Primero las Niñas y los Niños
A. Desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia
Además de garantizar el bienestar de todos los colombianos, el Pacto por la Equidad plantea una hoja de ruta para la creación de oportunidades, que comienza por las niñas, niños y adolescentes. Así, el Plan Nacional de Desarrollo apunta a fortalecer el papel de las familias como garantes de un entorno de afecto, seguro, de crecimiento y protección de los derechos de la niñez. De manera complementaria, la atención integral desde la primera infancia hasta la adolescencia, le apuesta a vincular toda la acción del Estado para que a cada uno se le garantice sus derechos a la familia, salud, nutrición, educación, identidad, protección, y sexuales y reproductivos.
El Plan encuentra en la construcción de proyectos de vida y en el desarrollo de talentos en el arte, la cultura, el deporte y la ciencia y tecnología. Un objetivo esencial para el desarrollo personal y el de todo el país. Así mismo el juego, entendido como una actividad que debe ser promovida y en algunos casos recuperada para el disfrute de toda la población. Todo la anterior debe conducir a la construcción de un mejor país desde sus raíces, con “cero tolerancia” a la violencia y vulneraciones de los derechos que afectan en el presente a la niñez.
La constitución política establece que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos” (art. 44) y más adelante reafirma que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás “(art. 44).
cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, y lo ha profundizado con la Ley 1098 de 2006
El país ha incorporado este acuerdo en cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, y lo ha profundizado con la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, comprometiéndose en la protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, en su reconocimiento como sujetos de derechos, en la garantía y cumplimiento de los mismos, en la prevención de su amenaza o vulneración, y en su restableciendo inmediato en caso de vulneración. También ha sancionado la Ley 1804 de 2016, Política de Estado para el Desarrollo Integral de la primera Infancia “De cero a siempre”. Buscando crear las condiciones para el desarrollo integral en los primeros años de vida.
Estas leyes, como las políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y de las familias, constituyen un bloque central y orgánico de la política social en Colombia y de este Plan Nacional de Desarrollo (gráfica III-1).
Además de su importancia constitutiva para el desarrollo físico, comunicacional, cognitivo, socioemocional y cerebral Berlinski y Shady (2015) plantean que las intervenciones dirigidas a la primera infancia son motores de desarrollo social y económico. Por su parte, Heckman y Masterov (2007). Así como Bernal y Camacho (2012), entre otros autores, han demostrado que invertir en primera infancia genera retornos económicos y sociales que se manifiestan en un mejor desempeño educativo, vinculación a empleos de calidad en la edad adulta, disminución de la probabilidad de entrar en conflicto con la ley, y en una menor pobreza.
Gran parte de la materialización de estas inversiones sucede en la infancia y la adolescencia.
En la infancia, período sensible donde las niñas y los niños descubren y desarrollan talentos en el arte, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología (Robinson, 2009), (Gardner, 1999). Es también donde se establecen las bases para el desenvolvimiento de sus trayectorias de vida (MinSalud, 2015), de acuerdo con las condiciones sociales, económicas, políticas e incluso culturales de su entorno.
En la adolescencia se consolida el proceso iniciado en primera infancia, donde se toman decisiones cruciales como acceder a la educación posmedia. Al mercado de trabajo y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Así en conclusión, en la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud1. Se crean las bases para el desarrollo personal, y el de todo el país, razón por la cual estos tres momentos son entendidos por el Gobierno como un círculo virtuoso alrededor del cual se compromete a generar y fortalecer las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes del país logren su desarrollo integral pleno.
Finalmente, las familias son instituciones corresponsables del desarrollo integral de la niñez2 y cuentan con capacidades para ser fortalecidas y, por esta vía, son centrales en la transformación social y económica del país (MinSalud, 2018a).
(Lea También: Desarrollo Integral desde la Primera Infancia hasta la Adolescencia, Estrategias)
1. Diagnóstico
En las últimas décadas, en un contexto de cambio social acelerado, la situación de las niñas, niños y adolescentes ha mejorado, esto se traduce, entre otros aspectos, en unos mejores indicadores de desarrollo y en la disminución de la pobreza y el crecimiento de la clase media (Angulo, Gaviria & Morales, 2014). No obstante, existen condiciones que han permanecido a lo largo del tiempo y otras que han emergido en los últimos años, que han afectado su proceso de desarrollo y constituyen amenazas para la materialización de sus derechos. Estas condiciones se convierten en retos para el país en relación con la niñez y su propio desarrollo (tabla III-1).
De acuerdo con la gráfica III-2, la atención integral cubre al 28 %4 de la primera infancia. Así mismo, solo el 8 %5 de la infancia y la adolescencia participa en algún tipo de atención para la prevención de vulneraciones. El empoderamiento como sujeto de derechos y el desarrollo de talentos. Los cuales no están conectados por rutas integrales de atención. Este punto es relevante, en tanto la atención integral posibilita el desarrollo integral de la niñez y la transición a la juventud.
De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del año 2016, casi 3.500.000 niñas, niños y adolescentes pertenecían a hogares pobres multidimensionales, condición que limita su desarrollo integral y los pone en riesgo frente a distintas problemáticas (Pells & Woodhead, 2014). Las violencias y las vulneraciones de derechos son persistentes en el país. En particular contra las niñas y las adolescentes. Para el año 2017, el 86,8 % del presunto delito sexual de todo el país fue sobre menores de edad, y el 73,8 % sobre niñas y adolescentes (INMLCF, 2018)6.
Existe un subregistro de vulneraciones de derechos en el que se invisibilizan situaciones y problemáticas.
A pesar de esto, se presenta una tendencia creciente en el ingreso al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD); en el año 2011 lo hicieron 32.536 y en el año 2017, 46.339 niñas, niños y adolescentes. Así mismo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informa que para el año 2017 trabajaban en el país 1.249.631 o el 11,4 % de los menores de edad7.
A pesar de una reducción general de los casos reportados de reclutamiento, uso/utilización y violencia sexual sobre niñas, niños y adolescentes; permanece el riesgo de que este fenómeno se recrudezca debido a las disputas por el control de zonas y mercados ilegales entre los grupos armados al margen de la ley. De los registros de la CIPRUNNA8. Al menos se reportaron 33 casos de reclutamiento y utilización en 19 municipios del país durante el 2018 (CIPRUNNA, 2018).
El porcentaje de adolescentes que son madres sigue siendo elevado, en especial en las zonas rurales donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2015, estuvo en el 24,8 %, 9,7 p. p. por encima de la zona urbana con 15,1 %. Entre los determinantes principales de esta situación, se encuentra una menor cobertura y acceso a la educación, barreras para construir proyectos de vida, y creencias culturales que sitúan como rol central de la mujer el ser madre. Además del matrimonio infantil o uniones tempranas (gráfica III-3)9.
Atenciones prestadas en salud a adolescentes entre 13 y 17 años
Del total de atenciones prestadas en salud a adolescentes entre 13 y 17 años en el periodo 2016 a octubre de 2018, el 5 % correspondió a las relacionadas con diagnósticos de salud mental10. Dentro de estos, el 22 % correspondió a trastornos mentales y de comportamiento, debido al consumo de SPA, porcentaje que viene incrementándose en los últimos años (2016, 8 %; 2017, 16 %; y 2018, 22 %). Según la ECV 2017. Se encuentra en soledad infantil (de 6 a 17 años) un 16 % de la niñez urbana.
Este Pacto por la Equidad desarrolla una política social moderna que responde al cambio social acelerado, donde la clase media supera a quienes se encuentran en la pobreza. Sin embargo, la transición se desacelera para los hogares con menores de edad, quienes están en condición de pobreza (39,1 %) y están en la clase media (17,9 %). Por lo que demandan estrategias particulares que se describen en esta línea y en todo el Plan Nacional de Desarrollo. La transición se presenta en la gráfica III-4.
El suicidio viene en aumento en el país, en el año 2017 se quitaron la vida 415 niñas, niños y adolescentes. Otras muertes violentas son los homicidios (775), especialmente crítico para adolescentes hombres. Las muertes por accidentes de tránsito (544) y las muertes accidentales (650) que afectan más a la primera infancia. De igual forma, es motivo de gran preocupación la desaparición de 2.745 niñas, niños y adolescentes (INMLCF, 2018).
Desde la dimensión institucional, a través de la Comisión Intersectorial para la Atención integral de la Primera Infancia (CIPI) y en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF). El país ha fortalecido sus acciones para la atención integral de las niñas y niños en la primera infancia. Mediante la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la primera Infancia “De cero a siempre” .
A partir de su gestión intersectorial, organizada en las cinco líneas de acción establecidas en la Ley 1804 de 2016. La CIPI impulsó un aumento en la cobertura de la atención integral que llegó en septiembre de 2018 a 1.362.604 niñas y niños de cero a seis años. La cual incluyó acciones destinadas a la cualificación de las familias y a los distintos agentes responsables del desarrollo integral de la primera infancia. Aunque existen debilidades en su coordinación con las acciones destinadas a la infancia y la adolescencia (UNICEF, 2018).
El Plan Nacional de Desarrollo tiene como reto implementar la Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 (PNIA). Vincularla armónicamente con otras políticas y líneas dirigidas a la niñez y conectarla con la política social. Lo cual se materializa en las estrategias presentadas en esta línea (gráfica III-5). De igual manera, la PNIA tiene el reto de desarrollar componentes específicos concertados con los grupos étnicos. Todo lo anterior. Con el desarrollo de las herramientas de análisis y con la profundización del conocimiento sobre la situación de la niñez.
Existen retos en el ejercicio del derecho a la participación de la niñez en los diferentes entornos en donde transcurren sus vidas y en las instancias de participación política. La iniciativa Niñez Ya, señala debilidades en los mecanismos de participación infantil, y una baja asignación de recursos. A pesar de ser impulsada por el Código de la Infancia y la Adolescencia y la Ley 724 de 200111. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que el 70 % de las niñas, niños y adolescentes manifiestan no sentirse tenidos en cuenta y que quieren participar en espacios en donde sean informados, formados y escuchados (Niñez Ya, 2018).
Finalmente, también hay retos según las especificidades en las que viven y se desarrollan las niñas, niños y adolescentes. Particularmente para quienes habitan la ruralidad, pertenecen a grupos étnicos, están en condición de discapacidad, son niñas o adolescentes mujeres, población víctima o migrante.
El PND buscará garantizar la protección integral de las niñas, niñas y adolescentes en la diversidad de situaciones que afrontan. Apostando por el cuidado y la orientación de sus familias.
2. Objetivos y estrategias
a. Objetivos
Esta línea busca crear las condiciones para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y prevenir y resolver las situaciones de violencia y vulneración de derechos que los afectan. Mediante la vinculación de las familias y el fortalecimiento de sus capacidades. De tal manera se consoliden como entornos protectores y principales agentes de transformación social, económica y cultural de Colombia.
De igual forma, esta línea vincula al Estado, a las familias y a la sociedad, y se estructurará en el marco del SNBF. Al vincular a la Comisión Intersectorial para la Atención integral de la Primera Infancia (CIPI), a Colombia Joven, y a la Comisión Intersectorial. Para la Prevención del Reclutamiento. La Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) según los siguientes objetivos orientadores:
(1) optimizar el diseño institucional que facilite la coordinación nacional y fortalezca las responsabilidades territoriales; (2) ampliar la atención integral de la primera infancia a la adolescencia, mejorar la focalización y consolidar los proyectos de vida; (3) crear las condiciones para anticipar y resolver las violencias y vulneraciones contra niñas, niños y adolescentes; (4) fortalecer las capacidades de las familias para promover su corresponsabilidad en el desarrollo integral de sus miembros, en particular de la niñez.
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1 Para este momento vital, véase la línea G de este Pacto por la Equidad.
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2 Cuando se utiliza el término niñez, se refiere a la primera infancia, infancia y adolescencia.
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3 ESCNNA: explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
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4 Razón definida como niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral sobre número de niñas y niños de 0 a 6 años. Según ECV 2016.
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5 Razón definida como niños, niñas y adolescentes que participan en algún tipo de atención para el desarrollo de talentos, u otra clase de atención, sobre número de niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, según ECV 2016.
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6 El diagnóstico sobre el reto de malnutrición se encuentra en la línea D de este Pacto por la Equidad.
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7 Por otro lado, el diagnóstico sobre el reto de conflicto con la ley e ingreso al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA). Se encuentra en el Pacto por la Legalidad.
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8 Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes.
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9 Pacto de equidad para las Mujeres.
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10 SISPRO -Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)- consultado en octubre de 2018 para información de las vigencias 2016 a 2018.
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11 Por la cual se institucionaliza el Día de la Niñez y la Recreación y se dictan otras disposiciones.
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