Energía que Transforma

A. Energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo

La energía promueve el crecimiento económico, la productividad y la formación de capital humano. La formación eficiente de precios y la ampliación de cobertura del sector energético son cruciales para el crecimiento y la equidad. La diversificación de la generación, la introducción de competencia y la modernización de la arquitectura del sector energético impulsarán el emprendimiento y la innovación en los sectores productivos y en el mismo sector.

El sector eléctrico mundial se está transformando por la convergencia de tres tendencias tecnológicas: electrificación de la economía, recursos energéticos distribuidos y digitalización (gráfica VIII-1).

Los recursos energéticos distribuidos1 (DER, por sus siglas en inglés) aportan valor al sistema y a los usuarios mediante la incorporación y el control de numerosos aportes energéticos, el balance de generación y demanda local. La penetración de estos recursos por la convergencia tecnológica hará necesario modificar la arquitectura de mercado y de transacciones.

Con la modernización, diversificación, mayor competitividad y una visión integrada de la planificación de todos los recursos, el sector dará acceso a energía en la calidad y cantidad requerida por los usuarios con gestión eficiente de los recursos tanto en el uso como en el consumo y en condiciones sostenibles para los territorios.

La transición del mercado energético hacia un modelo más competitivo, con más jugadores, descentralizado e innovador, iniciará con una misión para consolidar la diversificación de la matriz energética y la modernización del sector. Involucrará la participación de los actores y recomendará los cambios necesarios en el marco regulatorio, la arquitectura del sector y del mercado.

Paralelamente se avanzará en los temas siguientes:

• 1) complementariedad entre los sistemas eléctricos centralizados y descentralizados;
• 2) implementación de planes de eficiencia energética;
• 3) modernización de la institucionalidad hacia una regulación y vigilancia acorde a los nuevos servicios;
• 4) consolidación de la calidad de los sistemas de información a lo largo de la cadena de prestación de servicios energéticos; y
• 5) resolución de situaciones pendientes tales como el aumento de la cobertura, la focalización de los subsidios y el fortalecimiento de la institucionalidad del servicio de alumbrado público.

Por lo tanto, se deberá llegar a un nuevo sistema con apertura a esquemas de contratación de largo plazo, con mayores niveles de competencia de tal manera que se facilite la introducción de nuevas tecnologías, con tarifas eficientes y una regulación más simplificada y amiga de la innovación.

1.Diagnóstico

La reforma de 1994 atrajo inversión, logró viabilidad sectorial, modernización empresarial y aumento de la cobertura, entre otras ventajas. Adicionalmente, los beneficios de la reforma incluyeron

• 1) la mejora en el clima de negocios para invertir en todos los segmentos de la cadena (generación, transmisión, distribución);
• 2) la sostenibilidad financiera de las empresas;
• 3) la reducción de la deuda pública del gobierno central para inversión en el sector;
• 4) la mejora de la calidad del servicio y (5) el aseguramiento del suministro.

No obstante, lo anterior, hay asuntos en donde se requiere avanzar con celeridad:

• 1) precios de los energéticos y competitividad;
• 2) cobertura y calidad en la prestación del servicio; y
• 3) el rezago en la innovación tecnológica. Además, quedan temas pendientes por resolver en materia de equidad y cierre de brechas.

Con respecto a la competencia en el mercado de energía mayorista, la bolsa de energía no genera suficientes incentivos para la formación eficiente de precios debido a rezagos en la información para las transacciones en tiempo real. El diseño actual para ajustar cambios en el despacho de generación y su vulnerabilidad ante el posible ejercicio de poder mercado (DNP, 2016a).

Los contratos de suministro de electricidad no han promovido la competencia por la no estandarización y la falta de información sobre precios y cantidades en el mercado bilateral.

Estos contratos tienen problemas de opacidad en la formación de precios, iliquidez, discriminación de precios según el agente interesado. Además de diferenciación entre el precio de contratos para el mercado regulado y el no regulado (Jara, 2016).

Adicionalmente, hoy existe una disparidad entre la información que entrega la demanda la cual es totalmente abierta frente a la de la oferta que es restringida. 

En el mercado de gas combustible

Las transacciones del mercado primario y secundario de gas natural tanto de suministro como de transporte se encuentran en proceso de maduración. El mecanismo de transacción y de gestión de la información aún se está consolidando. El número de participantes y de transacciones aún es limitado generando oportunidades para fortalecer este mercado.

Por otra parte, la regulación sectorial debe adaptar herramientas de Análisis de Impacto Normativo (AIN) que permitan estimar los impactos y los costos regulatorios de las diferentes medidas propuestas, la evaluación de resultados y su simplificación.

Los protocolos de la operación del sistema de energía eléctrica no están preparados para gestionar miles de transacciones individuales en el nivel de distribución, integrarlas y permitir su monetización.

La nueva arquitectura para gestionar las redes, asegurar su remuneración eficiente y las transacciones comerciales deberán permitir incorporar las innovaciones (DNP, 2016a).

La cobertura eléctrica fue del 97,02 %2. Quedan 431.1373 viviendas sin servicio, de las cuales 223.688 se encuentran en zonas interconectables y 207.449 en Zonas No Interconectadas (ZNI). Para alcanzar la universalización del servicio se requieren inversiones cercanas a los $ 5 billones.

La cobertura de gas combustible para el 2017 fue de 9,294 millones de usuarios conectados por redes de gas natural, 2,125 millones de usuarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por cilindro y 90.000 usuarios conectados a GLP por red.

Aumentar esta cobertura requiere esfuerzos de focalización en los recursos de inversión para que sean orientados en función de las necesidades de los territorios y la población que aún no cuenta con servicios públicos de energía y gas. Es de destacar que actualmente cerca de 982.000 hogares cocinan con leña o carbón (CONPES 3934, 2018).

Existen fuentes de financiación con diversas reglamentaciones

Para un mismo propósito, no se examina la sostenibilidad de las soluciones y todavía no se contempla el uso de asociaciones público-privadas (APP) para atraer operadores privados (DNP, 2016b).

Para ampliar la cobertura energética con recursos públicos se cuenta con el fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas (FAER)6, el fondo de apoyo financiero para la energización de zonas no interconectadas (FAZNI)7, Plan Todos Somos PAZcífico8, fondo especial cuota de fomento de gas natural (FECFGN), obras por impuestos9 y el Sistema General de Regalías (SGR).

A la fecha solo se cuenta con participación privada en la expansión de cobertura a través de dos áreas de servicio exclusivo en San Andrés y Amazonas, por lo que se han explorado otras alternativas para la incorporación de capital privado y planes de inversión por los prestadores del servicio (DNP, 2016c), lo que motiva también la necesidad de evaluar la institucionalidad que apoye estas nuevas estrategias.

La cantidad, calidad y duración diaria de la prestación del servicio son parte imprescindible de la política del acceso. Garantizar estos aspectos requiere de un proceso de transición en el que se dé una maduración del servicio energético.

Dicha transición se debe dar a través de “rangos de prestación del servicio” que permitan alcanzar grados adecuados y sostenibles de cobertura (Banco Mundial, 2015) especialmente para las zonas que no cuentan con servicio.

En el caso de energía eléctrica, el 81% de usuarios recibieron subsidios que requirieron recursos por $ 2,4 billones durante el 2017 y se proyecta que para los próximos cuatro años se requieran $ 8,5 billones10. Frente al gas combustible, en el último cuatrienio la suma alcanzó $ 2,11 billones en subsidios de gas natural por redes y $ 203 mil millones para GLP. 

Los subsidios han venido creciendo por ampliación de cobertura y desactualización en la estratificación, lo que incide en la focalización.

Por otra parte, la reforma tributaria del 2016 y el Decreto 943 de 2018 del MinEnergía definieron los mecanismos de cobro y destinación del impuesto de alumbrado público y permitieron un mayor desarrollo tecnológico de este servicio. Pero falta fortalecer su regulación.

La distribución del consumo energético del país se concentra en el sector transporte con un 39,8 %, seguido por el sector industrial con el 26,39 % y el sector residencial con el 16 %. Se ha identificado que los hogares consumen un 30 % más de electricidad por uso de equipos ineficientes y malas prácticas. Así como potenciales ahorros de energía del 42 % en edificaciones del Gobierno Nacional y el 30 % en procesos industriales.

Se estima que si se consigue implementar medidas de eficiencia energética se puede lograr un ahorro del 30 % a 2050 del consumo total energético respecto del escenario base (UPME, 2016).

2. Objetivos y Estrategias

Teniendo en cuenta el marco de política mundial establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la competitividad de los mercados energéticos que requiere el país para soportar el crecimiento económico, y las necesidades en materia de cierre de brechas en el acceso a energéticos, la línea de la energía que transforma estará enfocada en:

• 1) la modernización de los mercados actuales y promoción de la innovación;
• 2) la promoción de la competencia y del desarrollo de negocios descentralizados;
• 3) la mejora de la regulación y vigilancia en los mercados energéticos; y
• 4) el cierre de brechas en cobertura de energéticos. Para lograr estos objetivos, se plantean una serie de estrategias desarrolladas en las siguientes secciones.

a. Objetivo 1. Modernización de los mercados actuales y promoción de la innovación

1) Misión para la modernización de los mercados actuales y promoción de la innovación

El Ministerio de Energía y Minas (MinEnergía) convocará una misión para definir la hoja de ruta de la transición energética que incluya los cambios de arquitectura del mercado eléctrico y de funcionamiento de las entidades sectoriales, así como su articulación con otros sectores11.

La misión recogerá los resultados de los estudios y avances en materia de transición energética y reformas institucionales, vinculará los diferentes actores de cada sector y recomendará los elementos fundamentales que Colombia debe introducir o transformar para tener un mercado que incorpore dinámicamente los avances tecnológicos y sea más eficiente, competitivo, confiable y equitativo.

De manera paralela, MinEnergía y sus entidades adscritas irán avanzando en temáticas críticas como son transparencia en la formación de precios, medición avanzada, eficiencia energética, eliminación de barreras para la participación de la demanda e introducción y masificación de las FNCER.

2) Digitalización de datos sectoriales, ESCOS, AMI y servicios complementarios

Deberá avanzarse en la definición del enfoque de gobernanza de datos sectoriales que viabilice un mercado de datos armónico entre el usuario y los demás actores, que vaya articulado a la penetración de la infraestructura de medición avanzada (AMI, por sus siglas en inglés). Así como a la digitalización para los otros usos que se deriven de este nuevo mercado (Pacto por la Transformación Digital).

Para promover la competencia se debe migrar a un sistema donde los agentes y el públicoen general puedan conocer en tiempo real los datos del mercado y las transacciones, a fin de que les sea posible optimizar sus decisiones.

Desde el Gobierno nacional se apoyará el desarrollo de modelos de empresas de servicios energéticos conocidas como ESCO, y se promocionará el acceso a recursos financieros para implementar medidas de Eficiencia Energética (EE) en los sectores de la economía (Pacto por la Sostenibilidad).

MinEnergía y sus entidades adscritas definirán estrategias que, apoyados en AMI, proporcionen más información y mejor calidad en la prestación del servicio, junto con políticas para la promoción, educación y cultura de buen uso de la energía y del comportamiento de los usuarios frente a conductas no adecuadas en la prestación del servicio.

La CREG desarrollará un esquema de remuneración de los servicios complementarios, de manera que se propenda por la flexibilidad en la operación del sistema. Los servicios complementarios12 son servicios y funciones que brindan seguridad, calidad y eficiencia en el suministro de energía eléctrica.

El impulso a este mercado puede incluir mecanismos para incrementar la oferta de estos servicios y la promoción del uso de nuevas tecnologías para la conexión de fuentes de generación con características más dinámicas y la participación de los recursos energéticos distribuidos que se describen más adelante.

3) Medidas habilitantes para la promoción de recursos energéticos distribuidos (DER)

La CREG hará una revisión de la cadena de la prestación de los servicios públicos de energía y gas combustible, con el fin de que exista la posibilidad de la inclusión de nuevas actividades y agentes, y promover la ampliación del ámbito de los usuarios no regulados y la liberalización de los regulados. Se evaluará el modelo de prestación del servicio de energía eléctrica y gas combustible, para determinar si es necesario adaptarlo a los nuevos participantes del mercado y su incorporación en la nueva estructuración de la cadena.

MinEnergía, CREG y UPME, en el marco de sus competencias promoverán la participación de los DER en los mercados de energía, mediante mecanismos que puedan agrupar la flexibilidad ofrecida por los prosumidores13 y convertirla en servicios para el mercado eléctrico.

Se tomarán las acciones pertinentes para incorporar al Sistema Interconectado Nacional (SIN)  los sistemas de almacenamiento de energía, aumentar la participación de la generación distribuida, el desarrollo de las microrredes, la participación de agentes agregadores como nuevos agentes de la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica. Así como la participación activa de la demanda.

Estas normas deberán implementarse de manera coordinada y evitando prácticas que perjudiquen a los usuarios, lo que requiere esfuerzos para la coordinación de la operación de los sistema operativos y comerciales de distribución local con los del mercado mayorista.

La regulación deberá introducir mecanismos que promuevan la descentralización y la digitalización. Así como la participación de respuesta a la demanda y esquemas de tarifas horarias para fomentar formación de precios y la competencia de los mercados energéticos.

CREG avanzará en los análisis

Adicionalmente, la CREG avanzará en los análisis para la implementación de cambios como esquemas de precios que envíen señales de localización de inversión en FNCER, la promoción de recursos distribuidos14 y la remuneración de las redes de distribución con tarifas binomias15.

Igualmente, MinEnergía adelantará los estudios y la revisión de resultados frente a la política de tarifas de áreas de distribución (ADD), teniendo en cuenta entre otros aspectos, su articulación con la política de promoción de los DER.

Para apoyar la conexión, el desarrollo de estos proyectos y agilizar los procesos de su formalización ante la UPME, se deberá fortalecer esta entidad permitiéndole contar con los recursos adecuados para el ejercicio de las nuevas funciones y de aquellas que se le han delegado, los cuales serán obtenidos directamente de los servicios a los agentes.

4) Gestión eficiente de recursos energéticos

La UPME se encargará de identificar las medidas necesarias para gestionar la información asociada al uso, ahorro y conservación de la energía, con el fin de adelantar acciones en materia de eficiencia energética y focalizar los esfuerzos de ahorro y sustitución tecnológica de los diferentes sectores de la economía. Esta información será de carácter público y servirá como insumo para acceder a recursos para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética.

El Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) será constituido en un patrimonio autónomo que incorporará recursos adicionales del FAZNI provenientes de (1) fuentes externas (donaciones y créditos con la banca multilateral); y (2) aportes de los sectores de producción primaria que apalanquen proyectos de FNCER y eficiencia energética.

A través del FENOGE MinEnergía podrá promover la realización de auditorías energéticas en todos los sectores productivos de país; las primeras entidades en implementar estas acciones serán las entidades del sector oficial.

MinEnergía o la entidad que este delegue apoyará el desarrollo de proyectos de eficiencia energética con recambio tecnológico en iluminación y electrodomésticos para mejorar los consumos de los usuarios de menores ingresos, alineado con los objetivos en materia de manejo de residuos (Pacto por la Sostenibilidad).

Como parte de esta estrategia se iniciará con el Programa de Eficiencia Energética en el Caribe. También estructurará un programa de sustitución de leña y carbón por GLP, en coordinación con el programa de estufas eficientes y huertos leñeros liderado por el MinAmbiente (Pacto por la Sostenibilidad).

Así mismo, el IPSE promoverá el uso de energías limpias para generación eléctrica, proyectos de sustitución de diésel por GLP, y demás medidas encaminadas al uso eficiente de los recursos energéticos disponibles en los territorios.

Adicionalmente, MinEnergía, a través del FENOGE

Promoverá proyectos de sustitución de carbón por energéticos más limpios para usuarios industriales y comerciales. MinEnergía y la UPME avanzarán en el etiquetado energético con la ampliación del número de aparatos y equipos que hoy cuentan con esta etiqueta. Así como la incorporación de información que permita a los usuarios comparar el ahorro de energía con otros de aplicación similar.

En alumbrado público16, MinEnergía y sus entidades adscritas actualizarán la normativa y regulación pertinente para impulsar la migración tecnológica, mediante la incorporación de proyectos de iluminación con FNCER, uso de equipos eficientes y la exigencia de interventorías a la prestación del servicio de alumbrado público.

Estas medidas se acompañarán de mecanismos para que los territorios cuenten con apoyos a la estructuración de APP de alumbrado público y contratos tipo para la negociación de la compra de energía eléctrica.

b. Objetivo 2: Promoción de la competencia y del desarrollo de negocios descentralizados

1) Mercado de contratos y plataformas transaccionales

La CREG continuará la consolidación e implementación de mercados anónimos y estandarizados y avanzará en el desarrollo de mecanismos como las transacciones de futuros de energía y las plataformas de transacciones estandarizadas, que logren la transparencia, anonimato, liquidez y gestión eficiente del riesgo. La CREG establecerá las herramientas para evaluar que estos objetivos se cumplan17.

En el sector de gas natural la CREG promoverá herramientas y mecanismos que mejoren la liquidez, la formación de precios a diferentes plazos, la flexibilidad de contratación en el corto plazo, la cobertura a las fluctuaciones de precios y la coordinación de los momentos de contratación de suministro y transporte.

Así mismo, la CREG revisará las condiciones de integración vertical, horizontal y demás relaciones entre los agentes de los diferentes sectores de energéticos que puedan incidir en la promoción de la competencia, causar opacidad en las transacciones del mercado y generar barreras para el acceso a la infraestructura o el suministro. Como resultado de este ejercicio, la CREG podrá hacer uso de sus facultades establecidas en el artículo 73.13. de la Ley 142 de 1994.

El Gobierno nacional facilitará la participación de más jugadores en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias y considerará a aquellas empresas que adelanten otras actividades diferentes a la prestación de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando no se configuren conflictos de interés y posibles posiciones dominantes.

2) Gestión de la información empresarial sectorial

La información usada y generada por las entidades del sector como la ANH, la UPME y la CREG deberán coordinarse en un esquema de arquitectura empresarial sectorial que permita, entre otros, unificar la información para el balance de hidrocarburos, para la planeación, toma de decisiones y para la interoperabilidad con los sistemas de información de las entidades públicas, entre ellos, el sistema de cuentas nacionales administrado por el DANE.

MinEnergía fortalecerá el Sistema de Información de Combustibles (SICOM) mediante la consolidación del módulo de Gas Natural Vehicular (GNV), incluso de autogás, entre otros, y la mejora de las herramientas para el control y seguimiento de los agentes de la cadena de distribución de combustibles.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) con el acompañamiento del DANE, en el marco del sistema estadístico nacional, desarrollará las herramientas necesarias para el fortalecimiento de la calidad de la información que es reportada por los prestadores al Sistema Único de Información (SUI).

c. Objetivo 3: Mejora de la regulación y vigilancia en los mercados energéticos

1) Modernización institucional

La regulación debe ser flexible y abierta para permitir la experimentación y apoyar al surgimiento de modelos de negocios innovadores y disruptivos. Para ello, deberá modernizar sus procesos y generar un canal más abierto y dinámico a los trámites regulatorios, y ajustar la estructura administrativa para focalizar y priorizar la toma de decisiones regulatorias (Pacto por el Emprendimiento y la Productividad).

De la mano de los nuevos desarrollos regulatorios, deben tomarse medidas de fortalecimiento institucional que faciliten la coordinación entre las diversas entidades del Estado responsables del cumplimiento del artículo 365 de la Constitución Política. Así mismo, deberá proveérsele al Gobierno nacional con facultades que le permitan liderar dichas acciones de coordinación e intervención, lo que implica poner en el centro en todo momento la continuidad de la prestación del servicio y la protección de los usuarios.

Entre estas medidas se debe robustecer el financiamiento, la solidez y sostenibilidad del fondo empresarial de la SSPD, como instancia que respalda y garantiza la continuidad del servicio sin generar exposición fiscal.

Lo anterior, en la medida en que, con la participación predominante del sector privado en la prestación de servicios públicos, se debe contar con instancias que mitiguen la afectación de la continuidad del servicio en el evento que dichos actores, por circunstancias de cualquier tipo, pierdan la capacidad (entre estas las financieras), o la idoneidad para la prestación del servicio.

Así mismo, la CREG deberá definir las reglas para el mecanismo de atención a los usuarios cuando dichas situaciones se presenten a través de prestadores de última instancia.

Con la evolución del mercado, la modernización del país y el crecimiento de la economía

Se debe contar con entornos regulatorios más dinámicos que no solo anticipen y mitiguen riesgos, sino que respondan con prontitud y contundencia ante las circunstancias que amenacen la continuidad de la prestación del servicio y puedan afectar a los usuarios.

Con el fin de que se pueda reaccionar oportunamente ante riesgos en la prestación del servicio que afecten de forma sistémica el funcionamiento de los mercados, es preciso consolidar el proceso de vigilancia y control a través de la conformación de un grupo interno en la SSPD que realice un seguimiento permanente a la operación de los agentes y mercados de energía y gas.

Adicionalmente, la SSPD deberá fortalecer su capacidad técnica, sancionatoria y de vigilancia del desempeño operativo y financiero de las empresas reguladas, y dar las señales para evitar el incumplimiento de la regulación, complementando estas acciones con el ajuste en el valor para las sanciones hoy previstas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, cambiando su valor de hasta 2.000 SMMLV aplicados de manera general a una sanción diferencial para personas naturales hasta 1.500 SMMLV y para personas jurídicas hasta 100.000 SMMLV.

Frente a los cambios en las actividades y roles de agentes en las cadenas de prestación, es preciso extender el ámbito de aplicación de regulación, vigilancia y control a aquellos nuevos agentes que inciden en la prestación de los servicios. La SIC fortalecerá su capacidad de supervisión de los mercados energéticos.

Se asignará a la CREG la regulación económica de los combustibles líquidos.

Así mismo, la CREG revisará la metodología de formación de precio de combustibles líquidos, biocombustibles y GLP, que incluya tanto el producto nacional como importado, con el fin de establecer una metodología eficiente que garantice la competitividad, el abastecimiento, la mejor señal de consumo para los usuarios y la sostenibilidad de la prestación del servicio.

Por otra parte, para financiar la actividad regulatoria los agentes que participan en la cadena productiva de los combustibles líquidos aportarán una contribución especial. 

Se fortalecerán y articularán las instancias que apoyan el ejercicio regulatorio como el Comité Asesor de Comercialización del Sector Eléctrico (CAC), el Consejo Nacional de Operación del sector eléctrico (CNO) y el Consejo Nacional de Operación del sector de gas (CNO-Gas), entre otros.

En alumbrado público la SSPD ejercerá las funciones de vigilancia y control de la prestación de este servicio. Así mismo, implementará un sistema para la centralización de la información técnica, operativa y financiera del servicio de alumbrado público.

Por otra parte, se deberá hacer el ajuste de la base gravable de la contribución especial para atender las funciones de regulación de la CREG y CRA, y de vigilancia y control de la SSPD a los respectivos agentes sobre los cuales se ejercen tales funciones.

(Lea También: Agua Limpia y Saneamiento Básico Adecuado)

d. Objetivo 4: Cierre de brechas en cobertura de energéticos

El Gobierno nacional buscará la universalización y calidad en la prestación de servicios públicos para el cierre de brechas y el desarrollo de territorios con una visión energética integral de los recursos disponibles y la sostenibilidad en el largo plazo de la prestación del servicio público, para lo cual, adicionalmente, adelantará las actuaciones necesarias y conducentes para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos en aquellas zonas o regiones donde dicha actividad esté a cargo de empresas de servicios públicos en toma de posesión.

1) Articulación, reingeniería, nuevos mecanismos e institucionalidad de la ampliación de la cobertura del servicio 

Se tendrán en cuenta nuevos enfoques y tendencias internacionales para el logro de objetivos de cobertura. El Gobierno nacional deberá determinar y estandarizar los rangos de prestación del servicio de acuerdo con las condiciones de la población, sus necesidades, el número de beneficiarios y la capacidad instalada requerida para suplir de forma sostenible la prestación del servicio.

El MinEnergía hará una reingeniería de los fondos existentes para el apoyo a la expansión de cobertura como el FAZNI, FAER y FECFGN, de forma que se orienten para el desarrollo de la ampliación de la cobertura con un nuevo concepto de cubrimiento de necesidades energéticas con una visión integral y subregionalización18, que incorpore las particularidades de los territorios indígenas, las comunidades afrocolombianas y las zonas de estabilización, entre otras.

Adicionalmente, para la expansión de cobertura será necesario fortalecer el marco institucional que permita brindar apoyo para la estructuración de proyectos a ser financiados con recursos públicos, implementar un esquema de georreferenciación de las zonas del país que no cuenten con cobertura, administrar los esquemas empresariales y otras estrategias que se desarrollen y gestionar la información de los activos financiados con recursos públicos.

Todos los proyectos que recurran a fondos de recursos públicos19 deberán considerar el esquema de sostenibilidad posterior a su entrada en operación y así deberá ser exigido en la respectiva reglamentación de asignación de recursos. Los esquemas de sostenibilidad deberán considerar la capacitación a la comunidad local de conformidad a lo previsto en el Plan Marco de Implementación (PMI). Todos los proyectos a ser financiados con recursos públicos deberán ser registrados en el banco de proyectos de inversión pública (BPIN) y para sus entregas deberán contar con el inventario de los activos del proyecto.

Frente al apoyo para el acceso al servicio de gas natural

El Gobierno nacional ajustará los aportes al FECFGN y ampliará las condiciones que permiten el acceso a dichos recursos con el fin de aumentar la cobertura y garantizar la continuidad del servicio. Con los recursos públicos destinados a ampliación de cobertura se podrán financiar las acometidas, medidores y redes internas que faciliten el acceso al servicio de energía eléctrica en usuarios de zonas rurales y de los estratos 1 y 2.

MinEnergía y sus entidades adscritas promoverán el desarrollo de nuevos mecanismos para la ampliación de cobertura y la promoción de las FNCER, buscando motivar e incorporar la participación privada en la prestación del servicio en las zonas hoy sin cobertura, ajustando la normativa para incluir modelos de prestación de servicio como esquemas empresariales energéticos, áreas de servicio exclusivo energéticas y esquemas APP.

En las áreas de servicio exclusivo se podrán ejecutar obras adicionales para aumentar cobertura y mejorar la calidad del servicio siempre que no sean parte de los acuerdos de la respectiva concesión y este no se vea afectado. Se promoverá el uso de energéticos para suplir necesidades en zonas apartadas, el desarrollo de microrredes y otros esquemas que permitan incluir dentro de los cargos reconocidos por la CREG proyectos de ampliación de cobertura con o sin conexión a la red. Así mismo, se continuará con la inversión en las necesidades de energización del litoral Pacífico.

Se revisarán los subsidios, exclusiones y exenciones a nivel nacional y en las zonas de frontera

para los combustibles líquidos, biocombustibles y GLP, con el fin de establecer una metodología eficiente que garantice un precio competitivo y la mejor señal de consumo para los usuarios, sostenibilidad fiscal y la pertinencia de su ajuste gradual. En cualquier caso, si como producto de dicha revisión se requieren modificaciones en los subsidios, exclusiones o exenciones, se realizará el trámite de ley requerido ante el Congreso de la República.

Se hará una revisión al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) a fin de establecer una metodología que posibilite una estructura con sostenibilidad fiscal a largo plazo. El MinEnergía revisará los subsidios del transporte de combustibles líquidos, gas combustible y crudo. Así como los de transporte en zonas especiales, zonas de frontera y diésel marino. El MinHacienda, el MinTransporte y el MinEnergía revisarán el esquema de sobretasa que aplican los municipios para considerar los nuevos energéticos que se incorporen a la matriz para movilidad.

2) Focalización en la asignación de subsidios

Para asignar los recursos públicos a quien realmente más los necesite, se implementarán medidas que permitan el cruce de información entre el estrato y otros indicadores que miden el nivel de pobreza o bajos ingresos, extendiendo esta metodología a usuarios de distritos de riego y otros subsidios asignados al consumo de servicios públicos domiciliarios.

Así mismo, se deberá revisar la eliminación de los subsidios al estrato tres de energía eléctrica.

La UPME deberá realizar como mínimo cada cuatro años la revisión del consumo básico de subsistencia aplicable a los servicios públicos de electricidad y gas combustible. Ajustándolo a las nuevas realidades de los usuarios, las nuevas tecnologías y las eficiencias en consumos de energía.

Para la liquidación de los subsidios de los servicios públicos domiciliarios se deberá emplear el reporte oficial de facturación del SUI como único medio de información para la conciliación en el Fondo de Solidaridad Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI).

Igualmente, MinEnergía realizará la revisión de la prestación del servicio de energía en las Zonas Especiales, objeto de aplicación del Fondo Energía Social (FOES) y los criterios para recibir tal beneficio.

Adicionalmente, MinEnergía podrá solicitar a los prestadores directamente la información relevante para la asignación y revisión de recursos de los diferentes fondos que administra. Incluyendo aquellos de subsidios; toda inconsistencia será reportada a las respectivas entidades de control.

3. Metas

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• 1 Los recursos energéticos distribuidos hacen referencia a la incorporación de nuevas tecnologías a la red local tales como generación distribuida, almacenamiento, administración de la demanda (respuesta de la demanda y eficiencia energética), vehículos eléctricos conectados a la red y microrredes.

• 2 Sistema de Información Eléctrico colombiano (SIEL).

• 3 PIEC 2016-2020.

• 4 Información tomada de la página de MinEnergía.

• 5 UPME, Plan indicativo de expansión de cobertura de gas combustible.

• 6 Ley 1376 de 2010.

• 7 Decreto 1124 de 2008.

• 8 Documento CONPES 3847

• 9 Reforma tributaria 2016, las cuales se ejecutan en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC).

• 10 MinEnergía proyecciones 2018-2022.

• 11 Recomendación del Consejo Nacional de Planeación.

• 12 Los servicios complementarios de red en Colombia incluyen la regulación primaria de frecuencia, la regulación secundaria de frecuencia (AGC), la regulación terciaria de frecuencia, el arranque autónomo, la generación de seguridad fuera de mérito y la regulación de tensión mediante gestión de reactivos.

• 13 Prosumidor: es la fusión de las palabras productor y consumidor, empleada para referirse a usuarios que consumen y a la vez producen energía.

• 14 Recomendación del Consejo Nacional de Planeación.

• 15 Se entiende por tarifas binomias aquellas que remuneran por separado el componente de energía (kWh) y componente de potencia (kW)

• 16 De acuerdo con el Decreto 943 de 2018, el servicio de alumbrado público se presta con el fin de dar visibilidad al espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades.

• 17 Recomendación Consejo Nacional de Planeación.

• 18 Nuevas categorías DNP: Predominantemente Urbana, Intermedio, Predominantemente rural cercano a ciudad y Rural remoto.

• 19 FAER, FAZNI y PRONE, SGR, Obras por Impuesto o PGN.