A 6.956, desde el diez de junio de 2011 hasta el cinco de enero de 2012; ascendió el número de reclamaciones de restitución de predios formuladas por los campesinos víctimas del despojo y el abandono forzado de tierras; reveló el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Unidad de Restitución de Tierras.
Los reclamantes aspiran a recuperar 416 mil 218 hectáreas, informó la Unidad de Restitución de Tierras.
Al concluir la primera semana de enero, la capital de la República reportaba el mayor número de solicitudes; seguida de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Antioquia.
La lista de reclamaciones por municipios, donde se ubican los predios abandonados y posiblemente despojados; la lideran Tibú, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Puerto Guzmán, Tumaco y Rioblanco.
Por hectáreas reclamadas, el departamento con mayor representación es Meta seguido de Casanare, Antioquia, Vichada, Cauca, Arauca y Putumayo; y a nivel municipal se destacan Mapiripán y San Martín.
Se estima que 350 mil familias, a quienes se les despojó no menos de dos millones de hectáreas; tendrán derecho a las reclamaciones de restitución de sus tierras.
Se considera también que en el último cuarto de siglo se presentaron en Colombia fenómenos de abandono forzado; de cerca de cuatro millones de hectáreas.
Tienen derecho a las reclamaciones de restitución material y jurídica de tierras, las personas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado de sus predios a causa del conflicto armado desde el primero de enero de 1991.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Reclamaciones de Restitución
Cuya estructura quedó establecida en el decreto 4801 de 2011, es la encargada de organizar y mantener un registro de todos los predios presuntamente despojados o abandonados, recibir las solicitudes de reclamaciones de restitución y someter los casos, en representación de las víctimas, ante los nuevos jueces agrarios.
La Unidad de Restitución, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contará con 20 sedes regionales con cobertura en 17 departamentos y 221 municipios.
Entre enero y marzo estarán operando, además de la de Bogotá, abierta para la atención del público desde el pasado once de noviembre de 2011, doce oficinas: Sincelejo, Cartagena, El Carmen de Bolívar, Montería, Valledupar, Santa Marta, Cali Cúcuta, Ibagué, Barrancabermeja, Medellín y Apartadó.
El jueves doce de enero, con la asistencia del presidente de la República Juan Manuel Santos y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, se inaugurará la sede de Montería.
El 16 de este mes se nombrarán los primeros cinco jueces agrarios que resolverán los casos de restitución en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Cali y Medellín.
A partir de abril se implementará el resto de jueces y magistrados agrarios, previstos para el 2012: serán 15 magistrados y 22 jueces. En total serán 60 magistrados y 134 jueces vinculados a los procesos de restitución de tierras.
Para este año, la Unidad Administrativa tiene como objetivo la recepción de 13 mil 760 reclamaciones. La meta para el cuatrienio es de 160 mil solicitudes atendidas.
Se espera que los jueces agrarios fallen, en el 2012, al menos dos mil cien casos de restitución.
En los próximos diez años, que es la vigencia de aplicación de la Ley, en el marco de la justicia transicional, la meta global de la Unidad Administrativa es atender 360 mil reclamos con la perspectiva de que al menos 300 mil de ellos sean resueltos por los jueces especializados en restitución.
El proceso de restitución será gradual y progresivo y se iniciará por las zonas más afectadas por el despojo y el abandono de tierras.
En este propósito quedaron definidas las primeras doce zonas: Catatumbo, Cauca y Valle, Magdalena Medio, Magdalena y César, Montes de María, Nariño, Putumayo, Sur de Córdoba y Bajo cauca Antioqueño, Resto de Antioquia, Sur del Meta, Tolima y Urabá.
El procedimiento para reclamar la restitución de tierras despojadas o abandonadas es absolutamente gratuito y no requiere de intermediarios.
La Ley establece que las mujeres víctimas del despojo a abandono forzado, gozarán de especial protección del Estado en los trámites administrativos y judiciales relacionados con la restitución.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dispondrá de un programa especial para garantizar el acceso de las mujeres a los procedimientos de restitución.
Las mujeres a quienes se les restituya o formalicen predios, tendrán prioridad en la aplicación de los beneficios en materia de crédito, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación, subsidio familiar, planes y programas de reforestación y jornada de cedulación.
BALANCE DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE TIERRAS
Aún antes de aplicarse la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelantó una agresiva política de intervención de tierras en favor de la población campesina vulnerable y desplazada y de las comunidades negras e indígenas.
Desde el 7 de Agosto de 2010 a noviembre de 2011, se habían intervenido, por gestión del INCODER, cerca de 800 mil hectáreas que favorecieron a 32 mil 163 familias rurales, incluyendo comunidades étnicas. En cifras, la gestión en tierras del Gobierno del presidente Santos se resume así:
- Áreas intervenidas: 798.947.
- Metas de Tierras del Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio: 1,888.906 hectáreas.
- Porcentaje de ejecución en los primeros 16 meses del Gobierno Santos: 42%.
- Tierras baldías adjudicadas a campesinos: 518.910 hectáreas.
- Las tierras tituladas a pueblos indígenas mediante la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos: 165.375 hectáreas.
- También tierras tituladas a comunidades negras: 79.947 hectáreas.
- Tierras Formalizadas del Fondo Nacional Agrario: 4.866 hectáreas.
- Las tierras Adjudicadas en proceso de subsidio integral de tierras: 8.952 hectárea.
- Y además tierras en proceso de restablecimiento de derechos a población campesina vulnerable y desplazada, componente restitución: 18.361 hectáreas.
- Valoración predios Dirección Nacional de Estupefacientes: 2.535 hectáreas.
