La CIDH realiza desde 1961 visitas in loco para observar la situación general de derechos humanos en un país, y luego hace informes especiales sobre sus observaciones. Entre 1961 y el año 2000, la CIDH ha realizado 69 visitas a 23 países miembros, y se han publicado 46 informes especiales de país.
La Comisión realiza estas visitas en desarrollo de su mandato de observar la vigencia general de los derechos humanos en los estados miembros, y de publicar informes especiales sobre la situación de un estado particular o de un tema particular cuando lo considera necesario.
También está entre sus potestades el realizar visitas y profundizar la observación general de la situación y realizar una investigación sobre un tema en particular. El informe producto de esta visita es entonces publicado, y enviado a la Asamblea General de la OEA.
Cada informe especial es diferente según la época en la que fue realizado y según el particular problema a ser considerado. La transición democrática de la última década, se reflejan en una gran disminución de los informes centrados en torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y la evolución de la exigibilidad de los derechos sociales, económicos y culturales y los derechos de los grupos poblacionales más vulnerables a la discriminación.
En los informes especiales, como en los informes anuales, hay a partir de 1995 un énfasis cada vez mayor en los derechos económicos sociales y culturales así como en la situación de grupos vulnerables a ser discriminados, como mujeres, indígenas y afroamericanos. (Lea también: Informe Especial Guatemala)
Esto se evidencia claramente en los más recientes, donde se le dedica capítulos detallados a las poblaciones vulnerables y a los derechos sociales económicos y culturales. A partir de la aprobación de Belem do Pará en 1994, la Comisión reporta sobre la situación de violencia contra las mujeres. A partir de la entrada en vigencia del Protocolo de San Salvador se espera un interés aún mayor en los derechos sociales, y el desarrollo de estándares de cumplimiento. Los informes de Guatemala y Paraguay en el 2001 es un paso en este sentido.
Es posible entonces identificar en la CIDH una tendencia de la última década, y en particular de los últimos cinco años, de darle cada vez mayor importancia a los derechos que son la base de aquello que venimos hablando, la libertad de decidir como y con quien se tienen hijos y relaciones sexuales.
Sin embargo, son contadas las ocasiones en las que en las publicaciones de la CIDH se refieren específicamente a los derechos sexuales y reproductivos. Como tal la expresión no es utilizada, aunque si en los últimos informes, la Comisión se refiere a la salud sexual y reproductiva.
Los informes revisados anteriores a 1996 son los informes de Guatemala (1993), El Salvador (1994) y Haiti (1994). En Guatemala y El Salvador la visita se realiza al finalizar un largo período de conflicto armado interno y la CIDH se limita a señalar su impacto sobre los índices de pobreza y desarrollo humano en ambos países. En Guatemala además se señala la discriminación contra los grupos indígenas.
El informe de Haití de 1994 es importante porque por primera vez se denuncian violaciones masivas como parte de la represión estatal. En efecto, el gobierno de facto utiliza la violación sexual de mujeres y niñas como una forma de infundir terror entre la población que apoya al presidente electo, y ello es documentado por la Comisión.
Todos los informes de país a partir del informe de Brasil de 1996 documentan la situación de las mujeres, y con menos regularidad de los niños, de los indígenas, de los afroamericanos y de la población carcelaria. En los más recientes aparecen también los discapacitados y las poblaciones desplazadas o desarraigadas por la guerra. En todo los casos se denuncia que persiste la violencia y la discriminación contra las mujeres tanto de derecho como de hecho. Así se denuncia también en el informe sobre el status de la mujer en las Américas de 1998.
En el informe de 1996 de Brasil la CIDH denuncia la mala distribución de la riqueza que afecta a gran parte de la población. Llama la atención de la Comisión la persistencia del trabajo esclavo, los grupos de exterminio de niños de la calle, el hacinamiento de la población carcelaria, y una vez más, la violencia contra las mujeres.
En el informe de Ecuador en 1997 se realiza a partir de una crisis económica e institucional que casi resulta en el derrocamiento del gobierno democráticamente electo por parte de una población sumida en la pobreza; también allí se denuncia la discriminación y violencia contra las mujeres.
En México en 1998 se denuncia no sólo la discriminación y violencia contra las mujeres, sino también la situación particular de las mujeres en las maquiladoras en el norte de México, donde son sometidas a acoso sexual y se les exige de manera rutinaria la prueba de no estar embarazadas. Ello dentro de un contexto de pobreza y distribución inequitativa de la riqueza en un país en transición democrática, con nuevos y graves problemas de narcotráfico y conflicto armado interno. También se denuncia la marginalización de los grupos indígenas.
El informe de 1998 sobre la situación de la mujer en las Américas va mostrar una vez más la particular situación de vulnerabilidad de las mujeres en la región. Persiste de muchas formas la discriminación, tanto de hecho como de derechos. Las tasas de empleo y el monto de los ingresos sigue mostrando discriminación laboral, y las mujeres siguen teniendo índices más altos de analfabetismo. Además las tasas de morbimortalidad materna en general son superiores a lo que cabe esperar del nivel de desarrollo, lo cual puede estar relacionado con la penalización del aborto en la región.
Esta situación se sigue reflejando en los siguientes informes, con particularidades de cada país. En República Dominicana en el 99 se habla además de la gran incidencia del turismo sexual y del tráfico de mujeres, además de la renuencia de las autoridades de policía de atender a las víctimas de violencia doméstica. Además se denuncia el abuso y la prostitución de menores y la discriminación contra los trabajadores migrantes sobretodo en los bateys.
El informe de Colombia responde a una situación de conflicto armado interno que se agrava y se complica. El principal interés del informe el como la situación de violencia interna se refleja en la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Esto unido a la distribución inequitativa del ingreso tiene un impacto grave en la población más vulnerable, impacto que es denunciado por la Comisión. Hay discriminación a afrocolombianos, indígenas y mujeres, y estos son los más vulnerables frente la violencia en especial por los efectos del desplazamiento forzado. En este informe la CIDH hace un aparte sobre la salud reproductiva de la mujer colombiana, que si bien ha mostrado un avance significativo, sigue mostrando un índice desproporcionado de morbimortalidad materna.
En el informe sobre Perú en el año 2000, realizado al finalizar un conflicto interno prolongado, enfatiza el efecto discriminatorio de la desigualdad en la distribución de los ingresos. Dice que persiste la discriminación y violencia contra las mujeres, en particular en los servicios de salud reproductiva, donde se han visto denuncias de esterilizaciones forzadas y otras formas de violencia.
En el año 2000 la Comisión Interamericana presentó dos informes relativos a los derechos de los indígenas. “Fuentes en el Derecho Internacional y Nacional del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los pueblos Indígenas” y “La Situación de los Derechos Humanos de los Indígenas en las Américas 2000”. Ambos informes son relevantes a los derechos sexuales y reproductivos en cuanto demuestran el interés de la Comisión en los indígenas como población vulnerable Los informes mencionados no hacen un diagnóstico profundo de la situación de los pueblos indígenas. El primer es más un análisis de derecho para apoyar el proceso de expedición de una declaración de los derechos de los pueblos indígenas. El segundo más que un informe propiamente dicho es una compilación de materiales del sistema interamericano sobre los derechos de los indígenas. Así, luego de hacer una presentación general, la Comisión hace una compilación de los documentos preparatorios de la declaración de derechos de los indígenas, junto con la doctrina y jurisprudencia, y una compilación del capítulo sobre derechos de los indígenas en los informes especiales de la última década.
En el año 2001 la Comisión hace dos informes especiales: uno sobre Guatemala y otro sobre Paraguay. En estos se consolida la evolución hacia una mayor importancia de los derechos sociales y culturales y de los derechos de las poblaciones vulnerables. Ambos documentos tienen un capítulo sobre los derechos sociales, y otros dedicados poblaciones vulnerables: niñez, mujer, indígenas, y, en el caso de Guatemala, población carcelaria.
En ambos documentos la Comisión enfrenta el reto de trazar indicadores para medir el cumplimiento de los países de la garantía de derechos sociales económicos y culturales a partir de la vigencia del Protocolo de San Salvador . Utiliza para ello, el Indice de desarrollo humano del PNUD, señalando así los puntos más deficientes de la gestión estatal. En el caso de Guatemala utiliza además los compromisos del estado en los Acuerdos de Paz de 1996, relacionándolos con la vigencia de estos derechos, ya que, dice, los Acuerdos de paz reflejan los principios y valores básicos del sistema interamericano de derechos humanos.
En Guatemala la Comisión llama la atención sobre la desigual distribución de riqueza, y el impacto de la pobreza sobre la población Guatemalteca, sobre todo en la población rural en indígena. Falta acceso a la educación, la tasa de analfabetismo es alta, los servicios de salud son deficientes, las tasas de mortalidad materna e infantil son muy altas y faltas en los hogares lo elementos básicos de higiene. Las cárceles no están adecuadas para albergar personas y asegurar su rehabilitación. Los indígenas sufren en particular las inclemencias de la miseria, a pesar de la creación de una serie de instrumentos legales para protegerles de la discriminación, incluyendo la creación de la Defensoría de la Mujer indígena. Los niños y las mujeres son quienes más sufren los efectos de la violencia y las inequidades. La Comisión destaca la necesidad de que haya acceso a servicios de planificación familiar, ya que “la capacidad de la mujer de controlar su fecundidad tiene una relación fundamental con su capacidad de gozar del conjunto de derechos básicos.”
En Paraguay, junto con los problemas presentados por la falta de vigencia de la institucionalidad democrática, la impunidad y la debilidad de la administración de justicia, la Comisión señala problemas relacionados con la falta de vigencia de los derechos de la niñez, la mujeres, y los pueblos indígenas, y de los derechos económicos sociales y culturales. Insiste en que la pobreza extrema es una denegación de los derechos humanos, y que estos son indivisibles. Señala que las mujeres en Paraguay son víctimas de acoso y abuso sexual, y que los altos índices de morbimortalidad materna reflejan el nivel de pobreza y exclusión de las mujeres. Cita además una sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos donde se responsabiliza al estado por niños de la calle que viven en “la humillación de la miseria”
En conclusión podemos ver como en la última década ha habido un aumento del interés de la comisión por los derechos sexuales y reproductivos. Si bien no los nombra como tales, cada vez que la CIDH denuncia la discriminación y la violencia contra los grupos poblacionales más vulnerables, está denunciando las circunstancias que limitan o impiden el acceso de estos grupos al goce de los derechos sexuales y reproductivos. Cuando denuncia la de atención estatal en salud y educación, está denunciando situaciones que violan estos derechos. Además, la estructura de los últimos informes revela un interés obligatorio en la salud sexual y reproductiva.
A continuación se hace una selección de los principales apartes de los informes especiales que son relevantes para la protección de los derechos sexuales y reproductivos. De los anteriores informes se seleccionaron las partes referentes a los derechos económicos, sociales y culturales, así como las relativas a los derechos de las poblaciones más vulnerables, como son las minorías étnicas, las mujeres, la población carcelaria.
