Personas con Discapacidad

A. Alianza por la Inclusión y la Dignidad de todas las Personas con Discapacidad

1. Diagnóstico

La exclusión social y productiva de las PcD constituye un reto de política social, en cuanto existen limitaciones acumuladas y emergentes asociadas con debilidades institucionales y condiciones particulares de la población, que pueden agruparse así: (1) problemas asociados con la institucionalidad y la política pública; (2) necesidad de fortalecer la inclusión social, en particular lo referido a educación inclusiva; (3) barreras que restringen la inclusión productiva; (4) dificultades relacionadas con la accesibilidad y ajustes razonables; (5) restricciones para el ejercicio de la capacidad legal de las PcD y el acceso a la justicia; y (6) el apoyo y cuidado para la promoción de la vida independiente.

a. Dificultades desde lo institucional

Si bien el país cuenta con una institucionalidad y política pública para asumir los retos de la PcD, al existir un conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones para poner en marcha los principios generales de la discapacidad, conocido como Sistema Nacional de Discapacidad (SND) y documentos de política social (CONPES 80 de 2004 y 166 de 2013), persisten barreras para la implementación efectiva de la política y para la gestión intersectorial y la toma de decisiones, que van desde la ausente o deficiente información sobre la situación de la PcD, la falta de comprensión de las condiciones y situaciones que determinan su vida, hasta la débil adecuación y articulación de la oferta institucional para su atención.

En cuanto a las debilidades de información:

En primer lugar

Se presentan las limitaciones en la identificación de las PcD. De acuerdo con el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2005), se estima que existen 2.624.898 de PcD, equivalente al 6,3 % del total de la población, mientras que el Registro de Localización y Caracterización (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) cuenta solo con 1.418.065 personas, con corte a septiembre de 2018.

Esta asimetría en las estadísticas de personas con discapacidad, que tiene origen en las diferencias de definición e identificación de la discapacidad, así como en la calidad de los registros administrativos, ha derivado en dificultades en la pertinencia y respuesta oportuna del Estado a las necesidades de la PcD, dada la falta de información actualizada, consistente y confiable.

En segundo lugar

La ausencia de información y seguimiento ha llevado al desconocimiento de los resultados o impactos de las acciones de política dirigidas a la PcD en los últimos cinco años.

Si bien el RLCPD es la herramienta más detallada sobre las personas con discapacidad, su cobertura aún es limitada, y, al ser un registro estático, no permite realizar seguimiento a las PcD en el tiempo (Ángel, 2018).

Teniendo en cuenta los resultados del censo de población realizado durante el 2018, es necesario revisar la actual PPDIS con base en los nuevos datos sobre las PcD, y realizar los ajustes que se estimen pertinentes para su articulación con los objetivos planteados en el PND y en los distintos planes sectoriales.

La oferta institucional se caracteriza por la dispersión y variabilidad en la cobertura, alcance y organización de los programas para esta población, brindados en el marco de otros sistemas e instancias intersectoriales, como el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNRV), el Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) y la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia (CIPI), en los que se combinan diferentes estrategias para la inclusión social y productiva de las PcD, sus familias y personas cuidadoras, de manera desarticulada del SND, lo que genera posibles inequidades, ineficiencias en la asignación de los recursos y duplicidad de esfuerzos.

Reconocimiento de la capacidad legal de las PcD

En el mismo sentido, desde lo institucional persisten retos relacionados con la supresión de las barreras que restringen el acceso a la justicia y el reconocimiento de la capacidad legal de las PcD, con posibilidades de tomar sus propias decisiones, siempre y cuando cuenten con los debidos apoyos y ajustes razonables, que deben de ser implementados en todas las entidades que suministren acceso al público.

Lo anterior se evidencia en el desconocimiento de sus necesidades jurídicas; la existencia de normatividad que usa lenguaje peyorativo en contra de sus derechos y dignidad; la falta de conocimiento por parte de los funcionarios judiciales de los abordajes para esta población, y la falta de programas de apoyo y ajustes razonables para asegurar que las PcD tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

Según un estudio de La Rota, et al. (2014), basado en la encuesta de necesidades jurídicas, las PcD tienen mayor número relativo de conflictos que la población general; los tipos de conflictos con mayor presencia relativa en esta población son la discriminación y el hábitat urbano.

Este último se encuentra relacionado con problemas básicos de accesibilidad. Así mismo, el estudio señala que las dimensiones en que las PcD tienen mayores necesidades jurídicas son las de acceso a la salud, familia, laboral, acceso a la educación, accesibilidad y victimización criminal.

(Lea También: Sistema Nacional de Discapacidad Objetivos y estrategias)

b. Necesidad de fortalecer la inclusión social

Los esfuerzos encaminados a reconocer los derechos de la PcD, específicamente la Ley 1618 de 2013, han dado importantes pasos hacia su inclusión social; sin embargo, a partir del análisis de clases sociales realizado con información de la Encuesta de calidad de vida 2016 (ECV), en la gráfica XIII-1 se observa que el 70 % de las personas que manifiestan tener una o más limitaciones de carácter permanente estarían ubicadas en las clases pobre y vulnerable (gráfica XIII-1)1.

De forma consistente, al observar la clasificación de la PcD de acuerdo con el puntaje Sisbén estimado por la ECV 2016, se encuentra que el 66,8 % están por debajo de un puntaje de 50; lo cual indica que la mayoría de esta población cuenta con las condiciones socioeconómicas de mayor vulnerabilidad (gráfica XIII-2).

Según el RLCPD (2018), en relación con el acceso a los servicios educativos, de cada 100 PcD mayores de 24 años, 42 tenían como último nivel aprobado la primaria; 20, la secundaria, y 31 no habían alcanzado ningún nivel educativo; mientras que 32 refirieron no saber leer ni escribir.

Del grupo de PcD entre los 5 y 24 años, el 56 % señaló que asistía a alguna institución educativa al momento del registro, mientras que el 41 % refirió estar desescolarizado. De las personas desescolarizadas, el 65 % planteó que la razón principal por la que no estudiaban era su discapacidad.

Personas con discapacidad respecto a los servicios educativos estatales

Respecto al acceso de las personas con discapacidad a los servicios educativos estatales, según datos del Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT), que administra el Ministerio de Educación Nacional (MinEducación), para julio de 2018 se tenían registrados 185.529 estudiantes con discapacidad en todo el país.

Con la expedición del Decreto 1421 de 2017 se busca la implementación de un modelo de educación inclusiva para garantizar el acceso de las PcD a los servicios educativos, en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media, e instituciones que ofrezcan educación de adultos, ya sean de carácter público o privado.

Sin embargo, entre las dificultades encontradas por MinEducación que restringen el acceso y permanencia se destacan las que tienen que ver con la falta de formación de maestros y personal de apoyo para el adecuado acompañamiento de las PcD, la carencia de herramientas tecnológicas para PcD, la prioridad en los aspectos médicos y no en los educativos y pedagógicos, el uso de aulas segregadas y especializadas, falta de soporte para realizar los ajustes razonables, el déficit de personal docente y de apoyo.

Esta situación presenta como consecuencias el rechazo de la matrícula de los niños con discapacidad, el ingreso tardío al sistema educativo (extraedad), la alta repitencia y la rápida deserción.

c. Barreras que restringen la inclusión productiva

En cuanto a la empleabilidad, 167.729 personas inscritas en el RLCPCD (2018) refieren estar trabajando, de las cuales el 80 % indica no tener ningún tipo de contrato, mientras que un 11 % señala tener un contrato a término indefinido y un 7 % referencia contar con un contrato a término fijo. Por otro lado, 57.639 expresan que se encuentran buscando un trabajo.

Todo ello hace evidente el bajo nivel de formalidad y la precariedad de la vinculación laboral de las personas con discapacidad.

Según la información estadística de la población con discapacidad registrada en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SPE), a septiembre de 2018 se encontraban registrados 2748 buscadores de empleo, de los cuales 1748 (63,6 %) eran hombres y 1.000 (36,4 %), mujeres.

Los datos del mismo sistema de información revelan que la mayoría de los buscadores de empleo (1.138 personas) son menores de 28 años (42 %), mientras que los mayores de 45 años llegan a 577 (21,3 %).

Según el citado registro, el mayor número de PcD que se encuentran como buscadores de empleo están ubicadas en el Distrito Capital y en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Valle del Cauca (gráfica XIII-3).

Al comparar con las cifras del RLCPD, según las cuales 57.639 personas con discapacidad se encuentran buscando trabajo, se identifica un nivel relativamente bajo de inscritos como buscadores de empleo en el SPE, que informa 2.748 personas.

Esta situación demanda especial atención, en el sentido de identificar las razones por las cuales se presenta el bajo número de buscadores de empleo y la adopción de una estrategia para lograr una mayor cobertura de este sistema.

Vinculación de las PcD al empleo público

Es importante señalar que en el proceso de reglamentación de la Ley 1618 de 2013 se ha expedido un marco normativo que promueve la vinculación de las PcD al empleo público, al establecer un mecanismo de cuotas.

Adicionalmente, se han adoptado incentivos en los procesos contractuales con las entidades estatales para las empresas que certifiquen la vinculación de PcD. No obstante, se requiere adelantar acciones para fortalecer la implementación de estas medidas, para que se reflejen en la vinculación laboral de las PcD a escalas nacional y territorial.

De acuerdo con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en la actualidad existen 1913 servidores públicos con algún tipo de discapacidad, lo que equivale a un 0,16% del total de trabajadores estatales. Sin embargo, se estima que con la implementación de las cuotas previstas por el Decreto 2011 de 2007 se podrían estar vinculando al sector público aproximadamente 12.000 PcD al 2022.

Si bien el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) expidieron una circular orientada a la implementación del Decreto 2011 de 2017, con la finalidad de promover la vinculación de personas con discapacidad al servicio público, se requiere la adopción de medidas de acompañamiento y seguimiento a las entidades públicas para el cumplimiento de las cuotas de empleo que establece el mencionado decreto.

Bajos niveles de empleabilidad de la PcD

Los bajos niveles de empleabilidad de la PcD obedecen a barreras que restringen su inclusión laboral. Estas barreras están relacionadas principalmente con insuficiencia en la educación básica y media, oferta no pertinente sobre la educación orientada al trabajo, deficiencia en la intermediación laboral, carencia de información y acompañamiento para el contacto con las empresas y la inserción al mercado laboral (Fundación Corona, 2016).

Lo anterior, sumado a barreras por deficiencia en preparación educativa, la falta de conocimiento del empleador en términos de empresa privada, sobre la implementación de los ajustes razonables, las ventajas tributarias que tienen al contratar a PcD y el temor por desconocimiento de derechos y deberes en contratación de PcD, incrementan las barreras de empleabilidad en esta población. Además, la no vinculación de la PcD al mercado laboral le estaría generando pérdidas al país que van entre el 5,3 y el 6,9 % de su producto interno bruto (PIB) (Correa, et al, 2016).

En cuanto a la información del emprendimiento de las personas con discapacidad, se aprecia la carencia de información al respecto, razón por la cual se considera necesario adoptar un instrumento que permita la recolección de los registros sobre esta población, con fines de inclusión productiva.

d. Barreras relacionadas con la accesibilidad

Las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras encuentran a diario barreras actitudinales, comunicativas, físicas y tecnológicas, que restringen su acceso al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, que limitan su inclusión social y productiva.

De acuerdo con la sala situacional de las PcD, en 2018, las mayores barreras para la movilidad se encontraban en las calles (46 %) y en los vehículos públicos (34 %).

También se encuentran barreras en los andenes (29 %), parques (25 %), centros de salud (17 %), lugar de trabajo (17 %) y centros educativos (14 %) (gráfica XIII-4).

 Es importante fortalecer las acciones del Estado para que las instalaciones físicas y la oferta de servicios de las entidades públicas y espacios públicos sean accesibles, tanto en infraestructura, equipos y herramientas, como en contenidos, y en la atención al ciudadano, considerando los diferentes tipos de discapacidad.

e. Apoyo y cuidado para la vida independiente

En Colombia, el 19,8 % de las personas con discapacidad informa cuatro o más deficiencias, lo que se asocia con mayor necesidad de apoyo de un tercero para realizar las tareas diarias.

Como efecto, las cifras indican que el 37,7 % de la población con discapacidad registrada en el RLCPCD depende permanentemente de una persona cuidadora; esta generalmente es mujer (75,1 %), del mismo hogar (83,7 %) y sin remuneración, cifras que coinciden con análisis internacionales relacionados también con la economía del cuidado (Universidad Nacional de Colombia, 2015).

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• 1 Se entiende como pobres a los hogares con ingreso per cápita por debajo de la línea de pobreza nacional; como vulnerables, a los hogares con ingreso per cápita entre la línea de pobreza (LP) y USD 10 PPA (paridad del poder adquisitivo); como clase media, a los hogares con ingreso per cápita entre USD 10 y USD 50 PPA; y como clase alta, a los hogares con ingreso per cápita mayor a USD 50 PPA.