Biodiversidad y Riqueza Natural

B. Biodiversidad y Riqueza Natural: Activos Estratégicos de la Nación

Esta línea define acciones estratégicas para potencializar la conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible. Lo anterior permite apalancar oportunidades para desarrollar alternativas productivas económicas incluyentes y basadas en el capital natural, para que los habitantes del territorio nacional puedan producir conservando y conservar produciendo.

Actualmente, uno de los mayores problemas socioambientales del país es la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la subsecuente pérdida de biodiversidad. Evidencia de lo anterior, es que, en 2017, cerca de 219.000 hectáreas fueron deforestadas48; y en los últimos 20 años, el 17% del área de páramos del país se perdió (Ideam, MinAmbiente, 2018; WWF, 2017). Se tiene evidencia de que este problema es causado por la expansión desordenada de la frontera agrícola, el acaparamiento de tierras y las debilidades para ejercer control territorial, especialmente frente al aumento de actividades ilegales asociadas a la extracción y explotación ilícita de minerales, los cultivos de uso ilícito y la extracción ilícita de recursos forestales.

Expansión de la infraestructura

Del mismo modo, ocurre con la expansión de la infraestructura, la cual se encuentra desarticulada con la planeación estratégica del país en zonas no intervenidas, generando efectos indirectos que conducen a la transformación de las coberturas naturales.

Adicionalmente, este problema tiene causas subyacentes asociadas a factores políticos, normativos, tecnológicos, entre otros. Pero en especial, ligadas a la dificultad de brindar alternativas productivas sostenibles a la población, que permitan la convivencia entre las distintas formas de producción y el uso eficiente de la biodiversidad, del capital natural y la apropiación del territorio (Ideam, MinAmbiente, 2018).

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce la necesidad de avanzar en una agenda ambiental que consolide la biodiversidad como activo estratégico de la Nación, para que la conservación de este capital natural sea una oportunidad para la generación de riqueza y no fuente de conflictos en los territorios. Esta agenda conducirá a que la riqueza natural sea la base del desarrollo sostenible del país.

1.Diagnóstico

Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en biodiversidad por unidad de área49. El 52% de su territorio está cubierto por bosques50, alberga casi 3 millones de hectáreas con páramos, 22 millones en humedales, 710.000 de bosque seco y 299.000 de manglares (Bello et al, 2014), cuenta con 3.330 km de línea de costa y con 892.102 km2 de aguas jurisdiccionales con ecosistemas de alta biodiversidad (Invemar, 2018). Estas condiciones facilitarán convertir la biodiversidad en un activo estratégico de la Nación, que sustenta los modos de vida de la población y una parte significativa del aparato productivo del país, que brinda oportunidades para generar negocios incluyentes e innovadores basados en el capital natural.

Sin embargo, la deforestación y la degradación de los ecosistemas ha aumentado en los últimos años, generando pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, además de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). La transformación de ecosistemas ha incrementado los conflictos socioambientales en el territorio, especialmente en regiones con áreas ambientales estratégicas, dejando en evidencia debilidades y grandes retos de coordinación y de ejecución de recursos destinados por parte del Estado.

a. Deforestación y degradación de ecosistemas

Entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de hectáreas de bosque y en los dos últimos años se deforestaron 178 mil y 219 mil hectáreas51 adicionales, respectivamente (gráfica IV-2 y mapa IV-1). La mayor pérdida de ecosistemas boscosos se presentó en la Amazonía, el Pacífico y los Andes, territorios con suelos de aptitud forestal y vocación de protección, en donde se ha identificado la necesidad de priorizar acciones del Estado para ejercer control territorial y llevar a cabo inversiones para su desarrollo social y económico. Lo anterior se ve limitado ante la ausencia de información oficial predial y de tenencia de la tierra (Ideam, MinAmbiente, 2018).

Varios factores explican el aumento en la deforestación, pero existe consenso en cuanto a que la apropiación de tierras y la expansión de la frontera agrícola son las principales causantes de la transformación de los ecosistemas. Es así como, entre 2005 y 2012, el 50% del área deforestada se transformó a pastizales, gran parte destinados a ganadería.

Otro factor es la debilidad en el control de actividades especialmente asociadas a la extracción ilícita de minerales52, cultivos de uso ilícito53, tráfico de fauna y flora y acaparamiento de tierras. Adicionalmente, la ampliación de la infraestructura para transporte, minería e hidrocarburos desarticulada de la planeación estratégica del país es otro factor que genera indirectamente la colonización y migración de la población hacia zonas de alta biodiversidad, así como los incendios forestales, que, en muchos casos, se producen para facilitar la colonización y acaparar tierras (Ideam, MinAmbiente, 2018).

Aunque las anteriores dinámicas se presentan a lo largo del territorio nacional

Se identifica que en los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)54, estos fenómenos son alarmantes. El 25% de su área presenta conflictos por uso del suelo y en 2017 concentraron el 84% de la deforestación nacional. No obstante, aún mantienen un importante capital natural por conservar, ya que tienen el 40% del área de bosque del país y albergan el 23% del territorio protegido con áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) (DNP, 2016).

La transformación de otros ecosistemas estratégicos también resulta preocupante. Se estima que en 20 años se perdió el 17% del área de páramos, con el agravante que estos abastecen el 70% del agua que consume la población colombiana. Lo mismo ocurre con el bosque seco, del cual solo se mantienen 720.000 hectáreas de los 9 millones que existían, y con los manglares, cuya pérdida ha conllevado a desproteger las costas, aumentando su vulnerabilidad a eventos climáticos, a la erosión y a la disminución en el número de especies y poblaciones de las que dependen las comunidades. De igual manera, se ha perdido el 35% de los humedales en los últimos 30 años por actividades extractivas y por la expansión desordenada de la frontera agrícola y urbana (WWF, 2017).

En el caso de los ecosistemas marinos, el aprovechamiento inadecuado y la contaminación han diezmado su biodiversidad y los recursos pesqueros, con especial afectación de los arrecifes de coral55 (Invemar, 2018).

Los anteriores problemas han tenido lugar a pesar de los compromisos internacionales

Establecidos por el país para reducir la deforestación56 y de las políticas ambientales que se han formulado para gestionar la biodiversidad, las áreas protegidas, los bosques, el recurso hídrico y el cambio climático57, que ahora exigen enfatizar y articular los esfuerzos para su implementación efectiva. De manera análoga, el Estado ha hecho énfasis a través de normas58, políticas59 y acuerdos internacionales60 de la necesidad de realizar una gestión integral hacia territorios con áreas ambientales estratégicas, por lo que se requiere materializar esfuerzos coordinados e integrales que fomenten el uso sostenible del capital natural.

Gran parte del capital natural se encuentra representado en las áreas que conforman el Sinap61. Esto significa un reto para el país, que tiene que gestionar la conservación de 31 millones de hectáreas. Sin embargo, en 2017 se identificaron 8.359 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 17 parques nacionales naturales. Cerca de 25.000 familias habitaban allí, muchas en condiciones de vulnerabilidad, con mayor concentración en los parques nacionales Tinigua, Macarena y Farallones (PNN, 2018).

Ahora bien, con el fin de superar los desafíos y dinamizar las oportunidades que representa el uso sostenible de la biodiversidad, se requiere la implementación integral de políticas públicas que partan de la premisa de producir conservando y conservar produciendo. Para lo anterior, los incentivos a la conservación y los pagos por servicios ambientales (PSA) surgen como mecanismos para reconocer las acciones de conservación, y la bioeconomía, la economía forestal, el turismo sostenible y los negocios verdes, como alternativas productivas que permiten el uso sostenible del capital natural. Así mismo, este esfuerzo requiere el fortalecimiento de la educación ambiental, la apropiación social de los territorios y de la cultura ciudadana sostenible.

b. Incentivos a la conservación y pago por servicios ambientales

Si bien existen políticas que reconocen las acciones de conservación mediante los PSA, actualmente solo en 65.000 hectáreas se emplea este mecanismo62, debido a restricciones financieras que han limitado la asistencia técnica a entidades territoriales para estructurar proyectos y para monitorear los efectos de su ejecución. Así mismo, para la gestión de las causas de la deforestación y degradación de ecosistemas, se requiere generar nuevos modelos de incentivos financieros y económicos que consoliden alternativas productivas sostenibles y un mantenimiento de las áreas ambientales estratégicas de la Nación. Estos se convierten en factores de diferenciación en mercados y en motores para el desarrollo local y regional.

c. Productos y servicios basados en el uso de la biodiversidad

Para consolidar la biodiversidad como un activo estratégico de la Nación, es necesario impulsar actividades económicas que hagan un uso sostenible del capital natural. Una de estas actividades es la bioeconomía63, que busca generar valor tecnológico a partir de recursos biológicos, genéticos y sus derivados, desarrollando nuevas cadenas de valor que contribuyan a la diversificación de la oferta exportadora del país. A la fecha solo existen 305 empresas colombianas consolidadas para desarrollar productos bioinnovadores (Biontropic, EAFIT y SILO, 2017), y de los 264 contratos de acceso a recursos genéticos, solo 10 tienen una finalidad comercial.  

Por su parte, los negocios verdes64 diversifican la economía nacional y generan oportunidades de empleo, potenciando las ventajas comparativas y competitivas de las regiones. Se estima que en el 2017, los 423 negocios verdes verificados por la autoridad ambiental generaron alrededor de 118 mil millones de pesos y 6.000 empleos. Consolidar su potencial requiere instrumentos de financiamiento, formación técnica y tecnológica, apalancamiento comercial e inclusión en cadenas de valor (MinAmbiente, 2018a).

En el caso de la economía forestal, el reto es similar al anterior y se requiere fomentar su desarrollo integral y sostenible para que sea una fuente de riqueza en los territorios.

A pesar de que Colombia tiene 7,5 millones de hectáreas con aptitud alta para plantaciones forestales con fines comerciales, solo se utilizan 450.000 hectáreas (UPRA, 2018), con un aporte al PIB, en 2017, del 0,79% (DANE, 2018b), mientras que en Chile su aporte fue del 2,3% (Banco Central de Chile, 2017)65.

Además, Colombia cuenta con potencial para el desarrollo del turismo sostenible66, cuya evidencia fue el aumento en un 70% del número de visitantes a las áreas protegidas entre 2015 y 2017. Lo anterior, ratifica un incremento del reconocimiento de la población sobre la importancia de las áreas protegidas y, por lo tanto, grandes retos para coordinar las acciones del Estado en la producción de bienes y servicios de este tipo, especialmente en términos de capacitación, conectividad, infraestructura sostenible y capacidad de carga (PNN, 2017).

2. Objetivos y estrategias

a. Objetivos

Con el propósito de conservar la biodiversidad y la riqueza natural del país y posicionarla como un activo estratégico de la Nación, se establecen los siguientes objetivos:

• 1) implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación;
• 2) realizar intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas y para las comunidades que las habitan;
• 3) generar incentivos a la conservación y pagos por servicios ambientales para promover el mantenimiento del capital natural; y
• 4) consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad.

(Lea También: Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático)

b. Estrategias:

1) Objetivo 1. Implementar estrategias transectoriales para controlar la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su degradación

La deforestación constituye uno de los mayores retos que enfrenta Colombia, de allí que sea priorizada su atención, sin dejar de lado la necesidad de prevenir la degradación y fomentar la conservación de los ecosistemas. Frente a esto, se implementarán tres grupos de intervenciones que buscan articular las acciones del Estado.

a) Ejercer control territorial 

Para contrarrestar el accionar ilegal e informal alrededor de los bosques y otros ecosistemas, de manera articulada con el Pacto por la Legalidad; línea B. Seguridad y orden para la libertad, se propone:

• El Gobierno nacional conformará el Consejo Nacional de Lucha contra los Crímenes Ambientales y la Deforestación67 a través del cual se orienten y desarrollen acciones de control y vigilancia y se adopte el Protocolo Interinstitucional de Lucha contra la Deforestación68, así como protocolos específicos para el accionar coordinado respecto a otros crímenes ambientales. Especial atención se dará a inhabilitar accesos terrestres y aéreos ilegales, combatir los cultivos de uso ilícito y la extracción ilícita de minerales, así como luchar contra el acaparamiento de tierras y el aprovechamiento ilícito de fauna y flora. Finalmente, con MinJusticia, se avanzará en el desarrollo de normas y procedimientos que faciliten la judicialización de los grupos ilegales responsables de la deforestación.

• MinAmbiente y el DNP formularán una política pública que permita reducir la deforestación y degradación de los bosques, que atienda sus causas directas y subyacentes, reconozca las dinámicas particulares de las regiones (con prioridad en los núcleos de alta deforestación-NAD-) y se armonice con el plan de acción del Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC). Así mismo, se deberá incluir mecanismos de monitoreo y seguimiento de la gestión sectorial, especialmente frente al rol de la fuerza pública. Con este fin, se configurará la Fuerza de Reacción Integral Ambiental (FRIA).

• MinAmbiente y MinAgricultura, con apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), ajustarán y modernizarán los sistemas de información, salvoconductos y autorizaciones, entre otros instrumentos, para facilitar a las autoridades el control efectivo de la cadena comercial forestal.

• MinDefensa y MinAmbiente desarrollarán una estrategia que contenga los arreglos institucionales requeridos para apoyar las acciones necesarias para prevenir y combatir las dinámicas ilegales que afectan los ecosistemas, especialmente las asociadas a cultivos de uso ilícito, tráfico de madera, especies y pesca ilícita, entre otras, en áreas prioritarias de conservación de la biodiversidad.

b) Gestión transectorial 

Se busca generar herramientas para que los sectores productivos y sociedad civil sean agentes activos en el control de la deforestación y la prevención de la degradación de los ecosistemas, para lo cual:

• MinAgricultura, con el apoyo del DNP, las autoridades ambientales y las entidades territoriales, implementará una estrategia que materialice el cierre y estabilización de la frontera agrícola69, que utilice los insumos del Plan Nacional de Zonificación Ambiental que MinAmbiente formule70, que incorpore acciones de reconversión y sustitución de actividades, y defina los lineamientos para la creación y adopción de regímenes de transición para la resolución de conflictos socioambientales en estas áreas con la participación de las comunidades. Lo anterior está articulado con lo propuesto en el Pacto por el Emprendimiento; línea E. Campo con progreso.

• MinAmbiente y MinAgricultura implementarán Acuerdos Cero Deforestación71 con actores de las cadenas de valor de lácteos, carne, madera, cacao y palma de aceite, para diferenciar la producción nacional en el mercado internacional con mecanismos de trazabilidad.

• MinTransporte, con el apoyo de MinAmbiente y entidades territoriales, incorporarán criterios para reducir la deforestación y degradación de ecosistemas en la implementación de los Planes Maestros de Transporte Intermodal, los Planes Viales Departamentales y el Plan Nacional de Vías para la Integración Regional.

• El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)72 priorizará los territorios afectados por deforestación en la implementación del sistema catastral multipropósito. Por su parte, MinAgricultura, el IGAC, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), priorizarán la aplicación del registro inmobiliario de bienes baldíos en estas áreas, evitando su ocupación indebida y el acaparamiento de tierras. Lo anterior se realizará en el marco de lo establecido en el Pacto por el Emprendimiento; línea E. Campo con progreso.

• MinAmbiente desarrollará evaluaciones ambientales estratégicas regionales en zonas de alta deforestación, con el fin de analizar los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos por deforestación y degradación de ecosistemas, así como las medidas para su gestión.

c) Conservación de ecosistemas73 

Para conservar, recuperar y promover el uso sostenible en ecosistemas transformados:

• MinAmbiente, con apoyo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ajustará de manera estructural el marco regulatorio de las inversiones ambientales obligatorias, particularmente la inversión forzosa del 1%74 y las compensaciones. Así mismo, se desarrollarán criterios y mecanismos para que la ANLA y las autoridades ambientales hagan un efectivo seguimiento y garanticen su cumplimiento, en especial en el sector minero energético.

• MinAmbiente y MinAgricultura, con apoyo de las autoridades ambientales y la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), desarrollará la Estrategia Nacional de Restauración, implementando portafolios regionales de restauración de manera articulada con mecanismos como los PSA, los negocios verdes y las inversiones obligatorias, y promoviendo la restauración productiva en el marco de procesos de formalización, titulación y ordenamiento social de la propiedad. La estrategia deberá priorizar las áreas protegidas, cuencas y ríos estratégicos para el cierre de la frontera agrícola, áreas ambientales estratégicas como el río Atrato75 y territorios con altas tasas de deforestación. Así mismo, la estrategia deberá facilitar la consolidación de modelos de negocios y cadenas de valor, para el uso de la tierra de acuerdo a su vocación, a partir de la restauración de ecosistemas.

• MinAmbiente gestionará la implementación de plataformas colaborativas que permitan la articulación de las inversiones y acciones públicas y privadas alrededor de las cuencas, para la gestión integral del recurso hídrico.

• El Instituto Alexander von Humboldt evaluará el estado de la biodiversidad de Colombia, con el objetivo de conocer las tendencias de cambio y los umbrales de las principales transformaciones socioecológicas (agricultura, vivienda, minas y energía, y transporte) en territorios priorizados.
  
  
• MinAmbiente avanzará en la implementación del plan de acción nacional para la lucha contra la desertificación y la sequía en Colombia y del Plan Maestro de Erosión Costera.

2) Objetivo 2. Realizar intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas y para las comunidades que las habitan

Bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo, la implementación efectiva de las políticas públicas ambientales aportará a la gestión de los conflictos socioambientales y se materializará en oportunidades para mantener el capital natural.

Lo anterior exige intervenciones integrales y coordinadas entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, tanto en las áreas del Sinap como en otras áreas ambientales estratégicas.

a) Consolidar el Sinap 

Se busca avanzar en la conservación real y efectiva de las áreas protegidas, para lo cual:

• MinAmbiente y Parques Nacionales Naturales (PNN), en coordinación con el DNP, formularán una política pública que desarrolle la visión a 2030 para consolidar el Sinap. Se deberá enfatizar en el manejo efectivo76 de las áreas, la prevención y solución diferencial de conflictos relacionados con el uso, la ocupación y la tenencia de la tierra, garantizando, a partir de la armonización, los derechos constitucionales de las comunidades, y alineando los instrumentos de planificación del Sistema77. También se establecerán lineamientos para racionalizar la creación de nuevas áreas protegidas, priorizándolas con criterios de representatividad ecológica, y se avanzará en el reconocimiento de las estrategias complementarias de conservación.

• MinAmbiente y PNN implementarán coordinadamente el programa Herencia Colombia, para asegurar a largo plazo la capacidad y sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y otras estrategias de conservación. Se dará especial atención a la Orinoquía, al Macizo Colombiano, a la serranía de San Lucas y a los esfuerzos de conservación in situ por parte de privados y comunitarios.

• MinAmbiente, con el concurso de MinInterior, MinAgricultura, MinMinas, PNN y el DNP, elaborarán una agenda intersectorial con mecanismos de seguimiento, para la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas para el uso sostenible78, y la ejecución de las acciones que permitan gestionar los problemas de acceso a tierra y a instrumentos de desarrollo rural.

b) Intervenciones integrales en áreas ambientales estratégicas 

Para facilitar la coordinación e intervención eficiente en estos territorios, en su mayoría con normatividad especial, políticas y acuerdos internacionales:

• MinAmbiente avanzará en la reglamentación de la Ley 1930 de 201879. Desde el DNP y con apoyo de MinAmbiente, MinAgricultura, MinMinas, MinCIT, entre otros, formularán una política pública para la intervención integral de los complejos de páramo, que cuente con la participación de las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las comunidades80. Así mismo, MinAgricultura implementará un programa de ordenamiento productivo y desarrollo de actividades sostenibles en páramos, que reduzca los impactos ambientales y que incluya procesos de reconversión con énfasis en los cultivos de cebolla, papa y producción de leche, entre otros. Los procesos de reconversión serán complementados con esfuerzos de otros sectores y estarán acordes con la visión de desarrollo regional.

• MinAmbiente y MinAgricultura establecerán arreglos institucionales a través de los cuales se gestionen los problemas de acceso a la tierra de la población campesina en áreas ambientales estratégicas, que permitan otorgar derechos de uso y/o propiedad, a partir de la titulación o la formalización, con acuerdos e incentivos a la conservación.

• El DNP gestionará la inclusión de acciones e inversiones nacionales y territoriales en los contratos plan, para la intervención integral de las áreas ambientales estratégicas, con especial atención en humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención de Ramsar como la Ciénaga Grande de Santa Marta y reservas de la biósfera. Frente a los humedales Ramsar, MinAmbiente desarrollará los mecanismos que garanticen la efectiva implementación de los planes de manejo ambiental, en los que se involucren los actores requeridos para garantizar su uso sostenible.

• El DNP y MinAmbiente, con apoyo de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada Nacional (ARC), construirán modelos de desarrollo regional sostenible que promuevan los océanos como activos estratégicos de la Nación y modelos de financiamiento innovadores que apalanquen su conservación e investigación.

• El DNP promoverá la inversión de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en proyectos que fomenten alternativas productivas sostenibles en áreas ambientales estratégicas, garantizando su articulación con estrategias de conservación y de desarrollo rural sostenible.

3) Objetivo 3. Generar incentivos a la conservación y pagos por servicios ambientales para promover el mantenimiento del capital natural

Los incentivos económicos, financieros y fiscales a la conservación y los PSA, son mecanismos innovadores para reconocer los esfuerzos de conservación de las comunidades, y para motivar a actores públicos, privados y a la sociedad civil a producir conservando y conservar produciendo, manteniendo el capital natural y generando oportunidades para su uso sostenible. En este sentido, se plantean dos intervenciones.

a) Desarrollo de incentivos a la conservación 

Para que los territorios y sus comunidades encuentren en la conservación de la biodiversidad una actividad sostenible:

• El DNP y MinAmbiente, con apoyo de MinHacienda, crearán un esquema de compensaciones e incentivos para municipios que cuenten con áreas protegidas nacionales y regionales. Además, se establecerán mecanismos que faciliten la transferencia de recursos intermunicipales para la conservación de las áreas abastecedoras de acueductos y se incluirá a los municipios del Macizo81 en la distribución de las asignaciones especiales del Sistema General de Participaciones (SGP).

• MinAmbiente, con apoyo del DNP y MinCIT, diseñarán las bases técnicas y operativas de un incentivo para el emprendimiento y diversificación de economías locales a través de negocios verdes; y con MinAgricultura, un programa de incentivos para la reconversión y sustitución de actividades agropecuarias, que se complementará con los PSA.

• MinAmbiente, MinAgricultura, el DNP y MinHacienda reformarán el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de Conservación y el CIF de Plantaciones Forestales Comerciales, asignándoles recursos y garantizando su sostenibilidad financiera, además de potenciar su aplicabilidad en los territorios, de acuerdo con su vocación y aptitud.

b) Fortalecimiento del Programa Nacional de PSA 

De manera articulada con el Pacto por la Construcción de Paz; línea A. Acciones efectivas para la política de estabilización, se busca estimular a través de los PSA, la conservación, preservación y restauración de los ecosistemas, y promover el desarrollo productivo sostenible, para lo cual:

• MinAmbiente, con apoyo del DNP, implementarán el programa nacional de PSA82, el cual priorizará la construcción de una estrategia de divulgación, capacitación y asistencia técnica para que los departamentos desarrollen portafolios de proyectos de PSA orientados a las áreas ambientales estratégicas, zonas de frontera agrícola y zonas de reserva campesina. Los portafolios de proyectos serán consolidados anualmente por MinAmbiente y el DNP, y podrán ser financiados con recursos definidos por la ley, con el impuesto al carbono, con los instrumentos de financiamiento del sector agropecuario, con las inversiones ambientales de los prestadores de servicios públicos, y con las inversiones del sector privado.

4) Objetivo 4. Consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad

El capital natural del país tiene grandes potencialidades para el desarrollo de alternativas productivas basadas en el uso sostenible, tanto para la industria como para las comunidades locales. En este sentido, y articuladamente con el Pacto por el Emprendimiento; línea B. Transformación empresarial; y el Pacto por la Construcción de Paz; línea A. Acciones efectivas para la política de estabilización, se proponen acciones para:

a) Impulso de la bioeconomía 

Para la aplicación comercial de la riqueza natural del país, es necesario, articuladamente con el Pacto por el Emprendimiento; línea B. Transformación empresarial, y con el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; línea B. Más ciencia, más futuro y línea C.

Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social, avanzar en lo siguiente:

• MinCIT apoyará el desarrollo empresarial en bioeconomía, a través de los programas e instrumentos de desarrollo empresarial técnicos y financieros.
• El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), con el concurso de los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (Sina), implementará el programa Colombia Bio83 y realizará al menos, 25 expediciones continentales y marinas con fines de bioprospección.
• MinAmbiente, MinCIT y Colciencias construirán un portafolio nacional de bioproductos que permita el escalamiento comercial y la identificación de oportunidades de inversión.
• MinAmbiente, con el apoyo de los Institutos de Investigación del Sina, la academia y las autoridades ambientales, generará nuevos registros de especímenes en el Global Biodiversity Information Facility (GBIF), a través del Sistema de Información de la Biodiversidad de Colombia (SiB).
• El DANE fortalecerá los procesos para la generación y sistematización de información estadística sobre bioeconomía, constituyendo una cuenta satélite para este fin.

b) Fomento y fortalecimiento de negocios verdes y sostenibles 

Para consolidar estas alternativas productivas y sus emprendimientos verdes:

• MinAmbiente desarrollará una estrategia de articulación interinstitucional que contenga el diseño de mecanismos normativos, técnicos y financieros para consolidar las cadenas de valor para los negocios verdes verificados por la autoridad ambiental.
  
  De igual manera, con MinCIT, se consolidarán los espacios para su comercialización, los mecanismos de diferenciación y encadenamiento productivo, y se posicionará el comercio de especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), fortaleciendo aquellos negocios con mayor valor agregado.

• MinAmbiente, MinAgricultura y MinCIT implementarán una estrategia para el encadenamiento productivo de los negocios verdes, especialmente en áreas ambientales estratégicas de uso sostenible, con énfasis en aquellos emprendimientos verdes regionales verificados por la autoridad ambiental.

c) Impulso a la economía forestal 

Para aprovechar las oportunidades con las que cuenta el país en este campo, articuladamente con el Pacto por el Emprendimiento; línea E. Campo con progreso, MinAmbiente y MinAgricultura deberán:

• Con apoyo de MinCIT, realizar los ajustes institucionales y normativos para el desarrollo de la economía forestal, la consolidación de mecanismos financieros y el fomento de empresas forestales sostenibles, que involucren esquemas de aprovechamiento comunitario de los bosques, tecnificación de plantaciones con especies nativas y encadenamientos productivos.

• Desarrollar la agenda de investigación forestal, con apoyo de Colciencias, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), de centros de investigación, de universidades y de organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales. En esta, se incluirá un programa de forestería comunitaria, portafolios de proyectos con iniciativas interregionales y locales, y la promoción de sus usos tecnológicos y biotecnológicos para generar mercados de bienes y servicios de alto valor agregado. Además, se formularán e implementarán diez planes de negocios forestales sostenibles y restauraciones masivas con participación del sector privado y público, y de la sociedad civil.
• Construir una estrategia para garantizar la integralidad de la cadena de valor productiva de la madera legal y sus manufacturas en el marco del Pacto Intersectorial por la Madera Legal.

d) Turismo sostenible 

El turismo sostenible se reconoce como una alternativa productiva que permite convertir la biodiversidad en un activo estratégico de la Nación y, por lo tanto, para impulsar esta actividad como motor de desarrollo regional sostenible84, en el marco del Plan Sectorial de Turismo, MinCIT: • Promoverá el turismo de forma responsable y sostenible, a través de programas de sensibilización, educación y cultura turística, estímulos y trabajo interinstitucional a nivel nacional y territorial.

• Con apoyo de MinAmbiente, desarrollará productos turísticos diferenciadores y de alto valor, entre los cuales se priorizan el turismo de naturaleza, aventura y el ecoturismo.

• Desarrollará estrategias para la atracción de la inversión y el fomento a la consolidación de planta e infraestructura turística sostenible de talla mundial y conectividad regional.

• Mejorará el ambiente de negocios, mediante la promoción de certificaciones de calidad y sostenibilidad para prestadores y destinos turísticos.

• Desarrollará programas para fortalecer las competencias técnicas de prestadores turísticos y demás actores vinculados al turismo, incluyendo de forma transversal la formación en patrimonio natural y cultural, así como en desarrollo sostenible del turismo.

• Desarrollará una estrategia nacional de turismo sostenible con apoyo de MinAmbiente, con énfasis en territorios con atractivos naturales y culturales emblemáticos de la Nación, para promover la concientización ambiental a los visitantes, la generación de oportunidades productivas y de formación local, así como alianzas empresariales y de gestión privada.

3. Metas

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• 48 El 5,6% de la deforestación se registró en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

• 49 62.829 especies registradas en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), de las cuales solo se ha catalogado el 15% (SiB, 2017; DNP, 2018)

• 50 La Amazonía y el Pacífico albergan el 76% de los bosques del país. El 46,1% de la superficie boscosa se encuentra en resguardos indígenas y el 7,3% en territorios de comunidades negras.

• 51 Según el Ideam, el 54% de la deforestación ocurrida entre 2014 y 2015 ocurrió en 76 municipios (Gonzales et al, 2016)

• 52 A esta actividad se le atribuye el 7% de la deforestación total en el 2015, con mayor concentración en Antioquia (33%) y Chocó (46%) (Gonzales et al, 2016)

• 53 Entre 2005 y 2014, los cultivos de uso ilícito fueron la causa de deforestación de 17.562 hectáreas, impacto concentrado en Norte de Santander, Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo (Gonzales et al, 2016).

• 54 El Decreto 893 de 2017 definió 170 municipios en donde se implementarán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Por su parte, en el Pacto por la Construcción de Paz, se resalta la importancia de focalizar estrategias para reducir la deforestación y degradación de ecosistemas.

• 55 Su conservación se encuentra enmarcada en una de las Metas de Aichi, a través de la cual se busca la reducción de las presiones antropógenas y la vulnerabilidad ante el cambio climático y la acidificación de los océanos.

• 56 Colombia se comprometió a reducir a cero la deforestación neta a 2030, aumentar el patrimonio de áreas terrestres protegidas a 17% y marinas a 10%; y, con la Declaración Conjunta de Intención, se espera recibir hasta USD 300 millones de Noruega, Alemania, Reino Unido e Irlanda del Norte.

• 57 Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PGIRH), Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB), Plan Nacional de Restauración, Política Nacional de Cambio Climático, Política de Gestión Ambiental Urbana, Visión Amazonía, Programa Colombia Bio y Programas Regionales de Negocios Verdes.

• 58 La Ley 1930 de 2018 estableció como ecosistemas estratégicos los páramos y fijó directrices para propender por su integralidad, preservación, restauración, uso sostenible y generación de conocimiento.

• 59 Sentencias sobre Amazonía, páramo de Pisba y río Atrato, normatividad especial para el Chocó, Sierra Nevada de Santa Marta, Documento CONPES 3915 Lineamientos de política y estrategias para el desarrollo regional sostenible del Macizo Colombiano.

• 60 Acuerdos internacionales de ecosistemas RAMSAR, reservas de la biosfera y patrimonios naturales de la humanidad.

• 61 17,7 millones de hectáreas en el área continental y 12,7 millones de hectáreas en el área marina a 2018.

• 62 Su implementación se enmarca en el CONPES 3886 Lineamientos de política y programa nacional de pago por servicios ambientales para la construcción de paz (DNP, 2017), el Decreto Ley 870 de 2017 y el Decreto 1007 de 2018.

• 63 Entendida como la economía que gestiona eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa, para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado, basados en el conocimiento y la innovación (Biontropic, EAFIT y SILO, 2017).

• 64 Actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos e incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida.

• 65 El área potencial de Chile es de 2,9 millones de hectáreas.

• 66 En 2017, Colombia alcanzó el puesto 50 entre los países más visitados mundialmente y el puesto 6 a nivel latinoamericano (Procolombia, 2018), tras un aumento del turismo del 14,3% entre 2016 y 2017.

• 67 Modificación de la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación (CICOD); Decreto 1257 de 2017.

• 68 A partir de la información generada por el Ideam, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el aparato judicial se implementarán procedimientos administrativos, penales y agrarios cuando haya lugar y se coordinarán los procesos postoperativos.

• 69 Resolución 261 de 2018 de MinAgricultura.

• 70 MinAmbiente ha generado unas bases para su formulación e implementación.

• 71 Acuerdos que se establecen estratégicamente con eslabones de cadenas productivas que ejercen liderazgo en la transformación del resto de la cadena.

• 72 Acción del CONPES 3859: Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano.

• 73 Implica el conocimiento, uso sostenible, restauración y preservación. La restauración incluye la rehabilitación, recuperación y restauración ecológica.

• 74 Se refiere a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 que indica que todo proyecto que requiera licencia ambiental y que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad, deberá destinar no menos del 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación, conservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica.

• 75 Se encuentra alineado a las recomendaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con la recuperación del río Atrato.

• 76 Definida como el conjunto de acciones que permiten cumplir satisfactoriamente la función para la cual fue creada el área protegida (Cifuentes et al , 2000).

• 77 Se encuentra alineado a las recomendaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con la resolución de los conflictos de uso y tenencia de la tierra dentro del Sinap.

• 78 Distritos de manejo integrado nacionales, distritos de conservación de suelos y áreas de recreación. Cuatro distritos de manejo integrado nacionales del país ocupan el 31% del territorio protegido, tres de los cuales son marinos, costeros e insulares y abarcan 8,8 millones de hectáreas.

• 79 Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia.

• 80 En la formulación de esta política se reconocerán las experiencias e iniciativas locales en donde la comunidad participa activamente en la protección de los páramos.

• 81 Lineamientos establecidos en el Documento CONPES 3915: Lineamientos de política y estrategias para el desarrollo regional sostenible del macizo colombiano.

• 82 El Documento CONPES 3886 estableció los lineamientos de política para la implementación de los PSA y el Decreto Ley 870 de 2017 estableció las directrices para su aplicación. Base fundamental para su implementación, es la creación de una unidad técnica de PSA al interior de MinAmbiente, para el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de PSA.

• 83 Está acción estará articulada a las iniciativas de Expedición 4.0 y Biodiverciudad, incluidas en el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

• 84 Se encuentra alineado a las recomendaciones del Consejo Nacional de Planeación relacionadas con la gestión de los territorios a través del turismo sostenible.