Dignidad y Felicidad para todos los Adultos Mayores

H.

Buena parte del progreso del país se refleja en el grado de bienestar de las personas que se encuentran en la última etapa de su vida. El que los adultos mayores accedan a los servicios y bienes para enfrentar sus situaciones o necesidades particulares. Significa un gran logro de inclusión social y productiva, obtenido gracias a los esfuerzos realizados en varios periodos de la vida y por el accionar. Tanto del aparato estatal y de la economía como de la propia persona.

La disminución de las capacidades físicas y mentales de los adultos mayores los hace menos productivos. Frente a los grupos con mejores estados de salud y vigor. Lo cual conlleva a una mayor dependencia económica y a la falta de autonomía. También requieren de mayor atención y cuidado debido a su creciente dependencia funcional y propensión a las enfermedades. A la vez, representan un gran potencial de desarrollo.

Pueden aportar sus saberes y experiencias en diferentes campos de la sociedad: procesos productivos, divulgación cultural, protección de saberes ancestrales, espacios de educación y formación, convivencia pacífica, entre otros. Con base en principios de respeto, justicia y equidad.

El objetivo general de la política pública para la vejez será brindar oportunidades efectivas a los adultos mayores para que tengan una vida activa, saludable y con seguridad económica, tanto en las áreas rurales como urbanas. Para lograrlo se requieren acciones desde los campos de la salud, la educación/formación, la recreación, el deporte y el trabajo.

Igualmente, es necesario desarrollar una oferta de servicios de cuidado y mejorar aspectos institucionales. Tanto a nivel nacional como territorial. Concretar estas acciones permitirán que dicha política tenga realmente un enfoque de derechos humanos, de envejecimiento activo y de inclusión social y productiva.

1.Diagnóstico

a. Más personas en vejez con necesidades crecientes

A 2017 los adultos mayores de 60 años en Colombia sumaron 5.900.000 personas. El 21,5 % de los adultos mayores viven en la zona rural, 54,5 % son mujeres y en conjunto representan 11,8 % del total de la población. Este grupo ha venido ganando participación y se prevé que hacia 2050 representen un 23 % del total de la población del país (Fedesarrollo & Saldarriaga Concha, 2015). Ese aumento en la participación se debe básicamente a la disminución de la fecundidad, que pasó de 6,8 en 1965 a 1,8 en 2018, y al aumento de la esperanza de vida al nacer, la cual pasó de 60,1 a 74,6 años, respectivamente.

La evolución de la esperanza de vida significa que las condiciones en la vejez han mejorado. Sin embargo, otros indicadores muestran que los adultos mayores enfrentan muchas carencias. Un 18,3 % de ellos están en situación de pobreza y un 5,1 % en pobreza extrema, y se presenta la situación más difícil en las zonas rurales. Además, se estima que un 20 % de los adultos mayores no reciben ningún tipo de ingreso (Merchán, 2015).

Por otra parte, se observa que un 19,4 % de los adultos mayores vive en un hogar pobre. Según la medición multidimensional, y este indicador es de 12,9 % para los territorios urbanos y de 42,6 % para los rurales.

Esas condiciones precarias de ingresos y bienestar de los adultos mayores se deben:

A su imposibilidad de generar un flujo de ingresos autónomo y suficiente derivado, bien sea del trabajo (debido a la disminución natural de sus capacidades físicas y mentales), o de rentas provenientes de inversiones o ahorros hechos en etapas previas (como arriendos, utilidades o pensiones). También se debe a la falta de mejores mecanismos estatales. En Colombia estos mecanismos se agrupan en el Sistema de Protección Económica para la Vejez. Del cual hace parte el Sistema General de Pensiones, de baja cobertura e inequitativo, con sus Servicios Sociales Complementarios. Estos últimos comprenden el Programa de Colombia Mayor, que otorga subsidios monetarios a adultos mayores en estado de pobreza, y el reciente Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEP), que incentiva el ahorro para la vejez en personas en edad de trabajar con ingresos por debajo del salario mínimo. Sin embargo, es necesario fortalecer estos mecanismos que ya vienen operando.

La disminución natural de las capacidades conlleva, entre otros aspectos, a una menor participación en el mercado laboral. Mientras que en otros grupos etarios las tasas de participación y de ocupación están alrededor del 80 %, en los adultos mayores esos indicadores solo llegan al 37 %. Entre aquellos adultos mayores que consiguen empleo, un 69 % se ocupa por cuenta propia y solo un 15 % como asalariado. Por otra parte, un 27 % percibe ingresos cuyo monto promedio representa un 95 % del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) y un 11 % recibe en promedio 169 % del SMMLV por concepto de arriendos.

Por su parte, los esquemas estatales tienen una cobertura de 56,4 % (tabla III-14) de las personas en edad pensionable:

Compuestos principalmente por las pensiones (31,1 %) y los subsidios asistenciales (23,9 %). Estos últimos son los otorgados por el Programa Colombia Mayor cuyo monto máximo solo representó en 2017 un 64 % de la línea de pobreza extrema, un 30 % de la línea de pobreza y un 10 % del SMMLV.

Esa disminución de capacidades también genera la necesidad de un mayor cuidado para los adultos. Se estima que 1.500.000 mayores de 60 años son sujetos de cuidado (línea C del Pacto por la Equidad). Sin embargo, aún no existe un sistema de cuidado integral para esta población ni tampoco mayor información sobre la oferta de servicios a nivel territorial.

Aunque se identifican grandes avances en el sistema de salud en cuanto a disminución de morbilidad y multimorbilidad, estos no son suficientes para garantizar un envejecimiento activo y saludable. Se requiere de diversas acciones de otros sectores.

Pocas políticas afirmativas han sido implementadas, y no se cuenta con mayor información sobre la cobertura en servicios de recreación, deporte, y educación. Estos servicios contribuyen a mejorar los entornos sociales de los adultos mayores, dado que les da la posibilidad de conectarse con escenarios públicos institucionalizados a través de programas, grupos y organizaciones, lo que se constituye en referente de satisfacción, sentido de pertenencia y validación de la utilidad social que gratifica la vida (MinSalud, 2015)

En el aspecto institucional se evidencian bastantes carencias. No se han desarrollado ni implementado las medidas contempladas en las normas de protección a la vejez.

Tampoco existen diagnósticos comprensivos sobre la oferta de servicios y la capacidad de financiación en los diferentes órdenes territoriales. También se observa una falta de armonización entre los esquemas de protección económica y el resto de servicios para la vejez, lo que es necesario para poder trazar rutas de atención integral. Incluso, dentro de los mismos mecanismos de protección económica existe una divergencia de incentivos que induce al arbitraje entre esquemas de ahorro los regímenes de pensiones de prima media con prestación definida y el de ahorro individual de pensiones, con el agravante de que con frecuencia los ahorradores toman las decisiones sin la información suficiente, lo que los conduce a resultados adversos, principalmente a las personas de menores ingresos. Esto las perjudica y les acarrea grandes riesgos de caer en la pobreza.

Adicionalmente, la información para pensionarse es deficiente y los arreglos institucionales para el reconocimiento de las pensiones a las personas más pobres, que requieren del complemento de la Garantía de Pensión Mínima, son complejos. Sin embargo, tanto el Régimen de Prima Media como el Régimen de Ahorro Individual, el Fondo Común de Naturaleza Pública de Colpensiones y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima permiten que los trabajadores con ingresos menores logren obtener un beneficio pensional.

Así mismo, es indispensable que el sistema general de pensiones unifique sus reglas para el reconocimiento de pensiones y el otorgamiento de beneficios; y que estas estén ligadas a las cotizaciones efectuadas, con el fin de cumplir los objetivos de equidad y justicia social promovidos por este Plan Nacional de Desarrollo.

2. Objetivos y estrategias

a. Objetivos

Con el fin de brindar oportunidades efectivas a los adultos mayores para que tengan una vida activa, saludable y con seguridad económica, tanto en las áreas rurales como urbanas, se proponen los siguientes objetivos: (1) aumentar los ingresos de los adultos mayores y su independencia económica; (2) suministrar servicios de cuidado oportunos, suficientes y de calidad para los adultos mayores; (3) brindar oportunidades para que los adultos mayores tengan una vida activa y saludable; y (4) disponer de una institucionalidad eficiente para la atención efectiva de los adultos mayores.

(Lea También: Deporte y Recreación para el Desarrollo Integral de los Individuos)

b. Estrategias

1) Objetivo 1. Aumentar los ingresos de los adultos mayores y su independencia económica

a) Promoción del acceso a esquemas de protección económica e inclusión laboral 

El Ministerio del Trabajo en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), promoverá el desarrollo de instrumentos para aumentar la protección económica de la vejez. Con esto se debe garantizar que las personas en edad laboral estén afiliadas al sistema de pensiones o vinculadas a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) (línea F del Pacto por la Equidad), para que efectivamente tengan ahorros para atender sus gastos en la vejez.

Igualmente, evaluará y propondrá el desarrollo de instrumentos para facilitar la generación de rentas en la vejez, a través de mecanismos en los mercados de capitales.

Y, para quienes lleguen a la vejez en situación de pobreza, se deberá garantizar su protección a través de mecanismos solidarios.

Estas mismas entidades desarrollarán diversos tipos de incentivos de ahorro para la vejez, con énfasis en los BEPs. Para estos se establecerán incentivos e instrumentos de carácter solidario para fortalecer el capital que financia las rentas vitalicias en aquellos casos donde el beneficiario no cumpla con los requisitos para acceder a una pensión. Con los recursos destinados a indemnizaciones sustitutivas o devolución de saldos en el sistema pensional. Solo cuando el beneficiario no cumpla las condiciones para el acceso a una pensión. A su vez, MinTrabajo promoverá mecanismos de estímulo al ahorro pensional voluntario que cobijen a toda la población y estén debidamente integrados al sistema de protección a la vejez. Así mismo, evaluará y definirá mecanismos de solidaridad para el financiamiento de estos programas.

MinTrabajo, en coordinación con MinHacienda y el DNP, promoverá modificaciones normativas para mejorar el sistema de protección a la vejez.

De ser necesario, se debe permitir la flexibilización de las condiciones con las que se accede a la seguridad social, en particular para quienes devenguen ingresos inferiores a un salario mínimo, en concordancia con el piso mínimo de protección social. Se deberá superar la competencia entre el Régimen de Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; se buscará que se complementen para eliminar los incentivos que los hacen incompatibles.

En estas medidas regirán criterios actuarialmente justos y financieramente sostenibles.

El Gobierno garantizará que las prestaciones reconocidas por el Sistema de Seguridad Social integral, a través de cualquiera de sus sistemas, se apliquen de manera articulada con el fin de evitar duplicidades, de tal forma que se aumenten la eficiencia y, por esta vía, las coberturas. La articulación deberá realizarse bajo los principios de universalidad, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad estipulados en la Ley 100 de 1993. Por tanto, deberá tenerse especial cuidado en evitar la duplicidad de prestaciones con idéntica función de protección sobre una misma persona. En este sentido se evitará, por ejemplo, que una misma persona reciba simultáneamente pensiones de vejez y de invalidez tanto de origen común como laboral. Todo esto responde a que las prestaciones reconocidas en el marco del Sistema de Seguridad Social deben estar acordes con los diferentes riesgos de la población de forma equitativa como lo ha señalado la Corte Constitucional (Sentencia C-674/2001).

Es importante tener presente que la protección a la vejez responde a un esfuerzo de ahorro, mientras que el de invalidez y muerte, tanto de origen común como laboral, requieren un esfuerzo de financiación que responde a un principio de mutualidad.

MinTrabajo mejorará la divulgación y entendimiento del sistema de protección para la vejez.

Impulsará acciones de educación financiera que fortalezcan la cultura del ahorro para la vejez en el marco de la Política Nacional de Educación Económica y Financiera (línea C del Pacto por la Equidad). También mejorará el conocimiento de las personas sobre los mecanismos disponibles según su situación de empleo y su nivel de ingresos.

Se hará énfasis en el tema de traslado de recursos de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y devolución de saldos al programa de BEPS, como la primera opción del solicitante para garantizar la protección de su vejez; en todo caso el ahorrador podrá optar por la devolución de saldos.

Desarrollará un protocolo de atención al ciudadano que incluya acciones de información y formación sobre sistemas de protección social. Según el nivel de ingresos de las personas y el máximo aprovechamiento de la afiliación a pensiones o la vinculación a BEPS como esquemas de protección de la vejez para que el ciudadano aprenda a movilizarse entre ellos. Según su situación laboral a lo largo de la vida.

El MinTrabajo también aumentará la eficiencia administrativa, promoverá la reducción de costos operacionales. Una mejor articulación entre los actores y la mejora en los sistemas de información de los subsistemas del Sistema de Protección económica para la Vejez.

Por otra parte, las personas de bajos ingresos que no logren acceder a pensiones ni a BEPS, mantendrán la opción de ser beneficiarias del programa Colombia Mayor. El cual debe aumentar su cobertura y nivel de beneficios, y la entrega de los subsidios pasará de ser bimestral a mensual. En todo caso. En el mediano plazo Colombia deberá tender a que la mayoría de sus adultos mayores estén protegidos con ingresos derivados de los ahorros o inversiones efectuados en las etapas anteriores más productivas.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS):

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), garantizarán que en cumplimiento de sus acciones de apoyo al emprendimiento (de acuerdo con lo planteado en la Línea F el Pacto por la Equidad), se promueva la participación de los adultos mayores en iniciativas de negocio. Esto permite aprovechar los conocimientos y experticia de los adultos mayores, a la vez que fortalece sus relaciones intergeneracionales y mejora sus ingresos.

De la misma manera, MinTrabajo deberá desarrollar rutas para el emprendimiento en coordinación con otros ministerios o entidades sectoriales. En los dos casos esto debe ir acompañado de estrategias de capacitación y reentrenamiento.

2) Objetivo 2. Suministrar servicios de cuidado oportunos, suficientes y de calidad para los adultos mayores

a) Establecer pautas sobre la oferta de servicios y la formación de talento humano para el cuidado 

• DPS, Presidencia de la República, el DNP y MinSalud, establecerán los lineamientos para la creación de oferta de cuidado para los adultos mayores, particularmente para aquellos con demencia y dependencia funcional. Esto incluye establecer los estándares mínimos de calidad para la oferta pública y privada de cuidado en la vejez.

• MinEducación y MinTrabajo fomentarán la educación y la formación de talento humano para la atención y el cuidado de los adultos mayores. Acorde con sus funciones, deberán estimar las necesidades de talento humano, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, a nivel local y departamental, en consideración con los aspectos culturales de las regiones.

También deberán implementar acciones para responder oportunamente con la oferta de educación y la formación de cuidadores, la certificación de competencias y Servicio Público de Empleo. Además, deberán hacer especial énfasis en la capacitación de los adultos mayores que ejercen el rol de cuidadores, con los debidos ajustes metodológicos (línea C del Pacto para la equidad de las mujeres).

3) Objetivo 3. Brindar oportunidades para que los adultos mayores tengan una vida activa y saludable

a) Establecimiento de acciones desde los sectores de salud, educación, formación y recreación para mejorar la vida de los adultos mayores

• MinSalud establecerá lineamientos para que los municipios, departamentos, entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de salud ejecuten acciones de prevención para disminuir la morbilidad y multimorbilidad de los adultos mayores. También promoverá que estos lineamientos se desarrollen en los Centros de Vida, los Centros Día y los Centros de Bienestar del Anciano.

• MinSalud y MinEducación impulsarán la oferta de formación de posgrado en geriatría y en estudios interdisciplinarios en gerontología, con altos estándares de calidad. Estas acciones se harán teniendo en cuenta las necesidades de atención de los adultos mayores a nivel local.

• MinEducación, en el marco de las estrategias establecidas en la línea C del Pacto por la Equidad, diseñará e implementará modelos de educación flexible para adultos mayores en los territorios urbanos y rurales. Igualmente, adaptará los contenidos y metodologías pedagógicas acorde con las particularidades de los adultos a atender y hará énfasis en el manejo de nuevas tecnologías con el fin de cerrar la brecha tecnológica de tipo generacional.

• Así mismo, MinTrabajo y el Sena promoverán la incorporación de adultos mayores en los procesos de transmisión de conocimientos. Esto permitirá aprovechar el conocimiento y legado de las viejas generaciones a la vez que les retribuirá tanto en reconocimiento como en ingresos.

• Coldeportes consolidará y ampliará las estrategias de promoción de la actividad física, deportiva y de recreación para las personas adultas y adultas mayores. De esta manera. Cada certamen o evento deportivo o recreativo que se realice a nivel local. Deberá contemplar eventos específicos para las personas mayores o su incorporación en este tipo de actividades. La entidad deberá promover que diversas instancias y organizaciones como las juntas de acción comunal. Las secretarías de desarrollo social y las cajas de compensación, desarrollen actividades culturales, deportivas y de recreación para las personas mayores (línea I de este Pacto por la Equidad).

4) Objetivo 4. Disponer de una institucionalidad eficiente para la atención efectiva de los adultos mayores

a) Instancias, instrumentos y normas que apuntan a la protección de los adultos mayores. 

• Las entidades del Gobierno nacional pertenecientes al Consejo Nacional del Adulto Mayor activarán dicho Consejo y armonizarán la normatividad para hacer efectivas las medidas contempladas en las políticas y normas sobre envejecimiento y vejez, y hacer realidad el suministro de los servicios sociales para esta población. Esto implica medidas como la adhesión de Colombia a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La reglamentación de la Ley 1850 de 2017 y el diseño y ejecución de una ruta integral de atención a la vejez. Así mismo. Se revisarán las atenciones en salud para la población adulto mayor y los mecanismos de financiación de los Centros de Vida, los Centros Día y los Centros de Bienestar del Anciano.

• Esas mismas entidades junto con MinTrabajo, el DNP y la Presidencia de la República establecerán un sistema de seguimiento a la situación de las personas mayores y de la institucionalidad para su atención. Este incluirá el sistema de información y otros elementos de seguimiento contemplados en la Ley 1251 de 2008. Al igual que mecanismos de rendición de cuentas como un tablero de control. También considerarán aspectos presupuestales, institucionales y de prestación de servicios. Los resultados de dicho sistema deberán presentarse al Consejo Nacional de Política Económica y Social al menos una vez al año.

• El Consejo del Adulto Mayor deberá garantizar la articulación entre los diversos órdenes de gobierno para hacer efectivas sus responsabilidades, e incentivar de forma coordinada su participación en la atención de los adultos mayores. Hará énfasis en los temas de inspección, vigilancia y control de los estándares de oferta territorial. De cofinanciación y fuentes de financiamiento y del suministro de información.

• El MinTrabajo deberá mejorar la administración de los recursos del sistema pensional y del Fondo de Solidaridad Pensional, incentivando la participación de más actores y aumentando la competencia. Con el objeto de disminuir costos, de tal forma que haya más recursos disponibles para las personas.

 

3. Metas