El Incoder

Andrés F. Arias
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

En 2005 tuvimos que iniciar una limpieza profunda a la entidad encargada de ejecutar la entrega física de tierras: INCODER.

Tenía que ser así porque encontramos una entidad que arrastraba vicios, mañas y prácticas que no sólo generaban enorme ineficiencia a la hora de entregar tierras a los campesinos (se ha estimado que por cada peso equivalente de tierras adjudicadas a un campesino la entidad se gastaba 9 pesos en el proceso!), sino también corrupción, oscuridad y falta de transparencia en los diferentes procesos (compra de tierras malas –un páramo por ejemplo-, pago de precios exorbitantes por algunos predios, titulación irregular de baldíos, cobro de comisiones, etc.).

Para nadie era secreto que este tipo de prácticas venía de mucho tiempo atrás (décadas quizá), incluso desde antes que la entidad fuera creada en 2003 (se acuerdan del antiguo INCORA?).

Lo nuevo fue nuestra voluntad y determinación para denunciar y enfrentar con toda severidad las prácticas malsanas en la entidad: 40 procesos disciplinarios internos contra los funcionarios involucrados, 7 denuncias ante Fiscalía y 9 denuncias ante Procuraduría. Hemos puesto en conocimiento de la opinión pública este tipo de actuaciones para destapar y limpiar una olla podrida que venía de mucho tiempo atrás. Gracias a ello el instituto ha dado un importante vuelco.

En efecto, el INCODER y el Ministerio de Agricultura trabajaron noche y día para corregir las irregularidades. En los casos de compras anormales, los predios no se adjudicaron y el INCODER inició las acciones jurídicas para deshacer las compraventas.

El instituto también saneó 18,832 hectáreas provenientes del narcotráfico (entregadas irregularmente a personas que no tenían porque recibir tierra del Estado). Este saneamiento benefició a 1,160 familias entre campesinas y desplazadas que sí merecían esa tierra. Adicionalmente, el INCODER fijó estrictos controles y filtros para la selección de los nuevos beneficiarios de adjudicación de tierras.

Esto incluye tanto el cruce de información contra las bases de datos de DIAN, DAS, IGAC y Acción Social, como sendos protocolos de control social mediante la realización de audiencias públicas con participación de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Las nuevas compras de predios quedaron sometidas por el instituto a convocatorias abiertas y públicas.

Con un ambicioso plan de choque el instituto avanza en la solución a más de 53,000 expedientes agrarios represados (muchos de esos procesos tenían más de una década de estar olvidados por el Estado; el más antiguo data de 1964!). El 31 de Diciembre de este año la entidad habrá evacuado más del 90% de dichos expedientes, en donde se incluyen 46,000 procesos de titulación de baldíos para campesinos.

Este año, y después de una gran batalla jurídica, el INCODER también logró recuperar definitivamente las Islas del Rosario para la Nación. Igualmente, al finalizar el año el instituto habrá logrado la recuperación de 29,200 hectáreas para las comunidades afro-descendientes del Urabá Chocoano, atropelladas en años recientes por particulares y por grupos narcoterroristas.

Además, el rápido avance en la compra y titulación de tierras para las comunidades indígenas del Cauca por parte del INCODER ha permitido a este gobierno cumplir compromisos de anteriores gobiernos que no habían sido honrados. Son 12,204 hectáreas que el instituto ha entregado a esas comunidades indígenas. Más del 60% de dicho avance se dio desde Octubre del año pasado.

Finalmente, a la fecha el instituto ha entregado 517 predios (93,463 hectáreas) a 6,158 familias, lo cual ha beneficiado aproximadamente a 25,000 personas.

Un resultado significativamente superior al que muchos tienen en su cabeza a la hora de evaluar la política de tierras del gobierno. Sin embargo, muy inferior con respecto a lo que muchos esperan que el gobierno haga con las enormes extensiones de tierra del narcotráfico.

Desafortunadamente, y a diferencia de la cifra con la cual muchos especulan, el INCODER hoy sólo cuenta con 5,023 hectáreas provenientes del narcotráfico y adjudicables a campesinos.

El próximo paso es sacar adelante la Ley de Desarrollo Rural. Es fundamental para erradicar definitivamente los problemas de corrupción e ineficiencia que por años han afectado los programas de entrega de tierras. Por ejemplo, la Ley plantea una cirugía profunda al INCODER para hacerlo más eficiente.

La Ley también plantea un revolcón al status quo de la política de tierras (dejaría de ser ofertista y proclive a la corrupción para ejecutarse a través de convocatorias abiertas, públicas y transparentes). Más importante aún, la propuesta de Ley incorpora poderosos mecanismos de protección sobre las tierras de las familias desplazadas por el narcoterrorismo.

Los problemas son muchos. Pero los estamos enfrentando y corrigiendo. No será de un día para otro pero cada vez entregaremos más y mejores resultados.

DÉJANOS TU COMENTARIO

DÉJANOS TU COMENTARIO

Please enter your comment!