Imperio de la Ley, Defensa Jurídica del Estado

e. Objetivo 5. Defensa jurídica del Estado

La política de defensa jurídica del Estado debe contribuir a la consolidación del Sistema de Defensa Jurídica, a reforzar la prevención del daño antijurídico y la defensa judicial (tanto nacional como internacional), a proteger el patrimonio público y a garantizar los derechos de los ciudadanos.

Estrategias

La ANDJE emprenderá las acciones de regulación normativa y se adoptarán las herramientas para implementar y consolidar el Sistema de Defensa Jurídica y el Plan Estratégico de Defensa Jurídica (PEDJ), con énfasis en:

• Impulsar reformas normativas para regular la responsabilidad del Estado y desincentivar el abuso del derecho de acción.
  
  
• Reforzar la defensa del Estado en el ámbito nacional e internacional, a través de estrategias de gerencia eficiente del litigio que pondere la respuesta del Estado en función de su pertinencia y de su incidencia fiscal. Fortaleciendo las competencias de los defensores del Estado. Potenciando el uso del conocimiento basado en evidencia empírica y el uso de herramientas tecnológicas.
  
  
• Implementar la prevención del daño antijurídico como política transversal del Estado a través de la debida coordinación con las entidades públicas, del sector de la justicia y órganos de control, de conformidad con sus competencias.
  
  
• Desarrollar estrategias que permitan reducir el impacto fiscal de sentencias, laudos y conciliaciones y su deuda actual.
• Emprender acciones para minimizar el costo fiscal de las tasas de mora en el PGN. La estrategia ha de ser centralizada o, en casos especiales. Debe aplicar la “Acción Preferente” por parte del MinHacienda o la ANDJE.
  
  
• Formular un documento CONPES que establezca lineamientos de política pública para la Defensa Jurídica del Estado.

f. Objetivo 6. Política criminal integral coherente con la realidad nacional, garante de la libertad y respetuosa de los derechos humanos

Implementar una política criminal integral que priorice la prevención, fortalezca los procedimientos de investigación y judicialización. Garantice las condiciones dignas para la ejecución de la sanción y la inclusión del pospenado al mercado laboral, y fortalezca la justicia restaurativa; de tal forma que se contrarreste de manera efectiva el fenómeno del crimen organizado39 y las demás conductas delictivas que se prioricen.

Estrategias

La Política Criminal, tanto en el sistema de adultos como en el de adolescentes. Tendrá un enfoque transformador del sistema penal y sus procedimientos para prevenir el fortalecimiento del crimen organizado y otras estructuras criminales, y para incentivar la justicia restaurativa, la resocialización y la resolución estructural de los conflictos. Se promoverán reformas para que aquellos que atenten contra la administración pública no puedan obtener beneficios tales como la detención domiciliaria40.

Adicional a ello, esta política buscará garantizar una infraestructura penitenciaria que ofrezca condiciones dignas a la población privada de la libertad, oportunidades para la resocialización e inclusión del pospenado en el mercado laboral.

En ese sentido, los esfuerzos se concentrarán en la generación de cupos integrales. Esto es, la ampliación de la capacidad instalada en los establecimientos penitenciarios con un enfoque que garantice los Derechos Humanos y la resocialización efectiva de las personas privadas de la libertad (PPL). Esto implica la provisión de espacios físicos y dotaciones pertinentes, articulados con el desarrollo territorial. De manera que se brinde oportunidades de trabajo y emprendimiento, que permitirán evitar la reincidencia y promover la inclusión productiva de esta población.

Con el fin de lograr la convivencia y seguridad en el territorio, la Política Criminal se concentrará en las siguientes cuatro estrategias principales.

a) Simplificación y racionalización del ordenamiento jurídico penal41 

• El MinJusticia generará espacios interinstitucionales de investigación y análisis criminológico42 que permita la determinación de los comportamientos sancionables penalmente. La racionalidad de las penas aplicables43 y la eventual destipificación de conductas. Así como el estudio de la reincidencia y los patrones de criminalidad44.

b) Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de judicialización del Estado para enfrentar de manera efectiva el ciclo criminal45 

• Primero, El Gobierno nacional impulsará el mejoramiento, modernización y acceso a un sistema de denuncias.
  
  
• Segundo, A través del MinJusticia, establecerá metodologías de investigación y herramientas para identificar y desarticular las estructuras de crimen organizado, privilegiando las estrategias de disrupción46, así como para la judicialización de los actores.
  
  
• Tercero, Aumentará la capacidad técnica y operativa de las entidades que intervienen en los procesos de investigación y judicialización de las conductas penales, priorizando el fortalecimiento del INMLCF.
  
  
• Cuarto, Capacitará a los operadores de justicia sobre la aplicación excepcional de la medida de aseguramiento privativa de la libertad47. c) Desarrollo de la Justicia Restaurativa en el sistema penal48 para impulsar la resocialización de las PPL y la reinserción social del pospenado
  
  
• Quinto, El MinJusticia implementará estrategias de resocialización para la PPL. De carácter integral (con enfoque diferencial y con la participación de la familia), y programas de atención al pospenado49. También promoverá la participación del sector social en su reinserción al mercado laboral.
  
  
• Sexto, El MinJusticia implementará una política nacional que promueva la aplicación de la justicia restaurativa en los sistemas penales con la participación de las entidades del orden nacional, local y los entes territoriales. d) Ampliación de la capacidad instalada carcelaria que permita superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI)
  
  
• Séptimo, El MinJusticia, en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el INPEC. Estructurarán una estrategia para la ampliación de la capacidad instalada.
  
  
• Octavo, El MinJusticia implementará soluciones estructurales basadas en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. El cual será formulado a partir de los estándares constitucionales de dignidad humana.
  
  
• Noveno, El MinJusticia adoptará una metodología de medición del hacinamiento carcelario alineada con estándares internacionales.

(Lea También: Alianza Contra la Corrupción: Tolerancia Cero con los Corruptos)

g. Objetivo 7. Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Fortalecer las capacidades del SRPA en el ámbito nacional y territorial, para prevenir la vinculación de los adolescentes y jóvenes en la comisión de delitos. Para implementar la justicia restaurativa, brindar una atención integral a esta población que ingresa al Sistema, y generar procesos efectivos de resocialización.

Estrategias

• Primero, El MinJusticia, en coordinación con el ICBF y las demás entidades del SRPA. Fortalecerá la capacidad técnica50 de los operadores de las unidades de servicio que atienden medidas privativas y no privativas de libertad. Para el cumplimiento de los estándares internacionales51 en materia de justicia juvenil.

• Segundo, El MinJusticia, a través del Comité Técnico del SRPA, formulará y socializará una estrategia nacional para incentivar y fortalecer las medidas no privativas de la libertad en el SRPA, en el marco de la justicia restaurativa, donde se identifiquen las necesidades y la oferta existente, generando recomendaciones para su fortalecimiento.

• Tercero, El ICBF, en el marco del SRPA, generará lineamientos para garantizar las condiciones de infraestructura del SRPA, que faciliten la aplicación del enfoque pedagógico y restaurativo. Para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

• Cuarto, El MinJusticia, formulará lineamientos estratégicos para la prevención del delito y el acceso efectivo a una atención integral de los adolescentes y jóvenes del SRPA. Así como la implementación de la Justicia Restaurativa, buscando generar alianzas con el sector privado para generar acceso a empleo digno y educación superior52.
  
  
• Quinto, El DNP, en coordinación con las entidades del SRPA, formulará e implementará una evaluación del SRPA.
  
  
• Sexto, El MinJusticia, en coordinación con las entidades del SRPA y el Observatorio de Política Criminal, estructurará un sistema de información que permita la toma de decisiones basada en evidencia y la cualificación de los datos a nivel nacional y territorial.

• Séptimo, Formular e implementar un modelo de atención especializado para jóvenes que cumplan la mayoría de edad durante la investigación, juzgamiento y cumplimiento de la sanción en el SRPA.

3. Metas

• 39 La convención de Palermo contra la delincuencia organizada y sus protocolos ofrecen un marco conceptual para definir los diferentes grupos y organizaciones. (Naciones Unidas, 2000). De igual forma, algunas directivas del MinDefensa acogen aspectos de las convenciones y caracterizan las diferentes organizaciones. En este orden de ideas, se entiende que existen diferentes actores (5 Grupos Armados Organizados, de acuerdo con las directivas ministeriales 015/16, 16/16/, 37/17; 29 grupos Delictivos Organizados; Delincuencia Organizada Transnacional; 307 Grupos de Delincuencia Común Organizados), que delinquen en diferentes escenarios geográficos, que tienen diferentes motivaciones y que acuden a formas diferentes de accionar. Esta diferenciación es de suma importancia porque le plantea al Estado la necesidad de abordajes diferenciales para las amenazas persistentes y emergentes.

• 40 La corrupción está asociada con las conductas que afectan el erario. Por lo que es indispensable fortalecer la ejecución de la sanción y de las medidas de aseguramiento como una forma de prevención del delito.

• 41 Siguiendo las líneas establecidas por la sentencia T-762 de 2015. A través de la correcta determinación de las conductas sancionables penalmente. La racionalidad de las penas aplicables y medidas de aseguramiento.

• 42 El análisis criminológico se refiere al estudio de la conducta punible desde una perspectiva interdisciplinaria que abarca las causas del delito, su impacto social, el entendimiento de la conducta criminal y las motivaciones de esta.

• 43 Esta estrategia contempla la posibilidad de análisis de judicialización de ciertos delitos por no considerarse conexos con el delito político y el estudio de sanciones como la cadena perpetua.

• 44 La finalidad es generar programas integrales de prevención de delitos y lucha contra la criminalidad.

• 45 El fortalecimiento de la judicialización comprende, entre otros, la implementación de la Ley 1826 del 2017, por procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado”

• 46 Se puede entender la disrupción como el conjunto de estrategias idóneas para combatir la criminalidad organizada, afectando el flujo de conocimientos, información y recursos en las redes criminales, mediante la intervención en sus nodos estratégicos.

• 47 Incluido los operadores de justicia especializados del SRPA, donde se establece el uso de la privación de la libertad como último recurso y se reafirma el interés superior relacionado con que la medida de internamiento preventivo es excepcional. En ese sentido, véase los artículos 37 y 40 de la Convención Sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989); las reglas mínimas de la ONU para la administración de justicia de menores (Naciones Unidas, 1985); y la Observación General No. 10 relativa a los derechos del niño en la justicia de menores (Naciones Unidas, 2007).

• 48 El sistema penal comprende el procedimiento de la Ley 600 de 2000, el Sistema Penal Oral Acusatorio (Ley 906 de 2004), el Procedimiento Penal Especial Abreviado y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 de 2006).

• 49 Estos programas buscan satisfacer las necesidades en el mercado laboral, facilitando su vinculación y garantizando su productividad. En este eje estratégico, se busca fomentar la participación del sector privado.

• 50 Se busca fortalecer la capacidad técnica para las diferentes etapas de atención: educación, formación e inclusión laboral, salud, atención en el cumplimiento de sanciones, prácticas restaurativas, entre otros.

• 51 En ese sentido, véase la Convención Sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989); las reglas mínimas de la ONU para la administración de justicia de menores (Naciones Unidas, 1985); y la Observación General No. 10 relativa a los derechos del niño en la justicia de menores (Naciones Unidas, 2007).

• 52 Recoge propuesta del CNP respecto al tema.