En una actitud posible y multitudinaria, con la cual se solidariza el cuerpo médico, los estamentos pensantes del país han iniciado un movimiento cívico para promover la cultura del buen trato en favor de la niñez.
Nada más justo, urgente y necesario que perseguir este objetivo, base de un inaplazable cambio de conducta de nuestra comunidad, cuya agresividad creciente en gran parte está siendo descargada en los niños, convertidos así en las víctimas de una catarsis morbosa y de la pérdida de los valores morales de sus propios padres y allegados, las más de las veces.
Se sabe que el 4.3% de nuestros niños son maltratados físicamente, y el l 9.7% emocionalmente, lo que origina trastornos de comportamiento que los marcan negativamente para toda su existencia, con menoscabo de la autoestima que a su vez genera mala calidad de vida, de la cual surgen sentimientos de amargura y resentimiento hacia su familia y hacia la sociedad misma que los convierte posteriormente un nuevos agentes del maltrato infantil, cerrando así el circulo vicioso de la venganza subconsciente que conduce a la delincuencia común y a la subversión armada.
Son conmovedores los datos estadísticos que suministran los estudios del problema: cada año en Colombia, dos millones de niños son víctimas de maltrato; solamente en la ciudad de Bogotá, diez mil niños de ambos sexos están siendo explotados en la prostitución; no obstante, se calcula que por cada niño maltratado que se denuncia, otros cinco lo llegan al conocimiento de las autoridades y, por tanto, no quedan registrados en las estadísticas policiales ni sanitarias.
Nuestros niños tampoco se escapan de ser robados con fines comerciales; del secuestro extorsivo; del trabajo pesado propio de adultos, con demérito de su educación escolar; de la desnutrición por la imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada y suficiente; de vivir una vida mendicante en un medio antihigiénico carente de atención en salud.
Lo anotado incrementa, como es obvio, la morbilidad y mortalidad prematura; más de veintidós mil niños mueren cada año en nuestros país antes de cumplir el primer año de vida, muchos de ellos por causa de una de las tantas formas de maltrato y de abandono, cuya enumeración completa sería poco menos que interminable.
Paradógicamente todo esto ocurre a pesar del artículo 44 de la Nueva Constitución Política promulgada en 1991, que textualmente establece:
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los Tratados Internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
En desarrollo de esta norma constitucional se han dedicado numerosas disposiciones legales emanadas de organizaciones gubernamentales y privadas constituidas a propósito, que han venido trabajando con ahínco en las soluciones del problema. Si tales normas fuesen acatadas y puestas en práctica por todos los colombianos, seguramente el oscuro panorama no existiría.
Pero quizá falta lo más importante, la cultura del buen trato, cuya implantación en nuestro medio es lo que en buena hora se ha iniciado bajo la denominación de “Convenio del Buen Trato” en todos los niveles sociales pero específicamente en el de la niñez.
El cuerpo médico colombiano respalda con entusiasmo este movimiento por cuanto constituye un clamor nacional y porque forma parte destacada de los objetivos y fines de nuestra profesión esencialmente humanitaria.
Joaquín Silva, MD.
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