El Derecho a la Defensa de Funcionarios Policiales Inmersos en Procesos Penales por Actos de Servicio en Venezuela

Introducción

El derecho a la defensa es uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia en cualquier país democrático, y Venezuela no es la excepción. Este derecho, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza que cualquier individuo, sin importar su ocupación o estatus social, tenga acceso a una defensa adecuada en caso de ser sometido a un proceso penal. Sin embargo, este artículo se enfocará en una perspectiva particular: la defensa de los funcionarios policiales que enfrentan procesos penales por actos de servicio en Venezuela.

Los funcionarios de los órganos policiales tienen la responsabilidad de colaborar con el Ministerio Público en la persecución de hechos delictivos. En el ejercicio de sus funciones, pueden incurrir en conductas que den lugar a la instrucción de procedimientos en su contra. La investigación mencionada en la Revista Criminalidad se centró en el análisis del derecho a la defensa de estos funcionarios en la Policía del Estado Mérida. Le puede interesar: Beneficios para la policía en la compra de su carro.

Antecedentes Históricos de la Policía en Venezuela

La historia de la policía en Venezuela se remonta al siglo XIX y ha evolucionado en respuesta a las cambiantes realidades sociales y políticas. Inicialmente, la policía tenía funciones que incluían la aprehensión de infractores, la recaudación de impuestos y la represión de sospechosos de rebelión. Con la independencia de la República, surgieron cuerpos policiales como la Guardia Nacional de Policía en 1841, marcando un hito en la consolidación de la institución.

Sin embargo, a lo largo de su historia, la policía en Venezuela también se politizó y se centralizó. Sirviendo a menudo los intereses del poder político en lugar de garantizar la seguridad ciudadana. Durante el gobierno de Rómulo Betancourt en 1952, se dio un paso hacia la centralización de la función policial, disolviendo las policías municipales y creando cuerpos policiales jerarquizados y militarizados a nivel nacional.

A lo largo del tiempo, se han implementado reformas para profesionalizar la policía y enfocarse en una formación universitaria de los funcionarios policiales. Como la creación de la Policía Metropolitana en 1969.

Sin embargo, persisten desafíos en la estructura y funcionamiento de la policía. Incluyendo la necesidad de asegurar un respeto adecuado de los derechos humanos y una capacitación sólida de los funcionarios policiales. Estos antecedentes históricos subrayan la importancia de un sistema de justicia que garantice el derecho a la defensa de los funcionarios policiales involucrados en procesos penales relacionados con actos de servicio. A medida que la policía evoluciona y se adapta a las necesidades cambiantes de la sociedad venezolana.

La Función e Investigación Policial en el Proceso Penal

Los funcionarios policiales tienen una labor fundamental que involucra la aplicación de normas de derechos humanos y principios del derecho humanitario. Su responsabilidad radica en mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las funciones policiales pueden resumirse en tres aspectos clave:

La prevención de delitos, la intervención en la represión de delitos mediante la investigación criminal, y el mantenimiento de la seguridad pública. Estas tareas son esenciales para el bienestar de la sociedad y cuentan con el respaldo de la comunidad.

Dentro del proceso penal, la función policial se centra en la persecución de hechos delictivos con el debido respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos. La fase preparatoria o de investigación es crucial, ya que se encarga de la preparación del debate oral y público. En esta etapa, los funcionarios policiales, en colaboración con el fiscal del Ministerio Público, realizan investigaciones y diligencias para establecer la verdad. Y recopilar elementos de convicción que respalden la acusación y la defensa en el proceso penal. Esto se hace siguiendo normas y procedimientos técnicos que garantizan el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

La participación de la policía en el proceso penal:

Debe documentarse y ejecutarse respetando el debido proceso y la cadena de custodia para asegurar la legalidad del procedimiento. Los funcionarios deben notificar al fiscal del Ministerio Público dentro de un plazo de doce horas sobre las diligencias realizadas, que son de carácter reservado. Además, deben actuar de manera proporcional, respetando los derechos humanos de las personas aprehendidas y garantizando la presunción de inocencia. La elaboración de un acta policial es fundamental, donde se detallan los datos personales de las personas aprehendidas, los funcionarios actuantes, las circunstancias de la aprehensión. Y se informa a la persona aprehendida sobre sus derechos constitucionales. El cumplimiento de estas normas es esencial para garantizar la legalidad y la justicia en el proceso penal.

En resumen, la función e investigación policial desempeña un papel vital en el proceso penal venezolano, siendo esencial para el mantenimiento de la seguridad pública y el respeto de los derechos de los ciudadanos. El cumplimiento de normas y procedimientos legales es fundamental para garantizar la validez y legalidad de las acciones policiales en el marco de la persecución de hechos delictivos.

La Realidad de los Funcionarios Policiales en Procesos Penales

La investigación llevada a cabo en la Policía del Estado Mérida arrojó resultados significativos. Se encontró que las situaciones de servicio que involucran a los funcionarios policiales se generan principalmente a raíz de aprehensiones en flagrancia y procedimientos de captura. En el cumplimiento de estas funciones, los agentes de policía pueden incurrir en irregularidades que desencadenan la apertura de investigaciones disciplinarias y penales en su contra.

Estas irregularidades pueden variar desde problemas de procedimiento hasta acusaciones de abuso de poder o violación de derechos fundamentales. En este contexto, la importancia del derecho a la defensa se hace aún más relevante. Los funcionarios policiales merecen el mismo nivel de protección legal que cualquier ciudadano, y la garantía de un proceso justo y equitativo es esencial.

La Necesidad de una Defensa Especializada

Dada la particularidad de los casos que involucran a funcionarios policiales en procesos penales, se ha hecho evidente la necesidad de contar con una defensa pública especializada. Esta defensa debe estar debidamente informada y capacitada para abordar los desafíos específicos que surgen en los procesos judiciales relacionados con actos de servicio.

La investigación señala que el derecho a la defensa se hará valer en las instancias administrativas y jurisdiccionales. Sin embargo, para que esto sea efectivo, es crucial contar con abogados y defensores públicos que comprendan las complejidades de la labor policial y puedan proporcionar una representación sólida y adecuada en nombre de los funcionarios involucrados en procesos penales.

Recomendaciones y Reflexiones Finales

En vista de los resultados de la investigación, es necesario tomar medidas concretas para garantizar un adecuado ejercicio del derecho a la defensa de los funcionarios policiales en Venezuela. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentra la puesta en funcionamiento de la Defensoría Pública con competencia en materia penal policial.

Esta entidad especializada tendría la tarea de brindar asesoramiento legal y representación a los funcionarios policiales que enfrenten procesos penales relacionados con su labor. Además, se deben promover iniciativas de formación y capacitación para los abogados que trabajen en estos casos. De modo que puedan comprender en profundidad las particularidades de la función policial y proporcionar una defensa sólida.

En conclusión, el derecho a la defensa de los funcionarios policiales inmersos en procesos penales por actos de servicio es un tema crucial en Venezuela. Garantizar que este derecho se cumpla plenamente es esencial para mantener la integridad del sistema de justicia. Y proteger los derechos de quienes trabajan incansablemente para mantener la seguridad y el orden público en el país. La creación de una Defensoría Pública especializada en esta área representa un paso significativo hacia ese objetivo.

Fuente: Paredes, G., Zerpa, S., y Romero, A. (2023). Derecho a la defensa de funcionarios policiales inmersos en procesos penales por actos de servicio en Venezuela. Revista Criminalidad, 65(2), 43-55. https://doi.org/10.47741/17943108.482