, 2017).

3) Prevenir la pérdida de conocimientos tradicionales y fortalecer las prácticas tradicionales

Las actuales dinámicas poblacionales y de migración que se han venido dando en los territorios étnicos han incidido en la pérdida de conocimientos tradicionales y en la disminución de las prácticas tradicionales asociadas a la conservación de la biodiversidad.

Es importante resaltar el papel que cumplen los territorios étnicos en Colombia con respecto a la conservación de los bosques y otros ecosistemas estratégicos, ya que su modo de vida se ha relacionado directamente con el uso y preservación de los ecosistemas naturales.

En este sentido, Riascos de la Peña (2018) sostiene “el estado de los recursos naturales y la permanencia de los bosques habitados por grupos étnicos, dependen del estado y la transmisión de la cultura, y viceversa” (p. 30). Sin embargo, la degradación actual de algunos ecosistemas al interior de territorios étnicos muestra la necesidad de fortalecer estos sistemas tradicionales que han incidido en la protección y conservación de los bienes y servicios ambientales de estos territorios.

Más del 15 % de la deforestación se dio en territorios étnicos y las principales causas de deforestación se relacionan con extracción ilícita de minerales, extracción ilegal de madera, colonización y expansión de la frontera agropecuaria; cinco departamentos con comunidades étnicas fueron identificados con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático: San Andrés, Vaupés, Amazonas, Guainía y Chocó y la dinámica migratoria que se ha intensificado en territorios con presencia de grupos étnicos ha generado pérdida de conocimientos tradicionales en materia de conservación de la biodiversidad.

f. Conectar territorios, gobiernos y poblaciones

1) Territorios colectivos en el desarrollo regional

La población étnica en Colombia tiene presencia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con dinámicas de localización y movilidad que hoy presentan concentraciones tanto en zonas rurales como urbanas. Así, el 78.6 % de la población indígena es rural mientras que el 72,7 % de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, así como el 94,15 % de la Rrom es urbana (DANE, 2007).

Si se revisa el análisis de tipologías propuesto por la OCDE31, abordado en el “Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones”, basadas en la clasificación de subregiones funcionales (RIMISP & DNP, 2018) 32 para el caso de la población perteneciente a los grupos étnicos se observa la siguiente concentración:

Como se analizó en el nuevo marco conceptual de la política para el desarrollo regional en el “Pacto por la descentralización. Conectar territorios, Gobiernos y Poblaciones”33, esta subregionalización funcional es útil para: (1) el diseño de las intervenciones en los territorios a través de políticas, planes, programas o proyectos; (2) para la planificación y el ordenamiento del territorio; y (3) para la focalización de ofertas y recursos, y de las agendas de desarrollo local, todo lo anterior en un ejercicio de corresponsabilidad con los grupos étnicos, de tal manera que se satisfagan las necesidades de bienestar de manera adecuada.

Tipologías “intermedias y rurales”

En este sentido, para el caso de los grupos étnicos cuya densidad poblacional se concentra en las tipologías “intermedias y rurales” más cercanas a ciudades, las acciones deberán dirigirse a generar mayor conectividad y acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados.

Por su parte, los grupos étnicos cuya concentración es mayor en áreas “intermedias y rurales” con menos facilidades de acceso a los centros urbanos, el conjunto de acciones o intervenciones deberán dirigirse a mejorar la productividad y el bienestar, crear mejores conexiones físicas hacia los nodos de desarrollo más cercanos en aquellos lugares donde sea posible y promover actividades agropecuarias y actividades productivas no agropecuarias relacionadas con servicios ambientales y turísticos sostenibles.

Los resultados de cada tipología, de acuerdo con la concentración de grupos étnicos, se presentan a continuación (gráfica XII-6):

De manera agregada la densidad poblacional por entidad territorial es la que se aprecia a continuación (mapa XII-4):

Otra perspectiva de análisis probable se basa en la concentración de Tierras con Títulos Colectivos Para Grupos Étnicos (TCGE) 34. Tal como se mencionó en la línea territorialidad colectiva, a 2014, del total del área rural dispersa que corresponde a 111,5 millones de hectáreas, 39,9 son TCGE; por su parte, de esta área 1.998 hectáreas corresponden al territorio ancestral del pueblo raizal. Adicionalmente, del total de TCGE equivalentes al 35.8% del total del área rural dispersa, 90.8 % de esta área tiene cobertura en bosques naturales, 6.9 % uso agropecuario, y el 2.3% restante, están en uso de suelo no agropecuario y otros usos y cobertura de tierra (DANE, 2016).

La mayor densidad poblacional étnica coincide con la mayor distribución de títulos de propiedad colectiva

Con algunas excepciones en los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dadas las particularidades territoriales del pueblo raizal (títulos individuales de propiedad por heredad y transacción en el mercado local inmobiliario).

Los departamentos de La Guajira, Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, que presentan altas concentraciones de población indígena por departamento, en un número menor de resguardos cuya extensión es considerable, presentan características comunes de dispersión geográfica, baja densidad poblacional (número de personas por kilómetro cuadrado), distinto a lo que sucede en departamentos como Cauca y Tolima.

Al realizar el análisis de la distribución de TCGE, de acuerdo con la regionalización propuesta en este Plan Nacional de Desarrollo, se concluye lo siguiente (tabla XII-7):

Esta dinámica de titulación de la tierra supone un doble efecto sobre los niveles territoriales:

(1) constituyen el hecho generador de recursos de compensación predial como fuente de recursos propios para los municipios en cuya jurisdicción se encuentran estos títulos colectivos 36; (2) las condiciones de aprovechamiento, y por tanto las categorías del uso de suelo en estos territorios están directamente influenciadas por los vínculos de los grupos étnicos con sus territorios y su visión de ordenamiento frente el mismo.

En este sentido, los retos en materia de ordenamiento y fortalecimiento institucional y fiscal para las regiones también deben considerar el fortalecimiento y la articulación de los grupos étnicos y sus territorios, en la planificación local y en generar capacidad instalada para la gestión del desarrollo de las propias comunidades pues de esta forma se aporta un mejor uso de los recursos disponibles.

2) Integración física de territorios y poblaciones con pertenencia étnica

El análisis regional también permite identificar las dinámicas de concentración de población y TCGE en zona de frontera así: 53 pueblos indígenas, la población raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las comunidades negras o población afrocolombiana, principalmente, en la frontera con Panamá y Ecuador; y la gran mayoría del pueblo Rrom o gitano en el área metropolitana de Cúcuta. Los resguardos indígenas constituyen el 27 % del área territorial nacional y se ubican principalmente en 5 departamentos fronterizos (La Guajira, Vichada, Vaupés, Guainía y Amazonas).

Lo anterior implica que, en los departamentos de frontera, el 21,7% del total de la población pertenece a grupos étnicos (854.000 habitantes), de los cuales 765.156 (89,5%) habitan en la frontera con Venezuela y Ecuador. Así mismo, los departamentos de frontera albergan el 49% del total de la población indígena del país y el 22% de la población afrocolombiana, así como el 8,54 % de la población Rrom. Casi el 70% de los resguardos indígenas y el 71% de las titulaciones colectivas de comunidades negras se encuentran en departamentos de frontera. 

No obstante, las potencialidades, la diversidad cultural y étnica, y su favorable localización para el desarrollo económico, los departamentos y municipios fronterizos del país muestran índices de considerable rezago socioeconómico respecto al resto de la nación37. 

3) Capacidades locales y corresponsabilidad para el desarrollo

Al pasar del análisis de zonificación -urbana o rural- y de regionalización que ofrece una perspectiva de intervención subregional, se añaden más elementos de análisis, esta vez para pensar las intervenciones a nivel de entidades territoriales a partir de considerar que todo diseño de política pública construida en el nivel nacional pasa por la capacidad de oferta de bienes y servicios que los gobiernos locales brindan directamente a la población y la autogestión del desarrollo de los grupos étnicos38.

Si se tiene en cuenta la dinámica de concentración poblacional y se toma como parámetro de análisis la Medición del Desempeño Municipal (MDM) se evidencia que las situaciones de inequidad que presenta la población étnica tienen alta correlación con las regiones donde se encuentran ubicadas (Cárdenas, Ñopo & Castañeda, 2012).

A 2018 el análisis de los componentes de gestión y resultados para establecer el nivel de capacidad inicial con que cuentan las entidades territoriales39, metodología abordada en el capítulo del Pacto por la Descentralización: conectar gobiernos, territorios y poblaciones, la mayor concentración de población étnica está en el grupo cinco, que equivale al nivel de capacidad inicial más bajo.

De acuerdo con los análisis propios de información, departamentos como:

Amazonas, Guainía y Vaupés (con la particularidad de los antiguos corregimientos departamentales) y Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guajira, Nariño, Sucre y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuentan con población étnica por encima del 70 % de la población total departamental, lo que supone además una alta titulación a tierras de grupos étnicos. Sin embargo, los resultados en la capacidad de generación de recursos propios y las posibilidades de inversión de estos recursos, en atención de servicios como salud y educación, por citar algunos ejemplos, aún presentan rezagos.

Por su parte, departamentos como Cauca con dos de sus municipios: Puerto Tejada y Villarrica, así como Quibdó en el Chocó, si bien concentran población perteneciente a grupos étnicos, cuentan actualmente con mejores dotaciones iniciales que el promedio de municipios que concentran población de grupos étnicos para la gestión y los resultados en sus territorios, dentro del respectivo departamento.

Por otra parte, la conflictividad social por las condiciones de inequidad en las oportunidades de desarrollo en estas zonas ha sido alta. En consecuencia, el Gobierno nacional ha tenido que acompañar la gestión de los gobiernos locales para concertar medidas que permitan mejorar estas dotaciones iniciales.

Tal es el caso de escenarios de encuentro para la participación de actores locales en el diseño de planes de desarrollo, planes de ordenamientoterritorial y en la constitución de fondos de inversión (Fondo del Plan PAZcífico y el Fondo para el desarrollo de Buenaventura).

Estas iniciativas que, si bien son la respuesta institucional a las demandas locales, todavía no resultan ser del todo óptimas y por ello este Plan de Desarrollo propone ordenar de manera estratégica las inversiones con las fuentes de recursos que han estado siempre disponibles en la región, de tal forma que tengan mayor impacto en población de grupos étnicos (gráfica XII-7).

El nivel más alto del promedio de población de grupos étnicos se encuentra en entidades territoriales con capacidades iniciales en gestión y capacidades iniciales en resultados igual o menor al 40% (gráfica XII-8).

En el siguiente mapa se pueden identificar las regiones que requieren concentran los mayores esfuerzos para la generación de capacidades iniciales (mapa XII-5).

 La distribución territorial, la posición estratégica y la dinámica poblacional descritas implican retos en dos sentidos. De una parte, mejorar las capacidades iniciales, la gestión y los resultados de las entidades territoriales donde existen grupos étnicos, es decir, en los 32 departamentos y en 1.077 de los 1.101 municipios (DANE, 2005).

Adicionalmente, fortalecer la capacidad de gestión del desarrollo propio de los territorios colectivos, ya que el 33,65% del territorio nacional se encuentra titulado a grupos étnicos (ANT, 2018) y cuenta con alto capital en servicios ambientales y de recursos no renovables Cobra particular relevancia el fortalecimiento de los resguardos, asociaciones de resguardos indígenas y territorios indígenas que se pongan transitoriamente en funcionamiento a partir del desarrollo del Decreto 1953 de 2014.

En tanto siete resguardos y una asociación de resguardos que agrupa a nueve resguardos, actualmente administran $ 19.281 millones, equivalentes al 10,7% del total de las once doceavas de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas (AESGPRI) en 2018 y, en perspectiva, se encuentra en proceso de reglamentación para la administración directa de los recursos del sistema general de participaciones de salud, agua potable y saneamiento básico, a partir de los sistemas propios de salud y educación y la realización de inversiones para garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico por parte de los territorios indígenas.

Al utilizar las categorías de subregiones funcionales de la OCDE, se observa que:

• (1) la población étnica se encuentra distribuida en todas las categorías de urbanización (los indígenas son predominantemente rurales y los afros predominantemente urbanos);

• (2) la concentración de tierras con títulos colectivos plantea retos importantes en materia de ordenamiento y fortalecimiento institucional y fiscal;

• (3) el análisis regional muestra que los grupos étnicos se ubican principalmente en departamentos de frontera y por tanto juegan un papel central en la política de fronteras; y

• (4) el análisis de capacidades locales sugiere desafíos importantes en materia de condiciones iniciales y capacidad de gestión del desarrollo.

g. Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas

Si bien la construcción conjunta de 97 indicadores con enfoque étnico para el PMI entre el Gobierno y la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos fue un avance importante, los compromisos con enfoque étnico han tenido una baja tasa de implementación. Según datos del instituto Kroc (2018), siete de las 13 disposiciones con enfoque étnico no se han iniciado (gráfica XII-9).

Además, a pesar de que se ha iniciado el proceso de negociación de rutas étnicas con las autoridades y organizaciones étnicas territoriales para definir cómo los PDET incluyen y apoyan los planes de desarrollo propios, falta articular los Planes de Vida y Etnodesarrollo de comunidades étnicas no solo con PDET, sino con otros programas y planes territoriales que contempla el Acuerdo Final de los Planes de Reparación Colectiva y Planes de Retorno (PNIS).

De otra parte, en los procesos de reparación colectiva étnicos hay un retraso significativo: de los 382 sujetos étnicos de reparación colectiva incluidos en el RUV, 64 se encuentran con Plan de Reparación colectiva (PIRC) en formulación y con consulta previa instalada, 18 formulados en fase de implementación y 300 en etapa de identificación o alistamiento.

Se reporta, además, que los procesos que se encuentran en fase de implementación presentan dificultades en la articulación para la implementación de algunas medidas de satisfacción (Kroc Institute, 2018). En cuanto a los planes de retorno y reubicación para los sujetos étnicos, la UARIV reporta que hay 13 formulados, 30 aprobados y ocho en implementación.

Censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia

Según el reporte brindado por el censo socioeconómico realizado por la Universidad Nacional de Colombia, en el 2017 el 30 % de los 10.015 exintegrantes de las FARC-EP se autorreconocen dentro de algún grupo étnico: el 18 % se autodeterminaron como indígenas; el 12 % como afrocolombianos; el 0,09 % como palenqueros; el 0,03 % como raizales, y el 0,04 % como Rrom. En total, 3.003 personas indicaron autorreconocimiento con uno de los grupos étnicos.

En este contexto, y como resultado de la definición del Plan Marco de Implementación, se acordó con estas comunidades la concertación, diseño e implementación del “Programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género”, el cual contempla como beneficiarios a los excombatientes y desvinculados que han manifestado este autorreconocimiento, así como a su grupo familiar y a las comunidades étnicas a las cuales pertenecen o a las cuales decidan retornar.

De acuerdo con la Dirección Descontamina Colombia:

A la fecha se registran 203 territorios étnicos afectados por la presencia de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explosionar (MUSE), de los cuales 140 territorios corresponden a resguardos indígenas y 63 a consejos comunitarios. Los municipios con titulación de territorios de grupos étnicos presentan un mayor número de víctimas por MAP y MUSE, el 61 % de las víctimas registradas por la Dirección Descontamina Colombia a 2017 se afectaron en estos municipios.

Para dar respuesta a esta afectación, en el PMI se plantea la concertación e implementación del programa de desminado y limpieza de MAP y MUSE para territorios de pueblos y comunidades étnicas, y se señalan algunos pueblos con carácter prioritario.

De los 203 territorios étnicos afectados, se cuenta con 69 concertaciones (66 con resguardos indígenas y tres con consejos comunitarios), equivalente al 33,99 % de las concertaciones requeridas. De los territorios con concertaciones, a la fecha se cuenta con un territorio libre de sospecha de MAP y MUSE.

h. Participación y construcción de convivencia

Del total de víctimas reportadas (8.400.856) en el Registro Único de Víctimas41 (RUV), el 12 % (1.016.617) se autorreconocen como pertenecientes a algún grupo étnico. De estas, el 9 % se autorreconocen como afrocolombianos, negros, palenqueros o raizales; el 2 % como indígenas y el 1 % como gitanos o Rrom. Según el hecho victimizantes sufrido, esta población ha sido afectada en mayor proporción por desplazamiento, homicidio y amenaza, al igual que la población víctima que no se reconoce étnica42. Dentro de las comunidades étnicas las mujeres han sido las más afectadas por hechos victimizantes como violencia sexual. Las mujeres pertenecientes a comunidades étnicas representan el 94 % de las víctimas por este hecho 43 (gráfica XII-10).

Los hechos victimizantes reflejan la alta vulnerabilidad de las víctimas pertenecientes a grupos étnicos y la necesidad de medidas de mitigación de los riesgos de vulneración de sus derechos. Estas medidas deben incorporar los enfoques diferenciales por edad y género.

A pesar de los esfuerzos realizados para atender eficientemente las demandas de estas poblaciones sujeto de protección, se evidencia un alto riesgo de extinción física y cultural de las comunidades étnicas, por la débil articulación entre la Nación y el territorio en la implementación de la política pública de prevención y protección45. Así, en los municipios habitados en su mayor parte por grupos étnicos46, de acuerdo con el análisis realizado por el DNP en el Plan Marco de Implementación (2018), se evidencia una tasa de homicidio más elevada que en el resto de los municipios hasta 2015 (gráfica XII-11).

Frente a estos hechos, y en relación con los mecanismos existentes para la mitigación de los riesgos de vulneración de los derechos a la vida

La libertad, la seguridad y la integridad, surge la ruta de protección colectiva en 2015 con la expedición de la Resolución 1085, la cual atendía la protección de colectivos a partir de criterios de priorización: órdenes judiciales y autos de seguimiento a sentencias de la Corte Constitucional. Es así como en 2015 se evaluaron dos casos, en 2016 nueve casos y en 2017 siete estudios de riesgo colectivo a grupos étnicos.

Así mismo, en 2017 se realizó la evaluación de tres estudios de riesgo a colectivos de mujeres.

Estos casos se encuentran en la fase de implementación de medidas por parte de cada entidad y de la Unidad Nacional de Protección (2018), de acuerdo con el marco de sus competencias.

En cuanto a la articulación interinstitucional, se ha logrado que el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), conformado por nueve entidades estatales y un delegado representante del colectivo, sesione en 15 oportunidades, con el fin de analizar y validar la determinación del nivel de riesgo y recomendar las medidas de protección colectivas.

Así mismo, se han desarrollado alrededor de 219 reuniones bilaterales documentadas entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las entidades del nivel territorial y nacional para verificar y concertar las medidas de protección colectivas a presentar en el CERREM, coadyuvando al fortalecimiento y empoderamiento de las entidades territoriales (Unidad Nacional de Protección, 2018).

Unidad de Restitución de Tierras (URT)

Por otra parte, el Gobierno nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), ha adelantado la atención a los diferentes requerimientos de los grupos étnicos en materia de restitución de derechos territoriales.

A 31 de diciembre de 2017 la URT recibió 233 solicitudes de grupos étnicos (75 % por los pueblos indígenas y 25 % por comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras), las cuales buscan realizar la restitución de todos los predios despojados por causa del conflicto.

Durante este año, la URT elaboró 133 estudios preliminares, 72 informes de caracterización de afectaciones territoriales, 17 inscripciones en el Componente Étnico del Registro de Tierras Despojadas y Forzosamente Abandonadas y se radicaron 14 demandas.

Como fruto de esta gestión, los jueces de restitución de tierras ordenaron la protección de territorios étnicos correspondientes a 2.000.180 ha y se produjeron cuatro sentencias de restitución de derechos territoriales étnicos (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 2017).

Adicionalmente, MinInterior47 reporta un total de 191 conflictos que involucran a estos grupos étnicos en 59 municipios de 22 departamentos del país. De estos 191 conflictos, 98 son intraétnicos, 39 son interétnicos y 54 son interculturales.

Algunas causas de origen son temas de gobernabilidad, representatividad, consulta previa y movilización social contra el Gobierno nacional. Respecto a los conflictos interétnicos e intraétnicos por la titularidad de la tierra, persisten principalmente en departamentos de difícil acceso y con una amplia diversidad étnica, tales como Cauca, Nariño, Putumayo, Bolívar, Chocó y Magdalena. En algunos casos estas tensiones desencadenan en hechos de violencia que conllevan al abandono y despojo de los territorios habitados ancestralmente (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2017).

Así mismo, los territorios étnicos presentan una alta incidencia de conflictos ambientales

Debidos a la baja presencia institucional, la falta de presencia del Estado y a la presencia de economías ilegales. Los principales conflictos se han dado por los sectores mineros y de hidrocarburos y por el cambio de uso del suelo y ampliación de la frontera agropecuaria (Pérez, 2015), asuntos que se han visto reflejados en la promulgación de sentencias de protección de derechos de los recursos naturales, como la Sentencia T-622 de 2016 sobre el Río Atrato como sujeto de derechos y la Sentencia 4360 de 2018 por la que se ordena la protección inmediata de la Amazonía ante la deforestación, las cuales inciden directamente en las poblaciones étnicas.

Por otra parte, en relación con la organización de los grupos étnicos para ejercer en forma idónea la participación ciudadana y política, se identifican debilidades en sus procesos organizativos y persiste una débil comunicación intercultural con dichas comunidades, lo que conlleva a su limitada participación y representatividad en los espacios políticos48.

Respecto a la representación política, y de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia de 1991, existen circunscripciones especiales afrodescendientes (dos curules para la Cámara de Representantes), indígena (dos curules para Senado, una para Cámara de representantes) y raizal (una por circunscripción territorial). Según los registros de la participación electoral en las últimas elecciones al Congreso de la República, respecto a la votación por la circunscripción de afrodescendientes, se registraron 426.298 votos válidos, de los cuales el 47 % corresponde al voto en blanco.

Por su parte, se contabilizaron 499.713 votos válidos por las curules de las circunscripciones especiales indígenas para Senado

De los cuales el 68 % corresponde al voto en blanco (Misión de Observación Electoral, 2018). Según la Misión de Observación Electoral (MOE) (2018) estos resultados pueden “obedecer al diseño  de las tarjetas electorales que han venido induciendo al error desde al menos el año 2006, o al desconocimientos de los liderazgos de las poblaciones indígenas”.

De otra parte, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, incorporó la jurisdicción de las comunidades indígenas en la estructura general de la Administración de Justicia como integrantes de la Rama Judicial. Sin embargo, al considerar la multiculturalidad y diversidad de los pueblos indígenas se hace necesario mejorar el acceso a los servicios de justicia básica de los territorios indígenas, y reconocer la diversidad étnica en la aplicación de los sistemas de justicia de cada pueblo.

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• 8 De acuerdo con Cárdenas, Ñopo y Castañeda (2014), las categorías de departamento por presencia étnica se definen a partir de la mayor participación de la población de un grupo sobre el total departamental, tomando como base el Censo 2005. En este sentido se identifica que los departamentos con mayor presencia indígena son Vaupés (67%), Guainía (65%), Vichada (45%), La Guajira (45%), Amazonas (44 %) y Cauca (22%). Los de mayor presencia de afrocolombianos son Chocó (82%), San Andrés (57%), Bolívar (28%), Valle del Cauca (22%) y Nariño (19%). Los departamentos en los que la población sin pertenencia étnica representa la mayor parte de la población son Boyacá (98%), Huila (98%), Cundinamarca sin incluir Bogotá (98%), Norte de Santander (97,3 %), Casanare (97%), Quindío (97%) y la ciudad de Bogotá (98%).

• 9 Definido en el artículo 39 del Decreto 1953 de 2014: para efectos de la aplicación del presente decreto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: Educación Indígena Propia. Proceso de formación integral colectiva, cuya finalidad es el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, territorialidad y la autonomía de los pueblos indígenas, representado entre otros en los valores, lenguas nativas, saberes, conocimientos y prácticas propias y en su relación con los saberes y conocimientos interculturales y universales.
  
  Sistema Educativo indígena Propio (SEIP). Es un proceso integral que, desde la ley de origen, derecho mayor o derecho propio contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas. Este proceso integral involucra el conjunto de derechos, normas, instituciones, procedimientos y acciones que garantizan el derecho fundamental a la educación indígena propia e intercultural, el cual se desarrolla a través de los componentes político-organizativo, pedagógico y administración y gestión, los cuales serán regulados por las correspondientes normas. Los ciclos o niveles del SEIP, para efectos de la asignación y uso de recursos del Sistema General de Participaciones y del aseguramiento de la calidad y pertinencia del sistema, tendrán correspondencia y equivalencia con los niveles educativos establecidos en la Constitución Política, con los niveles de la educación superior, y con la atención de la primera infancia.

• 10 En términos de aseguramiento total, los grupos étnicos presentan cobertura en salud del 94,6 %, destacándose la cobertura para los pueblos indígenas, palenqueros y raizales que superan el 97 % por encima del total nacional que corresponde al 95,38 % (ECV-DANE, 2016). Sin embargo, existen aún problemas para la identificación plena de los grupos étnicos, lo que dificulta el aseguramiento del total de estos grupos.

• 11 Aunque el trabajo infantil es una de las variables en las que los hogares con pertenencia étnica tienen mayores privaciones que los hogares que no la tienen, esta privación requiere un análisis diferente, partiendo del hecho de que las economías de los grupos étnicos suelen dirigir los productos del trabajo a la auto subsistencia en donde la intervención de los menores de edad es parte fundamental de los procesos de construcción de la persona porque es el medio a través del cual se llevan a cabo procesos de aprendizaje, incorporación y legitimización de sus miembros en la sociedad (Organizacion Internacional del trabajo (OIT), Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), 2010, p. 11).

• 12 De acuerdo con la ley 1804 de 2016, en su artículo 4, la atención integral “es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, relaciónales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de los niños y niñas, existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Estas acciones son planificadas, continuas y permanentes. Involucran aspectos de carácter técnico, político, programático, financiero y social, y deben darse en los ámbitos nacional y territorial”.

• 13 Acceso a registro civil, afiliación vigente a salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, esquema de vacunación completo para la edad, educación inicial, modalidades de educación inicial con talento humano cualificado, valoración y seguimiento nutricional, consultas de crecimiento y desarrollo, formación a familias en cuidado y crianza, y acceso a colecciones de libros o contenidos culturales especializados

• 14 La ruta Integral de Atenciones (RIA) “es la herramienta que contribuye a ordenar la gestión de la atención integral en el territorio de manera articulada, consecuente con la situación de derechos de los niños y las niñas, con la oferta de servicios disponible y con características de las niñas y los niños en sus respectivos contextos. Como herramienta de gestión intersectorial convoca a todos los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar con presencia, competencias y funciones en el territorio (Ley 1804, 2016).

• 15 De acuerdo con el cálculo realizado por DNP (2018), la Encuesta de Calidad de Vida (2016) reporta 711.880 niñas y niños indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y Rrom de cero a cinco años.

• 16 RAMV: Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos.

• 17 No hay cifras para los pueblos Rrom.

• 18 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones

• 19 La información del total de subsidios en este caso no contempla los proyectos asociados a las ayudas entregadas en el marco de los programas de atención a afectados por Ola Invernal, por lo cual se estima una asignación total de 36.455 subsidios para construcción y mejoramiento de vivienda rural.

• 20 El 93 % de los territorios de pueblos indígenas censados tiene cobertura en bosques naturales, mientras que esta proporción disminuye en territorios de comunidades negras (79,4 %) y en territorio ancestral raizal (66 %).

• 21 Comité establecido mediante la Resolución 2095 de 2017.

• 22 Es el registro que se hace de la autoridad o cabildo de las comunidades y/o resguardos indígenas ante el Ministerio del Interior por solicitud de las comunidades.

• 23 Cálculos Equipo de Asuntos Étnicos-DDDR.DNP, 2018 basados en la inversión registrada en SUIFP-SPI-SISFUT y reportes sectoriales. Incluye cálculos de fuentes de PGN, SGP (incluyendo asignaciones sectoriales de Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, así como recursos de la asignación especial del SGP para Resguardos Indígenas; SGR y Recursos Propios para Pueblos Indígenas. En el caso del Pueblo Rrom, los cálculos incluyen inversiones financiadas con recursos de PGN y SGR. Por su parte para el cálculo de recursos de inversión para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tomaron datos de PGN y SGR.

• 24 Las cifras son aproximadas dado que la Agencia Nacional de Tierras continúa en la construcción de la base de datos unificada de titulaciones a comunidades étnicas.

• 25 La categoría de uso y cobertura en otros usos se refiere a infraestructura de vivienda, cuerpos de agua, áreas de páramo, sistemas rocosos, etc.

• 26 El Bioma Amazónico incluye a los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas. Guaviare, Guainía y Vaupés y algunos sectores de los departamentos de Meta, Vichada, Cauca y Nariño.

• 27 El análisis de la información de cambio climático se realiza por departamento, partiendo del análisis de aquellos municipios con mayor incidencia de territorios étnicos en el país.

• 28 Estos cinco departamentos, en su orden, ocupan los cinco primeros lugares en el ranking de vulnerabilidad y riesgo ante el cambio climático.

• 29 Herramienta que mide el riesgo a nivel municipal ante eventos hidrometeorológicos y las capacidades de las entidades territoriales para gestionarlo.

• 30 Condiciones de los municipios que delimitan su alcance frente a la gestión del riesgo de desastres.

• 31 El presente PND adopta el paradigma de desarrollo regional de la OCDE que tiene como objetivo promover la competitividad regional.

• 32 La metodología de tipologías aquí abordada para la población étnica puede revisarse en función de la invisibilidad o la distorsión estadística de los grupos étnicos que incide en las posibilidades de análisis de todas las variables, así como en las dificultades de muestreo para el levantamiento de información en campo, como se analiza en la línea de innovación y aplicación de tecnologías para una mejor gestión púbica, es útil para identificar posibles

• 33 Ver gráfica de Tipologías subregiones funcionales del Pacto por la descentralización. Conectar Territorios, Gobiernos y Poblaciones

• 34 Estas formas colectivas de propiedad corresponden a las Tierras Colectivas de Consejos Comunitarios para las Comunidades Negras y Resguardos para Pueblos Indígenas. Los raizales no cuentan con figuras colectivas de propiedad, porque su vínculo de identidad con el territorio se construye a partir de títulos de propiedad privada por herencia. Para el caso del pueblo Rrom, si bien existe la forma organizativa de Kumpañy, esta no corresponde en sentido estricto a un título de propiedad colectiva del grupo étnico…

• 35 ** En esta gráfica no se incluyen resultados para la región Océanos dado que sobre estos no se adjudican títulos de propiedad colectiva para grupos étnicos. Tampoco se incluyen datos de titulación colectiva para la Seaflower Region, porque no existe las figuras de tierras con título colectivo, sin embargo, tanto sobre la jurisdicción de la plataforma continental y marítima de Colombia se reconoce el territorio ancestral del pueblo raizal y que, a lo largo de la costa pacífica y caribe existen lasos estrechos entre las comunidades y su desarrollo a través del mar.

• 36 Actualmente existen mecanismos de compensación predial a través de trasferencias directas que hace la Nación a los municipios en cuya jurisdicción se encuentran títulos colectivos de pueblos indígenas (resguardos) y de comunidades negras (consejos comunitarios con títulos colectivos). Para el caso de departamentos en cuya jurisdicción se encuentran los antiguos corregimientos departamentales no existe una compensación predial por territorios colectivos indígenas, es decir por los resguardos.

• 37 Aunque un análisis de la pobreza multidimensional se presenta en la línea de equidad para la inclusión social algunos datos relevantes para las fronteras son: El PIB de los departamentos de frontera en la estructura del PIB nacional para 2010 era de $ 46,8 billones a precios constantes de 2005 que equivalen al 11,04% del producto interno bruto nacional. Para 2011 este valor era de $ 49,6 billones a precios constantes de 2005 (10,96%); en 2016 este valor fue de $ 55,4 billones equivalente al 10,2%. Por otra parte, el PIB per cápita a precios corrientes de los departamentos fronterizos, según cifras de 2016, alcanzaba los $ 11 millones, siendo inferior al PIB per cápita nacional de $ 17 millones.

• 38 Esto es, la capacidad de las entidades territoriales departamentales y municipales para implementar los lineamientos de política a través de la focalización de la oferta.

• 39 La nueva metodología de Medición del Desempeño Municipal del DNP se puede consultar aquí: https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstMDM.

• 40 Para el caso de las áreas no municipalizadas o antiguos corregimientos departamentales, las variables evaluadas para el análisis de los componentes de gestión y resultado no se encuentran disponibles. En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, únicamente se cuenta con datos del municipio de Providencia. Dado que San Andrés está considerado como departamento y el análisis de las 24 variables de MDM se sustenta sobre la base de información municipal y de competencias de ese nivel de gobierno, esto refuerza la importancia de la estrategia prevista dentro de la línea “Desarrollo cultural étnico: tradiciones, valores y cultura propia”.

• 41 Unidad para la Víctimas, Registro Único de Víctimas, 1 de octubre de 2018.

• 42 La proporción de desplazamiento forzado corresponde a 85,6 % para víctimas étnicas y 78,8 % para no étnicas.

• 43 Unidad para la Víctimas, Registro Único de Víctimas, 1 de octubre de 2018

• 44 No se incluye desplazamiento forzado en el gráfico para facilitar la lectura, su alta representatividad cambia considerablemente la escala.

• 45 Ministerio del Interior, comunicación oficial, 18 de septiembre de 2018.

• 46 Se consideran municipios étnicos aquellos municipios en los que los territorios étnicos representan más del 50 % de su área rural dispersa.

• 47 Ministerio del Interior, comunicación oficial, 19 de octubre de 2018.

• 48 Ibid.