Pacto por la Construcción de Paz

XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas 

La paz requiere de condiciones habilitantes y medidas de corto, mediano y largo plazo para garantizar su construcción.

“La paz se construye con legalidad y la legalidad se construye con seguridad y justicia.” Presidente Iván Duque, 2018.

Introducción

“La paz la tenemos que construir todos y para ello debemos tener claro la importancia de contar con una cultura de legalidad sustentada sobre la premisa esencial de que una sociedad donde la seguridad y la justicia van de la mano garantiza la aplicación de la ley, no habrá forma para que la violencia amenace las libertades individuales”.

(Duque, 2018a).

El Pacto por la Construcción de Paz encuentra su principal cimiento en la cultura de la legalidad, fruto de una esencial e indisoluble relación entre seguridad y justicia, que contrarreste los múltiples factores de ilegalidad, los cuales, alimentados por la violencia, impiden la sana convivencia entre los colombianos.

Se trata de la construcción de un país en el cual en todo su territorio se pueda, en el mediano plazo, gozar de un futuro en el que se inserte la cultura de la “legalidad, se promueva el emprendimiento y, al fin, exista equidad (Duque, 2018b).

El concepto de legalidad implica, principalmente, la rehabilitación del carácter ético de las instituciones político-jurídicas y de las prácticas ciudadanas. De ahí que se conciba el concepto legalidad como el respeto a la ley, a sus procedimientos y a los órganos e instituciones que la protegen. Se trata del fortalecimiento del imperio de la ley donde “el que la hace, la paga”. 

La ausencia de una cultura de la legalidad está determinada no solo por costumbres y comportamientos de los ciudadanos reflejados en la poca sanción social al infractor, el no rechazo al fraude social y la falta de autorregulación, sino también por el desconocimiento de los deberes sociales y legales básicos, acompañado de falsos imaginarios que encuentran a la violencia y a la criminalidad como instrumentos para tramitar las diferencias y los conflictos entre los ciudadanos.

Contracultura de la ilegalidad

En este contexto, se hace necesario enfrentar la “contracultura de la ilegalidad”. De ahí la propuesta de reforma constitucional, en la que el narcotráfico y el secuestro no serán reconocidos como delitos conexos al delito político y que, además, no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover u ocultar ninguna causa. Son condiciones, elementos necesarios para una construcción de paz.

A partir de los elementos mencionados, la construcción de paz en Colombia se fundamenta en cinco elementos o factores relacionados entre sí: (1) el imperio de la ley: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos; (2) la seguridad y orden para la libertad: fuerza  pública, compromiso ciudadano y tecnología para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos; (3) la participación: promoción del diálogo social y la inclusión democrática para la equidad; (4) las acciones efectivas para la política de estabilización: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad; y (5) la atención y reparación a las víctimas.

Los primeros tres elementos mencionados se expusieron previamente en este Plan Nacional de Desarrollo en el Pacto por la Legalidad, mientras que los dos restantes tienen desarrollo en este apartado. La gráfica XI-1 muestra los pilares de la construcción de paz.

Con el fin de contextualizar al lector, se describen a continuación brevemente los primeros tres pilares de la construcción de paz (desarrollados previamente en Pacto por la Legalidad):

Imperio de la ley: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos 

La construcción de la paz por todos y para todos los colombianos, se basa en la cultura de legalidad que tiene como premisa esencial que la seguridad y la justicia van de la mano para garantizar el respeto y la aplicación de la ley. Así mismo, la cultura de la legalidad implica que se enfrentarán todas las formas de ilegalidad, criminalidad y de violencia que amenazan las libertades individuales de los colombianos.

En este sentido, la construcción de un Pacto por la Paz se basada en el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la legalidad que privilegie el acceso a la justicia y garantice la seguridad de todos los ciudadanos, a partir de las condiciones propias de cada región y propiciando la actuación articulada de los operadores y administradores de justicia, así como impulsando el uso de los métodos de resolución de conflictos.

El país enfrenta hoy grandes retos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Para enfrentarlos se desarrollará una serie de estrategias con base en la cultura de la legalidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo de cátedras cívicas y la implementación de programas orientados a la construcción de convivencia en el territorio.

En consecuencia, el Gobierno nacional a través del Pacto por la Legalidad llevará a cabo acciones para fortalecer la institucionalidad que permita a la sociedad recurrir al diálogo social mediante la aplicación de los métodos de resolución de conflictos para el ejercicio de las libertades individuales y colectivas; al igual que el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer las autoridades de policía en el escenario de seguridad y convivencia ciudadana.

Seguridad y orden para la libertad: fuerza pública, compromiso ciudadano y tecnología para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos

Colombia ha logrado importantes avances para la consolidación de condiciones de seguridad y paz en el territorio nacional. Sin embargo, la criminalidad, el desarrollo de finanzas criminales, las economías ilícitas, el lavado de activos, el crimen transnacional y la vulnerabilidad en las fronteras siguen constituyéndose como los principales flagelos que afectan la vigencia de la ley, el desarrollo, la defensa, la seguridad, la justicia y la democracia.

Por ello, se requiere que el país transite gradualmente hacia la definición de un conjunto de políticas de Estado a partir de elementos prácticos de consolidación de la presencia institucional y su extensión hacia los territorios con vacíos de autoridad; que respondan a las realidades locales para enfrentar las distintas amenazas desde perspectivas integrales; que vinculen el control institucional, la recuperación y la estabilización de los territorios afectados, junto a la reducción de la vulnerabilidad social a partir de la acción conjunta y unificada del Estado. Por lo anterior, es fundamental garantizar la vida de las personas, colectivos, comunidades y familias que, a través de la construcción del tejido social y la defensa de los derechos de las comunidades y sus territorios, contribuyen activamente a la construcción de la paz.

Esto implica, entre otros, el fortalecimiento de las estrategias de prevención en el marco del Plan de Acción Oportuna de prevención y protección para estas poblaciones, y también del fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, de acuerdo con lo establecido en el Pacto por la Legalidad.

Participación: promoción del diálogo social y la inclusión democrática para la equidad

Es imperativo lograr que la divergencia sea un motor de cambio y de desarrollo para la equidad del país; además, se propiciarán espacios de diálogo y de participación entre distintos actores para tramitar, por medio de los canales institucionales, las diferencias intrínsecas a la vida en sociedad.Lo anterior, con miras a evitar las acciones que propicia la violencia.

Así, en el marco de lo establecido en el Pacto por la Legalidad, el Gobierno nacional promoverá la gestión de las diferencias a través de un diálogo social constructivo y democrático, consolidando la participación ciudadana como un elemento fundamental para evitar la violencia y utilizando herramientas que permitan hacer seguimiento a los compromisos suscritos.

Es importante recordar que la construcción de paz es un derecho, un deber y uno de los mayores anhelos de la sociedad colombiana y, para que esta se logre, debemos ser conscientes de que se requiere una sociedad donde la violencia no amenace las libertades de las personas, en la que exista legalidad y donde en efecto se pueda ejercer la libertad de expresión.

Para esto debemos ser capaces de lograr una mayor inclusión de la población que se ha visto afectada por la violencia en el pasado, de alcanzar mejores condiciones de desarrollo en nuestros territorios – en particular en aquellos que han sido más afectados por la violencia – y, al mismo tiempo, de crear las condiciones institucionales que permitan una mayor articulación entre las entidades del sector público, a fin de lograr una construcción de paz. Desde luego, todo ello debe ir aunado a las acciones orientadas a promover la convivencia y el diálogo social de las conflictividades sociales, como se mencionó anteriormente.

(Lea También: Acciones Efectivas para la Política de Estabilización)

En este camino de la Construcción de Paz

La estabilización definitiva del territorio se hace imperioso. Es necesario corregir las fallas estructurales que se han hecho evidentes en las implementaciones, para que las víctimas de Colombia cuenten con que habrá verdadera reparación moral, reparación material, reparación económica por parte de sus victimarios y que nunca, ¡nunca! Serán agredidas por la impunidad “(Duque, 2018ª).

Este proceso se realiza, por supuesto, respetando y reconociendo las políticas de derechos humanos y las inclusivas de género y étnico, en estrecha coordinación con las políticas de seguridad, de lucha contra las drogas ilícitas, de la defensa de la vida de todos los colombianos y de la protección de la integridad de los líderes políticos y sociales, así como de nuestros periodistas.

Para la construcción de paz se requiere generar una cultura de legalidad que se sustente “sobre la premisa esencial de que una sociedad donde la seguridad y la justicia van de la mano garantiza la aplicación de la ley, no habrá forma para que la violencia amenace las libertades individuales”.

(Duque, 2018ª). En ese entendido, cualquier iniciativa de adelantar diálogos y negociaciones para alcanzar acuerdos con Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos, siempre en el marco de la cultura de la legalidad, dentro del cual, cualquier uso de la violencia como mecanismo de presión e intimidación al Estado y a la sociedad, impedirá avanzar en una paz real y sostenible.

Este Pacto, aunado a los de la Legalidad, Emprendimiento y Equidad

Introduce acciones orientadas a crear las condiciones que permitan a Colombia se logre la consolidación de una cultura de la legalidad, basada en el cumplimiento de la Ley, la convivencia y la creación de oportunidades que promuevan el emprendimiento.

Todo ello permitirá acelerar el cambio social, la reducción de la pobreza y la reducción de disparidades sociales, trayendo de esta forma mayor igualdad de oportunidades en nuestra sociedad, a lo largo y ancho del territorio.

En este sentido, la convivencia se constituye en un necesario complemento a la cultura de la legalidad en la estructuración de la construcción de paz. Para tal efecto es necesario promover distintos ejercicios de diálogo social con comunidades campesinas, indígenas, Rrom, NARP y otras manifestaciones no solo de la diversidad sino también de la pluralidad étnica, social y cultural de Colombia. Se trata de optar por las herramientas comunicativas y por los recursos tanto jurídicos como políticos para tramitar las diferencias y las demandas

sociales, recurriendo al mecanismo del diálogo social, el cual se materializa, por ejemplo, en los “Talleres Construyendo País”, mediante los cuales el propio presidente y su gabinete de ministros tramitan directamente, en todas las regiones del país, los asuntos que podrían generar desencuentros y conflictos que terminarían afectando la convivencia, concebida como la paz cotidiana.

La construcción de paz en su componente de estabilización requiere, además, de tres frentes de trabajo particulares:

el primero enfocado en crear condiciones en los territorios afectados por la violencia

Para que el desarrollo social y el progreso económico fluya en ellos como la mejor arma para combatir las causas de la violencia y reducir la inequidad que recoge los elementos de la Política de Estabilización del presidente Duque, aspecto que se trata en la  primera línea de este pacto.

Un segundo frente, un Estado que cuente con instituciones e instrumentos que le permitan articular su acción de manera efectiva

Hacia las víctimas y la estabilización del territorio nacional. Esto, en especial, en aquellas regiones más afectadas por la violencia, aspectos que serán tratados en la segunda y terceras líneas de trabajo de este pacto: mayor coordinación y eficiencias del Estado para la estabilización e instrumentos y herramientas que orientan la inversión y el gasto eficiente para la estabilización.

El tercero, en pro de crear las condiciones

Para que las personas que han sido víctimas, cerca de nueve millones de colombianos, logren superar la condición de vulnerabilidad. Este frente llevará a construir confianza en las instituciones y en la reparación moral, material y económica para así contribuir a la lucha contra la impunidad y las garantías de no repetición, tema que será tratado en la cuarta línea de este capítulo: Reparación.

Finalmente, es importante recordar que la política de estabilización se enmarca según el mandato constitucional y la Sentencia C-630 del 11 de octubre de 2017 emanada de la Corte Constitucional.

Dado lo anterior, cabe mencionar que las obligaciones asumidas corresponden a “obligaciones de medio” y no de resultado, para cuyo cumplimiento el Gobierno nacional llevará a cabo los mejores esfuerzos para cumplir lo establecido en el Acuerdo Final, cuyo cumplimiento se rige por la condicionalidad y la integralidad de los compromisos plasmados en el mismo.

Los contenidos y finalidades serán cumplidas de buena fe, para lo cual, en el ámbito de sus competencias, el Gobierno nacional goza de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo convenido, bajo el principio de progresividad.