Acelerando la Inclusión Productiva

F. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva

Avanzar hacia un país con mayor equidad de oportunidades reales para todos. Requiere que la mayoría de su capital humano tenga acceso a una oportunidad de generación de ingreso decente, o, en otras palabras, que esté incluido productivamente.

Esto significa que los trabajadores rurales y urbanos, independientes o dependientes, devenguen ingresos suficientes y sostenibles. Accedan a los sistemas de protección social y se integren de forma exitosa a las cadenas productivas. Esto se logra a través de trabajos formales y la promoción de los principios del Trabajo Decente.

Para ello, es fundamental que los trabajadores, los pequeños productores y demás emprendedores de los territorios urbanos y rurales -entre ellos los productores y las cooperativas de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC)-, y de los diferentes grupos poblacionales que actualmente generan ingresos inestables e inferiores al salario mínimo y se encuentran en la informalidad. Participen y obtengan beneficios dignos en las relaciones de producción de bienes y servicios.

Visión de que Colombia se constituya en 2022 en una sociedad caracterizada por el trabajo decente

Ese objetivo se traduce en la visión de que Colombia se constituya en 2022 en una sociedad caracterizada por el trabajo decente. Donde se garantice el empleo productivo, la protección social. el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo71 y el diálogo social entre trabajadores, empresarios y Gobierno.

Un país que brinde oportunidades para que hombres y mujeres en territorios urbanos y rurales puedan conseguir un trabajo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana (OIT, 1999).

También está acorde con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su objetivo de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ONU, 2015).

Alcanzar esa gran apuesta implica retos para la política pública.

Sus acciones se enmarcarán en los roles, situaciones o actividades de las personas respecto al mercado laboral y en el tipo y nivel de ingreso que reciben (tabla III-8).

Las personas pueden estar en condición inactiva, desempleada u ocupada (formales o informales, y en diversa posición ocupacional), actividades que les determinan sus ingresos y en torno a las cuales se dirigen las intervenciones: formación de habilidades, gestión y colocación, promoción del emprendimiento y otras políticas activas.

Esas intervenciones se realizan a través de diversas instituciones gubernamentales en conjunto con otras organizaciones (del sector privado y la sociedad civil) en el marco de reglas que deben estar acorde con las diversas formas de generación de ingresos o de inclusión productiva.

Tienen en cuenta aspectos del ciclo de vida y la existencia de brechas de género. Aquella correspondiente a los grupos étnicos, de habilidades y, especialmente, entre el campo y ciudad.

Dada la multidimensionalidad y complejidad de la inclusión productiva:

Esos retos se lograrán teniendo en cuenta la interacción entre los actores del Gobierno que orientan la política productiva y aquellos que lideran la política laboral.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) y otros ministerios sectoriales. Promoverán el desarrollo de sus sectores con carácter inclusivo y brindarán la información necesaria sobre las tendencias de la demanda de bienes y servicios.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo (MinTrabajo), en coordinación con las demás entidades involucradas en la inclusión productiva. Proveerá los análisis y servicios para responder a las necesidades de la demanda laboral de los sectores en el corto y en el mediano plazo.

Esto permitirá que las instituciones de educación y formación del talento humano, de apoyo al emprendimiento y los servicios de gestión y colocación de empleo ajusten su oferta de manera inclusiva y cierren de forma efectiva las brechas de capital humano, en respuesta a las tendencias en los mercados de bienes y servicios. Este Ministerio también promoverá acciones para garantizar la protección social de los trabajadores, el fortalecimiento de sus derechos y el diálogo social.

1.Diagnóstico

a. Bajos ingresos, desempleo, emprendimientos insostenibles y baja protección social de trabajadores con amplias brechas urbano-rurales

Colombia ha presentado avances importantes, pero los niveles de exclusión siguen siendo altos. Especialmente para jóvenes, mujeres, víctimas de la violencia, población con discapacidad, población LGBTI, población de grupos étnicos y habitantes en los territories  rurales.

Esta exclusión se ve reflejada en mayores tasas de pobreza y desempleo que el promedio de la población. En empleos inestables o mal remunerados y sin las mínimas garantías laborales.

También se manifiesta en una proliferación de pequeños emprendimientos con procesos de producción rudimentarios, baja calidad de sus productos y sin conexión a redes de comercialización o cadenas productivas que usualmente desaparecen entre el primer y el tercer año de constitución.

Aspectos que se condensan en iniciativas con baja rentabilidad, ingresos insuficientes, bajo o nulo potencial de crecimiento y poca sostenibilidad.

A nivel nacional las tasas de pobreza monetaria y multidimensional se ubican en 26,9 % y 17,0 % respectivamente, con una disminución significativa (entre 10 y 13 puntos porcentuales) entre 2010 y 2017 (tabla III-10). Sin embargo, en los territorios rurales hay un rezago respecto a la capacidad de generación de ingresos.

Un 36 % de sus pobladores no dispone de ingresos suficientes para acceder a la canasta básica de consumo de alimentos y otros bienes, frente a un 24,2 % en zonas urbanas, y un 15,4 % tampoco accedía a la canasta mínima de alimentos.

Con respecto a la pobreza multidimensional, en más del 90 % de los hogares existen personas que no encuentran acceso a trabajo formal.

En general, la pobreza tiene una relación inversa con los grados de urbanización y de conexión de los municipios con el sistema de ciudades (DNP, 2014b). Al comparar entre categorías de ruralidad72, se observa que la incidencia de la pobreza monetaria aumenta en la medida que la población está más dispersa (tabla III-11).

Esto refleja menor acceso a bienes y servicios y baja capacidad de generación de ingresos. También hace que la relación costo-efectividad de las alternativas de solución varíe según su contexto: en territorios con poca capacidad institucional y altos niveles de pobreza son más efectivos los programas de autoempleo que los de formación y empleabilidad (BID, 2018b).

Por su parte, el desempleo nacional (9,4 %) sigue siendo uno de los más altos en América Latina y afecta a 2.300.000 personas. Si bien entre 2009 y 2015 tuvo una disminución continua. En los últimos tres años ha tendido a incrementarse73 mostrando una relación inversa con respecto al ciclo económico. Este fenómeno es más intenso en las áreas urbanas. En los jóvenes, en las mujeres, y en las personas con bajo nivel educativo.

Los departamentos con mayor desempleo son Quindío (13,5 %), Norte de Santander (12,4 %) y Meta (12,2 %) y entre las ciudades están Quibdó (18,6 %), Armenia (16,5 %) y Cúcuta (15,5 %).

En cuanto a la ocupación, se ha notado un avance cercano a tres puntos porcentuales entre 2010 y 2017. Teniendo la zona rural un mejor resultado. Al comparar la ocupación por categorías de ruralidad se encuentra que entre más rural sea un municipio, mayor es la participación de trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados en el empleo. Por el contrario. La participación de empleados aumenta en los municipios intermedios, ciudades y aglomeraciones urbanas  (gráfica III-19). 

Los determinantes de esa exclusión productiva son diversos.

Por un lado, se encuentra la baja productividad de los negocios, traducida en una baja demanda de trabajo formal (Pacto por el Emprendimiento).

Baja productividad que reside en aspectos como las fallas del sector educativo en proveer las habilidades pertinentes y suficientes para lo requerido por el sector productivo (línea C del Pacto por la Equidad) y la existencia de mercados de bienes y servicios incompletos y de normas excluyentes, diversificación e inclusión financiera. Así como los elevados costos para hacer empresa.

Asimismo, las brechas urbano-rurales de la exclusión productiva responden al grado de desconexión de los municipios con el sistema de ciudades (Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones).

La confluencia de estos factores se ve reflejada en que sectores de baja productividad generan empleos precarios, de bajos ingresos y en magnitudes considerables74.

Otros determinantes están relacionados con fallas de la política laboral y de los instrumentos de inclusión productiva. Hay baja protección social de los trabajadores traducida principalmente en informalidad, poca garantía de los derechos en el trabajo y espacios de diálogo social poco efectivos.

Existe heterogeneidad y desarticulación en la oferta de formación del talento humano75 con efectos nocivos en pertinencia y calidad al igual que faltan mecanismos eficientes y suficientes para la gestión y colocación de empleo.

También es notoria la existencia de programas de emprendimiento dispersos, poco sostenibles y de baja escala. Estas fallas tienen en común la existencia de una institucionalidad débil (poca articulación, poca claridad en asignación de roles y duplicidad de funciones).

b. Alta informalidad y bajos niveles de protección social de trabajadores

La informalidad – entendida como la proporción de ocupados que no cotiza a pensiones afecta al 63 % del total de ocupados del país (13.700.000 personas) y al 85,5% (4.100.000 trabajadores) en los territorios rurales (tabla III-12). Se presenta en diversos tipos de trabajadores: en los asalariados llega al 34,6%, en los “cuenta propia” al 86,3 %. En los jóvenes al 64,7 % y en las personas entre 50 y 59 años alcanza el 64,0 %.

Los informales tienen en promedio 7,6 años de educación mientras que los formales 12,1. Las ramas de actividad con mayor nivel de informalidad son la agropecuaria 88,3 %, el comercio 73,7 % y la construcción 71,2 % (tabla III-12).

Por otra parte, el país presenta déficits en la protección social de los trabajadores y la garantía de sus derechos fundamentales y no existe un diálogo social tripartito robusto a nivel nacional ni territorial.

En protección social, por ejemplo, se tiene que un 44 % de los adultos en edades pensionables no tiene cobertura en ninguno de los esquemas de protección para la vejez (pensiones, beneficios económicos periódicos, BEPs, y subsidios del programa Colombia Mayor) (línea H del Pacto por la Equidad), y la cobertura en riesgos laborales es del 43,2 % mientras que en el sistema de subsidio familiar está alrededor del 45 % de los ocupados.

(Lea También: Acelerando la Inclusión Productiva, Objetivos y Estrategias)

c. Bajo cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo y el diálogo social

Pese al desarrollo de la normatividad y la ratificación de convenios con la OIT. En Colombia los principios y derechos fundamentales en el trabajo no se logran garantizar a cabalidad.

Para 2017 la tasa de trabajo infantil de 5 a 17 años (7,3 %), que, si bien es inferior a la tasa histórica del país, supera la tasa promedio de América Latina y el Caribe (5,3 %) (OIT, Estimaciones Mundiales sobre el Trabajo Infantil: Resultados y Tendencias 2012-2016 (Resumen Ejecutivo), 2017).

En este grupo los adolescentes trabajadores entre 15 y 17 años concentran la mayoría del trabajo infantil con una tasa de 18,6 % y se encuentran expuestos a trabajos peligrosos.

De otra parte, pese a los avances en materia de discriminación laboral, las brechas salariales entre hombres y mujeres son grandes.

Igualmente, se identifican situaciones de discriminación laboral con grupos étnicos y migrantes. Hay poca garantía de los derechos en el trabajo y poca efectividad en espacios de diálogo social. Como la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y sus subcomisiones territoriales y temáticas76.

Respecto a la inspección, vigilancia y control, aún son insuficientes las acciones para consolidar la aplicación de la legislación laboral. Desde la t hasta la imposición de sanciones (OIT, 2013) y los sistemas de información existentes no son óptimos.

d. Formación del talento humano poco articulada

En la formación profesional integral y la educación para el trabajo y desarrollo humano confluyen diversas modalidades que difieren en su gobernanza, regulación y esquema de financiación.

De hecho, no hay un lineamiento oficial que determine de forma comprensiva los componentes, actores, alcances y límites de la formación del talento humano 77.

Esto genera duplicidades en diversas funciones (gestión de información, aseguramiento de calidad, rectoría, diseño de política e implementación) entre los ministerios del Trabajo y Educación. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Sena y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Prosperidad Social).

Tampoco existe un sistema de información unificado sobre la demanda de habilidades y perfiles ocupacionales que oriente la oferta de formación. El resultado final es la imposibilidad de construir criterios de focalización y calidad unificados que orienten la oferta de formación hacia las necesidades de inclusión productiva y de desarrollo económico del país.

e. Gestión y colocación del empleo con fallas operativas y de diseño

La gestión y colocación de empleo se fortaleció en 2013 con la creación del Mecanismo de Protección al Cesante (MPC)78, el cual a su vez contiene el Servicio Público de Empleo (SPE).

Este último facilitó los procesos de gestión y colocación constituyendo una red de prestadores de origen público y privado. Registra una creciente tasa de colocación pasando de 19,8 % en 2015 a 28,2 % en el primer semestre de 2018, con un incremento de 6,8 puntos porcentuales con respecto al esquema anterior (19 %).

Sin embargo, requiere una normatividad sobre estándares mínimos de calidad, vinculante y obligatoria, para articular la prestación de los servicios, reducir su heterogeneidad y promover la cooperación.

También requiere un sistema de información robusto y la interoperabilidad entre las plataformas tecnológicas para aprovechar sus potencialidades.

Por su parte el MPC busca articular las políticas activas y pasivas de empleo a partir de los componentes de emprendimiento, capacitación para la inserción y reinserción laboral; gestión y colocación de empleo; y prestaciones económicas.

Este último presenta una falla de focalización: se enfoca en trabajadores formales poco vulnerables a choques de desempleo y cuyo riesgo está parcialmente cubierto (cesantías y, eventualmente, indemnizaciones por despido), y el beneficio, tal como está establecido, no mitiga el impacto del desempleo en el consumo del trabajador ni garantiza la búsqueda activa de empleo por parte de este último79.

También existen fallas en los modelos de atención, limitaciones en la calidad y oportunidad de capacitación e inequidades en la asignación de recursos del Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección al Cesante, FOSFEC (DNP, 2018c).

f. Emprendimientos poco sostenibles

El desarrollo de emprendimientos para que personas pobres generen ingresos establece retos todavía mayores. Por lo general, se dirige a grupos bastante vulnerables, localizados en las periferias y/o en contextos de amplias fallas de mercado (insuficiencia de bienes públicos, carencia de tejido empresarial, poco acceso a activos e información).

Además, requiere una atención más integral porque aplica a procesos completos de producción y comercialización, lo que implica mayor número de servicios, fases y actores a articular.

En Colombia, la falta de demanda laboral por empleos de baja calificación, combinada con la existencia de nuevas formas de producción, y la carencia de las competencias adecuadas en suficiente cantidad por parte de los trabajadores, se ha traducido en un aumento del emprendimiento por necesidad80 en años recientes.

También se observa que el número de emprendimientos por necesidad es más alto conforme las personas tienen ingresos más bajos (gráfica III-21).

Es así como el grupo de cuenta propia representó en 2017 un 43 % (9.600.000 personas) del empleo total, mostrando un aumento de seis puntos porcentuales desde 2007.

Este fenómeno es más acentuado en los territorios rurales en donde entre 2007 y 2017, la participación de los “cuenta propia” en el empleo rural  (centros poblados y rural disperso) aumentó de 38,8 % a 52,57 %, mientras que la de los jornaleros cayó de 21,6 % a 11,6 %.

La mayoría de los productores rurales se enfrenta a cuellos de botella que impiden su inserción sostenible en las cadenas de valor agropecuarias.

Por un lado, se caracterizan por producir en pequeñas extensiones, y por no participar de esquemas asociativos: a escala nacional el 70,4 % de las UPA81 tiene menos de cinco hectáreas y ocupa solo el 2,1 % del territorio nacional; además, solo el 14,7 % de las UPA pertenece a algún tipo de esquema asociativo (DANE, 2014).

Lo anterior limita la capacidad de los productores de crear economías de escala que reduzcan sus costos e incrementen su competitividad. De igual manera, estos exhiben un limitado acceso a activos productivos fundamentales como tierra82, servicios de extensión agropecuaria, crédito, maquinaria, sistemas de riego y drenaje e infraestructura productiva o de comercialización (gráfica III-21).

De Solo el acceso integral a la totalidad de activos productivos y a las redes de cooperación que facilitan los esquemas asociativos, pueden garantizar la inserción sostenible de los productores agropecuarios que emprenden en territorios rurales (CEPAL, 2014).

Por lo tanto, los productores no logran estándares de calidad requeridos por los mercados ni los volúmenes de producción demandados, lo que disminuye su poder de negociación frente a comercializadores y supermercados (gráfica III-22).

En todo caso, existe evidencia del impacto positivo de modelos de agricultura por contrato que establecen encadenamientos comerciales directos entre productor y transformador, como el programa Alianzas Productivas, en la inclusión productiva de pequeños agricultores vulnerables.

Según la evaluación de este programa, las ventas de los beneficiarios (vulnerables y no vulnerables) incrementaron como resultado de la implementación84. 

De esta manera, el fortalecimiento del sector solidario se convierte en una estrategia fundamental para el desarrollo de emprendimiento sostenibles.

En la sociedad operan tres sectores que interactúan entre sí: 1) el sector estatal en el cual operan las ramas del poder público, 2) el sector empresarial conformado por la estructura productiva, y 3) el sector sin ánimo de lucro o tercer sector, en el cual se agrupa una amplia heterogeneidad de formas asociativas.

Las organizaciones del sector solidario se caracterizan por constituirse como instituciones privadas no gubernamentales, con formas propias de autogobierno y creadas voluntariamente. A 31 de diciembre del 2017, renovaron su registro único empresarial 86.195 organizaciones distribuidas en distintas formas asociativas.

Las fundaciones representaron el 23,17%, las corporaciones el 13,2%, las cooperativas el 9,3%, y otro tipo de formas como los fondos de empleados, las asociaciones agropecuarias, las mutuales, cooperativas de trabajo asociado, entre otras, representaron el restante 54,3% (gráfico III-23).

Las principales problemáticas de las organizaciones solidarias se pueden agrupar en 3 grandes ejes:

1. La identidad y cultura de la solidaridad: Se ha identificado un bajo conocimiento de las potencialidades del modelo asociativo solidario. La oferta de programas educativos e instrumentos de promoción para la comprensión de las características, prácticas y ventajas del modelo solidario son insuficientes.

2. El mercado: El desarrollo de alianzas y contratos de venta con compradores y aliados requiere un mayor dinamismo. La ausencia de asistencia técnica y formación para los asociados, así como la alta competencia en el mercado agudizada por la inexistencia de mecanismos de comercialización de sus productos o servicios, explican la baja actividad del sector solidario.

3. El Estado: Se evidencia una baja cobertura nacional de las entidades de fomento y control, carencia de información estadística confiable y, en algunos casos, la necesidad de desarrollar normativa del sector para mitigar los obstáculos generados para el desarrollo socio-empresarial.

---

• 71 Es decir, la libertad de asociación y de sindicalización, el derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
  

• 72 Hay cuatro categorías de municipios según población en la cabecera y densidad poblacional: (1) Ciudades y Aglomeraciones: más de 100.000 habitantes en cabecera, sus aglomeraciones y municipios con función subregional; (2) Ciudades intermedias: entre 25.000 y 100.000 habitantes con alta densidad poblacional; (3) Rural: cabeceras con menos de 25.000 habitantes y densidades entre 10 a 100 habitantes por kilómetro cuadrado; y (4) Rural disperso: con cabeceras pequeñas, densidad de menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado y alta concentración en la zona resto (DNP, 2014b)
  

• 73 Luego de que en 2015 estuviera en 8,9 %, el desempleo nacional aumentó a 9,2 % y 9,4 % para 2016 y 2017 respectivamente. Y a octubre de 2018, registraba un promedio anual de 9,6 %.
  

• 74 Por ejemplo, el ingreso promedio en el sector agropecuario representa solo 71 % respecto al de los sectores no agropecuarios y no supera el salario mínimo. Sin embargo, dicho sector genera el 70 del empleo en los territorios rurales y rurales dispersos, el 60 % en los intermedios y el 37 % de las ciudades y aglomeraciones.
  

• 75 La formación para el trabajo es la dirigida a brindar las competencias laborales requeridas en procesos específicos del sector productivo.
  

• 76 32 subcomisiones departamentales y 8 subcomisiones temáticas de (1) género; (2) formalización del empleo en el sector rural; (3) Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante OIT; (4) productividad; (5) sector público, (6) Mesa de Seguimiento al Convenio 189 de la OIT relativo al Trabajo Doméstico; (7) política migratoria laboral y (8) asuntos Internacionales.
  

• 77 Las modalidades de formación son: (1) educación media técnica; (2) educación técnica y tecnológica de instituciones de educación superior y del Sena; (3) educación para el trabajo y el desarrollo humano a cargo del MinEducación; formación técnica laboral, de operarios y auxiliares y complementaria del Sena; y (4) formación en empresa.
  

• 78 El MPC ofrece a los desempleados servicios de búsqueda y capacitación y, por hasta seis meses, beneficios económicos en formas de cotizaciones a salud y pensiones, cuota monetaria del subsidio familiar, bonos para alimentos y posibilidad de fragmentación de parte de las cesantías con un incentivo monetario. El SPE articula los servicios del SENA, las bolsas de empleo y los nuevos prestadores (cajas de compensación y entidades territoriales) teniendo como grupos objetivo los desempleados, los trabajadores (formales o informales) que quieren cambiar de empleo y los empleadores.
  

• 79 Para suavizar el consumo en el corto plazo, los aportes a seguridad social no son adecuados, el valor del bono alimenticio puede ser insuficiente y la preferencia por el consumo inmediato hace que las cesantías no se fraccionen.
  

• 80 Los emprendimientos por necesidad están motivados por no disponer de una alternativa para generar ingresos; su objetivo es de subsistencia. Por su parte, los emprendimientos por oportunidad son desarrollados por quienes identifican nichos de negocio buscando utilidades.
  

• 81 Unidad Productiva Agropecuaria: puede estar formada por una parte de un predio, un predio completo, un conjunto de predios o partes de predios continuos o separados en uno o más municipios, independientemente del tamaño, la tenencia de la tierra, el número de predios que la integran; produce bienes agropecuarios, tiene un único productor y hace uso de medios de producción como maquinaria y mano de obra.
  

• 82 El 37,4 % de los hogares rurales tiene acceso a la tierra, y de estos, más de la mitad (59 %) presenta informalidad en la propiedad (línea E del Pacto por el Emprendimiento).
  

• 83 El Censo Nacional Agropecuario 2014 registró el número de UPA que tienen acceso a asistencia técnica, crédito, maquinaria, infraestructura, sistemas de riego y a esquemas asociativos.
  

• 84 Incremento varía por producto agropecuario y región. Por ejemplo, productores de leche en Cauca incrementaron ventas en 38,4 %, mientras productores de caña panelera en Risaralda aumentaron ventas en 58 % (Parra-Peña, Lundy, Bischler, Astorquiza, & Hurtado, 2016).
  

• 85 Esta estrategia está relacionada la línea H del Pacto por la Equidad, en lo que se refiere a la estrategia “Promover el acceso a esquemas de protección económica e inclusión laboral”.
  

• 86 Ver “Aseguramiento de la calidad” en la línea de Educación de este pacto.
  

• 87 Para mitigar las barreras habrá cinco líneas de acción: (1) seguimiento, monitoreo y prospectiva; (2) red de prestadores y articulación de actores; (3) promoción del SPE; (4) financiamiento; (5) servicios de gestión y colocación. La Ruta de Empleabilidad se desarrolla a través de cuatro servicios: Registro, Orientación, Preselección y Remisión. Esa ruta comprende dos niveles: en el primero se ofrecen servicios básicos y en el segundo se prestarán servicios “especializados”, los cuales dependerán del nivel de barreras por atender por parte de los buscadores de empleo y estarán enmarcados en los servicios adicionales, asociados y relacionados estipulados en la Resolución 3999 de 2015.
  

• 88 Ver línea K del Pacto por la Equidad.
  

• 89 Es complemento con estrategias de la línea E de Pacto por el Emprendimiento. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural “Promover el ordenamiento social orientado hacia el acceso inclusivo y la formalización de la propiedad rural”; “Proporcionar servicios e infraestructura para el desarrollo agropecuario a partir de las necesidades en materia de conectividad, extensión agropecuaria, adecuación de tierras y comercialización”; “Fortalecer las capacidades nacionales de gestión, evaluación y comunicación de riesgos en términos de sanidad e inocuidad, la equivalencia del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Sistema MSF), así como los procesos de admisiblidad y diplomacia sanitaria”; y “ Promover el acceso y uso de instrumentos financieros para incentivar el desarrollo de actividades rurales sostenibles y mitigar sus riesgos”.
  

• 90 Estos instrumentos de política deberán diseñarse sin vulnerar derechos tales como: libre competencia, libre empresa, autonomía presupuestal o territorial y en cumplimiento de las acciones afirmativas, que promuevan las condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva y se adopten medidas a favor de grupos discriminados o marginados.
  

• 91 Ley 454 de 1998 artículos 4° y 5°