RESUMEN EJECUTIVO SOBRE INFORME DE HACIENDA CARIMAGUA

I. Propuesta de Desarrollo Integral de la Orinoquía.

– Como quiera que la Comisión considera que el país requiere una política rural clara y coherente, la primera recomendación se refiere a la necesidad de formular un plan de desarrollo para la zona de la Orinoquía, para definir el derrotero de acción y desarrollo rural de la región. informe de hacienda carimagua

– La investigación debe ser el epicentro de la fase de la ocupación de la Orinoquía.

– Como prioridad regional de primer orden conviene estructurar el sistema de transporte alrededor de las vías de agua, que involucra los ríos Meta y Orinoco. Además de la adecuación y construcción de carreteras nuevas y mejora de las existentes. La región necesita salida a los mercados internacionales, el debate del ferrocarril debe inscribirse en esa perspectiva.

– La conquista pacífica de la Orinoquía exige una política integral de asentamientos humanos. En este contexto, por sus características particulares, requiere que la ocupación de su territorio sea ordenada y pacífica.

– Los modelos productivos a escoger deben ser sostenibles financiera y ambientalmente hablando, a la par que socialmente incluyentes.

– En la evaluación de las fuentes necesarias para cubrir las inversiones, es fundamental incluir las regalías, además de los recursos de la región.

– Debe tenerse en cuenta que en la región se han adelantado programas de entrega de tierras a familias de desplazados que, según la información recibida por la Comisión, se encuentran en una situación económica muy precaria. Considera la Comisión importante que en el programa para Carimagua, se contemple la revisión y eventual reestructuración de estos proyectos. Debe haber acompañamiento a los desplazados.

– En la Orinoquía habitan núcleos significativos de población aborigen, algunos de ellos organizados en resguardos, situación que debe reconocerse e incorporarse a la estrategia de poblamiento y desarrollo de esos territorios.

II. Criterios y Lineamientos para el Desarrollo de informe de Hacienda Carimagua.

– Para la Comisión es claro que el tema de Carimagua no se puede abordar por fuera del contexto de las realidades, posibilidades y características propias de la Orinoquía. En consecuencia, es menester formular un plan de desarrollo de su territorio y de sus recursos, sistémico y sostenible para encauzar las iniciativas tanto públicas como privadas. Debe definir una estrategia integral y de mediano plazo.

– Carimagua debe dedicarse a tres propósitos definidos: Investigación, Producción, y conformación de un polo de desarrollo. Estas actividades deben ser simultáneas y coordinadas.

Investigación y polo de desarrollo: Carimagua debe ser un centro de investigación y de desarrollo tecnológico que opere como polo de desarrollo con capacidad para irradiar en la región propuestas y prácticas exitosas, que puedan adoptarse a escala comercial. Atrás queda la práctica de la parcela demostrativa y en su lugar se trabajaría en lotes con escala comercial mínima. La idea central es que en Carimagua debe enseñarse en concreto, en el terreno, “cómo se hace el desarrollo” con cultivos promisorios. Se proponen: caucho, palma de aceite, forestales, frutales, pastos y ganadería.

Producción: Las experiencias productivas y la investigación adelantadas en la Orinoquía permiten identificar los cultivos permanentes y transitorios así como las producciones animales que son promisorias en la región. Su listado es el siguiente:

  1. Palma de aceite.
  2. Caucho.
  3. Forestales: Pino, acacia, eucalipto.
  4. Ganadería y pasticultura: Cría y ceba de vacunos.
  5. Frutales: Marañón, cítricos, mango.
  6. Cereales y oleaginosas: Soya, maíz y arroz.
  7. Especies menores en producción agroindustrializada: Aves y cerdos.
  8. Piscicultura.
  9. Caña de azúcar.
  10. Ecoturismo.

– Sin convertirlos en una camisa de fuerza, la Comisión recomienda seguir los criterios contemplados para determinar las actividades productivas realizables en Carimagua y el esquema de organización que se presenta a continuación:

· El modelo propuesto para el emprendimiento productivo busca que se garantice el equilibrio entre campesinos organizados y agroempresarios, para que ambos puedan participar activamente en el desarrollo del proyecto y en el reparto de los beneficios que este genere. Esto requiere que el Estado acompañe el desarrollo de las iniciativas.

· La selección de los candidatos es uno de los componentes más delicados del modelo. Estará sujeto a reglas y procedimientos preestablecidos, al seguimiento y control por parte de las autoridades competentes y para su incorporación al esquema asociativo; el candidato deberá contar con la aprobación de los beneficiarios con responsabilidad y competencia en la correspondiente organización productiva.

· La escogencia del socio empresarial debe hacerse de manera tal que en el pliego de condiciones queden claramente establecidos el conjunto de condiciones y exigencias del proyecto y su evaluación no deberá circunscribirse a las cifras financieras.

· La Comisión considera que el gobierno debe evaluar las diferentes alternativas para la organización de la actividad económica, el aporte de los terrenos y las responsabilidades de las partes y los procedimientos de seguimiento y evaluación. La propuesta define los parámetros para comparar las diferentes alternativas, de manera tal que se puedan tomar decisiones fundamentadas en relación con la estructuración institucional, económica, social y de inversión en infraestructuras físicas, de servicios y de apoyo a la tarea productiva.

III. Formulación de Política de Desarrollo Rural.

– El punto central de la estrategia propuesta es avanzar hacia una política pública rural, que más allá de una reforma a la tenencia de la tierra, apunte a reestructurar el ámbito rural.

– La responsabilidad del Estado es fundamental en la tarea de garantizar el respeto a las normas, la operación eficiente de los mercados, el equilibrio de las relaciones entre los pequeños y grandes productores y la realización de inversiones públicas. Ello exige la participación activa del Estado, como actor de primera línea en la tarea del desarrollo.

– El plan de desarrollo con su correspondiente programa de inversiones debe abordarse en la perspectiva de lograr la consolidación y cierre de la frontera agrícola.

– El desarrollo integral exige un esfuerzo de asignación de recursos públicos de inversión tanto nacionales como territoriales en consonancia con la importancia que se le debe asignar al plan.

– Una política para la protección y el manejo del agua, con las correspondientes inversiones públicas y privadas debe hacer parte del paquete de inversiones.

– La responsabilidad de la política de tierras y el manejo de ese recurso estratégico, debe estar en cabeza de una sola institución del mayor nivel directamente dependiente del despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Un Instituto Nacional de Tierras, o la recientemente creada Dirección Nacional de Tierras, pero fortalecida.

– En el ámbito nacional, la Comisión sugiere un Conpes Rural que asuma la tarea de dimensionar y de trazar las líneas de la política pública; para el mundo rural colombiano asumido en su complejidad y riqueza, para que no se le limite y empobrezca con aproximaciones parciales.

– En lo regional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; debería elaborar y poner en marcha una estrategia para el establecimiento de las Regiones de Administración y Planificación (RAP).

– El Estatuto de Desarrollo Rural vigente debe ser revisado para enfatizar el carácter estratégico de la tierra como recurso natural; que está indisolublemente ligado con el agua y con los ecosistemas, su diversidad y fragilidad.

– Finalmente, la política rural hacia el futuro deberá tener en cuenta el cambio profundo e histórico que se está dando en el escenario mundial; con la entrada de los biocombustibles a la canasta de los energéticos y el incremento de mediano plazo en la demanda y en los precios de los alimentos.

Se le abren nuevos escenarios al desarrollo rural en un contexto de globalización que reclaman una política integral para el sector.

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