El contenido de los derechos sexuales y reproductivos se puede resumir en una frase:
Toda persona tiene derecho a decidir con quién, cuándo y cómo tiene, o no, hijos y relaciones sexuales. Son los derechos que garantizan la libre decisión sobre la forma como se utiliza el propio cuerpo en las esferas sexual y reproductiva.
Son derechos que sólo unos pocos han gozado de manera consistente a través de la historia, ya que decidir libremente sobre el propio cuerpo es un privilegio de sexo y de clase.
La tradición Latinoamericana de incluir favores sexuales en las distintas formas de dominación vulnera constantemente los derechos sexuales y reproductivos.
Por ejemplo, subsiste la figura del llamado “débito conyugal” que es la obligación de prestar servicios sexuales al cónyuge o al compañero.
Convivimos con la práctica cotidiana y silenciosa del abuso sexual infantil, en su mayoría perpetuado por familiares o conocidos. Otras relaciones de poder también crean espacios donde de formas más o menos violentas se exige la prestación de servicios sexuales, como el caso de las empleadas domésticas, y las empleadas de menor estatus en el ámbito laboral.
Ello sin acudir a la violencia sexual, que es rampante y poco denunciada, tanto el asalto callejero como la violencia sexual como arma de guerra, como las violaciones en las cárceles.
En general la violencia de género, tanto en el ámbito de los doméstico como en el ámbito de lo público, se ejerce efectivamente con el fin y el resultado de limitar el derecho de las mujeres y de las personas más indefensas a decidir sobre su propio cuerpo. (Lea También: Protección Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos)
La discriminación por orientación sexual y por forma de unión de la pareja también vulnera los derechos sexuales y reproductivos.
En nuestra cultura el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y reproducción ha sido un privilegio de la pareja heterosexual casada, y las demás personas sufren discriminación de hecho y de derecho por su situación marital, orientación y preferencias sexuales, por su edad, por sus discapacidades, por estar en situación de reclusión, etc.
En cuanto al derecho a la salud y a la planificación familiar, este se ha visto restringido también por barreras culturales.
La fuerte presencia de la Iglesia Católica en la región, y su constante activismo en contra del aborto y de los métodos de planificación familiar (incluyendo el condón para proteger del SIDA) han restringido efectivamente la posibilidad de las personas de controlar su propia reproducción y su salud sexual.
El silencio en torno a la sexualidad convierte en tabú temas relacionados con la salud sexual, como es la protección contra enfermedades de transmisión sexual.
El derecho a la salud se ve también limitado por factores materiales. La ausencia de servicios médicos ginecológicos, la mala calidad de estos servicios, y el bajo cubrimiento de la seguridad social, han resultado en los altos índices de morbimortalidad materna de la región. A ello contribuye también la pobreza generalizada.
La falta de libertad material que implica la pobreza
La falta de libertad material que implica la pobreza en la que se ve sumida buena parte de los pobladores, y en particular aquellos que pertenecen a minorías étnicas, resulta en una barrera a menudo infranqueable para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
Frente a la libertad formal consagrada en las nuevas constituciones encontramos en la práctica la negación de esta libertad por la inexistencia o mala calidad de los servicios médicos, la falta de cubrimiento de la seguridad social, la ausencia de métodos de planificación familiar, la desprotección de la mujer embarazada y de los niños por parte del estado, etc.1
Las limitaciones al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos afligen de forma más fuerte a las mujeres de todas las clases y todas las etnias, por su papel protagonista en la reproducción; sin embargo, no son las únicas. Como las mujeres, otros grupos vulnerables a la discriminación ven amenazados su goce de estos derechos.
Este es el caso de los menores de edad, los trabajadores migrantes, la población carcelaria, las personas en situación de desplazamiento forzado, los indígenas y los afroamericanos. Y son las mujeres de estos grupos las más vulnerables a la violación de sus derechos.
