La Academia Nacional de Medicina de Colombia en repetidas ocasiones, desde el año 1998, ha denunciado las notables deficiencias del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que implantó la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993.
El SGSSS, que debiera ser sistema de aseguramiento con propósito social, se ha convertido en negocio donde priman los intereses económicos con descuido en la calidad de los servicios, e hizo profunda crisis, principalmente por causa de los excesivos costos que conlleva el modelo de intermediación comercial. Se ha creado una inaceptable posición oligopólica dominante de los aseguradores, que parecen haber suplantado al Estado en la definición de las políticas y en la orientación del SGSSS, e interfiere la buena prestación de los servicios. Manifestación prominente de esto es la creciente y descontrolada integración vertical.
El sistema colombiano de intermediación comercial es costoso, inequitativo, ineficiente y va contra de los principios constitucionales que definen la salud como derecho humano, en detrimento del bien común. El SGSSS, a los 16 años de su implantación, aún no cuenta con un sistema de información (¡!) y las bases de datos existentes en las EPS, y también en el FOSYGA, distan de ser confiables. Se reconoce que un sistema de salud es en esencia un sistema de información. Los hospitales y clínicas de Colombia, especialmente las instituciones de carácter público, tienen una cartera que, se estima, es cinco o seis veces mayor que la cartera reclamada por las EPS, buena parte de la cual ya es de difícil cobro. Sin embargo, la prioridad ha sido resolver el problema económico de las EPS, no el de los hospitales.
Son muchas las voces que claman por un riguroso control de la manera como las EPS invierten los recursos de la salud, de carácter público por ser recursos parafiscales. Las EPS muestran un grande y rápido crecimiento patrimonial y han hecho cuantiosas inversiones, no todas destinadas a la atención de la salud.
La manera indebida como se ha implementado el SGSSS, con muy escaso control pero abundante reglamentación que poco se cumple y que en ocasiones es contradictoria, ha tenido un efecto negativo grave sobre la práctica de la medicina como profesión y como ciencia. Los médicos ven cómo se erosiona día a día su autonomía intelectual en la toma de decisiones en bien del paciente, con una ominosa desprofesionalización de la medicina. Los programas de investigación y de docencia han sido seriamente afectados.
El sector académico ha producido un enorme volumen de información proveniente de estudios serios que fundamentan las anteriores aseveraciones, información y estudios que no se han tenido en cuenta.
La nueva ley aprobada en el Congreso de la República fortalece al SGSSS como industria y comercio, como negocio, donde la salud dejó de ser derecho humano para convertirse en mercancía. Es una ley de claro beneficio para los intermediarios, ley que desconoce las observaciones y solicitudes que se han hecho en favor de un sistema de salud que de verdad represente los intereses de los ciudadanos y no los de las empresas aseguradoras.
La Academia Nacional de Medicina reitera su posición, que comparte plenamente con las demás Academias del país, con el sector universitario y con las asociaciones y sociedades científicas, en el sentido de la necesidad imperiosa de una verdadera reforma estructural del malogrado sistema de salud de Colombia. Para tal efecto, la Academia, en su condición legal de organismo asesor del Gobierno, insiste en su permanente disposición de colaboración.
