Mercados Agropecuarios y Seguridad Alimentaría

Edgar Bejarano B.
Investigador de Cega y profesor del Departamento de Teoría y Polítoca Económica de la UNiversidad Nacional

En algunos sectores de la academia predomina la opinión de que en la nueva economía global el problema de la seguridad alimentaria dejó de ser importante desde el punto de vista de garantizar en cada país la producción de una canasta básica de bienes para orientarse más bien hacia la generación de los ingresos que le permitan a los ciudadanos acceder a los diferentes bienes a través del mercado.

Esa idea, válida bajo determinadas condiciones, puede estar algo comprometida ante la compleja realidad contemporánea y se ha quedado corta frente a las interesantes perspectivas que se le han sumado al tema de la seguridad alimentaria, como sucede con la mayor atención que hoy se presta a la calidad y seguridad de los alimentos, lo mismo que a las condiciones en que éstos son producidos y a su posible impacto sobre el medio ambiente y la posibilidad misma de sostener estas producciones en el largo plazo.

Así las cosas, la seguridad alimentaría es concebida como un asunto de disponibilidad y variedad de productos pero también como un problema vinculado con los riesgos que el consumo y la producción de los alimentos podrían representar, bajo determinadas circunstancias, para la salud humana y el equilibrio ambiental.

” la seguridad alimentaria es concebida como un asunto de disponibilidad y variedad de productos pero también como un problema vinculado con los riesgos que el consumo y la producción de los alimentos podríam representar”

Falla la noción de seguridad asociada con acceso

Aún aceptando las hipótesis de especialización agropecuaria por países y regiones, liberalización de los mercados y eliminación de los factores que limitan la movilidad de bienes y recursos, persisten y han surgido un conjunto de condiciones que, por lo menos, debilitan la tesis de que lo importante para garantizar la seguridad es simplemente facilitar el acceso, tener una capacidad para comprar lo que se necesita o desea.

A pesar de la mayor dinámica reciente del comercio internacional de alimentos, en particular del grupo non bulk, su nivel relativo de transabilidad continúa siendo bajo y las condiciones de sus mercados se revelan especialmente vulnerables a los cambios drásticos en la macroeconomía internacional. De hecho, la inestabilidad de la economía mundial ha sido algo de destacar en los últimos doce años y, desde 1998, prácticamente la mayoría de las regiones del planeta han atravesado por momentos de crisis de los que no han podido salir, sobre todo ahora que la economía de Estados Unidos parece haber caído en recesión. La historia económica es suficientemente ilustrativa de las consecuencias de aislamiento comercial y financiero que han acompañado a los periodos de profunda inestabilidad y crisis, así como de su mayor efecto sobre los mercados de productos básicos.

A esa historia ahora se suma la lucha global contra el terrorismo, la cual puede conducir a restringir la movilidad internacional de personas y de determinados productos, lo mismo que a elevar los costos de hacer los negocios. Difícilmente Internet es, por ahora, un perfecto sustituto de arreglos y procedimientos comerciales que se han construido por décadas y se corre el riesgo de llegar a una economía mundial integrada de manera selectiva y muy frágil en sus conexiones frente a cualquier perturbación política o económica.

Más allá de esos argumentos que no favorecen el enfoque de acceso, lo más crítico para éste ha sido el empobrecimiento de grandes masas de la población del planeta y la mayor concentración de la riqueza que han resultado de la globalización de la economía. Ese par de productos del modelo se observan tanto para economías en desarrollo como para las desarrolladas y han provocado reajustes importantes en todo el sistema productivo y comercial, el cual se ha venido acomodando, incluso en sus componentes más modernos, a los denominados mercados “economizadores”.

Nada más en los Estados Unidos se calcula que un 45 % de los consumidores hacen parte del grupo economizadores, un 33 % de los trabajadores labora apenas parte de su tiempo y el Gini pasó de 0.396 en 1970 a 0.428 en el año 1990. Para Colombia esos indicadores son bastante más críticos puesto que se registran cerca de un 85 % de consumidores economizadores y el Gini pasó de 0.44 a 0.51 entre los años de 1996 y 2000.

Con un ingreso por habitante en Colombia de US$2000, es fácil presumir que un porcentaje muy elevado de la población gasta alrededor de un 50 % de su ingreso en alimentos (en USA, en el rango entre US5000-US10000 están destinando un 35 % de su ingreso) y que, en ese nivel, los aumentos en el ingreso y el gasto per capita modifican muy poco y de manera muy lenta el peso del gasto en alimentos dentro del presupuesto total de las familias.

Ese empobrecimiento generalizado crea un problema de acceso también generalizado y convierte el tema de la seguridad alimentaria en un asunto global más que nacional puesto que, en este último caso, los aparatos productivos “ya están jugados” y no es fácil reversarlos. Quizás, en ese nivel nacional, tan sólo quedaría la alternativa de fortalecer la producción de bienes culturales y de baja transabilidad.

En el ámbito global la salida seguramente estará del lado del cambio técnico en toda la cadena que abarate más los productos y de un acelerado desarrollo corporativo que alcance una mayor fracción de las economías del planeta, posiblemente con un riesgo de más pobreza y exclusión; pero, aún en este caso, deberá haber un límite a esas economías de costos y precios y, sin duda, de todas maneras se estará expuesto a los choques nominales, a los riesgos políticos propios de las sociedades contemporáneas y a las consecuencias de las relaciones selectivas entre naciones que probablemente prosperarán en los próximos años.

Frente a esas preocupaciones que plantea hoy la economía global, por lo menos debería repensarse el tema de la seguridad alimentaria pues ya no es tan fluida su solución y sin el empleo y los ingresos, que se perdieron con los sectores quebrados en el juego de la globalización, tampoco parece fácil el acceso bajo condiciones de mercado.

Otros conceptos han enriquecido el tema de la seguridad alimentaria.

En los últimos años abunda una literatura sobre seguridad alimentaria cuyo énfasis se localiza en la salud humana y la conservación del medio ambiente. Debido a la mayor atención que se ha dado al segundo de esos aspectos, estos comentarios se concentran en el primero de ellos.

Especialmente en las naciones con ingresos más altos, son crecientes las preocupaciones de los consumidores acerca de la calidad y seguridad de los alimentos. Los profundos nexos identificados entre salud y dieta y la difusión de ese conocimiento, han conducido al consumidor a valorar y estar dispuesto a pagar por los atributos que maximizan la calidad y minimizan el riesgo de los productos que consume.

La respuesta del lado de la oferta a esa mayor demanda por atributos de calidad se produce siempre que los mayores costos involucrados en asegurarla estén cubiertos por un mayor precio, o por lo que significa ahorrarse conflictos frente a las entidades reguladoras o las autoridades.

Como los mercados no son perfectos, la información sobre los atributos de calidad es incompleta y tampoco se tiene claridad sobre las relaciones entre el precio pagado y las características de los productos que se ofrecen. Esa asimetría de información afecta especialmente al consumidor.

Frente a ese problema de información y riesgo moral, se encuentra una solución privada en aquellas organizaciones manufactureras y distribuidoras que cuidan de su imagen y reputación, aunque no hagan parte de mercados competidos, y, para ello, han establecido los diseños empresariales y tecnológicos que les permitan intervenir y coordinar, imponiendo ciertos estándares, a toda su cadena de proveedores.

Pero debido a la heterogeneidad de agentes y productos, no siempre se está frente a esos esquemas de autocontrol y autorregulación privada de manera que, con frecuencia, los oferentes están mejor informados que los consumidores acerca de la calidad real de lo que llevan al mercado y los consumidores pueden tener percepciones equivocadas sobre los riesgos de consumir determinados alimentos. En esas condiciones, la calidad de los alimentos y la información acerca de ella adquieren las características de un bien público y el Estado debe intervenir para superar esas deficiencias de los mercados.

La responsabilidad de los gobiernos sobre el tema de la seguridad de los alimentos ya no radica simplemente en lo importante que es la defensa de los derechos y la integridad de los ciudadanos, como tampoco en los elevados costos que el sistema de salud enfrenta por enfermedades desencadenadas por alimentos contaminados o en las pérdidas de productividad para la economía, sino en que este factor se ha convertido en algo crítico para tener acceso a los mercados internacionales.

Los mercados mundiales son sensibles a los daños ambientales que la producción o el consumo de ciertos bienes pueden causar, pero también demandan información y el uso de mecanismos que certifiquen que los productos son seguros para quienes los vayan a consumir.

Esas exigencias internacionales no revelan solamente una preocupación por la seguridad del planeta y la salud de los seres humanos, sino también por la urgencia de nivelar el campo de juego en materia de competitividad entre aquellos que asumen costosas regulaciones y quienes no lo hacen.

Sin duda, los mercados de alimentos en Colombia, a pesar de su modernización progresiva, cuentan con una fracción todavía importante de la manufactura y de la distribución que funciona dentro de esquemas de informalidad, que no disponen de los medios y tampoco valoran los atributos de la calidad debido a la percepción que existe sobre el negocio y a la clientela que normalmente atienden, la cual no ejerce presiones por demandar esos atributos puesto que carece de la información o no está dispuesta a pagarlos.

Por su parte, el gobierno dispone de todo un arsenal de regulaciones que no se aplican, de instancias de reclamación que dilatan los procesos o solicitan pruebas difíciles de reunir, y de autoridades que sucumben ante las diferentes formas de presión. Frente a ese estado de cosas y reconociendo sus limitaciones y poca evolución en la materia, por lo regular opta por delegarle la responsabilidad al mercado y a una competencia que no existe o a la “libre elección” de un consumidor carente de información.

Sería injusto no reconocer los avances en seguridad conseguidos a través de las modernas unidades de manufactura y distribución, así como de algunas Pymes y microempresas que han desarrollado sus nichos de mercado con gran dedicación; sin embargo, esa solución es desigual y no alcanza sino fracciones del mercado, se concentra en algunas ciudades y está lejos de ponerse al alcance de la gran mayoría de los ciudadanos.

En definitiva, los nuevos enfoques sobre salud y las exigencias de la economía global requieren del Estado una acción más decidida generando esos bienes públicos que se suelen subestimar en sus consecuencias sobre la productividad y la competitividad