Editorial: Heraldo Médico, Vol 25 No.1

El diseñar proyectos se busca que cumplan objetivos definidos explícitos, pero también –y sobre todo implícitos. Y en ese sentido, pueden ocurrir dos cosas: lo explícito concuerda con lo implícito o, por el contrario. Lo explícito se convierte en un distractor o simple enunciado de lo que finalmente busca el desarrollo del proyecto.

De manera que, en el primer caso, los objetivos esperados se ven en cuanto el proyecto empieza a operar. Mientras que, si lo dicho no es coherente con el verdadero propósito encubierto, el resultado contradice lo explícitamente enunciado. Algo parecido ha pasado con el SGSSS.

Su enunciado, lo explícito, es una belleza:

Cobertura total de la población, universalidad, equidad, etc. Pero lo implícito no lo es, por lo menos para el amplísimo sector de la población Colombiana que está del otro lado (usuarios): cambiar el significado del concepto de salud como derecho al del derecho de las personas a recibir servicios de salud.

Y cuando las cosas se plantean de esa manera, todo cambia. Ese sutil enunciado implícito ha sido instrumentado con la máxima reglamentación para la prestación de los servicios de salud. A los cuales las personas –según este criterio– tienen derecho y con la mínima reglamentación. Para el manejo económico y financiero del dinero recibido por las entidades creadas para poner a funcionar el sistema.

Tal vacío ¿imprevisto o deliberado?:

Ha permitido que estos entes privados manejen los dineros públicos para salud como si fueran propios. De manera que sus rendimientos financieros no han entrado al Sistema para engrosar sus recursos, sino a las arcas propias de cada institución manejadora.

No hay una estricta y correcta reglamentación que exija la administración de esos dineros con el objeto de garantizar la provisión de servicios de salud. La utilización de capitales de solidaridad, constituídos para hacer equitativo el sistema. Se hace como si fueran capitales destinados a la rentabilidad netamente financiera en beneficio de la entidad manejadora y no del objeto para el cual fueron creados.

Pero lo anterior, podrían decir algunos:

“No es mas que una elucubración tendenciosa de alguien que no está de acuerdo y no ha entendido el sistema, que está amarrado al pasado y no ve las perspectivas y posibilidades del desarrollo del mercado, que defiende la ineptitud de algunos directores y gerentes de hospitales para hacerlos rentables”.

Si asumiéramos esto como válido, sería ubicando las cosas en su contexto histórico y analizándolas coherentemente.

El SGSSS fue diseñado en una época de ascenso económico del país. Pero desconociendo la economía subterránea que entonces soportaba la viabilidad de la economía nacional.

Los actuarios del proyecto no previeron las consecuencias que sobre el empleo y la capacidad de aporte iban a tener los drásticos cambios introducidos por las políticas de apertura económica y contracción del Estado ni la carencia de voluntad y compromiso político de los gobernantes de turno para aportar sus obligaciones al sistema ni lo que significaría el manejo de dineros públicos con apropiación privada de sus rendimientos financieros.

Como consecuencia de todo lo anterior, la operatividad del SGSSS nació desfinanciada a pesar de haberse destinado para salud cantidades de dineros nunca antes vistas ni soñadas.

La era que hoy vivimos es otra: guerra interior, baja productividad agroindustrial, máximos índices de desempleo en la historia republicana, deuda externa creciente que implica recorte al gasto público en salud y educación para cumplir con el pago de intereses de la misma. Son estos solo algunos de los ingredientes mas prominentes de la enfermedad nacional.

En consecuencia, es útil pensar en la necesidad de replantearse la estructura del sistema para que cumpla con sus objetivos explícitos.

Si el sector productivo y quienes trabajan han visto mermada objetivamente su capacidad económica, si buena parte de los aportes se gastan en administración burocrática de entidades privadas. Ssi los rendimientos financieros no engrosan el capital del sistema, si la infraestructura hospitalaria se desecha por su no rentabilidad. Es necesario replantear las cosas y corregirlas para lograr el objetivo explícito:

cobertura total con calidad.

Esto significaría, en primera instancia, crear esa estricta y correcta reglamentación para la administración de los dineros públicos destinados a la salud y asumir una indiscutible dirección estatal en el diseño y control de la ejecución de todas las tareas de salud públicas, máxime si son delegadas a entidades privadas sin conocimiento del concepto de salud pública ni experiencia en su ejecución.

Por otra parte, es imprescindible la normatización clara y precisa de los procesos de flujos de dineros hacia los prestadores de servicios. La unificación de requisitos exigidos a estos para justificar usos de medicamentos y procedimientos. Y para reclamar sus pagos y la creación de tarifas razonables y acordes con los costos que les permitan la actualización tecnológica y la garantía de calidad. Lo cual pasa por romper los oligopolios que se han ido creando sobre la base del desarrollo vertical de los manejadores privados de los dineros públicos para salud.

Estos oligopolios no respetan las normas del supuesto mercado sino que las rompen. Y, mientras crecen financieramente, quiebran la productividad en salud, que se mide en calidad.

Estos cambios serían esperables hasta hace pocos dias, pues el Decreto 2309 del 15 de Octubre de 2002. “Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud” (tenemos otra sigla:

SOGCASSGSSS) traslada a los prestadores toda la responsabilidad de la garantía. Pero, mientras tanto, no aparecen actualizaciones razonables de tarifas ni normas que garanticen el pago oportuno por prestación de servicios. Cuyo incumplimiento terminará quebrando a muchas instituciones prestadoras.