Los Retos de la Fiscalía Mario Iguarán Arana – Fiscal General de la Nación
Mario Iguarán Arana
Fiscal General de la Nación
TRANSCURRIDAS VARIAS ADMINISTRACIONES DESDE LA creación de la Fiscalía General de la Nación:
Ésta última por las modificaciones del Acto Legislativo No. 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, que institucionaliza el proceso acusatorio, deberá dar una mirada retrospectiva, desde los comienzos, para establecer los saldos positivos y extraer de ellos los talantes, estilos y logros, con la finalidad de proyectar una institución a tono con las nuevas normas.
Hacia los aspectos medulares establecidos en la Ley 938 de 2004 o Estatuto de la Fiscalía será necesario concentrar la inteligencia, la motivación, la efectividad y eficacia del nuevo equipo de trabajo.
Los retos que debe afrontar la nueva era de la Fiscalía están contenidos en el nuevo Código de Procedimiento Penal, de cuya sola lectura se deducen de manera objetiva. En orden de prioridades el compromiso es contextualizar la dignidad humana no solo en relación con las normas internacionales compendiadas en el llamado bloque de Constitucionalidad sino en el respeto en la diaria relación de los funcionarios de la Fiscalía y los usuarios de la justicia.
Asunto atinente a la dignidad es volver una realidad la protección a victimas y testigos, con las variantes y derivaciones propias de esas figuras, entre ellas la de más alto vuelo: la reparación integral.
A través de las decisiones conquistaremos la credibilidad de las gentes y se dará un paso crucial en la búsqueda de la colaboración de los afectados por el delito y en general de toda la comunidad permeada por el temor y la desconfianza.
Punto de similar importancia y trascendencia es la cadena de custodia, la cual nos permite la conservación de los elementos probatorios, facilita una acusación fuerte y proporciona solidez suficiente para la construcción de las sentencias cualesquiera que ellas sean.
El desafío estriba en actualizar los organismos auxiliares existentes, la policía judicial y los laboratorios de criminalística:
Para dotarlos de la estructura; la destreza, capacidad y conocimiento, ya refrendados por la vocación científica y técnica en el esfuerzo evolutivo del nuevo sistema. El trabajo está bastante avanzado siendo una prioridad la cohesión de las distintas entidades dedicadas a igual función para lo cual la Fiscalía tiene el instrumento legal para hacerlo. Precisamente la Ley 938 de 2004 propende por la unificación de todas, con la finalidad de capitalizar positivamente la capacidad y la idoneidad demostrada a lo largo de muchos años.
La policía judicial es quien desarrolla y debe colaborar en el diseño del programa metodológico o dibujo de ejecución el cual permite conducir una investigación exitosa, sin el papeleo que atiborra los despachos judiciales.
Por lo mismo, con las facultades otorgadas en el estatuto orgánico, se aprovechará el conocimiento y trabajo desarrollado por las entidades de control como la Procuraduría, Personería, Contraloría y por otros organismos estatales, verbi gracia, la DIAN, quienes harán los aportes correspondientes a su función con menores costos y agilizando las investigaciones.
En el desarrollo de la investigación el código de procedimiento penal trae el novedoso principio de oportunidad, el cual de la mano de la política criminal del Estado permitirá modular la actividad penal desde su nacimiento, desarrollo y finalidad, siendo de rigor procurar y apremiar a las entidades en la difusión de las proyecciones de ese tema para una efectiva comprensión del mismo.
Con la figura se privilegia la perspectiva de una nueva Fiscalía, apuntándole a la efectividad del derecho penal, al desmonte de la delincuencia organizada, a la economía procesal por investigaciones de poca o ninguna importancia; en fin aminorando gastos y optimizando los utilizados.
Singular importancia surge del instituto denominado acuerdos y preacuerdos:
En los cuales la Fiscalía tendrá la oportunidad de obtener la sumisión de los imputados otorgando al mismo tiempo los beneficios de pena establecidos dejando la impronta de la eficiencia e idoneidad aproximándonos a las metas y objetivos mediante una acción dinámica que provoque la descongestión y la disminución de la impunidad, con la participación activa de los involucrados en el proceso penal.
En toda la actuación de la Fiscalía siempre estarán presentes los mecanismos de justicia restaurativa tendientes a la participación conjunta de víctima e imputado, en la solución de las cuestiones derivadas del delito.
La conciliación y mediación serán mecanismos ofrecidos por el ente investigador a los protagonistas del proceso penal, mostrando las bondades del mismo, especialmente en el logro de la reintegración de la víctima y del infractor a la comunidad con la finalidad única de acercarnos a la paz.
Frente a lo expuesto, desde luego aparecen en el escenario temas neurálgicos, producto de las nuevas disposiciones, lo atinente al proceso de Justicia y Paz, el cual pese a estar precedido de múltiples inconvenientes, críticas y erróneas interpretaciones, es el esfuerzo más grande en pro de la paz, en el cual la Fiscalía por obligación legal deberá procurar sus mayores energías, obligándose a arbitrar todos los recursos técnicos y humanos, a garantizar su transparencia en la aplicación, a reactivar distintos mecanismos existentes y por ende a la creación de otros en el propósito de hacer expedito el camino de la reconciliación.
La patria y sus ciudadanos pueden estar seguros que la aplicación del estatuto será respetuoso de las expectativas de la sociedad nacional e internacional en relación con aquellos sujetos pasivos de las conductas y aspirantes a ser en efecto resarcidos moral, legal y económicamente. En esa tarea la responsabilidad es de la fiscalía y los jueces quienes solo estarán comprometidos con la justicia y la equidad.
La Fiscalía le apuesta a los inconmensurables retos del complejo mundo de hoy, de la competitividad en todos los frentes, de los adelantos científicos y técnicos a los cuales no han sido ajenos las organizaciones delincuenciales, mostrándose ingeniosos y fuertes en el manejo de la tecnología, en franjas como el lavado de activos, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, sin olvidar a quienes se escudan en las fachadas de las grandes empresas comerciales.
Estos aspectos trajinados, reiterados, mirados con inquietud por la sociedad colombiana, llevan a magnificar la labor y el trabajo en ciernes, a la necesidad de los ajustes, el imperativo de mantener la acción, la inteligencia, el decoro y la dignidad, la capacidad, el conocimiento y las destrezas que procuren real y sustancialmente la efectividad de la Fiscalía y en efecto constituya el faro orientador en el difícil proceso de la construcción de una comunidad más fuerte y segura.
En ese orden de ideas, se ha dejado para el final el cuál va a ser la metodología, el procedimiento, la mecánica y en particular el camino a seguir con el objeto de hacer una realidad todo lo expuesto y poder entregar un cuatrienio a tono con las expectativas creadas y analizadas.
Es aquí donde se impone de verdad reiterar las materias específicas de formación, capacitación, fundamentación y motivación que llegue a todos los estamentos de la Fiscalía. La incidencia de este tema y de sus connotaciones, aparecen delineados y proyectados en el estudio orgánico con la prioridad e interés inherentes para la comunidad acusadora.
La Fiscalía ha tenido su Escuela de formación y no se trata de hacer tabla rasa de lo hasta ahora realizado, sino que por el contrario implica un fortalecimiento y unos ajustes en armonía con el devenir de las situaciones derivadas de las avalanchas fuertes de la competencia anotada, la complejidad de las materias, los nuevos órdenes de una colectividad exigida ante la acometida de los fenómenos de todo tipo asediando al hombre en las innumerables etapas de su actividad.
Se trata de revisar contenidos y métodos, de saber cuál es el modelo pedagógico apropiado en el acometimiento de los frentes sometidos al escrutinio de los miembros de la institución, para apuntar hacia una Fiscalía de carácter social, con una línea de metas por objetivos, y entrar en el sistema de las competencias para un mayor complemento de las áreas del conocimiento y las habilidades.
Se ambiciona un modelo que contemple de manera ágil el recorrido apropiado de metas, criterios de desarrollo, experiencias seleccionadas, la relación entre quien suministra la información y quien la recibe, la metodología en la enseñanza y esencialmente el proceso evaluativo, el seguimiento. Procurar en esa capacitación que el elemento integrante de la Entidad adquiera un desarrollo pleno individual y colectivo, para una producción igualmente colectiva.
Pero también guiñarle el ojo a una formación por competencias, donde la prioridad sea la persona, su comportamiento y sus valores. Propugnar por una disciplina del componente humano nuestro y de convertirlo en un hombre de hábitos, de constancia hacia el saber racionalizado y efectivo.
Apuntar, de ser viable, a una información total y completa conducente a una auténtica formación y se haga con la suficiente habilidad y entrenamiento.
Un propósito determinado y específico conduce inexorablemente a procurar en el ente acusador, un ejemplo de funcionario completamente humanizado, donde la prioridad sea el hombre por encima del profesional, para brindar a la comunidad la capacidad de resolver los problemas del delito dentro de un ambiente de dignidad y de respeto transformadores de una cultura, hasta ahora signada por la impronta de la violación de los derechos humanos.
En tal cometido, el Estatuto Orgánico entrega las herramientas precisas y propias para su logro a través de la administración del talento humano dentro de los principios enunciados de excelencia, igualdad, eficiencia, celeridad, publicidad, mérito, especialidad, calidad y relación laboral.
No puede ser de otra manera, con un transparente manejo de los recursos y de la entidad, surge como una apremiante necesidad la preocupación por tener un régimen de carrera dentro de la institución, cumpliendo el mandato de la Carta Magna y siendo consecuente con las orientaciones de la Corte Constitucional en la materia. Es otro de los indiscutibles retos y de las pretensiones a corto plazo para enrutar la voluntad en ese cometido.
El Estatuto tantas veces citado contempla lo expuesto y hace referencia puntual a su estructura institucional, al objeto del proceso de selección, el concurso de méritos, la calificación del desempeño, una selección objetiva y en igualdad de condiciones, a través de la convocatoria como norma obligatoria y reguladora; un concurso para calificar y evaluar aptitudes, capacidades, conocimientos, habilidades y experiencias, con su registro de elegibles y todos los demás asuntos inherentes a una forma de acceder a los cargos.
Puede observarse del panorama mostrado, del paneo llevado a cabo sobre lo existente, lo hecho y por hacer, del compromiso histórico de la actual Fiscalía, de la importancia y trascendencia de cada uno de los componentes, del papel protagónico que le corresponde realizar y de la incidencia de su paso por este ambicioso período sin descartar a futuro la realidad de una calificación de excelencia: no es una promesa sino un compromiso con la historia.
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