Adopción: Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 07 de septiembre de 1990
Primero, Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas
Entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia. Y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la cooperación internacional en la promoción y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Segundo, Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los principios de la igualdad ante la ley
La presunción de inocencia, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Y el derecho de toda persona acusada de un delito a todas las garantías necesarias para su defensa.
Recomendamos leer también:
- Garantías para el Ejercicio de la profesión
- Acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos
Tercero, Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama.
Además, el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras injustificadas y a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.
Cuarto, Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Recuerda que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos.
Quinto, Considerando el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión
Que estipula que toda persona detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado, a comunicarse con él y a consultarlo.
Sexto, Considerando que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos recomiendan
En particular, que se garantice la asistencia letrada y la comunicación confidencial con su abogado a los detenidos en prisión preventiva.
Séptimo, Considerando que las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos
De los condenados a la pena de muerte reafirman el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a una asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso. De conformidad con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Octavo, Considerando que en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia
Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder se recomiendan medidas que deben adoptarse en los planos nacional e internacional para mejorar el acceso a la justicia y el trato justo. La restitución, la compensación y la asistencia en favor de las víctimas de delitos.
Noveno, Considerando que la protección apropiada de los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda persona puede invocar.
Ya sean económicos, sociales y culturales o civiles y políticos. Requiere que todas las personas tengan acceso efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente.
Décimo, Considerando que las asociaciones profesionales de abogados tienen que desempeñar la función esencial de velar por las normas y la ética profesionales.
Proteger a sus miembros contra persecuciones y restricciones o injerencias indebidas. Facilitar servicios jurídicos a todos los que los necesiten, y cooperar con las instituciones gubernamentales y otras instituciones para impulsar los fines de la justicia y el interés público.
Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados que figuran a continuación, formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los abogados.
Deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales.
Y deben señalarse a la atención de los juristas. Así como de otras personas como los jueces, fiscales, miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general.
Estos principios se aplicarán también, cuando proceda, a las personas que ejerzan las funciones de la abogacía sin tener la categoría oficial de abogados.
