Decretos 128 y 131 y los Derechos de los Pacientes y los Médicos

Si -para sus defensores- el sistema de salud colombiano tenía una virtud, era la ampliación de la cobertura de atención básica y el hecho de que, aunque por tutela, una buena parte de la población terminaba accediendo al derecho a la salud. La propuesta entonces para dizque “salvar al sistema” es cortarle las alas: que los pacientes tengan que pagar de su bolsillo por su enfermedad, y que los médicos tengan que pagar de su bolsillo por su libertad de prescripción.

Lo único sobre lo que hasta los más conservadores republicanos norteamericanos están de acuerdo sobre la propuesta de reforma a la salud de Obama (que está zozobrando por la pérdida de la súper-mayoría demócrata en el congreso) es sobre la injusticia que significaba el hecho de que una buena porción de la población estadounidense perdiera su casa, y todos sus activos, por no poder cubrir los costos de la enfermedad mientras las aseguradoras salvaguardaban sus intereses.

Según el Decreto 128 el Gobierno, pretende salvar el sistema de salud colombiano, con medidas que -todos coinciden- constituyen una vergüenza para el sistema de salud estadounidense.

La crisis financiera del sistema de salud está fundamentada en un problema de acción colectiva, una tragedia de los comunes. En realidad cada cual estaba tratando de extraer lo que más pudiera sin consideración por el todo, y al final el bien común terminó por agotarse.

Sin embargo, entre los actores involucrados, probablemente los únicos que actuaban con la urgencia de la enfermedad eran los médicos honestos y los pacientes. Mientras tanto, la mayoría de los actores que no se contactan con el drama humano de estar enfermo, las EPSs, los productores e intermediarios farmacéuticos, los funcionarios de entes territoriales, etc, exprimían el sistema y se llenaban los bolsillos con ganancias extraordinarias.

Ahora que el sistema hace aguas y ya no hay plata para nadie, claro que todos somos víctimas, incluso aquellos que durante más de diez años encontraron la forma de hacer rentable el “negocio” de la salud. Ahora, realmente las EPS no pueden pagar porque no les pagan, los hospitales van a quebrar porque no les pagan; ahora, el Fosyga no puede pagar porque no le alcanza. Pero el hecho de que ahora todos estemos en el mismo hoyo no puede permitirnos olvidar que no todos aportaron de igual manera a la catástrofe actual.

Los decretos 126, 128 y 131 quieren intervenir todo el sistema de salud y “meter en cintura” a todos los actores, sin embargo, no tienen ninguna perspectiva histórica y claridad diagnóstica sobre lo que nos trajo hasta acá y dan bandazos a diestra y siniestra, ajustando asuntos regulatorios a la vez que penalizan y casi que fascistamente le quieren poner techo a la libertad de práctica médica y al derecho a la salud.

Está claro que había que salvar financieramente al sistema, que había que parar excesos de la tutela, pero se trataba de corregir los errores regulatorios y de contención de costos que son muchos. Sin embargo, en lugar de ampliar el POS, en lugar de ajustar la UPC, en lugar de pensar en medidas técnicas de reforma a la salud, se ha optado por cortar de raíz y llevarse por delante todo, incluidos los aciertos.

Celebramos las medidas que por fin abordan temas como la regulación de precios de medicamentos, corrigen fallas del anterior sistema, le incorporan figuras novedosas y lo atan a la protección de patentes y datos de prueba. Pero no resulta nada razonable que para ver por fin una regulación efectiva de precios de medicamentos haya que aceptar que se limiten los derechos de los pacientes y los médicos como lo sugieren los decretos 128 y 131.

Seguramente el gremio médico, las asociaciones de pacientes, la sociedad civil organizada, los profesionales de la salud y la Corte Constitucional rechazarán estas medidas, por ser opuestas al espíritu de la jurisprudencia de la Corte en este tema, además de ser definitivamente injustas e insuficientes para resolver estructuralmente la crisis financiera del sistema de salud.

Dr. Sergio Isaza Villa, MD
Presidente
Federación Médica Colombiana