Funcionalidad Familiar en los Hogares Comunitarios de Itagüi 1998, Resultados

De las 250 encuestas realizadas, 188 (75.1%) fueron respondidas por la madre del usuario, 23 (9.2%) por alguno de los abuelos, 16 (6.4%) por un tío, 13 (5.2%) por el padre y los 10 restantes (4%) por otro familiar. La tabla Nº2 muestra las características de las familias encuestadas.

Si bien el número promedio de miembros por familia fue de 5.2 (DE:2.2), éste mostró una gran variación, entre 2 y 19 miembros, dependiendo del tipo de familia del que se tratara. Así, mientras que las familias nucleares tenían en promedio 4.2 (DE:1.3) miembros, las extensas tenían 6.9 (DE:2.6), las mixtas 5.9 (DE:2.0), las superpuestas 5.5 (DE:0.7) y las de un solo progenitor 3.6 (DE:1.4).

Estas diferencias mostraron ser estadísticamente significativas para familias nucleares (p=0.0000) y de un solo progenitor (p=0.0023). Los otros tipos de familia no mostraron diferencias entre sí. En cuanto a la exposición de la familia a estresores se encontró que 23.6% de ellas estuvo expuesta a alguno.

En detalle, en 12.9% de las familias hubo ingreso de personas, en 13.2% hubo salida, en 0.8%, muerte. El porcentaje total no corresponde a la suma de los porcentajes para cada estresor por no ser mutuamente excluyentes.

Pero si a dichos estresores agregamos migración en los últimos 5 años o cambio de residencia en el último año, el porcentaje de expuestos asciende a 36.8% (10% de las familias había migrado y 14.8% había cambiado de residencia).

Aunque el número de personas por dormitorio fue 2.5, el hacinamiento según los criterios propuestos por Nájera y colaboradores2, se distribuyó de la siguiente manera: 17.7% de las familias se encuentran hacinadas, 61.7% viven en condiciones de subhacinamiento y 20.6% no están hacinadas.

Tabla No. 2 características de las familias usuarias de los hogares Comunitarios de Itagüí. 1998

La distribución de las familias según su funcionalidad medida por el Apgar se muestra en el gráfico No 1. En suma, la prevalencia de disfuncionalidad fue de 38%. La distribución según los componentes de la funcionalidad se observa en la tabla No 3.

La mayor satisfacción se encuentra en el componente crecimiento (69.5%) y la mayor insatisfacción en la adaptabilidad (18.8%). Dos familias presentaron información confusa correspondientes a los componentes crecimiento y afecto, por lo que no pudo calcularse para ellas el puntaje de Apgar familiar.

Tabla No.3 Distribución de las familias según componentes de la funcionalidad familiar

La tabla No 4 muestra la distribución de las variables estudiadas según la funcionalidad familiar (Apgar) y el valor de significancia de su asociación con ésta.

Tabla No. 4 Características de las familias usuarias de los Hogares Comunitarios de Itaguí diferenciadas según su funcionalidad.

El análisis discriminado por categorías de la asociación funcionalidad familiar con motivo de ingreso al programa, mostró que la significancia de ésta (p=0.0106) se debía a la asociación entre disfuncionalidad y el motivo “pobreza/alimentación” (p=0.02). Las demás categorías no mostraron diferencias significativas entre sí.

Al analizar la relación entre funcionalidad familiar y escolaridad máxima alcanzada por los miembros de la familia se encontró asociación estadística (p=0.0001 según ANOVA), y que la funcionalidad familiar aumentaba significativamente conforme se incrementaba la escolaridad (prueba de tendencia lineal, p= 0.0014).

Discusión

Los datos encontrados en el presente estudio dan cuenta de un resultado no esperado: mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los planes de desarrollo social de los últimos gobiernos definen los Hogares Comunitarios como recursos destinados a “sectores de extrema pobreza”, la información hallada sobre el número de proveedores por familia (45.6% tienen dos proveedores y 14% más de dos), régimen de seguridad social (58.6% en el régimen contributivo) y, de manera indirecta, el motivo de ingreso al programa (45.2% por motivo laboral, 33.6% para la socialización de los niños y sólo 12% por pobreza/alimentación de los niños), muestra, de manera consistente, que un porcentaje importante de la población usuaria no corresponde a la población destinataria, tal como la define el programa.

Diversas hipótesis podrían ser planteadas y, aún, es probable que sean varias las explicaciones que den cuenta de este comportamiento. Los Hogares Comunitarios surgieron mucho antes de su adopción por el ICBF, como una respuesta de las poblaciones urbanas de bajos recursos ante la crisis económica de los años 70’.

Desde entonces es probable que se haya consolidado como recurso útil para impedir el deterioro, incluso para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida materiales y psicosociales de las familias en tal situación.

Esto en la medida en que al disponer de un recurso que se hace cargo del cuidado de los niños pequeños, permite a los adultos trabajar y conseguir mayor sustento económico. Desde esta perspectiva, cabría preguntarse si las características socioeconómicas de las familias usuarias, tal como han sido encontradas en esta investigación no son un resultado de la disponibilidad de este tipo de apoyos.

Sin embargo, con los datos que este estudio aporta, no es posible establecer conclusiones al respecto, aunque sí dejar señalada ésta como una pregunta importante para estudiar en futuras investigaciones.

Otra posibilidad explicativa es que siendo los Hogares Comunitarios reconocidos como un recurso que atiende un aspecto percibido como necesidad por la población, el de la socialización de los niños –así lo estarían mostrando las respuestas de los encuestados a la pregunta por el motivo de ingreso al programa–, sectores sociales distintos a los de extrema pobreza, pero pertenecientes de todos modos a una población de escasos recursos, los utilicen.

En tal caso, esta percepción constituye un avance con relación a aquella que se agotaba en el ámbito biológico, percepción que habría que alentar, no sólo por lo que implica para el desarrollo psíquico del niño, sino también por las posibilidades de introducirlo tempranamente en la relación con otros niños y con experiencias colectivas reguladas por normas de convivencia en cuya construcción intervienen, sin duda, los Hogares Comunitarios.

Pero también la valoración por la comunidad de los Hogares Comunitarios como una alternativa para la consecución de dicha socialización representa un logro del programa, ya que dejaron de ser también ellos, mero recurso alimentario o de cuidado temporal.

En cuanto a la funcionalidad familiar, son pocos los estudios que han investigado este aspecto en el ámbito comunitario en Colombia. Un estudio realizado en Barranquilla por Navarro y col27, con 178 familias, encontró que 54.4% de ellas tenía algún grado de disfuncionalidad discriminada de la siguiente manera: 24.8% tenía disfuncionalidad leve, 16.8% disfuncionalidad moderada y 12.8% severa.

En contraste, 45.6% de las familias eran funcionales. Por su parte, De Francisco28, en un estudio similar realizado en el corregimiento La Herradura en el Municipio de Cali, encontró que de 235 familias estudiadas, 40% presentaba disfuncionalidad moderada y 3% severa, mientras que 57% eran funcionales.

En el presente estudio, se encontró que de 250 familias analizadas, 31.2% tenía disfuncionalidad moderada, 7.3% presentaba disfuncionalidad severa y 61% eran familias funcionales.

Al comparar los resultados obtenidos en las distintas ciudades se encuentran variaciones en cuanto a la funcionalidad así: 45.6% en el estudio de Barranquilla, 57% en el de Cali y 61% en el de Itagüí. Lo anterior significa que el mayor porcentaje de funcionalidad se encuentra en la población objeto de este estudio.

Sin embargo, al examinar la severidad de la disfunción el menor porcentaje de severidad se encuentra en el estudio de Cali (3%), siendo el de Itagüí cercano al doble (7.3%) y el de Barranquilla cuatro veces mayor (12.8%). No es posible adelantar propuestas elaborativas sobre estos datos, pero constituyen hallazgos muy sugestivos para futuras investigaciones.

En cuanto a los factores relacionados con la disfuncionalidad familiar, cabe resaltar, en primer lugar, que no se encontró relación estadísticamente significativa entre la funcionalidad y el tipo de familia. A una conclusión similar se llegó en la investigación referida de Barranquilla y a una contraria en la de Cali.

Este hallazgo es interesante si puede formularse como que no es obvia la relación entre el tipo de familia y la funcionalidad. Convencionalmente se ha pensado la familia nuclear como facilitadora de la comunicación y protectora frente a condiciones mentales patológicas29.

También la convivencia con la familia extensa ha sido considerada como un factor de riesgo para la disfuncionalidad familiar en otros estudios, entre ellos, uno realizado en Cali en 197930 y en el de De Francisco de 1995 28, no fue un hallazgo en los otros estudios colombianos previamente citados ni en el nuestro.

Con base en lo anterior podría postularse que la evolución tipológica de la familia colombiana, en el contexto del actual proceso de modernización y secularización 31,32, no ha sido necesariamente generadora de crisis en la familia, sino respuesta a una nueva dinámica social, en la que actores diferentes de los tradicionales, ya sea individual o colectivamente, podrían estar desempeñando funciones estabilizadoras en la familia.

En segundo lugar, al menos dos de las tres variables que presentaron asociación estadística con funcionalidad familiar, a saber, índice de carga familiar (p=0.0063) y haber ingresado al Hogar Comunitario por “pobreza/alimentación” (p=0.02), indican una relación entre nivel económico y funcionalidad, más específicamente, entre ser pobre y ser disfuncional.

Por otro lado, la escolaridad máxima como variable amerita un comentario. Es una variable poco estudiada en este tipo de investigación. Se propuso como un criterio índice de recursos familiares. Sin embargo, resultó ser bastante sensible a los cambios en la funcionalidad familiar (p=0.0001), de manera que a mayor escolaridad máxima, mayor era la funcionalidad.

Esta asociación, sin embargo, puede corresponder a la influencia de otras variables como: poseer recursos económicos para educar, valorar la educación, tener acceso al trabajo, emplear los recursos sociales y tener capacidad de gestión y acceso a las redes de apoyo social.

También es llamativo que no se observen diferencias con relación a la exposición a estresores, es decir, a eventos que establecen la presencia de crisis normativas y no normativas en la familia, entre las familias funcionales y disfuncionales en el presente estudio.

Este hallazgo concuerda con lo encontrado en el estudio de Cali y parcialmente con el de Barranquilla, en el cual la presencia de crisis normativas no estuvo asociada con cambios en la funcionalidad familiar.

Quedan estos interrogantes: ¿Cómo explicar diferencias tan marcadas en estudios sobre funcionalidad familiar que aplicaron metodologías similares en ciudades de perfil parecido como Cali, Medellín y Barranquilla? ¿Cuál ha sido el efecto de los cambios en la tipología familiar en Colombia sobre la funcionalidad? ¿Cómo influye la escolaridad máxima en la familia sobre la funcionalidad? ¿Cuál es la especificidad del impacto de estresores como el ingreso, la salida o la muerte de un miembro de la familia, la migración o el cambio de residencia sobre la funcionalidad familiar? Son preguntas que requieren nuevas investigaciones que estudien el fenómeno con parámetros uniformes en distintas ciudades del país.

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