Informe Especial Guatemala de la Comisión de Derechos Humanos

Capítulo I.- El contexto y derechos socio-económicos, y la acción gubernamental prevista

I. Introducción

Guatemala es uno de los cuatro países de la región considerados por las Naciones Unidas de más “bajo desarrollo humano”, es decir con los indicadores más negativos de distribución del ingreso y de servicios entre la población. Ello ocurre pese a tener un producto bruto per cápita más típico de los países de desarrollo humano “medio”.

Dichas condiciones negativas se acentúan en zonas rurales, donde la posibilidad de educación, acceso a servicios de salud, etc., se reduce a aproximadamente la mitad de lo accesible a la población urbana. En 1989 cifras oficiales indicaban que el 77% de las familias estaban debajo de la línea de pobreza, y la pobreza extrema afectaba al 94.4% de la población desocupada y al 66.8% de los que declaraban tener ocupación.

Con respecto a servicios de salud:

Los programas de salud cubren al l4% de la población la mortalidad infantil es de 57 por mil. La desnutrición global en 1987 era del 33.5% y la desnutrición crónica del 57.8% de la población.

Con respecto a servicios de educación: junto con Haití y Paraguay, Guatemala muestra el menor índice de gasto en educación de la región en relación al Producto Bruto Doméstico, siendo de 1.8% en 1985.

Mantiene también la peor tasa de matrícula en educación primaria y secundaria de los países de la región, con excepción de la de Haití. De cada cien niños de 6 a 11 años (tasa neta), sólo 58% concurrían a la escuela en 1980, y las cifras parecen indicar un crecimiento mínimo en 1990.

Las tasas neta y bruta (inscritos de todas las edades) de educación primaria no han cambiado prácticamente en la última década en términos reales ha ido creciendo significativamente. En la Administración del Presidente Serrano -según datos del Gobierno – el presupuesto educativo se ha duplicado el analfabetismo de la población de 15 años o más de edad es el mayor de todos los países de la región, con excepción de Haití. En 1990, 45 de cada cien adultos no sabían leer ni escribir.

Capítulo X.- Los derechos humanos de los niños guatemaltecos

La mayoría de la población infantil guatemalteca sufre condiciones inaceptables de mortalidad, desnutrición, pobreza familiar, desescolarización y fracaso escolar, y de trabajo infantil irregular, tal como se señala en el capítulo sobre derechos socioeconómicos. Se presentan también allí planes del Gobierno para resolver estos problemas, cuyas metas y logros, aunque loables, sólo reducirán su gravedad en mínima proporción en el futuro previsible.

La Comisión ha recibido además abundante documentación y denuncias de numerosas situaciones que afectan los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a las garantías judiciales de numerosos niños guatemaltecos, y que junto con las condiciones mencionadas anteriormente, están formando generaciones moldeadas por la carencia, la frustración y el miedo.

En varios capítulos de este informe se analiza la situación de familias de refugiados, desplazados y comunidades aisladas, que viven en condiciones materiales indignas y sufren ataques por parte de agentes del Estado, que inciden negativamente en la integridad física, psíquica y moral de los miles de niños que las componen, la mayoría de ellos guatemaltecos Maya-Quichés.

Otros casos más específicos que escuchó la Comisión denuncian la insensibilidad de las autoridades frente a situaciones que ponen en peligro la vida de niños. En noviembre de 1992, fallecieron de desnutrición doce niños de campesinos de Cajola que desde hace meses estaban acampados al costado de una autopista urbana en demanda de restitución de tierras que alegaban eran de su propiedad y de las que fueran desalojados. Los campesinos habían solicitado ayuda material al Gobierno, sin resultados positivos. (Lea También: Informe Especial Guatemala)

Programas Gubernamentales

Con referencia a estos problemas, el Gobierno ha provisto a la Comisión documentación sobre sus programas de asistencia a los niños, y en especial a los que han sido víctimas de la violencia.

Así, en septiembre de 1991, el Presidente Serrano señaló como uno de sus programas prioritarios de gobierno, el de los hogares comunitarios, donde miembros de la comunidad especialmente entrenados pudieran cuidar y educar a niños humildes de 0-6 años, recibiendo cada “madre cuidadora” del Estado 15 Q. por niño y de la comunidad 20 Q.

Señaló como meta para el año 1996 cuidar a 50.000 niños, es decir el 3.5% de la población infantil en condiciones de pobreza.

En su discurso al final de su segundo año de gobierno, en enero de 1993, el Presidente Serrano señaló que en un año y medio del programa se había logrado implementar hogares para 1735 niños. Esto es, para uno de cada mil infantes pobres.

También mencionó en ese discurso que se han creado cuatro centros para seguimiento y asistencia de niños, uno de Ubicación y Diagnóstico de niños transgresores, uno de Observación de niños “gaviotas” (o “de la calle”), de Tratamiento y Asistencia para menores y uno para niñas.

En lo educativo informó que fueron atendidos con la “galleta escolar” y con bolsas de útiles escolares más de un millón y medio de niños y que en las ciudades los escolares podrán usar gratuitamente el transporte colectivo para ir a su escuela.

En su plan de 1991 para las víctimas de la violencia:

La Administración Serrano estimó que había 25.000 viudas y 120.000 huérfanos de la violencia en 14 departamentos de Guatemala, y que era prioritario responder a sus necesidades a través de la implantación de programas que faciliten su incorporación a la sociedad y ayuden a su desarrollo. Los programas estarían basados en la máxima utilización de recursos locales para reducir su costo y la movilización social. Información de septiembre de 1992 indica que los proyectos están beneficiando a 894 mujeres de este grupo y a sus hijos.

La gravedad de la situación de la mayoría de la niñez guatemalteca requiere medidas profundas y masivas para la plena vigencia de sus derechos humanos, tanto en lo que se refiere a su seguridad física y garantías legales, como a su situación educativa, familiar, de nutrición, y de su crecimiento físico, psíquico, y moral.

Los programas indicados en el Plan 1992-1996 representan una adecuada orientación, pero sus metas y los logros anunciados hasta la fecha muestran la modestia de las soluciones frente a la magnitud de los problemas.

Estas propuestas de solución se debilitan más aún en la medida en que actos atribuibles a agentes del Estado muestran la falta de compromiso de muchos de ellos con una política de respeto a los niños y menores, y con su formación y crecimiento en libertad y responsabilidad. La parca respuesta del Poder Judicial a las continuas denuncias respecto a situaciones que envuelven ataques a menores, o a instituciones que tratan de preservar su vida, integridad y derechos, contribuye igualmente a esa situación.

(Recomendamos leer: Informes Especiales de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

Capítulo XII.- Conclusiones

En pocos momentos de la vida republicana de Guatemala tantos individuos y sectores han estado tan comprometidos por la defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la profundidad de los problemas estructurales y las situaciones de privilegio que son causa y origen de las violaciones hace que esa lucha sea difícil, aun para un Gobierno seriamente envuelto en la restauración de la plena vigencia de los derechos humanos.

El goce de los derechos socioeconómicos y culturales está reservado a un pequeño porcentaje de la población, mientras el resto sufre una de las peores condiciones sociales de todas las Américas, con excepción de Haití. La inversión en programas sociales es mínima en relación al tamaño de los problemas.

Guatemala es un país de profundas diferencias de oportunidades en el goce de los derechos humanos, donde la mayoría de la población y en especial los guatemaltecos Maya-Quiché son discriminados en el goce de sus derechos, a través de mecanismos de todo tipo, tanto por instituciones oficiales como privadas, sin que el Estado garantice la igualdad de oportunidades.

Por el contrario, y pese a los preceptos constitucionales y pese al esfuerzo y coraje de muchas autoridades y funcionarios, el Estado parece ser el principal ejecutor y organizador de esta discriminación, sea por la acción o por la negligencia de sus agentes e instituciones, especialmente pero no únicamente, las fuerzas de seguridad.

En la presente administración se han impulsado algunas medidas que pueden comenzar a solucionar dicha situación.

Esa sistemática violación de los derechos humanos se ejerce también contra quienes desde la prensa, la acción sindical o universitaria, o desde organizaciones Maya-Quiché, o de defensa de derechos humanos luchan por medios legítimos para cambiar ese estado de cosas.

Los esfuerzos del Gobierno de la presente administración para restablecer la vigencia de los derechos humanos:

Han tenido algunos frutos como el procesamiento de algunos miembros de rango menor de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones a los derechos humanos, y el relativamente pacífico retorno de parte de los refugiados en México. Igualmente en presentar algunos proyectos de ley al Congreso que terminarían con algunas situaciones sistemáticas de violación como las relativas al servicio militar obligatorio; y en tímidos inicios de programas socioeconómicos.

Sin embargo, la mayoría de esas leyes están trabadas por falta de acción legislativa al respecto, y cuando son aprobadas su reglamentación o fallida implementación traiciona sus objetivos iniciales de mejorar la situación de derechos humanos. Los programas socioeconómicos son de tan reducido porte que apenas hacen mella en la situación de explotación y desamparo. La impunidad de los oficiales y altos mandos violadores de vidas y derechos de todo tipo se mantiene.

El Poder Judicial, a pesar de algunos fallos ejemplares, emitidos por jueces que arriesgan su posición y aún la vida, y logrados pese a innumerables obstáculos, continúa siendo una institución ineficaz para defender los derechos humanos.

La militarización del país, que llega no sólo a las áreas rurales, sino también al sistema político y aún de comunicaciones sociales, es un factor de temor crónico para los habitantes y un obstáculo para el sistema democrático.

En cada uno de los capítulos de este informe la Comisión llega a conclusiones y ofrece recomendaciones a ese respecto.

La plena vigencia de los derechos, libertades y garantías que surgen de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e instrumentos complementarios, a cuyo cumplimiento se ha comprometido Guatemala ante la comunidad interamericana, es la base y el camino hacia la recuperación social, económica y cultural del país. Y lo es así porque esa recuperación sólo puede basarse en la dignidad de la vida de cada guatemalteco y la dedicación total de cada agente del Estado para lograrla, respetarla y defenderla.