Responsabilidad del Estado Frente al Desplazamiento Forzado en Colombia

“Semillero de Derecho Administrativo” Facultad de Derecho. Universidad San Buenaventura de Cali.

Semillero de Derecho Administrativo
Facultad de Derecho – USB

Introducción

EL TEMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO, QUE constituye un punto álgido dentro de la política social del país, se ha convertido en uno de los problemas más graves no solo para el gobierno sino para toda la sociedad colombiana, al calificarse actualmente como una verdadera crisis humanitaria, la mayoría de la población desplazada proviene de las zonas rurales al encontrarse en peligro su integridad física, principalmente por la confrontación de los diferentes actores armados dentro del marco del conflicto interno, el cual, es la primera causa de este fenómeno que al ir en crecimiento se ha ido constituyendo en una situación no muy al margen de la costumbre.

Colombia tiene una de las más numerosas poblaciones de desplazados internos en el mundo, víctimas de la guerra o de la “limpieza de la tierra”, la mayoría de los aproximadamente 1.2 millones de personas forzosamente desplazadas dentro del país en el último decenio son niños1.

Uno de los referentes históricos del desplazamiento forzado en Colombia es el de la denominada época de “La Violencia” (1984-1964) que dejara un saldo de 200.000 muertos y dos millones de desplazados. Seguramente la historia del despojo y el desarraigo de muchas familias respecto de sus lugares de origen vaya mucho más atrás, empero luego de “La Violencia” el desplazamiento forzado ha crecido y se han transformado muchas de sus dinámicas en términos de personas y comunidades afectadas, zonas de expulsión, recepción, tránsito o eventual retorno, los intereses en juego, las formas de movilidad, las respuestas estatales y sociales, así como el papel de la comunidad internacional en la solución de la problemática, entre otros aspectos2.

Sin embargo, existe un gran problema de desinformación, son muchos los estudios, cifras, informes institucionales, artículos periodísticos y de revistas de opinión, hechos que son transmitidos por los noticieros de televisión, pero que no superan el “Boom” de los acontecimientos más recientes y que son fácilmente desplazados por otros de la vida pública nacional, frente a lo cual, lo único que se superpone es la indiferencia social y del Estado frente a una situación que revela la ausencia de verdaderas estrategias para entender el problema y plantear soluciones de fondo. En medio de todo, la Constitución Política que define el Estado Social de Derecho y un difuso desarrollo normativo aunque cargado de buenas intenciones, son el marco institucional que cubre las necesidades de los desplazados internos en Colombia, marco jurídico que determina las obligaciones del Estado y habilita a partir del estudio de las diferentes situaciones y de la cláusula general de responsabilidad, una posible imputación al Estado por los innumerables perjuicios que en todos los ordenes sufre la población desplazada.

Por otro lado, debe destacarse, que también ha sido creciente la preocupación de la comunidad internacional que a través de la Organización de las Naciones Unidas ha hecho presencia en Colombia con ayuda humanitaria y recomendaciones al gobierno de turno para el tratamiento del problema, delegando en sus principales órganos para la causa, como la Oficina del Alto Comisionado Para los Derechos Humanos (OACDH), el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y por supuesto el Representante del Secretario General de la ONU, y otras como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ONG¨s internacionales y otras organizaciones no gubernamentales de atención humanitaria. Igualmente deben mencionarse los esfuerzos de las diferentes entidades estatales creadas desde el gobierno Samper como la Red de Solidaridad en complemento de las surgidas con ocasión de la ley 387 de 1997 para la atención de la población desplazada, así como las personerías, la Defensoría del Pueblo, el CODHES o Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, entre otras.

Este artículo busca definir desde el punto de vista constitucional y legal, y a partir de las fuentes de información oficiales y no oficiales, cómo surge la responsabilidad estatal cuando miles de familias en Colombia están padeciendo cargas en total oposición a las que la constitución política demanda, por causa de la omisión del

Estado en el manejo del conflicto armado que es la principal fuente de desplazamiento forzoso, en garantizar seguridad a los bienes y a las personas victimas de este flagelo y por el retardo en generar políticas serias que superen la visión asistencialista del problema para en cambio crear garantías permanentes de retorno y restablecimiento de las condiciones anteriores al desplazamiento, cuando ello es posible, o al menos tomar las medidas necesarias para que quienes no pueden regresar den inicio a una nueva vida en condiciones dignas.

Para el logro de tal fin y como es propio, se abordará el tema comenzando con una visión general que incluya una breve reseña histórica así como una conceptualización que permita su delimitación con una pequeña vista de la situación mundial de desplazamiento y las consideraciones sobre la situación en Colombia; una visión internacional del tema haciendo mención a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y su aplicación por parte de algunas de las más conocidas entidades que promueven la causa humanitaria y han dedicado sus esfuerzos a la atención de la población desplazada en el ámbito global, así como una pequeña reseña del informe del Representante del Secretario General de la ONU en el año 2000 en su misión a Colombia y de la adición 1 a este documento; el marco jurídico que ampara a la población desplazada; en que consiste la obligación del Estado y cuales son las acciones aplicadas hasta el momento; cómo se reunirían los elementos de responsabilidad estatal y las conclusiones que este trabajo nos permita.

Visión General Sobre el Tema del Desplazamiento

Como se anotó anteriormente, la fuente primaria de desplazamiento en Colombia es el conflicto armado y la violencia política que padece el país desde hace más de cincuenta años, como un pequeño prologo, recordamos algunas notas características de la violencia en sus diferentes periodos.

El período denominado como la violencia (1946-1965) dejó un número de 200.000 muertos y un pacto político entre los partidos liberal y conservador a través de un Frente Nacional que permitiría a estos partidos tradicionales compartir el poder a costa de la exclusión de otros partidos y movimientos.

Durante la década de los 70 presenciamos en Colombia un modelo de represión centralizado, institucional, hecho abiertamente a nombre del Estado y fundamentado en el recurso del estado de sitio y el otorga miento de una creciente autonomía a las fuerzas armadas en el manejo del orden público. La modalidad esencial de violación fue la detención arbitraria y el enjuiciamiento a los opositores políticos, combinada en muchas ocasiones con la tortura de los capturados. 50 mil personas fueron detenidas en esta década y se registraron 1053 muertos por motivos políticos3.

En la década de los 80 se registra un cambio en el modelo: la variación del ambiente político, por el proceso de paz iniciado por el presidente Belisario Betancur; en adelante la acción represiva no podría hacerse por medios institucionales y abiertos y se pasa entonces a la para institucionalidad y consolidación de la “guerra sucia”4.

Mientras se habla de procesos de paz, se persigue al mismo tiempo a guerrilleros amnistiados y a personas consideradas simpatizantes de la actividad guerrillera: abogados, defensores de presos políticos, voceros de la izquierda.

En principio, aparece como un mecanismo de oposición a la política de paz y a la apertura de nuevos espacios para fuerzas no tradicionales en el escenario político colombiano. Ejemplo claro de este momento fue la campaña de exterminio contra los miembros de la Unión Patriótica. Muy rápidamente la guerra sucia se extiende a otros sectores: líderes sindicales y de magisterio, dirigentes barriales y campesinos y a quienes, sin tener vínculos orgánicos con la izquierda, militan en la defensa de los derechos humanos.

A partir de 1987 hasta el presente se combinan los dos modelos anteriores y experimentan transformaciones cualitativas importantes, cuya máxima expresión son las masacres colectivas5.

En este último período son componentes paradójicos los procesos de paz por medio de los que se desmovilizaron cuatro grupos guerrilleros (el M-19, el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y una parte del Ejercito Popular de Liberación); la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de una nueva constitución con un amplio listado de derechos humanos; el comienzo de negociaciones con la Coordinadora Guerrillera, y el nombramiento de un civil al frente del Ministerio de Defensa ocupado por militares desde los inicios del Frente Nacional6.

Entre 1988 y 1992 se cometieron 10827 asesinatos políticos o presumiblemente políticos; 1801 asesinatos por motivaciones de limpieza social; 1981 desapariciones forzadas; 6046 muertos en acciones bélicas y 476 masacres colectivas (asesinatos de 5 o más personas en el mismo hecho)7.

Por tal motivo surge de nuevo la guerra integral, y por segunda vez, desde la promulgación de la nueva constitución (julio de 19-91), fue declarado el estado de conmoción interior. En la perspectiva de cancelar en el mediano plazo una salida política al conflicto, el gobierno plantea con su declaración de guerra integral, la suspensión indefinida de los diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; aceptar las presiones políticas para que se ejerza menos control sobre las fuerzas armadas y se les da mayores poderes en el combate contra la guerrilla; así como el predominio de la criminalización de la protesta social y tratamiento de “enemigos militares” a quienes no están en favor de la guerra del Estado.

La escalada del conflicto armado y el nuevo ambiente beligerante constituye un factor de agravamiento de la situación de derechos humanos y la actitud de las partes enfrentadas ensombrecen el panorama del derecho humanitario.

Las partes en conflicto incurren en reiteradas violaciones a las leyes de la guerra: las fuerzas armadas en operaciones de contrainsurgencia bombardean y ametrallan indiscriminadamente los campos y zonas que consideran de influencia guerrillera, de hecho, son recientes los enfrentamientos entre las mismas fuerzas del Estado, lo que revela las deficiencias en nuestros sistemas de inteligencia tanto de seguridad como de defensa, o casos de errores militares que cobran la vida de campesinos inocentes confundidos con miembros de la insurgencia o de las fuerzas paraestatales. Las organizaciones insurgentes cometen acciones que perjudican gravemente a la población civil: atentados dinamiteros contra bienes civiles e infraestructura energética, minados de campos, secuestros, ejecuciones masivas, y por supuesto, desplazamientos de poblaciones enteras para así aprovechar las tierras que requieren para los cultivos de coca y laboratorios de droga.

Es cierto que la agudización del conflicto armado interno hace más compleja la situación de derechos humanos; sin embargo, la existencia de este no puede ser argumento para plantear la privatización de la responsabilidad estatal en materia de derechos humanos, como tampoco pretender negar ni legitimar de manera alguna las acciones de la guerrilla y del narcotráfico que lesionan la dignidad humana.

Esta situación irregular está prolongada indefinidamente, debido a la falta de voluntad política de las partes en el conflicto para aplicar el Derecho Internacional Humanitario, que procura el respeto de los derechos humanos mínimos e inderogables en caso de conflicto armado y que sería un alivio para nuestra situación, sin que ello signifique la sustitución de la paz o la legalización de la guerra ni su prolongación en el tiempo o el otorgamiento de status de beligerancia a los alzados en armas.

En el conflicto colombiano no se hace la distinción entre combatientes y no combatientes y mucho menos se protege a las víctimas o a la población civil afectada8.

Durante cada periodo en que se desarrollaron las diversas formas de violencia y la intensificación del conflicto, han venido en escalada los desplazamientos, la mayoría de ellos sin retorno, con los efectos conocidos para la economía y la vida de los diferentes municipios receptores, especialmente las grandes ciudades que en la actualidad cuentan con grandes barrios de invasión, donde las personas carecen de los servicios públicos más esenciales como el agua y alcantarillado, las posibilidades de empleo para quienes en su mayoría no están calificados para lo que la sociedad demanda, son escasas, lo que aumenta la ineficiencia de servicios como la educación, la salud, una vivienda digna y seguridad, ya que en muchas de las zonas de invasión es precaria la presencia del Estado, en algunas de estas zonas como ciudad Bolívar en Bogotá o el Distrito de Aguablanca en Cali, existen fundaciones que ayudan a los niños y a las madres cabeza de familia, también existe la posibilidad que a través del CISBEN se acceda a una mínima atención en salud, pero debido a los deficientes sistemas de información para que la población conozca acerca de los medios de ayuda a que pueden recurrir y a la falta de coordinación de las diferentes entidades del Estado, así como el volumen acelerado en que están llegando personas a las cabeceras de los diferentes municipios y a las grandes ciudades, dificulta que se supere, la hasta ahora política asistencialista temporal que se ofrece a la población afectada por el desplazamiento forzado.

Conceptualización

En primer lugar, la migración, que puede ocurrir por diferentes causas, se divide en tres grandes grupos:

• Migrantes por causas socioeconómicas: Surgen por el deterioro en las condiciones de producción, en especial agrícola, y la consecuente carencia de medios básicos de subsistencia.

• Migrantes por desastres naturales: que como su nombre lo indica, son originados por avalanchas, inundaciones, huracanes, terremotos y los diferentes fenómenos naturales.

• Migrantes por razones políticas: Es decir, aquellos que se ven obligados a migrar en razón de los procesos políticos de sus países, en especial por conflictos violentos. En segundo lugar, dentro de los migrantes por razones políticas tenemos que distinguir tres tipos:

• Asilados: En el derecho de gentes es el amparo que los países o Estados ofrecen a los perseguidos políticos para que la autoridad no los pueda procesar o someter a prisión. El perseguido queda protegido por el país extranjero que concede el amparo9.

• Refugiados: Por refugiado se ha entendido “aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su país debido a una agresión externa, ocupación, dominación extranjera o sucesos que alteran gravemente el orden público en una parte o en todo el país de origen o nacionalidad”10 o, en otras palabras, “porque sus vidas, su seguridad o su libertad están amenazados por una violencia generalizada, la agresión externa, los conflictos internos, la masiva violación de los derechos humanos u otras circunstancias que alteran gravemente el orden público”11.

• Desplazados Internos: Es desplazado toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de los siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de Derechos Humanos u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público12.

Situación Mundial

Gracias a una base de datos mundial sobre los desplazados internos publicada el 10 de diciembre de 1999 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)13, a través del Consejo Económico y Social y por vocación del Representante del Secretario General de la ONU, se dio una respuesta más sistemática a la crisis mundial de desplazamientos internos a través de una gestión de información sobre personas desplazadas.

Se dio apertura al sistema con 14 reseñas por países que incluyó a Afganistán, Angola, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Colombia, Myanmar (Birmania), Perú, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudán que actualmente atraviesa por una tremenda crisis humanitaria debido al conflicto político y religioso armado, y Uganda. Precisamente, las cifras de desplazamiento de éstos dos últimos países, se ubican en los primeros lugares a nivel mundial seguidos por Colombia según lo publicó recientemente el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

Para citar solo algunos de los esfuerzos de la comunidad internacional, la ONU, encomendó al representante del Secretario General de la ONU, realizar misiones por los países que mayores índices de desplazamiento presentan en el mundo, según documentos publicados en su pagina de Internet, en los últimos siete años, el representante ha hecho visitas a Azerbaiyán14, en mayo de 1998, a Kosovo15, Georgia y Armenia en el 2000, Timor Oriental16, Chechenia entre otros17.

La Situación en Colombia

Los desplazados internos en Colombia atraviesan una de las situaciones más graves del mundo. En el país, según cifras oficiales, hay más de un millón de desplazados internos, lo que genera dudas acerca de las cifras reales, dado que muchas personas no se reportan ante los organismos respectivos llámese Red de Solidaridad Social o Defensoría del Pueblo para pedir ayuda, porque ignoran o carecen de la información necesaria, se sienten estigmatizados, o consideran que reportarse en tal calidad genera más riesgo para ellos o sus familias ya que aún después de huir, siguen siendo blanco de los grupos violentos que provocaron su salida.

La causa principal del desplazamiento es la violencia política asociada al conflicto armado interno, que se caracteriza por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de la Guerra18.

Sin embargo, los desplazamientos en Colombia no se deben únicamente al conflicto armado, son también el resultado de una estrategia bélica deliberada.

En efecto, rara vez se producen enfrentamientos directos entre los grupos armados entre sí, es decir, paramilitares, guerrillas y fuerzas amadas, lo común es que estos grupos atacan a la población civil tras los “sospechosos” de militar en uno u otro bando, y ocurre de una manera tan desmesurada que a las personas cuya seguridad física está en peligro, no les queda otra opción que huir.

La falta de coordinación ente los organismos del Estado encargados del tema del desplazamiento, ha generado entre otras cosas, que las cifras sobre desplazados internos en el país no sean uniformes, las de los últimos diez años, según la defensoría del pueblo, superan los 1,5 millones, lo que equivale a decir que uno de cada cuarenta colombianos es un desplazado interno19.

Dentro de las características demográficas de estos grupos poblacionales afectados, se pueden mencionar las siguientes: el 44.1% de las familias tienen a mujeres como jefes de hogar; el 23.2% de la población son niños menores de 7 años y el 16.7% pertenece a grupos étnicos. Aunque las estimaciones de la Red Nacional de Información señalan que desde 1996 se han desplazado un numero cercano a las 25.000 familias al año, se espera que para los próximos años esta cifra disminuya como resultado del avance en los procesos de negociación con los grupos armados, la permanencia en la implementación del Plan Colombia, y de las acciones en pro de los derechos humanos y la prevención del desplazamiento forzado20.

En un informe defensorial publicado hace tres años por el entonces titular de esta entidad pública21, se dedica un capítulo a la evolución del fenómeno, con un alarmante aumento de los desplazamientos en 2001, equivalente a 190.454 personas, 50 más que en el 2000; examina algunos casos regionales de violaciones masivas de derechos humanos y desplazamiento forzado [Occidente y Pacífico, Córdoba’ y Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo y el Eje Cafetero); se detiene en un análisis crítico de la Política Pública de Atención; registra el papel desempeñado por la Defensoría en la materia y finalmente formula Recomendaciones para el diseño de la Política y frente al próximo Gobierno. Entre las limitaciones y cuestionamientos hechos por el funcionario respecto de la aplicación de políticas públicas efectivas en la materia, señaló entre otras: el diseño de políticas tendientes a minimizar el riesgo de filtración de personas que no son desplazadas y el riesgo asistencialista que genera mayor demanda de bienes por parte de los desplazados y la consecuente dependencia de la ayuda humanitaria; la obligación estatal no se agota con el acompañamiento o asistencia por tres meses como lo contempla la ley 387 de 1997, ya que dicha obligación consiste por lo menos en dos cosas, la atención a la población desplazada y la generación de condiciones para que las personas puedan volver a generar su propio sustento; en las opciones de retorno no se garantiza la seguridad física de quienes regresan; la ley 387 es solo un mecanismo parcial de atención; la evaluación de las políticas en cuanto a efectividad debe ser en función de la prevención del desplazamiento seguido de la atención a la población afectada; y la falta de conexión entre las diferentes instancias ha dificultado el funcionamiento de comités municipales y departamentales para que trabajen en conjunto con la Red de Solidaridad Social, que en sus múltiples esfuerzos se queda corta al no existir esta necesaria coordinación. El informe igualmente hace importantes recomendaciones en las áreas de diseño de las políticas, asignación y ejecución de recursos, sistema único de registro, prevención y protección de los desplazados.

Por otro lado resulta indudable, que los únicos beneficiarios de este flagelo son los grupos armados ilegales que se convierten en poseedores ilegales de las tierras abandonadas. Se impone sin embargo hacer una precisión importante acerca de las causas del abandono en el marco del conflicto interno colombiano, el asunto de las tierras enmarca estrictamente dos elementos: el control por el territorio y el conflicto por las tierras. En palabras de la socióloga Flor Edilma Osorio: “Cuando hablamos de conflicto por la tierra, estamos refiriéndonos a la estructura concentradora de la tierra y a las relaciones competitivas por este recurso, que se manifiestan en antagonismos entre latifundio y ganadero y/o empresa agroindustrial y el minifundio campesino. Se trata de competencias entre actores económicamente fuertes frente a otros más débiles, por un recurso escaso e importante no solamente para le explotación agropecuaria, sino también para la minera. Estos conflictos usualmente se concentran en espacios locales y tienen que ver con la propiedad y el control sobre la tierra.

Cuando nos referimos a control por el territorio, hablamos del dominio y control del territorio como espacio estratégico de orden político y económico. Puede tratarse bien de fuerzas que quieren sacar de su paso a competidores que cuestionan su poder, como grupos de izquierda, o a fuerzas guerrilleras que disputan el dominio territorial. Estos conflictos se orientan hacia la población que ocupa una región, es decir, tiene un radio de impacto mayor. En estos casos, la tierra como parte importante del territorio tiene un papel que va más allá de su función productiva, pues funciona como espacio comercial, fuente de recursos naturales, área de paso, conexión o refugio, etc.”

Tratándose de los campos colombianos, estos elementos se confunden teniendo en cuenta que en muchos lugares del centro y sur del país las tierras no son sólo productivas sino estratégicas donde los grupos violentos buscan posicionarse dentro de su campaña bélica. Punto de vista que comparten las ONG´S internacionales como Amnistía Internacional22 que reconocen que la posesión de la tierra y de los recursos naturales es generadora de los desplazamientos forzados, también ha sido denunciada la relación entre el mercado de tierras y el desplazamiento alterada por las perspectivas de grandes proyectos agroindustriales y de transporte23.

Tampoco debe obviarse, que dentro de esa apropiación ilegal de recursos y tierras que afecta a miles de familias campesinas, hay un daño considerable para las etnias colombianas por la perdida de sus recursos, especialmente, las comunidades indígenas, no sólo por el significado productivo que tiene la tierra sino también espiritual considerando la cosmovisión de los diferentes grupos de nativos. En las últimas décadas las regiones ocupadas por los grupos étnicos han sido incluidas como zonas estratégicas de disputa, principalmente para la economía pública y privada, nacional y transnacional, porque dichos territorios poseen y conservan muchos de los recursos naturales del país . El Gobierno colombiano reconoce claramente la difícil coincidencia entre las formas de gobernabilidad indígena expresada en el gobierno propio y la autonomía territorial, y el desarrollo de la guerra e intereses económicos: el mapa de los territorios indígenas en el país coincide, en parte, con el de grandes proyectos de infraestructura, el de una gran biodiversidad, el de riquezas del subsuelo, el de cultivos ilícitos y con el de la lucha armada. Los análisis que convergen en esta misma dirección señalan que esta situación ha dado lugar a conflictos que se traducen en el desconocimiento de la posesión indígena de su territorio; la concentración de fuerzas e intereses; la violencia física, en especial contra los líderes y dirigentes; el desplazamiento forzado de la población; la integración acelerada a la sociedad nacional y, paulatinamente, su arrinconamiento geográfico y cultural. Todo lo anterior, en relación con que aproximadamente el 28% del territorio colombiano ha sido declarado constitucionalmente ‘territorio colectivo’, con carácter inalienable, imprescriptible e inembargable para 91 pueblos indígenas cuya población asciende aproximadamente a 800.000 habitantes, y para cerca de cuatro millones y medio de afrocolombianos24

La primera conclusión de esta pequeña vista, es que las acciones del Estado deben orientarse al restablecimiento de las condiciones de seguridad y prevención de la actividad armada ilegal, que ponga fin a las fuentes generadoras del desplazamiento interno en nuestro país, acciones que deben ir desde herramientas jurídicas eficaces hasta políticas de paz efectivas que posibiliten la resolución del conflicto causante de la violencia más desproporcionada cuyos sujetos directos son los civiles, generalmente, en condiciones de total vulnerabilidad frente a las incursiones ilegales. Podría decirse que por la presión de los hechos más que notorios de desplazamiento y la veeduría de la comunidad internacional a través de los diferentes organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales, el gobierno ha gestionado ayudas internacionales y promovido la expedición de una legislación para la atención de los desplazados como veremos más adelante. Esa creciente preocupación de la comunidad internacional desde hace poco menos de una década, en especial de uno de los estamentos más representativos como la Organización de las Naciones Unidas, se manifiesta a través de órganos suyos como el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), la FAO, UNICEF, las comisiones organizadas por funcionarios de estos organismos para presentar informes de gestión y recomendaciones a los países afectados por el desplazamiento forzoso, y desde luego, el Secretario General a través de su representante en sus misiones por países.

La ONU también ha promovido la aplicación de mecanismos con fuerza moral y jurídica vinculante en el campo internacional, gracias a la expedición de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adicionalmente, uno de los países receptores de las misiones de la ONU es desde luego Colombia, catalogado por ACNUR como se afirmó anteriormente, como el tercer país con mayor población desplazada internamente en el mundo. A continuación, una vista del desarrollo del tema en el campo internacional.

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